sábado, 28 de agosto de 2010

Pleno empleo como Propósito Nacional, por Rodrigo Botero


El ex ministro de hacienda Rodrigo Botero -trabajó en el gobierno del presidente López Michelsen- porque él mismo se lo recordó al RADAR ECONÓMICO, es uno de los personajes de la Convención Bancaria. Tiene muchos años de estar interviniendo y en esta oportunidad le apostó al pleno empleo.

En charla con el noticiero confesó que le preocupa la inequidad. Es de los colombianos que está mirando la periferia.
Nos dijo que es consciente que en la Región Caribe ha ido avanzando, pero que se requiere más apoyo del gobierno central.


Rodrigo Botero habló en la tarde del jueves 26 de agosto en la segunda sesión denominada: Los Retos para la política económica en Colombia. "Propuestas para dinamizar la generación de empleo en Colombia".

Les presento esta ponencia para el análisis.

LuisEmilioRadaC


Pd:

Rodrigo Botero, en la Convención Bancaria 2010


El Pleno Empleo como Propósito Nacional
Por Rodrigo Botero


Introducción
Agradezco a María Mercedes Cuellar y a la Asociación Bancaria la invitación a discutir en este foro un tema prioritario de política pública en Colombia. Me complace sobremanera hacerlo en la hermosa ciudad de Cartagena, donde el problema del desempleo tiene particular vigencia.
Comienzo por reconocer que el país ha logrado amortiguar los choques externos originados en la crisis mundial y la interrupción del comercio con Venezuela.
• Las proyecciones de crecimiento para este año se han revisado al alza.
• La inflación es baja y estable.
• Aumenta la inversión y el consumo de los hogares.
• Los balances de las empresas y el sector financiero demuestran solidez.

El nuevo gobierno inicia labores en un ambiente generalizado de optimismo económico.
Hecho ese reconocimiento, voy a referirme a una falencia significativa que disuena de los aspectos favorables del cuadro descrito. Un poeta puede declarar que ‘salvo mi corazón, todo está bien.’ No existe una licencia similar para afirmar que, exceptuando el inconveniente de un alto nivel de desempleo, la economía goza de excelente salud. La economía colombiana registra una tasa de desempleo de dos dígitos y una tasa de informalidad de la fuerza laboral del orden de 50%. Ése es un problema macroeconómico de primera magnitud, cuya incidencia sobre el bienestar social es insoslayable. Puede argumentarse que esta situación es el resultado de la caída de las remesas provenientes de trabajadores en el exterior, y de la reducción de las exportaciones a Venezuela. Pero una situación similar existía en el período 2003-2007, durante la fase expansiva del ciclo económico y en condiciones de normalidad en el comercio bilateral colombo-venezolano. Por lo tanto, no parece razonable esperar una mejoría significativa en la situación laboral una vez se haya reactivado la economía mundial y recuperado, así sea en forma parcial, el dinamismo exportador hacia la nación vecina. Es ilusorio confiar en que el desequilibrio actual del mercado laboral es un tropiezo transitorio que se resuelve con la mejoría de las circunstancias externas. Existe un problema estructural serio, documentado ampliamente por analistas nacionales y extranjeros, que hay que solucionar. La notable insuficiencia en la generación de empleo formal constituye una protuberante falla en nuestro ordenamiento económico y social. Corregir esa deficiencia requiere implementar con urgencia cambios audaces en las políticas públicas.
Sugiero que, para hacer realidad la perspectiva de lograr alcanzar un nivel aceptable de prosperidad en esta década, se requiere convertir la búsqueda del pleno empleo en un propósito nacional. Comienzo por una breve explicación de una iniciativa para dar incentivos al empleo formal. Luego, presento unas reflexiones en materia cambiaria y tributaria encaminadas a evitar que la eventual bonanza minero-energética termine por perjudicar el nivel de empleo existente en los demás sectores de la economía.
Propuesta para Estimular la Creación de Empleo Formal

