Nunca he estado de acuerdo con las injusticias.
Tampoco con los abusos.
Nunca he estado de acuerdo que unos ciudadanos se jubilen siendo
unos pelados, que le pueden producir mucho a Colombia.
Pero eso es lo que tenemos y me gusta que Ricardo Plata Cepeda,
toque el tema en esta columna de hoy…
®rada®luisemilioradaconrado
@radareconomico1
EL ESTADO INEFICAZ
La principal injusticia de esos regímenes es que propicien jubilaciones tempranas en la vida de sus empleados y autorizan porcentajes muy altos con respecto a sus salarios. En otras palabras, crean pensiones inmerecidas, independientemente de su cuantía, cuya acumulación resulta ruinosa por la larga vida esperada de los jubilados.
Por Ricardo Plata Cepeda
Eficacia, dice el diccionario, es
tener la “capacidad de lograr el efecto que se desea o espera”.
Hay tres dicotomías de vieja data para calificar la índole de un Estado nación: laico o confesional, que existe desde antes que Constantino adoptara el cristianismo como religión imperial; autocrático o democrático, que llegó hace 150 años con la revolución francesa y la independencia norteamericana y se renovó con el reciente manejo de la pandemia; y de derecha o izquierda, desde la revolución rusa hace un siglo.
Hay también una dicotomía menos
glamorosa para ideólogos y politólogos, pero vigente desde siempre y no menos
importante. El Estado eficaz y el ineficaz, que en el extremo de su postración
llega a ser un Estado fallido. Es curioso pero la fórmula para un Estado eficaz
parece inasible aún para los economistas, entre otras razones porque un Estado
puede tener diversos grados de eficacia en diferentes sectores y variadas
regiones.
Un ejemplo inequívoco de la ineficacia
del Estado colombiano es la educación pública, que tiene gran relevancia como
elixir de la equidad, pues su efecto de escalera profesional, económica y
social para los jóvenes de menos recursos es ampliamente aceptado. Por tanto,
aun con grandes avances en la cobertura, la deficiente calidad en la mayoría de
los colegios y universidades públicos del país le incumple parcialmente a ese
grupo sus expectativas. Una obviedad menos reconocida es que quienes pagan
impuestos tienen al menos igual derecho de esperar que sus hijos puedan acceder
en esos planteles a una educación de calidad y que si el estado no les cumple
con ese efecto esperado claramente les roba sus impuestos. La ineficacia los
fuerza a volverlos a pagar en forma de costosas matrículas en colegios y
universidades privadas.
La ineficacia, además, suele andar con
una mala compañía: la ineficiencia, que consiste en requerir para sus
propósitos cantidades desmedidas de recursos.
A manera de ejemplo, hace 20 años hice
parte del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Me tocó en suerte
ser testigo del año en que el costo de la nómina de los jubilados superó a la
de todos los empleados y profesores activos de la universidad. A esa insólita
situación se llega luego de que gobernadores y rectores anteriores aprobaran
irresponsablemente peticiones sindicales de regímenes especiales que harían
insostenible a cualquier entidad o empresa privada.
La principal injusticia de esos regímenes
es que propicien jubilaciones tempranas en la vida de sus empleados y autorizan
porcentajes muy altos con respecto a sus salarios. En otras palabras, crean
pensiones inmerecidas, independientemente de su cuantía, cuya acumulación
resulta ruinosa por la larga vida esperada de los jubilados.
El único intento serio de ponerle el
cascabel a ese gato insaciable de los regímenes especiales de pensión se ahogó
en el naufragio del referendo del año 2003. Esos son los retos que están a la
altura de los que quieran construir un Estado eficaz y eficiente.
¿Quién se atreve?
rsilver2@aol.com
