Como lo hemos comentado y revisando lo que han
socializado los diferentes medios televisivos colombianos, Uber se va del país.
Está alistando una demanda contra el estado por, según
sus argumentos, que ha violado los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.
Esta mañana Caracol TV presentó una encuesta preparada
por ellos, a raíz de las consultas que le hicieron a los televidentes, el 76%
estaban de acuerdo que la empresa se quedara en Colombia y solo el 24% votó para
que se fuera.
Lo que viene es una demanda abultada, aunque el director
de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, dijo que “el país
está listo para enfrentar el posible litigio”.
En el RADAR les vamos contando…
Ya hay expertos que han señalado que la Superintendencia
no está facultada para tomar esa decisión…
Es más, uno de los ex-superintendentes del país se
adelantó y dijo:
“Es un error el que ha tomado la Super…”
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Así es, la suerte está echada, aunque después lleguen las
demandas…
A partir del próximo primero de febrero, Uber dejará de
funcionar en Colombia.
La decisión fue tomada debido a la orden de la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) de suspender sus servicios en Colombia, al fallar
una demanda que interpuso Cotech S.A. (quienes manejan la aplicación de Taxis
Libres) por competencia desleal.
Esta decisión no ha caído bien en los
usuarios, al punto que expertos en tecnología como Diego Santos han criticado
las circunstancias en que se da la salida.
Aunque Uber apeló el fallo ante el Tribunal Superior de
Bogotá, la compañía ya anunció al Estado colombiano que buscará demandarlo y,
así las cosas, se va en medio de disputas con los organismos de vigilancia y
control, varios episodios de protestas de sus conductores y con pérdidas de
millones de dólares a nivel mundial.
La empresa señaló en un comunicado que “considera que
la decisión (de la SIC) es arbitraria pues va en contra del
ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos
constitucionales”. Además, dijo que la determinación es contraria a lo que
establece el TLC con Estados Unidos.
Ante el anuncio de la demanda, el
director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estados, Camilo Gómez, dijo que
el país está listo para enfrentar el posible litigio, pero aclaró que antes
de eso es necesario llevar a cabo una serie de conversaciones directas con la
empresa.
Más allá de los problemas con esta sanción puntual de la
SIC, lo cierto es que la plataforma ya había enfrentado sanciones anteriores.
Tan solo el año pasado, las multas interpuestas ascendían a más de $2.500
millones, y había tenido desencuentros con las autoridades por temas como
promoción y prestación de servicios de transporte no autorizados o protección
de datos personales de los consumidores.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó
que en el país hay 24 plataformas habilitadas para la prestación de este
servicio de transporte, pero que el Gobierno debe propender por el cumplimiento
de la ley y que para empresas como Uber funcionen se necesitan cambios
regulatorios impulsados por el Congreso.
Más allá de su legalidad, otro frente abierto de Uber es
el de sus socios. Cabe recordar que a finales de 2018 y mediados del año
pasado, las tensiones con sus socios conductores estuvieron bastante elevadas,
debido a que estos últimos pedían mejoras salariales y protección de la
seguridad social. La crispación llegó a tal punto que la propia ministra de
Trabajo, Alicia Arango, tuvo que salir a dar la cara a los medios de
comunicación y reconoció la necesidad de que plataformas como Uber y Rappi
protejan a sus colaboradores.
El problema principal de Uber con sus socios conductores
en Colombia es el mismo que han tenido en muchas partes del mundo: el estatus.
Mientras muchos de los colaboradores de la plataforma consideran que son
empleados de esta, y que por eso deberían tener beneficios como la seguridad
social, la compañía tecnológica ha dicho siempre que no son una empresa de
transporte de pasajeros y que quienes trabajan con ellos son socios y son
trabajadores independientes.
En California, por ejemplo, Uber está enfrascada en una
tensa batalla legal por una norma que la obliga a reconocer a estos colabores
como empleados.
Este no es el único litigio que ha tenido la empresa, se suman los de Hungría, Dinamarca, Bulgaria, Turquía, entre otros, y ciudades como Londres, Frankfurt, Barcelona o la segunda más grande de República Checa, Brno, donde han sido restringidas.