A principios de este año, Domingo Cavallo y yo publicamos una propuesta para incentivar el empleo formal, sustituyendo los incentivos concedidos al capital por incentivos al empleo. La propuesta buscaba rectificar la distorsión actual en la estructura normativa que afecta en forma indeseable la asignación de los factores de producción. Se han diseñado unos incentivos perversos que abaratan el capital, a la vez que el trabajo se encarece. La respuesta empresarial a esa combinación de incentivos puede ser rentable a título particular, pero es nociva en términos de bienestar social. El costo del capital se ha reducido, gracias a la revaluación del peso, la rebaja de aranceles, menores tasas de interés y la concesión de generosos exenciones tributarias. La creación de empleo formal se ha desestimulado por medio de una serie de gravámenes parafiscales y contribuciones de distinto orden, que elevan en cerca de 60% los costos no-salariales del empleo formal. El ajuste del mercado laboral frente al bajo dinamismo de la demanda se ha hecho por medio del incremento de la informalidad y el desempleo.
El propósito de la propuesta era rectificar la estructura actual de incentivos para privilegiar la creación de empleos formales adicionales, estimulando la absorción de trabajadores desempleados y el abandono de la informalidad laboral. Con el fin de obviar la resistencia política al cambio de los beneficiarios de los parafiscales y otros costos no-salariales, estos se mantendrían inmodificados. A su turno, las empresas podrían tratar el pago de las mismas como un crédito tributario, y no como un descuento de la renta gravable, tal como ocurre actualmente. Para mitigar el costo fiscal de esta modificación se propuso eliminar las exenciones tributarias al capital.
Así la propuesta no sea acogida en su totalidad, ha tenido dos efectos saludables: Le ha asignado al objetivo de generar en forma masiva empleo formal un papel prioritario en el debate económico. Además de la acogida favorable que tuvo por parte del sector empresarial y la opinión pública, la propuesta fue objeto de discusión por parte de los aspirantes a la presidencia de la República. Uno de ellos envió una carta a sus autores el 19 de febrero, en la cual afirmaba:
Leí con atención la sesuda e imaginativa propuesta que ustedes prepararon para buscar que el sector productivo colombiano cree cientos de miles o incluso millones de empleos en los próximos años. No puede ser más oportuno el momento para dedicar nuestros mejores esfuerzos al problema más apremiante de la economía colombiana…
Considero que su propuesta es una adición fundamental a los esquemas de incentivos que afectan las decisiones de empleo de las empresas, con deseables efectos de equidad frente a los trabajadores y frente a los emprendedores de menor tamaño. En suma, celebro y acojo el espíritu y el contenido de su propuesta de empleo. La considero socialmente sensible, orientada a la urgente formalización de nuestro mercado laboral, y a redireccionar a la economía colombiana hacia la creación de millones de empleos.

El dirigente político que firmaba esa carta era Juan Manuel Santos.
Conviene hacer algunas aclaraciones para responder a reparos que se han formulado a los cambios sugeridos. La propuesta no pretende eliminar todas las distorsiones existentes, ni tiene carácter permanente. Su duración sería de cinco años, plazo durante el cual se espera que se aprueben las reformas en materia tributaria y laboral que se requieren para llevar a la economía hacia el pleno empleo. Es un primer paso hacia un programa de emergencia, que evita el desgaste político que implicaría cualquier intento de modificar el régimen de los gravámenes a la nómina.
Es cierto que cambiar los incentivos al capital por incentivos temporales a la generación de empleo reemplazaría una distorsión económica por otra. Pero sustituye el esquema actual, que favorece en forma más que proporcional a las empresas intensivas en el uso de capital por uno que incrementa los beneficios a las empresas en la medida en que sea mayor su contribución a la generación de empleo formal. Mientras subsistan los niveles actuales de desempleo e informalidad, ésa es una distorsión que se justifica, así no esté acorde con la más estricta ortodoxia.
Se ha intentado descalificar la propuesta, alegando que reducir las iniciativas tributarias al capital favorece el atraso tecnológico y perjudica la competitividad del país. Ese temor es infundado. Pierde de vista el hecho que la inversión seguiría recibiendo incentivos, con un cambio de enfoque que busca alinear dichos incentivos con el objetivo central de lograr la generación masiva de empleo formal. Eliminaría la distorsión existente por medio de la cual se estimula una sustitución prematura de trabajo por capital, en detrimento de la equidad social.

