lunes, 13 de febrero de 2023

LA APUESTA POR LA RAP DEL CARIBE. Por AMYLKAR ACOSTA M

Se une la región Caribe.

Se unen los ocho departamentos…

La RAP. La Región administrativa y de Planificación del Caribe es una realidad.

Y escogieron muy bien al líder de esta apuesta: Amylkar Acosta, que ha entendido perfectamente lo que debe hacer para que esa unión sea una realidad y que el centro del país y el resto de Colombia sepa que hay liderazgo.

Con Amylkar, eso funcionará.

Obviamente, con el acompañamiento nuestro: los periodistas y empresarios de la región.

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 Opinión

LA APUESTA POR LA RAP DEL CARIBE

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor articulación entre los departamentos que las integran, así como entre éstos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo. Por AMYLKAR ACOSTA M

Ahora o nunca”.  Evaristo Sourdís.

Enhorabuena el pasado 26 de diciembre los gobernadores de los ocho departamentos que integran la Región administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe resolvieron ponerla en marcha. Me ha cabido en suerte a mí, por generosidad y expresa voluntad de ellos, la responsabilidad de conducir dicho proceso hasta llevarlo a puerto seguro. Honor que me hacen. 

Este 1 de febrero, con su puesta en funcionamiento, es una fecha memorable para el Caribe colombiano y constituye un hito histórico en la denodada y perseverante lucha por reivindicar la autonomía y el desarrollo regional. Bien se ha dicho que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para ella y este es el caso.

La Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la intervención de los delegados de la región en la misma al expedir la nueva Constitución de 1991, no sólo consagró el principio de la autonomía, sino que le dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales después. 

Luego, mediante el voto directo del constituyente primario, 2.5 millones de ciudadanos despositaron en las urnas en las elecciones al Congreso de la República en mayo de 2010 el Voto Caribe con el mandato de constituir la región Caribe como entidad territorial como meta a alcanzar, “para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

En respuesta a este hecho político se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial (LOOT), la cual, según lo prevé la Carta, es requisito sino qua nom para la aprobación de la RAP y de la RET. Pero dicha Ley, lejos de viabilizar la constitución de las mismas la obstruyó poniéndole barreras y cortapisas, emasculádolas además al dejarlas sin fuentes de ingresos para su funcionamiento. 

Fue necesaria la expedición de la Ley 1961 de 2019, de fortalecimiento de las RAP, para destrabarla, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. 

Tuvimos que esperar 20 años para que las RAP vinieran a llenar el vacío dejado por los Corpes. Las RAP, constituyen una especie de escala técnica, de meta volante, para alcanzar la meta final que son las RET.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor articulación entre los departamentos que las integran, así como entre éstos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo. 

Sumados son ocho los departamentos que integran la RAP del Caribe, pero juntos, unidos, somos más y más fuertes. Vivimos un momento excepcional, pues por tercera vez en nuestra vida republicana, después de Juan José Nieto y Rafael Núñez, un hombre del Caribe, Gustavo Petro, ocupa el Solio de Bolívar el Libertador.

www.amylkaracostamedina.net 

Índice de Confianza del Consumidor cayó a 28,6% y es el más bajo desde mayo de 2021

La confianza del consumidor en Colombia se bajó bastante.

Barranquilla y Cali son las ciudades con mayor disminución en esa confianza.

Barranquilla tuvo una caída de 16,6 puntos y Cali de 10…

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Índice de Confianza del Consumidor cayó a 28,6% y es el más bajo desde mayo de 2021

En enero de este año, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo un balance de 28,6%, esta cifra representa una disminución de 6,3 puntos porcentuales frente a diciembre del año pasado y es el menor balance registrado desde mayo de 2021.

Fedesarrollo explica que el resultado de enero se debe a una disminución de 7,8 puntos en el Índice de Condiciones Económicas. Esto sumado a que la confianza disminuyó en todos los niveles socioeconómicos y ciudades analizados en comparación con diciembre de 2022.

Otro factor relevante es la disminución de la disposición a comprar vivienda vehículo y bienes muebles y electrodomésticos, en comparación con diciembre.

La encuesta del ICC se basa en cinco componentes que se dividen en dos indicadores. Por un lado, el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) quedó en -16,5%, cuando en diciembre este fue de -11,2%. Por el otro, el Índice de Condiciones Económicas (ICE) quedó en -46,8%, cuando en diciembre fue de -39%, la variación en este caso es de -7,8 puntos. 

Si se comparan los resultados contra el cuarto trimestre de 2022, la valoración de los consumidores sobre su situación en los hogares se disminuyó en 3,1 puntos, mientras que la valoración referente a la situación del país bajó en 6,7.

En cuanto a la disposición de comprar bienes durables esta llegó a -59,3%, lo que significa una caída de 8,7 puntos contra el balance del cuarto trimestre de 2022.

Barranquilla y Cali son las ciudades con mayor disminución en confianza.

Barranquilla tuvo una caída de 16,6 puntos y Cali de 10.

Bucaramanga, por su parte, tuvo disminución de 8,6; Bogotá bajó en 5,4 y Medellín en 2,9.

La Andi y la reforma al sistema de Salud en Colombia

Especulaciones a la lata.

Estamos hablando de la reforma a la salud en Colombia.

