martes, 8 de noviembre de 2011

PIRAMIDES (TEOTIHUAN, MEXICO). Dina L Pardo

De la visita de Dina Luz Pardo a México...

LuisEmilioRadaC
PIRAMIDES (TEOTIHUAN, MEXICO)

 Álbum:Fotos de JorgeAndrés del álbum "DE VISITA EN LAS PIRAMIDES (TEOTIHUAN, MEXICO)"
 

Vista desde la pirámide de la luna, hacia la pirámide del sol. Para llegar a este punto, tocasubir muchas escalinatas super inclinadas y distancia marcada entre cada una. ESPECTACULAR.
    • José Antonio Nieto Ibáñez Claro que no fui capaz de ascender ninguna pirámide, ni siquiera la de la luna donde te hallas, pues la del sol...¡Ni en sueños la subiría!

    • Antonio Mora Vélez Toda la vida he querido estar en esos sitios, desde que descubrí en fotos el astronauta de Palenque. Pregunta por él.

    • Jorge Del Rio Que bien Dina, nos tres un pedazo de pasado del sueno de los aztecas

    • Lidia Corcione Amiga es un espectáculo de foto y usted se ve como una diosa en medio de semejante grandeza. Deseo que me traigas un pedazo de experiencia, porque sé que la experiencia completa sólo se vive y se siente. Te quiero mucho y gracias por hacer de tus momentos un compartir maravilloso.

    • Janeth Gallego Que super foto, te ves espectacular!!!

    • Ana Julia Cepeda Cepeda Dina gracias por compartirnos un pedacito del sueño Azteca!!«flower»

    • Juan Carlos Steffens Es un hermoso y espectáculo lugar que engrandece el conocimiento artistico,donde los ojos no se cansan de mirar.Felicitaciones amigas.

    • Lays Andrea Rocha Cardenas que rico disfrute amiga que eso es lo que nos llebamos


    • Astrid Sofia Pedraza La historia enmarcada en un gran cuadro donde resaltas tu.¡Grandioso! Bien lo expresa Lidia, la experiencia la vives y la sientes...gracias por regalarnos un poquito de tu bella experiencia. Saludos a Yajaira.

Fedepalma denuncia bloqueo ilegal, en Magdalena Medio


Fedepalma denuncia bloqueo ilegal a la palmicultura en el Magdalena Medio
·        El Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, precisó que el Gobierno Nacional debe proteger el derecho fundamental al trabajo y la libre empresa, el cual viene siendo perturbado, de manera ilegal, por actores con una agenda contraria a la de representar y defender los legítimos intereses de los trabajadores, al tiempo que reclama la vigencia del Estado de Derecho.
          
Bogotá, 8 de noviembre de 2011
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, denunció el bloqueo forzado de actividades en los municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, San Pablo, Simití y Cantagallo, promovido por activistas de Sintrainagro y la CUT, el cual se extiende hoy a centenares de pequeños y medianos productores palmeros, alrededor de 60.000 hectáreas que corresponden aproximadamente a 15% del área sembrada en palma en Colombia, y a cinco  plantas extractoras de aceite de palma, perjudicando a miles de personas, campesinos, empresarios, trabajadores, cooperados, al igual que sus familias y las comunidades locales, y ocasionando cuantiosas pérdidas.

Esta grave situación, que desde hace más de siete semanas ha sido conocida por todas las instancias de gobierno, no se ha resuelto, por cuanto la participación de las mismas se ha reducido a intentar una mediación, como si sólo se tratara de un asunto laboral, y a proponer que las partes se sienten a negociar, desconociendo que el problema es un tema de orden público, explicó el Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington.

Enfatizó que para presionar la negociación colectiva de trabajo que adelanta Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A. con su sindicato, activistas de organizaciones sindicales irrumpieron en plantaciones y plantas extractoras, que no tenían nada que ver con este proceso, y, a la fuerza, con base en intimidación y violencia, impidieron el acceso del personal a sus sitios de trabajo y el desarrollo normal de esta agroindustria y de la economía de la región.

El dirigente gremial argumentó que la región del Magdalena Medio, durante un largo período, fue escenario de violencias de toda índole, y como consecuencia de ello, importantes zonas estuvieron prácticamente perdidas para Colombia.

Manifestó que, por fortuna, en los últimos años, ha tenido lugar en esta zona un gran desarrollo de la palmicultura, especialmente a través de Alianzas Productivas entre empresarios y pequeños productores campesinos - muchos de ellos, en el pasado, raspachines de coca -, con lo cual se ha afianzado la recuperación económica y la paz.

Sin embargo, actualmente los logros alcanzados amenazan perderse y cientos de campesinos y medianos productores podrían arruinarse como consecuencia de que las plantas extractoras, a donde usualmente envían el fruto de sus cultivos, están cerradas a la fuerza por los activistas sindicales.

Mesa Dishington puntualizó que, si bien el Gobierno Nacional ha invocado el trabajo lícito como alternativa para erradicar el narcotráfico y la violencia en Colombia, en este caso, donde tiene lugar un proceso de convivencia pacífica y progreso, no ha actuado en debida forma para impedir las vías de hecho y la agresión de los promotores de este bloqueo ilegal.

Por último, recordó que los cultivos de palma en el Magdalena Medio han sido severamente afectados por la enfermedad de la Pudrición del Cogollo, arrasando más de 10.000 hectáreas, frente a lo cual los productores han trabajado con empeño en su renovación y recuperación, con algunos apoyos estatales; esfuerzo éste que podría malograrse de persistir el bloqueo a la región y la ausencia de una intervención decidida de las autoridades. En este sentido subrayó que, en nuestro país, regido por un Estado de Derecho, las vías de hecho no pueden prosperar.

Murió JOE FRAZIER I. Dios lo tenga en su gloria


Falleció un grande del boxeo: Joe Frazier. Paz en su tumba.

    • Luis Emilio Rada Conrado hombre llave. Tenemos muchos recuerdos de él. Un tipazo. Nos gozamos sus peleas. Era una época del carajo. RADAR

Muhammad Ali vs Joe Frazier I: Round 15 (Knockdown.)

Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Colombia

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la presentación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
Bogotá, 1º nov (SIG).
“Diagnóstico: el problema en cifras
Si hay un tema que nos preocupa en el Gobierno –y que le preocupa al país–, con justa razón, es el de las grandes demandas que cursan en los juzgados contra la Nación y la falta de una estructura eficaz para que el Estado se defienda adecuadamente.
Porque las contingencias jurídicas que enfrentamos semejan un huracán en el horizonte, capaz de arrasar –señor Ministro de Hacienda, usted lo sabe muy bien– con las finanzas mismas del Estado.
Miren no más las siguientes cifras, extraídas en gran parte de un estudio elaborado este año por el Banco Interamericano de Desarrollo:
Hoy por hoy, el Estado colombiano enfrenta pretensiones ante instancias judiciales en más de 260 mil procesos por más de 1.028 billones de pesos. ¡Más de mil billones de pesos!
Yo sé que ésta es una cifra tan grande que resulta difícil de imaginársela.
Baste decir que representa casi dos veces el producto interno bruto de nuestro país y, más o menos, resulta equivalente al PIB de Suiza.
Es una cifra similar a la deuda de toda Grecia, que tiene ahora mismo en jaque a la economía mundial, porque esta mañana el Premier de Grecia decidió ir a referéndum para ver si hace los ajustes para poderla pagar.
Si dividiéramos el monto de las pretensiones entre los 46 millones de colombianos, nos correspondería a cada uno – ¡a cada uno de los habitantes de este país: hombre, mujer o niño! – 22 millones de pesos de riesgo por las demandas contra el Estado.
Ahora bien: de la cifra total de pretensiones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha calculado que el pasivo contingente, es decir, el monto que podría tener que asumir el Estado ante una eventual sentencia condenatoria, es de unos 430 billones de pesos, una cifra que sigue siendo exorbitante.
O sea, doctor (Juan Camilo) Echeverry (Ministro de Hacienda), 430 billones. ¿Más o menos el cálculo es que por cada reforma tributaria hay un billón de pesos larguitos? Digamos que tendríamos que aprobar 430 reformas tributarias.
De acuerdo con este pasivo contingente que se causaría entre el 2010 y el 2021, habría que dedicarle –que esa es otra cifra realmente escandalosa– entre 12 y 17 por ciento del PIB cada año. ¡Cada año!
Hay que aclarar, sin embargo –y para ser más precisos–, que este cálculo incluye un antiguo proceso contra el Ministerio de Agricultura, cuya reclamación individual –ella sola– supera los 594 billones de pesos.
Este proceso se encuentra actualmente en segunda instancia ante el Consejo de Estado, luego de que la Nación saliera victoriosa en la primera instancia.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, desde el año 2000 hasta la fecha la Nación ha pagado 3,6 billones de pesos como indemnización a particulares.
Supuestamente, la Nación puede y debe repetir contra los funcionarios cuya conducta negligente haya causado la condena, pero lo cierto es que esta acción de repetición sólo se ha ejercido en menos del 2 por ciento de los casos.
Y además realmente son cifras que si repiten, se recupera un porcentaje muy pequeño.
Y la verdad es que tampoco tenemos buenas políticas de defensa.
Según una encuesta reciente en las oficinas de asesoría jurídica, sólo la tercera parte de las entidades nacionales tienen políticas integrales de defensa documentadas, lo que hace patente la necesidad de un ente rector de la gestión jurídica del Estado.
El uso del proceso de conciliación también presenta debilidades: el 35 por ciento de las entidades reconocen no tener ni políticas ni criterios documentados en materia de conciliación.
Y, según datos de la Procuraduría General de la Nación, tan sólo el 5 por ciento de los procesos logran ser conciliados.
Además, la falta de información impide realizar una adecuada planeación presupuestal basada en una valoración de la contingencia, por lo que más de una vez el Gobierno nacional se ha visto obligado a endeudarse para cumplir con fallos judiciales que se encontraban por fuera del presupuesto.
Por ejemplo, en 2006 el Estado tuvo que emitir títulos de deuda por 200 mil millones de pesos para cancelar una obligación judicial proveniente de un par de procesos que se perdieron en el sector transporte.
Y en el 2008 fue necesario emitir bonos por otros 90 mil millones de pesos para los mismos fines.
Lo que salta a la vista es que tenemos una sobrecarga de trabajo en los servicios jurídicos del Estado, que cuentan con capacidades técnicas limitadas y con pobres sistemas de apoyo a la gestión de los casos, falencias que –a la larga– se ven reflejadas en bajas tasas de éxito.
Según el sistema de información sobre litigios administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a julio de este año la defensa del Estado contaba con unos 2.700 abogados, cada uno con un promedio de 56 casos.
Sin embargo, hay entidades donde la carga laboral por abogado es muchísimo mayor.
En la Policía Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por ejemplo, el promedio excede los 300 expedientes por abogado.
El caso del Instituto de Seguros Sociales es crítico, pues tiene vigentes más de 68 mil procesos, que maneja con algo más de 300 apoderados, para una carga promedio de más de 200 procesos por abogado.
Me dicen que hay una abogada en Medellín –quisiera conocerla– que lleva, ella sola, la representación de 3.400 procesos del Seguro Social. Yo creo, señor Presidente del Consejo de Estado (Mauricio Fajardo) que esto es un record Guinness, un abogado que lleva 3.400 procesos.
No es de asombrar que el porcentaje de éxito del Estado en las demandas contra esta entidad en segunda instancia sea de apenas el 0,36 por ciento. ¡Prácticamente las perdemos todas!
La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, cuyas cargas laborales por abogados también son elevadas, tienen también bajas tasas de éxito en segunda instancia, del 22 y el 25 por ciento respectivamente.
Si comparamos estos datos con el Distrito de Bogotá, que tiene una fuerza de 470 abogados y una carga promedio de 40 procesos por apoderado, vemos que el Distrito –en 2010– tuvo una tasa de éxito procesal promedio del 78 por ciento.
En cambio en la Nación, si tomamos la información de las 20 entidades más demandadas, tiene una tasa de éxito procesal promedio de sólo un 27 por ciento.
Podría seguir con cifras como éstas, pero creo que el diagnóstico ya es suficientemente preocupante.
Si no hacemos algo para mejorar la efectividad de la defensa legal del Estado, veremos incrementar cada vez más la proporción de fallos desfavorables y el monto de los pagos que desangran las finanzas del Estado.
Pero no se trata sólo de esto: más allá de evitar sentencias desfavorables, debemos lograr que las actuaciones del Estado sean conformes a derecho para que se eviten las conductas –por acción o por omisión– que puedan derivar en daños antijurídicos.
La nueva Agencia
En los últimos años ha habido esfuerzos para mejorar esta situación –hubo un Conpes y se creó una Comisión Intersectorial– pero en la práctica han tenido muy poco efecto.
La defensa jurídica del Estado sigue representando un desafío central para el país y esta situación nos llevó a contemplar una solución institucional más completa, más integral, que es la que hoy presentamos al país como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Esta agencia, que estará adscrita al Ministerio de Justicia, se crea en uso de las facultades extraordinarias que el Congreso confirió al Gobierno para modificar la estructura de la Administración Pública en el sector justicia.
Hemos trabajado por más de un año, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo –que nos dio un crédito de 10 millones de dólares para la puesta en marcha de la agencia–, y con un equipo multidisciplinario del Gobierno liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para diseñar no sólo la entidad sino el sistema de defensa judicial de la Nación.
El objetivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es, en resumen, lograr un orden cohesionado y racionalizado en la representación jurídica del Estado en las instancias nacionales e internacionales.
Con la Agencia buscamos unificar las políticas de defensa e información y, además, coordinar –y en determinadas ocasiones ejecutar– la defensa del Estado en casos de interés estratégico, mejorando nuestro desempeño en los estrados judiciales.
Básicamente, ¿bajo qué marcos de acción obrará la nueva agencia?
En primer lugar, hará una selección estratégica e intervendrá en casos que sean de particular interés para la Nación teniendo en cuenta factores como la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial de la demanda, el número de procesos similares, o la trascendencia jurídica del proceso.
Es importante aclarar que la Agencia no acogerá la totalidad de los casos adelantados en contra de las 228 entidades que conforman el orden nacional, porque no se trata de reemplazar sus departamentos jurídicos.
La Agencia escogerá, con base en los criterios mencionados, los casos que son de mayor importancia y que requieren de atención específica.
Igualmente, la Agencia controlará y coordinará los casos adelantados ante organismos y tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Situaciones insólitas, como las recientes revelaciones de víctimas falsas que se enriquecieron –con sus abogados– con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre de Mapiripán, no hacen más que confirmar la importancia de este control.
En segundo lugar, la Agencia trabajará en el ordenamiento y sistematización de la información disponible de todos los casos adelantados en contra de la Nación.
Con esta información se podrá hacer un seguimiento a los procesos adelantados directamente por las entidades del sector central y plantear políticas de prevención del daño antijurídico.
Actualmente, la información en materia de defensa jurídica del Estado la gestiona cada una de las 228 entidades públicas nacionales, mientas la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia manejan sistemas de información independientes, lo que genera una información dispersa y sin mayor aprovechamiento.
La unificación del sistema de información permitirá, entonces, contar con registros centralizados y confiables que faciliten un seguimiento a los procesos en aspectos como el número, la naturaleza, la cuantía, las causas originadoras, las partes intervinientes o la etapa procesal.
En tercer lugar, la Agencia trabajará en la unificación de las estrategias de defensa de tal forma que las entidades tengan claro las acciones que deben evitar, los casos que son susceptibles de conciliación y los criterios jurídicos que deben defender.
Esta unificación se hará con base en el conocimiento y experiencia generados por las distintas entidades del nivel central, y teniendo en cuenta las buenas prácticas internacionales.
Por último, la Agencia se encargará de determinar los criterios de actuación, seguimiento y responsabilidades de las entidades públicas que adelantan sus casos directamente.
Estructura de la Agencia
Consecuente con los anteriores marcos de acción, la agencia estará estructurada de la siguiente manera:
A la cabeza de la entidad estará un Consejo Directivo, conformado por los Ministros de Justicia –quien la preside-, Hacienda, Relaciones Exteriores y Comercio, el Secretario Jurídico de Presidencia y dos asesores externos.
El Consejo Directivo será el encargado de formular los lineamientos generales en materia de defensa de la Nación, y determinará los criterios que hacen obligatoria la intervención de la Agencia Jurídica en determinados casos.
Habrá un Director General, quien será un verdadero gerente de la defensa del Estado, y será el encargado de ejecutar las líneas generales dadas por el Consejo Directivo.
El Director contará, a su vez, con un Consejo Asesor, conformado por tres abogados expertos de las más altas calidades, quienes recomendarán al Director la formulación de políticas de prevención del daño de la Nación, así como los perfiles de los abogados a contratar y las estrategias a seguir en casos específicos que sean de interés para el Estado.
En la Agencia habrá tres Direcciones y una subdirección:
La Dirección de Defensa Jurídica asumirá la defensa o designará los apoderados judiciales externos en procesos de especial importancia.
Podrá intervenir en los procesos donde considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado; actuar como apoderada judicial de entidades públicas en los casos en que la entidad involucrada le confiera poder, y obrar como mediadora en las controversias entre entidades gubernamentales.
También podrá interponer acciones de tutela en representación de las entidades públicas e insistir para su revisión ante la Corte Constitucional.
La Dirección de Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica se encargará de proponer y hacer seguimiento a la política pública de prevención de conductas ilegítimas a través de protocolos donde se indiquen las estrategias y directrices de defensa.
Esta dirección procesará las estadísticas y formulará indicadores de gestión de la defensa jurídica de la Nación, generando mapas de riesgos sobre las principales causas de litigio en el país.
La Dirección de Gestión de la Información, por su parte, llevará el Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa de la Nación, que será alimentado por las 228 entidades públicas del nivel central.
Finalmente, la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos será la encargada de impulsar todo el proceso de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades mediante programas de actualización de los abogados de las entidades del sector central y la recopilación de un banco de conocimiento de buenas prácticas.
En síntesis, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado será una agencia moderna, innovadora, con gran apoyo en las tecnologías de la información, que recoja las buenas experiencias internacionales y evite dificultades ya experimentadas tanto a nivel interno, como a nivel internacional.
Será una agencia que nos ayude, no sólo a prevenir el daño antijurídico, sino también las conductas de entidades o servidores públicos que –por vía de acción u omisión– generan dicho daño.
Será una agencia que, por lo tanto, va a fortalecer el Estado de derecho al promover que las entidades públicas tengan políticas claras para adecuar sus conductas a la ley y evitar eventuales litigios.
Será una agencia que mejore nuestra defensa jurídica ante los tribunales, lo que se verá reflejado en un aumento del porcentaje de sentencias favorables al Estado.
Será una agencia que incremente el número de casos conciliados, ahorrando los costos y contingencias de un largo proceso.
Y será una agencia que nos evitará, hacia el futuro, el pago de más impuestos, y que –si es eficaz– nos puede significar más recursos, muchos más recursos, para la educación, para la vivienda, para la salud de los colombianos que más lo necesitan.
Hagamos unas cuentas hipotéticas:
¿Cuánto podríamos hacer con los más de mil billones de pesos que hoy se reclaman al Estado en distintos procesos judiciales?
Podrían levantarse más de 33 millones de viviendas de interés social, de 30 millones de pesos cada una.
Podrían edificarse más de medio millón de jardines infantiles.
Podría costearse la carrera completa en una universidad pública a 55 millones de jóvenes o educar desde el grado cero al once a 55 millones de niños.
O podrían construirse más de 170 mil kilómetros de vías de doble calzada –a un costo de 3 millones de dólares por kilómetro–, suficientes para dar cuatro veces la vuelta a la Tierra.
Son sólo cifras hipotéticas, pero nos dan la dimensión de todo lo que podemos ganar si mejoramos el desempeño del Estado en su actuación conforme a la ley y en su defensa jurídica.
El paso que damos hoy, con la creación de esta agencia, se verá reflejado, entonces, en menos riesgos y menos egresos para las finanzas públicas –que no son las finanzas del Estado, sino las finanzas de todos los ciudadanos que se alimentan con los impuestos de todos–.
No esperamos milagros, pero sí una defensa de la Nación más organizada, más previsiva y más eficaz en todo sentido.
Si logramos esto, ¡habrá valido la pena esta reforma!
Muchas gracias”.  