Ilustro este fenómeno con un ejemplo sencillo. Quien haya asistido a conferencias académicas o a reuniones empresariales en países industrializados, habrá observado que el oficio de servirles café a los participantes no existe. Hay una máquina de hacer café en un lugar accesible a la sala de reunión, al cual cada persona acude y se sirve su propio café. La desaparición de la señora de los tintos, como se conoce ese cargo en Colombia, ha ocurrido en forma natural y espontánea, por efecto del precio relativo de los factores, sin necesidad de estímulos gubernamentales. En Colombia se está incentivando en forma artificial y prematura una sustitución similar, con consecuencias indeseables. Cuando la combinación de incentivos existentes induce a una empresa reemplazar a la señora de los tintos por una greca, se está perjudicando el bienestar social, sin beneficio alguno para la competitividad internacional del país. Una vez la economía se esté aproximando al pleno empleo, con el consiguiente incremento en el nivel de los salarios, irán desapareciendo empleos considerados inferiores, tales como repartir café, hacer oficios domésticos o recoger bolas de tenis. Pero, mientras existan los niveles actuales de desempleo e informalidad laboral, es un contrasentido subsidiar la sustitución de mano de obra por bienes de capital.
También se ha dicho, con razón, que los incentivos al capital fomentan la creación de nuevas empresas, y que ellas crearán nuevos empleos. Pero lo que nuestra propuesta argumenta es que, en el margen, un peso adicional dirigido a aliviar las cargas parafiscales genera más empleo que un peso destinado a construir plantas intensivas en el uso de capital.
Podría alegarse que promover en forma deliberada la eliminación de esos oficios, sustituyéndolos por bienes de capital, aumenta la productividad de las empresas. Si no existen alternativas laborales para los trabajadores desplazados, el resultado de esa sustitución de factores es incrementar el desempleo abierto. En ese caso, el objetivo de la eficiencia entra en conflicto con el objetivo de la solidaridad. Una sociedad que desea promover la armonía social debe procurar un equilibrio adecuado entre esos dos objetivos.
La búsqueda de la eficiencia no debe implicar el abandono de la solidaridad social.

Durante la Gran Depresión, el presidente Franklin Roosevelt puso en marcha programas de emergencia intensivos en uso de mano de obra para construir caminos, embellecer edificios públicos y adelantar tareas de reforestación y conservación de parques nacionales. Se trataba de aliviar una situación crítica de desempleo, más bien que de aumentar la competividad de la economía norteamericana.
No existe una fórmula universal y precisa para combinar de manera óptima los objetivos de eficiencia y solidaridad. Cada sociedad debe encontrar el esquema que sea más acorde con su cultura y su escala de valores, puesto que existe un ‘trade-off’ entre los dos objetivos.
Si bien, no se puede hacer caso omiso de la búsqueda de la eficiencia, conviene mantener presente que no sólo de eficiencia vive una sociedad civilizada y amable. Parece paradójico que sea un economista quien afirma que las actuales condiciones del mercado laboral colombiano recomienden asignarle atención prioritaria a las consideraciones de solidaridad social.

