Yo lo he comentado en algunas redes de periodistas y lo voy a sostener, hasta que conozca elementos que me confirmen que estoy errado.
Los colombianos más corruptos están en el interior del país.
Lo que se hurta en las regiones es una tontería, comparado con los negociados que se mueven en en el centro de Colombia. El grueso del billete lo manejan los listos que han nacido en regiones diferentes a la Región Caribe, la Pacífica y... porque han aprendido "mal", cómo se pueden lucrar con el dinero de nosotros.
A mi me gusta esta nueva era.
Me gusta que haya más información, que la tecnología esté al servicio del hombre, porque ahora es más fácil enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo.
Lo que viene para los corruptos no es bueno. Si ellos no entienden eso, llorarán ellos y sus familias. Me encanta la transparencia que vamos a gozar en pocos años.
Viva la tecnología y un mensaje para los "avispados": Utilicen su inteligencia para bien. Eso es un buen negocio.
LuisEmilioRadaC
Pd: el espectáculo de la salud colombiana y los corruptos
Destapan 'carrusel' en la salud que no vio Palacio
El desfalco del Grupo Nule por cerca de 1.5 billones de pesos está a punto de ser superado por el carrusel de la corrupción en el sector salud, como el mayor detrimento al erario público, según lo denunció el presidente Juan Manuel Santos.
Una investigación conjunta de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Policía nacional y el Ministerio de la Protección Social, evidenció un cartel que se dedicaba a robar los recursos públicos de la salud, problemática que había sido denunciada en varias oportunidades y desde el Gobierno pasado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Achc, Afidro, la Asociación de Pacientes, Fedesalud y la comisión Séptima del Senado, entro otros.
Como resultado inicial de esta investigación seis personas fueron capturadas por desfalcos que ascienden a 30 mil millones de pesos; sin embargo, este caso no será de miles de millones de pesos, sino de billones, según dijo el mismo Presidente de la República.
Los capturados, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción, son Claudia Patricia Rojas, coordinadora del Grupo de Recobros del Ministerio, Jhon Carlos Lemus, Luis Martínez, Édgar Medina Millán, Luis Andrés Ruiz, Héctor Mauricio Durán, de quienes no se precisó sus cargos.
Los capturados, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción, son Claudia Patricia Rojas, coordinadora del Grupo de Recobros del Ministerio, Jhon Carlos Lemus, Luis Martínez, Édgar Medina Millán, Luis Andrés Ruiz, Héctor Mauricio Durán, de quienes no se precisó sus cargos.
Santos, quien dio a conocer detalles de la investigación, aseguró "hemos descubierto unos desfalcos monumentales. Por ejemplo: hay muchas modalidades de recobros, cerca de 10; en una sola de ellas, y con una muestra de 10 por ciento, se han descubierto desfalcos por cerca de 30 mil millones de pesos".
Esta modalidad de estafa, conocida como 'recobro', consiste en autorizarles los pagos a las EPS; es decir, realizar repagos que habían sido retenidos para que mediante esa autorización puedan ser cobrados y repartidos los recursos.
"Hay otras de las modalidades que hemos descubierto y que están en investigación, pero que no suman estos 30 mil millones de pesos, pueden sumar muchísimo más. Esto es una defraudación no de miles de millones de pesos sino de billones de pesos", agregó.
El presidente Santos explicó que estas mafias cobraban sin que los beneficiarios se enteraran. Y es precisamente en este punto donde el senador Jorge Ballesteros asegura que desde 2009 la Achc había señalado que sin la ayuda de intermediarios era imposible entablar un diálogo directo con el Fosyga, distinto a lo que la entidad asegura; sin embargo, el ministro de la Protección Social del gobierno pasado, Diego Palacio, hizo caso omiso.
"A nosotros nos parece que ha habido una tremenda debilidad institucional en el asunto de vigilancia y control. Esa coordinación que se empieza a dar con las otras instituciones es lo que debe salvar este sistema. Que la SIC haya entrado es una noticia muy buena, que la Contraloría y Procuraduría se ocupen del tema se esperaba desde hace mucho tiempo", aseguró el director general de la Achc, Juan Carlos Giraldo.
Así mismo, Ballesteros recordó que a pensar de las advertencias y solicitudes que se hicieron al Ministro Palacio en un debate de control político, no se le puso el suficiente al interés al tema. "El gobierno estuvo advertido de esta situación hace dos años. Todos hablaban de una reestructuración en el Fosyga, por la tramitología en la mora, las glosas y el tema de la intermediación".
Como bien dijo Santos, esta es la punta del iceberg que se viene en el carrusel de la corrupción en este sector. De acuerdo con el presidente de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social, Fedesalud, Félix León Martínez, lo que viene ahora será más grave. "Desde que salió el decreto de la emergencia social se evidenció el problema con el Fosyga pero no se ordenaron las investigaciones. Si lo que decía era cierto, se debía proceder. De hecho no se tomaran medidas pertinentes y dejaron que siguieran estos recobros por valores increíbles".
Entre 2006 y 2009 los recobros al Fosyga en respuesta a tutelas por negación de servicios por parte de las EPS agremiadas a Acemi superaron los 1.7 billones en 2009, registrando un incremento del 434 por ciento respecto a 2006, cuando se comenzó a gestar el Acuerdo de Acemi.