Colombia, ministerios de Salud y Trabajo. JM Santos

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos con motivo de la creación de los Ministerios de Salud y Trabajo
Bogotá, 2 nov (SIG). “Hoy es uno de esos buenos días en que podemos decirles a todos los colombianos que hemos cumplido, que estamos cumpliendo y que seguiremos cumpliendo.
Son tres las principales metas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, tres ejes que marcan el rumbo que definimos en este gobierno el 7 de agosto del año pasado: más empleo, menos pobreza y más seguridad.
Hoy quiero hace énfasis sobre el primero de estos ejes: es decir, más empleo.
En la campaña nos pusimos metas ambiciosas y una de ellas era la generación de empleo –pero no cualquier empleo, sino empleo formal y de calidad–.
Ahora, casi 15 meses después de haber jurado como Presidente de la República, puedo decir que los resultados me producen inmensa alegría –porque eso es lo que siento, y lo que deberíamos sentir los colombianos: alegría–.
Prometimos, por ejemplo, crear 2,5 millones de puestos de trabajo.
Pues bien… ¡hemos generado 1 millón 85 mil empleos desde que empezamos el gobierno!
Yo espero, como ha sido costumbre, que esa tendencia siga hasta final de año, o sea que octubre, noviembre, diciembre, esa cifra debe seguir aumentando. Luego generalmente baja otra vez enero, febrero y comienza otra vez la tendencia ascendente.
Estamos hablando de cerca de 1 millón 85 mil colombianos que hoy se levantaron con la tranquilidad de tener un trabajo, con la satisfacción de sentirse productivos y con el placer de recibir un ingreso ganado con el sudor de la frente.
¡Estamos cumpliendo!
También me siento muy feliz porque esta semana le dimos al país una gran noticia que esperábamos dar al final del cuatrienio.
Es una noticia que ‘se nos adelantó’ casi tres años.
Me refiero, nada más ni nada menos, que a la tasa de desempleo, que bajó a un dígito –9,7 por ciento en el mes de septiembre–
Otra vez podemos decir: ¡estamos cumpliendo!
Se trata de una disminución de casi un punto con respecto al mismo mes del año pasado, teniendo en cuenta –además– que la tasa global de participación también aumentó y ahora es de casi el 64 por ciento, una de las más altas del mundo, y eso es también una buena noticia.
Si logra uno bajar el desempleo y la tasa de participación sube, es la mejor combinación que uno puede encontrar en una sociedad.
Eso quiere decir que no sólo hemos generado más empleos, sino que el crecimiento en el número de ocupados ha sido superior al número de colombianos que ha salido a buscar trabajo, el cual también es cada día es más grande.
Hoy hay más de 20 millones 400 mil colombianos trabajando, una cantidad que no se había visto en toda nuestra historia.
Son resultados sin precedentes, pero no podemos sentirnos satisfechos, pues hay todavía 2 millones 200 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran.
Por ellos tenemos que perseverar en esta cruzada por el empleo.
Eso sí, podemos sentirnos orgullosos – ¡muy orgullosos! – porque somos el país de la región –y tal vez uno de los del mundo– que, en términos relativos, más empleo ha generado en el último año.
No exagero si les digo que la creación de más de un millón de empleos que podemos reportar en Colombia es la noticia que hoy sueñan –y no pueden dar– las grandes economías del planeta.
Todo esto contribuye al crecimiento del país en muchos sentidos y para no extenderme en ejemplos les cito sólo uno:
El incremento del empleo formal ha contribuido a la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Prueba de ello es que hoy existen 615 mil nuevos trabajadores afiliados al Régimen Contributivo de salud y 400 mil trabajadores más en el sistema general de pensiones.
Buena parte de estos resultados se deben a la Ley de Formalización y Generación de Empleo –una iniciativa que materializamos a pocos meses de iniciar el gobierno–.
Esa Ley –como todos sabemos–, en su componente de estimular el primer empleo, tiene un ‘autor intelectual’: me refiero al doctor Rafael Pardo, quien fuera mi contendor de las elecciones presidenciales.
Y doctor Pardo, por ahí dicen que yo dije cosas suyas. Le aseguro que no fueron menores a las que usted dijo de mí. Pero en la política, la reconciliación es tan importante, dejar los odios a un lado es tan importante, trabajar juntos es tan importante que no importa lo que usted haya dicho de mí. Se lo perdono.
Era una iniciativa tan buena que no dudamos en acogerla en la Mesa de Unidad Nacional.
Y miren los resultados. Los resultados es que hemos logrado disminuir el desempleo, creamos empleo formal y eso es un resultado que la gente hoy puede percibir y gozar. Y eso es parte de ese espíritu de conciliación y por eso pues nadie mejor que usted, doctor Pardo, para ocupar el nuevo Ministerio de Trabajo a partir de la próxima semana.
El Ministerio de Trabajo
Precisamente, hoy nos reunimos para celebrar el alcance de la creación de este ministerio.
Y permítanme insistir: ¡seguimos cumpliendo!
Ésta era otra promesa de campaña con la que esta semana nos ponemos al día.
Y debo aclarar que aquí NO estamos ‘reviviendo’ el antiguo Ministerio del Trabajo.
El ministerio que hoy presentamos es una estructura nueva, moderna, que nace sobre las bases sólidas del Buen Gobierno: eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Sus objetivos son básicamente tres:
El primero es mantener el buen paso que hemos emprendido en materia de formalización y de generación de empleo.
Precisamente, esa es la principal característica que diferencia a esta cartera de los anteriores ministerios, porque la creación de puestos de trabajo no estaba dentro de sus funciones habituales.
Para enfocarse en este propósito se crea el Viceministerio de Empleo y Pensiones, que concentrará sus esfuerzos en materia de competitividad y en la implementación de políticas que generen oportunidades de trabajo para las poblaciones más vulnerables.
De manera que aquí están ligadas dos de nuestras grandes metas: más trabajo y menos pobreza.
De entrada, doctor Pardo, usted tiene dos misiones muy importantes.
Una es mantener el dinámico ritmo de formalización que ya hemos iniciado; la otra misión es continuar impulsando la tendencia decreciente de la cifra de desempleo y lograr una especie de ‘tasa controlada’, de manera que nunca más escale a los dos dígitos –tal y como lo hicimos hace 10 años con la inflación.
Colombia tenía una inflación de las más altas de la región. Nos propusimos bajarla a un dígito, de común acuerdo con la política del Banco de la República, establecimos una política que denominamos de inflación objetivo y esa política fue muy exitosa.
Y hoy tenemos una tasa de inflación con metas entre el 2 y 4 por ciento, y eso sumado a la tasa de desempleo que hoy tenemos, las dos tasas, inflación más desempleo, es lo que muchos economistas durante mucho tiempo llamaron el ‘indicador de miseria’.
Y yo creo que ese ‘indicador de miseria’ hoy es de los más bajos de nuestra historia, pero tenemos que seguirlo bajando, porque todavía hay demasiada gente en la miseria.
Para ayudar a este propósito, el SENA queda como una entidad vinculada a este Ministerio, entendiendo que se trata de una institución dedicada a la “formación para el trabajo”.
Un segundo objetivo de esta nueva cartera tiene que ver con su responsabilidad en liderar y coordinar la política pensional.
En este punto hay que tener una consideración básica: en Colombia hay una minoría de ciudadanos con pensión y una gran mayoría sin ella.
En ese sentido, la prioridad del Ministerio es, por un lado, garantizar que la pensión le siga llegando a quienes ya se la han ganado.
De otra parte, su misión es buscar soluciones para aquellos que aún no cuentan con dicha pensión.
Para dirigir esta política, estamos creando una Comisión Intersectorial para la Política Pensional, integrada por Planeación Nacional y los ministerios de Hacienda, de Salud y –por supuesto– de Trabajo.
Esta comisión va a ser la encargada de fijar la política pensional, porque entendemos que se trata de un tema que involucra a diferentes sectores y que deben ser tenidos en cuenta.
