miércoles, 11 de julio de 2012

Con el BID, Colombia mejorará gestión de defensa del Estado


Esto lo está necesitando nuestro país. Un país en el que los "avispados" han logrado obtener beneficios económicos, porque  el aparato judicial tiene muchos vacíos...

luisemilioradaconrado

11 de julio de 2012


Programa apoyado por el BID ayudará a reducir costos por fallos desfavorables
Un préstamo de US$10 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyará un programa del gobierno de Colombia para mejorar la gestión y disminuir los costos de defensa jurídica por concepto de demandas contra el Estado.
Según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, en los últimos cuatro años el monto de pagos por demandas judiciales contra el Estado creció casi 50 por ciento, de US$230 millones en 2007 a US$450 millones en 2011.
A mediados de 2011 unas 100 dependencias estatales colombianas enfrentaban unas 240.000 demandas, en su mayoría de naturaleza laboral. El Estado colombiano pierde alrededor de siete de cada 10 demandas en su contra. En Brasil, el Estado prevalece en casi seis de cada 10 casos; en Chile, nueve de cada 10 casos se resuelven a favor del Estado.
A fin de mejorar la gestión de las demandas contra entidades públicas colombianas, el programa apoyará a la nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta instancia permitirá al gobierno reducir la fragmentación de sus acciones de defensa jurídica, manejar mejor la información sobre estos casos, controlar más estrechamente las actividades de sus propios letrados y mejorar el costo fiscal asociado generando una mayor inversión social.
Se espera que el programa de cuatro años permita al gobierno colombiano aumentar el porcentaje de casos que se resuelven utilizando mecanismos alternos de solución de conflictos, procedimientos más rápidos y menos costosos que los juicios. También se espera elevar el porcentaje de fallos a favor del Estado y reducir el valor promedio de pagos por demandas, para lograr mayor sostenibilidad fiscal.
El préstamo del BID tiene un período de amortización y de gracia de 15 años, con una tasa de interés basada en LIBOR.

Banco Mundial aprobó US$250 millones para Colombia


Banco Mundial aprobó US$250 millones para apoyar la gestión de riesgos de desastres en Colombia

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de desarrollo de políticas por US$250 millones para apoyar la gestión de riesgos de desastres asociados a fenómenos naturales en Colombia.
El préstamo contribuirá al diseño de 300 planes de gestión de riesgo en municipios con alto índice de población vulnerable.
De acuerdo con un estudio del BM, "Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia", las pérdidas económicas totales por desastres entre 1970 y 2010 ascienden a US$7.102,9 millones; es decir, un promedio de pérdidas anuales de US$177 millones.
El solo fenómeno de la “Niña” de 2010 y 2011 le costó al país $8,6 billones. Según Ana Campos, especialista senior de gestión del riesgo del BM y coordinadora del estudio.
Este es el desastre de mayor impacto hasta el momento en el país, superando el sismo del Eje Cafetero y la avalancha por la erupción del Nevado del Ruiz.
“Este préstamo apalanca acciones para el conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres como grandes pilares de la política nacional y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, según lo establece la reciente Ley 1523 de abril de 2012,” afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=169449f072&view=att&th=137a8e521a29a29c&attid=0.1&disp=inline&realattid=1403590610593287220-1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-33HTQiuS6q4unRVy85ZAP&sadet=1338575493939&sads=M8ojo8gQzP30KwshXap-1j6qbmA&sadssc=1
La iniciativa aspira a:
    Mejorar la gestión del riesgo de desastres mediante el establecimiento de estrategias de coordinación y así formular al menos 300 planes municipales para la gestión del riesgo ante desastres.
    Mejorar la  gestión del riesgo de desastres en la planeación del uso del suelo.
    Mejorar las políticas y herramientas para reducir el riesgo en el sector de la vivienda mediante un inventario a nivel municipal que incluya viviendas en zonas de alto riesgo.
Esta es la segunda vez que se hace uso de este mecanismo conocido como Opción de Desembolso Diferido por Catástrofes o Catddo (por sus siglas en inglés).
 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres serán los responsables de la coordinación y la ejecución del programa. Se trata de un préstamo con 18 años de gracia a una tasa de interés fija a pagar el 15 de febrero de 2030.