Reflexiones Tributarias y Cambiarias
Para incentivar la generación de empleo e impulsar la formalización empresarial que propone el gobierno, se requiere introducir cambios en la legislación tributaria. Por una parte, se deben eliminar exenciones tributarias costosas e innecesarias que favorecen en forma más que proporcional a las actividades intensivas en el uso de capital.
Por otra parte, se deben diseñar esquemas de incentivos que privilegien la generación de empleo, estimulen el empresarismo y faciliten la creación de pequeñas y medianas empresas, así como su formalización.
En general, se hace necesario revisar un régimen tributario que es ineficiente, complejo, engorroso, casuístico, inequitativo, costoso de administrar y poco productivo. En síntesis, la multiplicidad de tarifas y la acumulación de exenciones que lo caracterizan hacen del régimen tributario colombiano un ejemplo de libro de texto de obstáculos a la modernización económica. Además, el déficit persistente del gobierno central reclama elevar el recaudo y hacer más equitativa la tributación. La iniciativa de una regla fiscal, así como el anuncio de que se suprimirán las deducciones por inversión para el sector minero-energético, constituyen avances positivos en esa dirección. No tiene sentido subsidiar la extracción de recursos naturales. En cambio, merece estimularse la plena utilización del principal recurso ocioso representado por el deseo insatisfecho de trabajar de millones de colombianos. Reducir el déficit fiscal ayudaría a moderar la revaluación del peso, al poner fin a la monetización de crédito externo para financiar el déficit.
Pero la perspectiva de una bonanza minera y petrolera exige contemplar medidas adicionales con el fin de evitar una tendencia cambiaria que termine por destruir empleos existentes al desindustrializar el país, marchitar el sector de las exportaciones no-tradicionales y dar marcha atrás en el esfuerzo de varias décadas por diversificar la economía. El peligro de que sobrevenga una excesiva especialización productiva en la explotación de recursos naturales, en perjuicio del aparato productivo, es real y debe conjurarse.
Dentro de ese orden de ideas, merece considerarse elevar la tributación del sector minero-energético, con el fin de recaudar una porción considerable de las ganancias ocasionales originadas en los altos precios internacionales. En Australia, se acaba de proponer algo similar. Los recursos fiscales adicionales así obtenidos, se destinarían a crear un fondo de ahorro en moneda extranjera que permitiría incrementar los activos externos de la Nación. Al aumentar la demanda de divisas por parte del gobierno, se moderaría el excesivo fortalecimiento del peso y se le daría un alivio al sector transable de la economía. Esta iniciativa no sustituye la regla fiscal propuesta por el gobierno; la complementa. Habida cuenta de la forma gradual como se pondría en marcha la regla fiscal, sólo se obtendría un superávit fiscal significativo a partir del año 2016. Esta propuesta podría mostrar efectos bastante más pronto. Conviene enfatizar que los recursos tributarios adicionales no deben destinarse a financiar mayor gasto público sino a aumentar el nivel de ahorro.
El gravamen mencionado podría tomar la forma de un impuesto creciente, a partir de un precio internacional por encima de determinado umbral. También podría ser un impuesto adicional a las ganancias ocasionales. Colombia le aplicó un esquema de esta naturaleza a las exportaciones de café en los años sesenta y principios de los setenta para capturar parte de las rentas provenientes de la ventaja comparativa de la caficultura. En este caso, se trataría de de hacer partícipe a la Nación de los eventuales aumentos de precios mineros.

Conclusión
Las condiciones favorables que rodean el inicio del gobierno constituyen un reto, así como una oportunidad. De una parte, la acogida que ha tenido el programa gubernamental lleva implícitas unas expectativas que no será fácil satisfacer de inmediato o en su totalidad. Por otra, el nivel de respaldo político con el cual se cuenta y la calidad de equipo ministerial permiten prever que el Congreso y la opinión pública le brindarán su apoyo a un ambicioso programa de reformas encaminadas a darle un fuerte impulso al proceso de modernización económica y social. En esa materia, es preferible apostarle a la audacia, más bien que obtener resultados mediocres por exceso de cautela.

El período óptimo para sacar adelante un programa legislativo significativo es el de los cuatro meses comprendidos entre agosto y diciembre del primer año de gobierno. La sociedad civil y las fuerzas políticas del país reciben a una nueva administración con simpatía y le conceden un estado de gracia que tiene un plazo limitado. Ésa es la ventana de oportunidad que se abre de manera temporal para proponer las principales reformas. Los éxitos legislativos iniciales preparan el terreno para el buen suceso de las iniciativas posteriores. A titulo de sugerencia, que no de consejo, las primeras semanas de labores son el momento promisorio para convertir en realidad las propuestas más importantes del gobierno. Espero no incurrir en inmodestia al afirmar que formulo esa sugerencia con conocimiento de causa.
Hay tres temas que reclaman la atención inmediata del equipo económico:

• el alto nivel de desempleo;
• la magnitud del déficit fiscal; y
• el creciente fortalecimiento del peso.
Los tres están interrelacionados en el sentido de que la solución de cada uno de ellos facilitaría la solución de los otros dos. Un fuerte aumento en la generación del empleo y la formalización laboral tendría un impacto favorable sobre la recaudación de impuestos. El saneamiento de las finanzas del gobierno central contribuiría a aliviar la situación cambiaria. En buena parte, la revaluación de la moneda es un problema fiscal, aunque hay que reconocer que también se origina en factores reales. Moderar la revaluación del peso tendría un impacto favorable sobre el empleo, tanto en los nuevos, que haría posible un mayor dinamismo en las exportaciones no-tradicionales, como en la defensa de los existentes en el sector transable de la economía. Estos problemas son difíciles, pero no insolubles. Lo que sí es cierto es que su solución requerirá competencia técnica, tenacidad, habilidad legislativa y un vigoroso apoyo político.
Esas circunstancias están dadas y deben aprovecharse al máximo. Esta década se inicia con unas perspectivas promisorias para la economía colombiana. Los pronósticos optimistas que formulan los analistas internacionales para Colombia podrían convertirse en realidad, si la generación masiva de empleo formal, bien remunerado, se convierte en un auténtico propósito nacional.

Banqueros: Eliminar usura y desaparecer el 4 x 1.000


Banqueros: Eliminar usura y desaparecer el 4 x 1.000

Los banqueros pidieron que el mercado ponga las reglas.
Que se elimine la tasa de usura y que el cuatro por mil salga de la vida de los colombianos que los ha acompañado desde una década.

Propuestas que se escucharon en la XLV Convención Bancaria, en Cartagena.
De acuerdo a los banqueros reunidos en la capital de Bolívar en el Centro de Convenciones, si eso se logra –vivir sin usura y sin el cuatro por mil-, se podría lograr aumentar la bancarización en Colombia.

Efraín Forero, presidente de Davivienda

Muchos de los asistentes al encuentro piensan lo mismo que el presidente de Davivienda, Efraín Forero: "La tasa de usura es un palo en la rueda para el aumento del número de clientes del sector, pues los bancos siempre se van al tope para establecer sus tasas, y los perjudicados son los clientes".

Sin embargo, es consciente que para algún sector de la economía colombiana, “ las tasas quedarían igual de altas a las que cobran los agiotistas, pero la aprobación de los créditos sería más sencilla para estas personas, que ya no tendrían que acudir a donde estos personajes", señaló el señor Forero.

ELIMINAR LA USURA
María Mercedes Cuéllar, quien fue codirectora del Banco de la República y que ahora lidera la Asociación Bancaria, tiene el mismo pensamiento. Ella cree que es mejor eliminar ese tope, pero sabe que esa decisión la debe tomar el Congreso de la República, a través de una ley, así que eso tiene su trámite legislativo.
La tasa de usura hace que los créditos destinados para cierto sector de la población resulten muy costosos para los establecimientos financieros, lo que se ve reflejado en la no aprobación de muchas solicitudes de financiamiento, por lo que surge esta propuesta de liberar el mercado.

Se considera usura la tasa de interés que se cobra por un crédito que supere el 50% del interés corriente vigente para el período en cuestión. La tasa de usura es el límite máximo con el que un particular o una entidad financiera pueden cobrar por interés…

DESMONTE del CUATRO por MIL

Otra de las peticiones de los banqueros colombianos en Cartagena fue que desmonte ese impuesto.
Y nos dijeron a los periodistas que agradecen el interés que los medios de comunicación le han puesto al tema y el respaldo del gobierno para que ese gravamen no continúe en Colombia.
Santiago Perdomo, presidente del Banco Colpatria cree que eso debe hacerse rápidamente a través de una Reforma Tributaria.

El gobierno Santos está en esa línea y el ministro de hacienda, Luis Carlos Echeverry comentó que en unos seis meses tendremos noticias para la reducción del gravamen.
Asobancaria aclaró que cuando el mercado prefiere el dinero en efectivo, esos recursos no le llegan al sector financiero y evita que la bancarización llegue a la comunidad colombiana.

LuisEmilioRadaC

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