Y bajo este organismo se va a mantener la información pensional, que es tan importante porque la información es clave para poder administrar los sistemas de seguridad social.
El tercer y último objetivo guarda relación con el nombre del otro viceministerio, que será el Viceministerio de Relaciones Laborales.
Ésta sí ha sido la tarea tradicional de los ministerios de trabajo, y al respecto ya tenemos avances.
Entre otras cosas, actualizamos el acuerdo laboral tripartito con empresarios y trabajadores; aumentamos el presupuesto para la protección de líderes sindicales y facilitamos la creación de 196 nuevos sindicatos –óigase bien– ¡196 nuevos sindicatos en los primeros ocho meses de este año!, frente a 89 que nacieron en todo el año 2010.
Además, expedimos un decreto con el que pusimos freno a la contratación innecesaria a través de cooperativas de trabajo asociado.
Un buen caso para exaltar es el de Almacenes Éxito: Desde el pasado mes de mayo ha vinculado formalmente –con prestaciones– a unos 2.500 de sus empacadores, a lo largo de sus establecimientos en casi 40 ciudades.
También hemos aumentado el número de inspectores de trabajo –ya tenemos más de 520 y vamos a llegar a 900 al final del cuatrienio–.
Algunos de estos avances se incluyeron en el Plan de Acción que nos ayudó a destrabar el TLC con Estados Unidos, pero lo cierto es que hacían parte desde un principio de nuestros propósitos en el Gobierno.
Son avances que nos nacen por convicción propia y por un compromiso sincero con los derechos de los trabajadores a una vida digna, a una remuneración justa y a unas condiciones de trabajo adecuadas.
En el próximo futuro, la estructura del nuevo ministerio contará con la asistencia técnica de un grupo de expertos de la Organización Internacional del Trabajo, la entidad más importante del mundo en materia laboral, a cuya dirección, por cierto, hemos postulado a nuestro Vicepresidente Angelino Garzón.
La OIT acompañará la implementación del Plan de Acción (del TLC), para ayudarnos a fortalecer la inspección, la vigilancia y el control, en beneficio de los derechos fundamentales del trabajo y del diálogo social.
Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Economía Solidaria –Dansocial– se convierte a partir de ahora en una entidad adscrita al Ministerio, lo que garantiza que le daremos fuerza a la promoción del cooperativismo y de las organizaciones solidarias.
Como ven, aquí estamos consolidando todo el ‘Sector del Trabajo’ –en su conjunto–, dándole unidad y coherencia, no sólo por las nuevas funciones del Ministerio, sino también por el tipo de entidades que quedaron vinculadas a esta cartera.
Colpensiones es otra entidad que queda bajo el Ministerio de Trabajo.
Lo que esperamos ahora es que el Ministerio genere una dinámica promoción del empleo –del empleo formal, digno, de calidad– y una fluida relación con trabajadores y empresarios.
Quiero terminar estas palabras destacando la doble importancia de dividir el Ministerio de Protección Social.
Porque no sólo se trata de la creación del Ministerio del Trabajo, sino también –de forma consecuente– del surgimiento del Ministerio de Salud.
A partir de ahora, la salud tendrá su propia cartera y podrá focalizarse en los temas que conciernen a su sector: básicamente, salud pública y calidad en el servicio.
Prioridades en materia de salud
La hoja de ruta en esta nueva etapa ya está definida y quiero destacar tres prioridades que tenemos en materia de salud.
La primera de esas prioridades es FORTALECER LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE UNA VIDA SANA, porque bien dice el refrán: ‘Mejor es la salud que nunca se perdió’.
En este punto, todos debemos ponernos metas concretas:
Gobierno, aseguradoras y prestadoras de salud debemos tener claros los objetivos en cuanto al bienestar de los afiliados.
Cada uno de los actores debe poner en marcha estrategias para preservar la buena salud de los colombianos y para mitigar los riesgos en su condición física.
Debemos, por ejemplo, buscar a los afiliados con enfermedades crónicas –como obesidad, hipertensión o diabetes– para fomentar en ellos hábitos de vida saludables.
La idea es mejorar la calidad de vida de los colombianos y reducir la probabilidad de complicaciones futuras.
Siempre en la vida en general, pero sobre todo en la salud, es mejor prevenir que curar. Y es más barato además.
Una segunda prioridad es FORTALECER EL DIÁLOGO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.
Ahora este ministerio podrá concentrar sus esfuerzos –aún más– en la necesaria interlocución con aseguradores, prestadores de salud y usuarios.
De hecho, en los próximos días, vamos a socializar el borrador del decreto que reforma a las EPS, con algunas de las cuales me reuní hace unos días, la semana pasada y ahí acordamos una serie de puntos muy importantes, porque siempre he creído que la concertación siempre trae mejores decisiones.
Se trata del decreto que va a redefinir las funciones de las EPS y los requisitos que deben cumplir para permanecer en el sistema, sacando del juego a las ineficientes y fortaleciendo a las que demuestren su capacidad real y efectiva para atender con dignidad a los usuarios.
Vamos a evaluar su desempeño con indicadores de resultados en materia de salud, además de aplicar los más altos estándares para verificar su situación financiera.
Y seremos muy estrictos en este proceso, porque la salud de las personas no es algo que pueda tratarse a medias.
Ayer no más dimos un paso muy importante al unificar los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo para los colombianos de 60 años o más.
Yo le decía ayer (martes) a quienes estaban asistiendo a ese acto, que llegó un funcionario a decirme ‘aquí esta el decreto de los viejitos’. Entonces le dije ¿cuáles viejitos? Y dijo ‘pues los mayores de 60 años’. Y entonces le dije ¿usted cree que yo soy viejito?’ Entonces me dijo ‘no, no, no, no’. Entonces le dije no nos diga viejitos. Mayores de 60 años, que es más apropiado’.
Pero todos los mayores de 60 años hoy tendremos derecho a ese régimen único y creo que es un avance importante, 2,3 millones de personas.
Y nuestra obsesión es proveer un servicio de salud digno, con CALIDAD, EQUIDAD Y OPORTUNIDAD.
Y esto, precisamente, tiene directa relación con la tercera prioridad, que es MATERIALIZAR LA ‘ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD’.
Queremos que no haya excusas, de ningún tipo, para impedir o interrumpir el tratamiento que un ciudadano necesita.
Hoy algunos colombianos, en lugares apartados, no pueden acceder a tratamientos, a pesar de que su EPS sí los contempla.
La razón es que, por ejemplo, la EPS no tiene contrato con un hospital o un centro médico al que el paciente puede desplazarse sin dificultades.
De manera que esta ‘Estrategia de Atención Primaria en Salud’ va a ser una especie de ‘protocolo’ o ‘guía’ que deben tener en cuenta los actores de la cadena.
La idea es que las EPS prevean todos los tratamientos que requieren sus afiliados –y en qué zonas– para que diseñen la mejor manera de integrarse con hospitales y centros médicos.
El objetivo principal del Ministerio de Salud –y hago énfasis en esto– es garantizar que los colombianos tengan acceso efectivo a los servicios de salud SIN EXCUSAS, sin interrupciones, de manera oportuna y sin someter a los pacientes a desplazamientos o demoras absurdas.
Estimados amigos:
Los logros que hemos obtenido –en trabajo y en salud– me hacen pensar en esa frase que me gusta usar tanto y que dice que ‘se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso’.
El mejor ejemplo de eso es que nuestra meta inicial de desempleo –que era bajarlo a un dígito– ahora es sólo un paso más en la búsqueda de otras metas más ambiciosas.
Este tipo de avances los hemos logrado trabajando con amor y con decisión por el país y –sobre todo– uniendo esfuerzos.
Hemos demostrado, una vez más, que la Unidad Nacional sirve para nuestros propósitos colectivos, para ponernos de acuerdo en nuestros objetivos comunes en lugar de atizar las diferencias.
Los invito a que sigamos caminando por esta senda de prosperidad que hemos trazado juntos.
Día tras día, paso por paso, ladrillo por ladrillo, estamos construyendo –unidos– la nación que queremos.
Muchas gracias”.