La universalización virtual de la salud, por Eduardo Sarmiento

lunes, 9 de julio de 2012

Eduardo Sarmiento y la unificación del Plan Obligatorio de Salud en Colombia


La Universalización virtual de la salud
En virtud de disposiciones de la Corte Constitucional y de la ley de salud aprobada al principio de la administración, se unificaron los servicios del programa obligatorio de salud (POS) a partir del primero de julio. El Gobierno cumple con el formalismo exigido por la corte, pero no con las apropiaciones fiscales que permitan su realización efectiva. La cotización asignada para el régimen subsidiado es de $433.000 por persona, cuando la unidad por capitación (UPC) que rige al sistema contributivo asciende a $547.000.
La Ley 100 ha constituido una afrenta al derecho a la salud establecido en la Constitución. Con base en las teorías en boga, se procedió a cumplirlo mediante la privatización del servicio. Se consideraba que la competencia llevaría a las EPS y a los hospitales a captar los usuarios y entregarles los servicios equivalentes a las cotizaciones. No se entendió que debido a las inelasticidades de demanda y a la información asimétrica, las instituciones adquirían un claro poder monopolista que las llevaría a prestar servicios para obtener la máxima ganancia. La irregularidad del sistema se acrecentó con las tutelas que obligaban a las EPS a ofrecer servicios que no estaban en el POS y condujo al Gobierno a cubrirlos por medio del Fosyga.
El resultado es bien conocido. Las EPS le cargan los servicios al Fosyga y éste les reconoce parte de los servicios; las EPS postergan los pagos a los hospitales y éstos incumplen los pagos a los médicos y a las farmacéuticas. Se configuró una organización piramidal en que el valor real de los activos es muy inferior al de los pasivos.
La introducción del nuevo POS y su unificación con tarifas diferenciales introduce más distorsiones. De suyo, las empresas monopolistas tienden a favorecer a los individuos de altos ingresos por tener una demanda más elástica y disponer de mayores medios para cambiar de empresa. La menor cotización del régimen subsidiado tan sólo modifica la forma de discriminación. Las empresas procederán a compensarla reduciendo la calidad de los servicios a los sectores menos favorecidos.
Antes de la expedición de la nueva ley, el sistema estaba totalmente desfinanciado. Ahora las cosas van a ser peores porque la ampliación de los usuarios y los servicios no corresponden al aumento de la cotización. La verdad es que los $5 billones (1% del PIB) que se destinan para cubrir el sistema subsidiado son insuficientes para darles acceso a servicios especializados a 11 millones de usuarios.
Los gobiernos desde un principio han buscado mantener el sistema entregando la administración a un monopolio. Dejaron en manos de las EPS la movilización de las enormes cotizaciones, el tipo de servicios entregados a los usuarios y el acceso a un fondo infinito de recursos públicos. Ahora, se pretende que asuman el subsidio y administren el total desbalance financiero. La respuesta no puede ser otra que el agravamiento del desorden actual. Inevitablemente se ampliarán los procedimientos para reducir la calidad de los servicios de acuerdo con la capacidad económica de los usuarios, acrecentar las pirámides financieras y trasladar las pérdidas y quiebras al Estado.
Por enésima vez se muestra que los fracasos de la salud se originan en la teoría de la privatización que inspiró la Ley 100. El lucro individual de las organizaciones monopolistas obstruye la universalización del servicio, y más cuando las cotizaciones son inferiores a los servicios ofrecidos. De hecho, se plantea una nueva visión que prescinda de la intermediación de las EPS, al tiempo que establezca las apropiaciones presupuestales y las cotizaciones contributivas que garanticen el cumplimiento adecuado de los programas. 

Usamos cookies propias y de terceros que entre otras cosas recogen datos sobre sus hábitos de navegación para mostrarle publicidad personalizada y realizar análisis de uso de nuestro sitio.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. OK Más información | Y más