Exministro asegura que sí se tomaron las medidas del caso
El exministro Diego Palacio se defendió ayer al señalar que con la emergencia social, decretada el año pasado, se intentó frenar los recobros al Fosyga. "Estas empresas de fachada iban al grupo de análisis y ahí era donde se aprobaba", dijo. "Yo me oponía a que los recobros se pagaran y así evitamos hacer cancelaciones masivos. Nuestra preocupación no se limitan a la emergencia, van desde 2003 y 2004 y se generaron distintas actividades administrativas", indicó. Sin embargo, Dennis Silva, presidente de la Asociación de Pacientes, aseveró "el responsable de esto es el exministro Palacio, porque nosotros en el Ministerio de la Protección Social con documentos en mano denunciamos todas las irregularidades. El estudio demostraba que 68 por ciento de las acciones de tutela era eventos POS y las EPS de manera directa las estaban induciendo".
Lo más grave está por venir
Un informe reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio que compromete testimonios, análisis de correos electrónicos entre las EPS y Acemi, actas internas del gremio y estadísticas, concluyó que las EPS afiliadas a Acemi realizaron acuerdos para negar de manera concertada y deliberada servicios de salud a las que estaban obligada. Actuaron intercambiando información con sus competidores con el fin de fijar de manera indirecta el precio del servicio de aseguramiento en salud o UPC; y siguieron instrucciones de Acemi para falsear la información suministrada al Ministerio. Estos acuerdos, según el Superintendente Delegado, Pablo Márquez, violan las normas de competencia que protegen el libre mercado y que buscan que las EPS compitan entre sí para ofrecerle a sus afiliados (que les transfieren el 12.5 por ciento de su salario mensual) un mejor servicio.
La investigación también habla que las EPS de manera concertada unificaron criterios para negar servicios que estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS y que estaban obligadas a cubrir. Para ello definieron en conjunto qué debía ser considerado POS y qué tratamientos y medicamentos debían ser considerados no-POS.
Lo más grave está por venir
Un informe reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio que compromete testimonios, análisis de correos electrónicos entre las EPS y Acemi, actas internas del gremio y estadísticas, concluyó que las EPS afiliadas a Acemi realizaron acuerdos para negar de manera concertada y deliberada servicios de salud a las que estaban obligada. Actuaron intercambiando información con sus competidores con el fin de fijar de manera indirecta el precio del servicio de aseguramiento en salud o UPC; y siguieron instrucciones de Acemi para falsear la información suministrada al Ministerio. Estos acuerdos, según el Superintendente Delegado, Pablo Márquez, violan las normas de competencia que protegen el libre mercado y que buscan que las EPS compitan entre sí para ofrecerle a sus afiliados (que les transfieren el 12.5 por ciento de su salario mensual) un mejor servicio.
La investigación también habla que las EPS de manera concertada unificaron criterios para negar servicios que estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS y que estaban obligadas a cubrir. Para ello definieron en conjunto qué debía ser considerado POS y qué tratamientos y medicamentos debían ser considerados no-POS.
Evidencias reveladas por la investigación de la Superintendencia:
1.Un correo electrónico enviado por Sandra Marcela Camacho, directora médica de Acemi a la lista de EPS afiliadas, con asunto "Compromiso costeo insumos y depósitos médicos procedimientos POS", el 30 de mayo de 2007, en donde adjunta la tabla con un extenso listado de servicios de salud que las EPS acordaron no cubrir de acuerdo a un ‘Consenso Acemi’.
2.En dicha tabla, antes del ‘consenso’, las EPS diferían en sus criterios respecto qué estaba incluido en el POS. Después del ‘consenso’ articulado por Acemi, varias negaban el pago de servicios a sus afiliados, que entonces tenían que recurrir a la tutela para que las EPS lo recobraran vía el Fosyga. Los recursos del Fosyga salen de los impuestos del contribuyentes y no de las EPS.
3.En acta 006 del Comité Médico de Acemi del 1 de agosto de 2007, Acemi propone a sus afiliadas el "Flujograma POS" como guía de una posición oficial del gremio. El flujograma propone siete pasos a seguir por parte de las EPS para decidir si debe prestar el procedimiento como un servicio POS.
4.Con el ‘Consenso de Acemi’, la Superintendencia encontró el por qué del aumento de recobros al Fosyga en los últimos años. Fácil cobraban dos veces por lo mismo: vía la UPC, que es la tarifa que paga el Ministerio a cada EPS por afiliado y que debe cubrir todo lo que ofrece el POS, y vía recobros al Fosyga.
1.Un correo electrónico enviado por Sandra Marcela Camacho, directora médica de Acemi a la lista de EPS afiliadas, con asunto "Compromiso costeo insumos y depósitos médicos procedimientos POS", el 30 de mayo de 2007, en donde adjunta la tabla con un extenso listado de servicios de salud que las EPS acordaron no cubrir de acuerdo a un ‘Consenso Acemi’.
2.En dicha tabla, antes del ‘consenso’, las EPS diferían en sus criterios respecto qué estaba incluido en el POS. Después del ‘consenso’ articulado por Acemi, varias negaban el pago de servicios a sus afiliados, que entonces tenían que recurrir a la tutela para que las EPS lo recobraran vía el Fosyga. Los recursos del Fosyga salen de los impuestos del contribuyentes y no de las EPS.
3.En acta 006 del Comité Médico de Acemi del 1 de agosto de 2007, Acemi propone a sus afiliadas el "Flujograma POS" como guía de una posición oficial del gremio. El flujograma propone siete pasos a seguir por parte de las EPS para decidir si debe prestar el procedimiento como un servicio POS.
4.Con el ‘Consenso de Acemi’, la Superintendencia encontró el por qué del aumento de recobros al Fosyga en los últimos años. Fácil cobraban dos veces por lo mismo: vía la UPC, que es la tarifa que paga el Ministerio a cada EPS por afiliado y que debe cubrir todo lo que ofrece el POS, y vía recobros al Fosyga.
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