Reforma del Estado Colombiano. Juan M Santos

Palabras del Presidente Santos en la presentación de la Reforma del Estado y la nueva institucionalidad minera y de infraestructura       Bogotá, 4 nov (SIG). “Hay tiempos para soñar y tiempos para realizar los sueños.
Hay tiempos para planear y tiempos para ejecutar.

Hay tiempos –como éste que hoy vive Colombia- en que tenemos el deber de reformarnos para enfrentar con optimismo los retos del futuro.

Hoy me siento muy feliz –y lo digo con todas sus letras- porque las trascendentales reformas a la estructura del Estado que presentamos esta semana forman parte fundamental de ese proyecto que he propuesto al país y que se resume en dos palabras: Buen Gobierno.

Necesitamos un Estado más eficiente, un Estado más eficaz, un Estado más transparente y un Estado que rinda cuentas a los ciudadanos, y ese es el Estado que hemos visualizado al diseñar estas reformas.

Todo gobierno, de alguna forma, busca realizar cambios en la estructura del Estado para ajustarlo a las necesidades del momento y, a menudo, para cumplir con objetivos de austeridad y ahorro fiscal.

Las grandes reformas del Estado, las que no obedecen a propósitos fiscalistas sino a verdaderas redefiniciones de la función pública, se han hecho siempre como consecuencia de transformaciones constitucionales, para adaptar el aparato estatal a las nuevas normas supremas.

Así ocurrió en el gobierno de López Pumarejo, después de la reforma constitucional de 1936; en el gobierno de Lleras Camargo, después de la interrupción de la democracia y del plebiscito de 1957; en el gobierno de Lleras Restrepo, luego de la reforma constitucional de 1968, y, por supuesto, en el gobierno de César Gaviria, donde una nueva Constitución generó a su vez una nueva arquitectura estatal.

La reforma al Estado que hoy presentamos no dependió de un cambio estructural en la Constitución.

Tampoco es una reforma que se haga para reducir gastos de funcionamiento ni para generar recursos fiscales, si bien un Estado más eficiente es un Estado que produce más posibilidades de ingreso e inversión.

Ésta es una reforma para el Buen Gobierno; una reforma para acoplar el Estado a las necesidades de los tiempos actuales. Porque el Estado, como las empresas, tienen que siempre seguir un proceso de mejoramiento continuo y de acoplamiento a las nuevas circunstancias, a los avances tecnológicos, a los nuevos problemas que surgen en las sociedades.

Cuando se quedan los Estados rezagados es cuando comienzan los problemas, porque no pueden responder adecuadamente

El objetivo central de esta reforma administrativa es uno y muy claro: FORTALECER LAS INSTITUCIONES PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL ESTADO.

O dicho de otra forma: fortalecer las instituciones para que el Estado cumpla el postulado de ser un Estado Social de Derecho, como lo manda la Carta del 91.

El objetivo es que seamos más eficaces en la prestación de los servicios públicos, que haya una adecuada coherencia en la administración pública y, muy especialmente, que esa eficiencia, esa eficacia y esa coherencia se traduzcan en una mayor cobertura y rentabilidad social de los recursos públicos.

Ésta es una reforma para mejorar el servicio del Estado a los ciudadanos.

Porque el Estado no es un monstruo amorfo, un “leviatán”, que se justifica por sí mismo y que trabaja para sí mismo.

No. La razón del Estado es lograr que sus habitantes tengan una vida digna, y que se protejan y garanticen sus derechos y libertades.

¡La razón del Estado es la gente!

La reforma administrativa que hoy presentamos es el producto de un trabajo serio y concienzudo que hemos realizado en el Gobierno, gracias a las facultades extraordinarias que nos otorgó el Congreso de la República mediante la Ley 1444 de 2011.

Hoy quiero agradecer muy especialmente a los congresistas la confianza otorgada –porque dar facultades es una muestra de confianza- y decirles que no fuimos inferiores a ella, y que obramos con responsabilidad para cumplir su mandato, y que les informamos adecuadamente y el desarrollo, y cómo íbamos adecuando y planeando esta reforma.

Ya el Congreso, a través de la citada ley, había ordenado la división de tres ministerios, que se convirtieron en los siguientes seis ministerios, con estructuras y organización modernas y coherentes:

- El Ministerio del Interior, y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

- El Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Salud y Protección Social.

- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

¿Qué buscamos con esta división de ministerios? Fue algo que desde el puro comienzo de la campaña lo propusimos. Nos convencimos –y yo pertenecí al Gobierno anterior y he pertenecido a otros gobiernos- que teníamos que tener unos ministerios para poner en práctica un concepto clave de la administración pública, y es la focalización.

Temas como la justicia, la salud y el medio ambiente no podían manejarse entremezclados con otros igualmente prioritarios.

Es necesario tener estructuras especializadas y –repito- focalizadas, que fijen las políticas para estos sectores y sean interlocutores válidos de los actores involucrados en los mismos.

He dicho que ésta no es una reforma fiscalista, concentrada en bajar el gasto público, y esto tiene una consecuencia humana muy importante.

Valoramos a las personas que trabajan en las entidades, y hemos hecho todo el esfuerzo para que las modificaciones se realicen preservando el empleo y las condiciones laborales de los funcionarios.

En esto hemos sido muy claros, así lo dije el lunes cuando se presentó el decreto de supresión del DAS, y así lo repito hoy:

Esto no es ni será, nunca tuvo el sentido, de una masacre laboral, como algunos inicialmente lo concibieron. Todo lo contrario, aquí se le hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance para garantizarles a la mayor cantidad de funcionarios sus derechos, su trabajo, sus ingresos.

Hoy quiero expresar un agradecimiento especial a todos los que intervinieron, por largos meses y largas veladas de trabajo, para sacar adelante esta reforma integral del Estado, que supone más de 60 decretos para reformar un número similar de entidades.

Quiero hacer un especial reconocimiento la Alta Consejera para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, María Lorena Gutiérrez, a todo su equipo de trabajo, al equipo de trabajo de todos los ministerios, a los equipos jurídicos y todos los que intervinieron, porque realmente fue un trabajo muy bonito.

Y María Lorena me mantuvo permanentemente informado sobre cómo iban las discusiones, qué era lo que estaba discutiendo, las diferentes alternativas que se estaban presentando, cómo todo el mundo aportó, la cantidad de opiniones internacionales, de ejemplos de otros países que se tuvieron en cuenta.

Es decir, esto no fue una reforma improvisada, fue una reforma muy bien estudiada donde inclusive se optó por desechar muchas propuestas audaces, tal vez por falta de tiempo, peor lo que está hoy consignado en los decretos es realmente una reforma muy bien concebida.

Muchas gracias, también, al Departamento de la Función Pública, a Planeación Nacional, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, a los expertos en administración pública que nos asesoraron, y a todos los ministerios y entidades que participaron en el proceso, porque todos –sin excepción- hicieron un gran trabajo.

Hoy no les voy a hablar de todos los aspectos de la reforma pues sería interminable, y poco a poco los iremos presentando.

De hecho, esta semana presentamos la supresión del DAS, la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y la división del Ministerio de Protección Social en los ministerios de Trabajo y de Salud, y esta misma tarde presentaremos la nueva Dirección Nacional de Inteligencia.

Por lo pronto, quiero resumir los cuatro principales aspectos que mejorarán con el fortalecimiento institucional que supone esta reforma, y hablar luego –en particular- de lo que será la nueva institucionalidad minera y de infraestructura.

Un primer grupo de reformas va destinado a fortalecer la INCLUSIÓN SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN.

Dentro del objetivo fundamental de superar la pobreza extrema y consolidar la paz en nuestro país, se consolida un sector del gobierno, el sector de la Inclusión Social, a la cabeza del cual estará el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social.

En este sector se incluyen los temas de atención a las víctimas, programas de subsidios como Familias en Acción, la Red Unidos, Bienestar Familiar y lo que será el Centro de Memoria Histórica.

No teníamos en el país un verdadero sector –con política unificada y un ente rector– que impulsara estos temas esenciales para la reducción de la pobreza y la consolidación de la paz, y por eso éste es un paso de inmensa importancia para el país.

Presentaremos este sector en detalle al país la próxima semana, pero quiero hacerles unos anticipos.

El Departamento para la Prosperidad Social va a ser puesto en manos del actual Viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master.

Bruce es una persona que ha trabajado con gran eficiencia y gran eficacia y que ha dado unas muestras impresionantes en su capacidad ejecutiva, costeño y de la U. Pero sobre todo que tiene ese criterio de banquero de inversión, de ver los problemas en su contexto y en su conjunto y estoy seguro que va a ser una gran labor.

Al frente de la Dirección de la Agencia para la Superación de la Pobreza, va a estar otro gran colombiano que estaba hasta ahora como Alto Consejero para la Prosperidad Social. Estaba coordinando y ahora le va a tocar hacer lo que a él le gusta hacer y lo que sabe hacer: ejecutar. Es Samuel Azout.

Quiero aprovechar esta oportunidad para rendirle un homenaje a una gran colombiana, Elvira Forero, que está aquí. Ella le ha servido al país durante nueve años, cinco años al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y lo ha hecho con total dedicación y con pasión, yo lo diría.

Y a nombre de los millones de niños colombianos y a nombre de los 46 millones de colombianos, Elvira me ha pedido que después de tanto tiempo quiere por lo menos unas vacaciones, un tiempito para dedicarle a su familia, tiene una hija que hoy está cumpliendo 17 años y quiere un respiro después de un trabajo muy intenso –me consta ese trabajo- y muy eficaz.

Y quiero agradecerle a Elvira su trabajo invaluable por este país. Muchas gracias.

Al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que va a quedar dentro de este sector, vamos a poner a otro gran colombiano que también ha dado las mejores pruebas de ser un gran funcionario, de tener una gran sensibilidad social, de tener una gran sensibilidad por los niños, que es Diego Molano.

Y una responsabilidad muy importante, porque le va a corresponder todo el manejo de la reparación de las víctimas, por eso se creó una Dirección de la Unidad de Víctimas, va a estar al frente otra gran colombiana, que tal vez es de las personas que más sabe de este tema y que más le ha dedicado su vida a este tema, que es Paula Gaviria.

Un segundo grupo de reformas está dirigido a fortalecer la POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Más allá del tema de superación de pobreza extrema, aquí nos enfocamos en la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos los colombianos, garantizando sus derechos fundamentales independientemente de su etnia, género o condición social.

Acá se incluyen –entre otros- la organización del Ministerio de Justicia y el Derecho, con el objetivo esencial de facilitar al ciudadano el acceso a la justicia formal; la reorganización del Ministerio del Interior, en temas tan importantes como derechos humanos y comunidades étnicas, y la focalización de la protección social a través de los ministerios de Salud y de Trabajo.

Un tercer grupo de reformas tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad en sectores críticos para la COMPETITIVIDAD del país.

Aquí caben la organización del nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la reorganización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que incluye una Autoridad de Licencias Ambientales y una Unidad de Parques Naturales.

Se contempla, por otro lado, una Unidad Administrativa para la Gestión de Riesgos, adscrita a la Presidencia, que fortalece nuestra capacidad para prevenir, atender y mitigar riesgos.

Nos dimos cuenta con esta ola invernal que un país tan vulnerable como Colombia no tenía la institucionalidad para afrontar lo que sufrimos y lo que vamos a sufrir. Miren ustedes lo que está sufriendo Centroamérica, o para irme un poco más lejos, al otro lado del mundo Tailandia, todos esos países que son el opuesto la antípoda de Colombia en el mundo, todos están inundados con qué problemas.

Nosotros somos un país vulnerable y necesitamos una institucionalidad mucho más fuerte para afrontar las consecuencias del cambio climático, que infortunadamente llegó aquí para quedarse. Eso es irreversible.

Y es también un avance para la competitividad la puesta en marcha en el sector comercio de la Unidad de Metrología, que nos permitirá cumplir debidamente los nuevos acuerdos comerciales, además –claro- de la nueva institucionalidad minera y de infraestructura de la que hablaré posteriormente.

Adicionalmente, estamos creando una nueva institución que se encargará de administrar los juegos de suerte y azar, y que estará adscrita donde debe ser: en el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, tenemos un cuarto grupo de reformas destinado a conseguir una mayor EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ESTADO.

En esta dirección podemos entender la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, que nos permitirá ser más eficientes para enfrentar las cuantiosas demandas que penden como una amenaza sobre las finanzas públicas.

El tema de la cooperación –por su parte- cuyo manejo hoy está disperso, vamos a focalizarlo en una Agencia de Cooperación Internacional, que coordinará no sólo la cooperación que recibimos sino la que podemos dar a otros países.

Hoy en día nos ponen cooperación en seguridad, nos piden cooperación en reintegración; aquí vino hace unas semanas una delegación de Irak a ver cómo era que nosotros habíamos reintegrado a los alzados en armas a la sociedad, y me impresionó, eran 15 iraquies: cinco sunis, cinco chiitas y cinco kurdos, los 15 pidiéndonos a nosotros que les enseñáramos cómo reintegrarse ellos en una sola sociedad.

O el Presidente de Sri Lanka, que me pidió cita cuando fuimos a Naciones Unidas, que por favor les ayudáramos a ver cómo podemos reintegrar a los tamiles a su sociedad, porque el ejemplo de Colombia es un ejemplo que ya tiene fama mundial.

Esta Agencia de Cooperación va a ser muy importante recibiendo y dando toda cooperación que estamos dando a Centroamérica, a México, a las islas del caribe en materia de lucha contra el narcotráfico. Cooperación de tipo también económico, de experiencias que hemos puesto en marcha nosotros con mucho éxito, que otros países la quieren replicar. Eso es parte también de nuestra política exterior.

Igualmente –y esto es muy importante- se establece un ente rector de la contratación estatal, denominado Colombia Compra Eficiente, que determinará y organizará la política de contratos y compras en el sector público.

Esto era un sueño que tenía desde que fundé la Fundación Buen Gobierno en el año 94. Yo decía: Si pudiéramos organizar mejor las compras de todo el Estado –y yo veía ejemplos de otros países- podríamos ahorrar mucha plata.

La eficiencia que genera tener un comprador especializado y técnico por parte del Estado va a producir importantes ahorros para nuestras finanzas, según podemos deducir de modelos similares que ya se aplican en otros países.

En Chile, por ejemplo, se han alcanzado ahorros hasta del 20 por ciento en sus compras públicas, y nosotros esperamos generar ahorros entre el 5 y el 10 por ciento en los primeros 5 años para llegar a un 15 por ciento en 10 años.

Si tenemos en cuenta que gastamos unos 41 billones de pesos al año en compras del sector público, podrán calcular la dimensión de lo que vamos a economizar con esta medida.

Otra medida muy importante es la creación en el Ministerio de Hacienda de la figura del Inspector de Recaudos y Tributos, que tendrá facultades para auditar y controlar este aspecto esencial de la función pública, que es la savia de las finanzas del Estado.

Todo esto, con miras a tener un Estado más eficiente y más transparente, un Estado que cumpla, al fin, con los principios del Buen Gobierno.

Valga aclarar que muchos de los decretos que hacen parte de esta reforma no se refieren a supresión o a creación de entidades, sino a reasignación de funciones entre entidades ya existentes para ganar coherencia y efectividad.

Para darles algunos ejemplos, temas relacionados con los certificados de origen de los productos pasan del Ministerio de Comercio a la DIAN, o temas referentes a los códigos internacionales para libros –el llamado ISBN– pasarán del ICFES a la Biblioteca Nacional, donde es natural que se encuentren.

He trazado apenas un rápido esbozo, pero ya podrán comprender ustedes –y todos los colombianos– que la reforma administrativa que hoy presentamos es una reforma que moderniza muchos sectores del Estado.

Somos un gobierno reformista y nos gusta ser un gobierno reformista, porque los retos de la globalización y el desafío de alcanzar la prosperidad para todos, la prosperidad con equidad, no se logran con un Estado pesado y anquilosado.

Nuestras metas esenciales –más empleo, más seguridad y menos pobreza– sólo pueden asegurarse con una estructura estatal que pueda coordinarse y trabaje con coherencia, con instituciones fuertes y ágiles, eficaces y eficientes, responsables y transparentes.

Por eso hoy puedo anunciar al país que hemos cumplido el mandato y la autorización que nos dio el Congreso, y que a partir de ahora entra a regir la Reforma del Buen Gobierno.

Y ahora sí, veamos cómo se aplica esta reforma en dos temas esenciales para el futuro y la competitividad del país: la minería y la infraestructura, dos de nuestras locomotoras.

Y empiezo por el tema MINERO.

Al comienzo del gobierno encontramos un sector con un potencial muy grande pero, a la vez, con un panorama bastante preocupante.

Básicamente, existía una institucionalidad débil, con problemas en la delimitación de funciones o con duplicidad en éstas, con poca coordinación intersectorial y con ciertas deficiencias.

Dada la importancia de este sector –y teniendo en cuenta la gran oportunidad que va a tener el país con el boom minero-energético en los próximos años– entendimos que era necesario –casi obligatorio– plantear esta reforma.

Realmente no es un tema menor. Éste es un sector que –como ningún otro– puede contribuir al desarrollo de Colombia.

Sólo en regalías puede generar de aquí al 2020 cerca de 100 billones de pesos.

Para que se hagan una idea, con este dinero podríamos financiar las Autopistas de la Montaña y la Ruta del Sol; garantizar el acceso a la salud de forma universal y sostenible, y todavía nos alcanzaría para asegurar los recursos para la atención a las víctimas del desplazamiento durante este cuatrienio.

Pues bien, es un hecho que el sector no podría generar esos recursos sin una reforma institucional como la que presentamos hoy.

¿Qué fue exactamente lo que nos planteamos a la hora de concebirla?

La necesidad que teníamos de crear una entidad técnica y experta en el tema, que se encargara de la administración del recurso minero de forma especializada y eficiente.

La minería impacta muchos sectores, y uno de ellos –de particular importancia– es el medio ambiente.

Por eso con la reforma buscamos la especialización, tanto para hacer más fácil la realización de proyectos, como para asegurar que las compañías operen de manera responsable.

Al empezar a estudiar el panorama, nos encontramos con que teníamos un Ministerio de Minas y Energía con múltiples responsabilidades –incluyendo la formulación, ejecución, seguimiento de proyectos– que impedían su especialización en la formulación de políticas.

Y también teníamos a Ingeominas, un instituto que se encargaba del conocimiento geológico y, a su vez, de la administración de contratos y títulos mineros, y de las tareas de fiscalización del recurso existente en el país.

Pues bien, con la reforma hemos concebido un nuevo orden –con funciones focalizadas por entidad– que nos permitirá, ahora sí, hablar de una minería más competitiva, eficiente y en armonía con el medio ambiente.

¿Y cómo es este orden?

En primer lugar, fortalecimos al Ministerio de Minas como cabeza del sector, para hacer de éste un ministerio especializado –única y exclusivamente– en la formulación y reglamentación de políticas de minería, sin congestionarlo con funciones operativas.

Creamos también un nuevo Viceministerio de Minas, que tendrá a su cargo dos direcciones especializadas: una en minería empresarial y otra en minería pequeña y tradicional.

El Ministerio contará, también, con una Oficina de Asuntos Ambientales y de Comunidades para garantizar la coordinación interinstitucional con otras entidades como, por ejemplo, los ministerios de Ambiente y del Interior, que son fundamentales para el buen desarrollo de los proyectos mineros.

Porque una de nuestra prioridades –que va de la mano con fortalecer al sector– es ser muy estrictos con el cumplimiento de los estándares ambientales bajo los que debe operar la explotación minera.

Y no les quepa la menor duda de que lo vamos a hacer, sin que esto afecte nuestra competitividad, porque la mejor competitividad es la que es amigable con el planeta y su futuro.

Lo único que pedimos a los inversionistas, nacionales y extranjeros, en el sector de la minería –y en esto somos y seremos estrictos– es que tengan responsabilidad ambiental y social, vale decir, que sean respetuosos con el medio ambiente y con las comunidades que viven en su entorno.

La joya de la corona de la nueva institucionalidad minera será la Agencia Nacional Minera.

Y les pido que me presten mucha atención, porque ésta será la agencia que va a cambiar el rumbo de la minería en Colombia.

Será una agencia de naturaleza especial, una entidad muy fortalecida y muy técnica, que tendrá un régimen que nos permita contar con el mejor talento humano y con personal especializado que esté a la altura de su sector.

Desde esta agencia administraremos eficientemente el recurso minero del país, otorgaremos los títulos mineros de manera transparente, y aseguraremos el seguimiento a la explotación a través de una fiscalización efectiva y con los mejores estándares.

Con la Agencia Nacional Minera –que se encargará de los procesos de contratación y titulación; del seguimiento, el control y la seguridad minera, y de los temas de promoción y fomento– potencializaremos la generación de recursos para el desarrollo de Colombia.

Dentro de esta nueva institucionalidad minera, Ingeominas se convierte en el Servicio Geológico Colombiano, y será un instituto de ciencia y tecnología dedicado, exclusivamente, a la ampliación del conocimiento del subsuelo y al monitoreo de geo-amenazas.

Este nuevo servicio se encargará de identificar las zonas con mayor potencial minero y petrolero, algo que, además, permitirá incrementar el atractivo del sector para los inversionistas.

Como pueden ver, éste ha sido un trabajo realmente pensado para hacer de la minería un gran sector que nos brinde muchas oportunidades de desarrollo.

¡Y lo estamos logrando con esta reforma!

Estoy convencido de que con esta nueva forma de operar y con la nueva institucionalidad, vamos a contar con una minería responsable y competitiva, vamos a impulsar la integración energética regional y vamos a ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas.

Y con esto paso a la segunda reforma institucional que presentamos hoy, que tiene que ver con la INFRAESTRUCTURA.

Para nadie es un secreto que sufrimos de un preocupante rezago en el tema de infraestructura, y más ahora cuando acabamos de pasar por la peor ola invernal de toda nuestra historia.

La modernización del país –o la infraestructura para la prosperidad, como yo la llamo- es uno de los temas prioritarios del Gobierno.

Por eso la incluimos como una de las locomotoras que se encargarán de jalonar la economía en los próximos años, y no solamente por el monto de la inversión y lo que esa inversión le inyecta al dinamismo de la economía, sino por lo que esa infraestructura representa para la competitividad del país y para el desarrollo de otros sectores.

El atraso en la infraestructura del país tiene que ver, en gran parte, con la improvisación, con la falta de entidades técnicas que propongan proyectos de gran magnitud, y que supervisen su realización con todas las de la ley.

Por eso nos propusimos reformar el actual Instituto Nacional de Concesiones –INCO– para superar ese atraso que ha venido frenando nuestro desarrollo.

En esta transformación, el INCO pasará a ser la nueva Agencia Nacional de Infraestructura, una entidad que asumirá el desarrollo de la infraestructura de transporte a través de asociaciones público-privadas.

Igual que la Agencia Nacional Minera, ésta será una institución especializada, eficaz, con independencia técnica y con altos niveles éticos y profesionales.

Por supuesto, esta nueva agencia será, antes que nada, eficiente, y el sistema de concesiones que tendrá a su cargo jugará un papel crucial para ponernos en un nivel de competitividad que nos permita explotar al máximo los Tratados de Libre Comercio que hemos negociado o firmado.

¿Pero en qué consiste realmente el cambio?

La nueva agencia será un organismo técnico con altos estándares en gerencia de proyectos, que contará con un Consejo Directivo robustecido, en el que participarán el Ministerio de Minas y Energía y dos miembros independientes, en representación de otros dos consejos asesores.

Esos dos consejos asesores serán: uno para el proceso de estructuración de los proyectos, y otro para la gestión contractual, es decir, para hacer un juicioso seguimiento de los contratos de concesión.

Sus miembros –tres para cada consejo– serán independientes y por supuesto, serán personas de las más altas calidades profesionales y académicas.

También buscamos consolidar funciones.

En este sentido, la nueva agencia, además de los proyectos de infraestructura vial, portuaria y férrea que tienen esquemas de asociación público-privada, asumirá –en un proceso gradual que se completará en el 2013– la estructuración y contratación de proyectos aeroportuarios, algo que hasta hoy ha estado en manos de la Aerocivil.

Como ven, por primera vez en el país, contaremos con una entidad realmente técnica e independiente, que se dedicará a realizar estudios serios y a profundidad, que se dedicará a pensar en cómo vamos a dar ese gran salto en infraestructura para modernizarnos y para atraer capital privado.

Siempre repito que nuestra obsesión en el tema de infraestructura debe ser la estructuración de los proyectos.

Pues con esto estamos garantizando que todos los proyectos que empecemos a hacer de aquí en adelante, cuenten con una excelente estructuración.

Recuerden que ese ha sido nuestro mantra cuando se trata de proyectos de infraestructura: estructurar, estructurar y estructurar.

Pues bien: ahora, con la nueva agencia, vamos a agregar otro nuevo lema: ejecutar, ejecutar y ejecutar.

Estoy seguro, estoy convencido, de que con esta reforma vamos a superar el cuello de botella que actualmente tenemos en el país en materia de proyectos de infraestructura.

Es que es increíble que un país tan necesitado de proyectos, cuando vienen los inversionistas extranjeros y nos preguntan dónde está la lista de proyectos para yo poder invertir, la respuesta es mirar para arriba y decir: ‘Los estamos estudiando’. Deberíamos tener un banco de proyectos listo, porque hay un gran interés, un gran apetito de todos los inversionistas del mundo por Colombia, y nosotros no tenemos proyectos. Es realmente una paradoja que la vamos a resolver.

Una de las enseñanzas más importante que nos dejó el invierno, es que un modelo de concesiones bien administrado y bien supervisado permite que la infraestructura resista mejor los embates de la naturaleza.

Así que debemos prepararnos.

La nueva Agencia Nacional de Infraestructura aplicará rigurosamente los principios de planeación, transparencia, eficacia y eficiencia para lograr que, en unos años, el país cuente con una infraestructura moderna y de calidad.

En esta reforma, también es importante mencionar que a comienzos del año se dejó al Ministerio de Transporte con dos viceministerios: uno para la infraestructura y otro para el transporte, en aras de la focalización.

Quedan en cabeza del Viceministerio de Transporte los temas de seguridad vial y regulación del transporte, algo muy importante porque ¿de qué nos sirve tener una buena infraestructura, sin tener servicios de calidad en el transporte?

Este viceministerio se encargará de temas de vital importancia como la movilidad urbana y sostenible, los sistemas inteligentes de transporte, la logística y el transporte de carga, el transporte de pasajeros y la seguridad vial.

En este último frente, estamos adoptando un plan de seguridad que nos ayude a cumplir la meta de disminuir a la mitad el número de muertes por accidentes.

Por último, permítanme hablarles de la modificación de la Financiera Energética Nacional –FEN–.

Ahora pasará a ser la Financiera de Desarrollo Nacional y el cambio más importante que hicimos es que su función de financiar y estructurar proyectos se extiende a todos los sectores de la economía y ya no sólo al energético.

Queremos que Colombia tenga acceso a las mejores condiciones del mercado de capitales para que estén al servicio de la infraestructura, y que aprovechemos el grado de inversión que ahora tenemos para que los grandes inversionistas le apuesten a los proyectos que necesitamos para la competitividad.

Esta Financiera podrá apoyar el inicio de proyectos en su etapa de maduración y, sobre todo, va a contar con los más altos estándares internacionales, de tal forma que podremos invitar a las entidades multilaterales a que sean sus accionistas, con todo lo que esto implica para estimular la inversión en la locomotora de la infraestructura.

Con esto, acabo la presentación de estas dos importantes reformas que nos llenan de entusiasmo.

Estoy convencido de que en unos años, cuando empecemos a ver los resultados concretos de todo este trabajo, no sólo yo, sino todo el equipo de gobierno, y todos los colombianos, estarán también orgullosos de ver que somos un país con instituciones fuertes, focalizadas y técnicas que, indiscutiblemente, nos conducirán por el camino del progreso.

El sueño del Buen Gobierno hoy avanza por nuevas avenidas: las avenidas de unas instituciones fortalecidas que nos llevarán a la prosperidad.

Porque ésta es la reforma de la prosperidad.

¡Ésta es la reforma del Buen Gobierno!

Muchas gracias”.