Hoy, entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde, se llevó a cabo el acto de radicación a esa reforma. Se hizo en la Casa de Nariño.

Dado que aún no se conoce el texto concreto, son muchas las especulaciones, además de las propuestas para su discusión.

Esperemos que se pueda realizar una buena tarea para que la salud en Colombia sea cada vez mejor.

Aunque les cuento que a mí, como ciudadano vinculado a Salud Total, me ha ido muy bien… 

®luisemilioradaconrado

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La Andi y la reforma al sistema de Salud en Colombia

Las más de 30 propuestas que hace la Andi para la discusión de la reforma a la salud

El gremio dice que es necesario articular a los diferentes actores de salud del territorio a través de una política territorial

Efectivamente, entre los gremios que han estado activos en cuanto a la reforma está la Andi, que semanas atrás presentó, junto a Invamer, los resultados de la Gran Encuesta sobre la valoración del sector salud en Colombia, que arrojó que 73% de los encuestados evalúa los servicios de salud actuales como "buenos", por encima de 3 en una escala de 1 a 5. 

En cuanto al sistema actual, 32% aseguró que debe cambiar totalmente, 9% que debe permanecer igual y 67% que lo que se requiere es que siga igual o que se hagan algunos ajustes.

Ahora, el gremio dio a conocer más de 30 propuestas para la discusión de la reforma a la salud, divididas en ocho segmentos. 

Modelo de atención

En el primero, que se refiere al modelo de atención, se contemplan siete recomendaciones, partiendo de hacer que el paciente y las familias sean el centro del sistema, por lo que es necesario implementar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos entre las EPS y las entidades prestadoras, "para eliminar las barreras de acceso que se generan por trámites innecesarios en autorizaciones para consultas, procedimientos, entrega de medicamentos, entre otros".

En este mismo apartado, el gremio resalta que se requiere el despliegue de la política nacional de calidad para la atención en salud; la consolidación del programa de acreditación de las IPS y la creación de un marco de acreditación para las EPS y las entidades territoriales; fortalecer el hospital público, especialmente en zonas apartadas; crear un sistema de incentivos que estimule la generación de capacidades y la ampliación de portafolio de servicios; y lograr que el sistema de reconocimiento tarifario y pago a los hospitales públicos y privados reconozca la configuración organizacional de cada entidad y su estructura de costos.

Atención primaria en salud 

En este segundo apartado se incluyeron cinco propuestas. Un primer punto establece que es necesario articular a los diferentes actores de salud del territorio a través de una política territorial, que favorezca el desarrollo de la salud pública y coordine de manera eficiente y efectiva las intervenciones colectivas con la gestión individual de la población.

Así mismo, se plantea fortalecer la implementación de la estrategia de atención primaria. Se busca que parta de las necesidades territoriales y asegure la ejecución de actividades de promoción y prevención y el mejoramiento en la distribución de los recursos, favoreciendo las áreas con mayores necesidades.

Se propone la creación de la Comisión Intersectorial para la Gestión de la Salud Pública y la formulación de un Conpes con la hoja de ruta para la gestión intersectorial y la debida articulación entre las carteras responsables del manejo de los determinantes sociales de salud.

La Andi resalta que se debe aprovechar la capacidad instalada de las EPS, a través de sus centros de atención primaria, y ampliar esa capacidad en todo el territorio, evitando la fragmentación de la ruta de atención para el paciente. También sería necesaria una Política Nacional de autocuidado en conjunto con el Ministerio de Educación.

Modelo de aseguramiento en salud

En este punto, la Andi resaltó que el modelo de aseguramiento y las EPS han sido claves para el avance del sistema de salud actual. Sin embargo, el gremio dice que puede evolucionar, especialmente en el giro de recursos.

En el enfoque regional, se podrían conseguir mejores eficiencias, particularmente en las zonas dispersas. "No hay necesidad de tener varias EPS en municipios pequeños. Es preferible consolidar en dos o tres EPS la atención de esos territorios", dice en el documento.

La Andi resalta a la Unidad de Pago por Captación (UPC), que administran y gestionan las EPS, como uno de los aciertos del sistema y, en ese sentido, propone que la metodología de cálculo, en función de edad género y territorio, se sofistique para incluir el estado actual de salud de las personas. "Esta modificación fomentará el equilibrio financiero y la solidaridad entre sanos y enfermos. También es necesario considerar pagos variables a los aseguradores de acuerdo con el desempeño, en términos de resultados en salud de la población afiliada".

Entre las recomendaciones adicionales en este segmento están garantizar los mecanismos para que el usuario elija entre los prestadores de la red, fortalecer los mecanismos de transparencia y control sobre los acuerdos de servicio entre el asegurador y el prestador, y avanzar hacia la unificación de los planes de beneficios.

Financiamiento y sostenibilidad 

Otro factor clave de la reforma serán los recursos y la sostenibilidad del sistema. En ese sentido, la Andi plantea fortalecer el giro directo desde la Adres, así como asegurar que la labor de tesorería concentrada en un pagador único cuenta con las capacidades para asumir el giro de todas las cuentas del sector. 

Se propone la creación de un Sistema Nacional de Cuidado Sanitario bajo la dirección del DPS o el ICBF, para servicios conexos a la salud y con fuentes de financiamiento diferentes a los del sector salud, es decir por fuera de la UPC, con lo que se espera cuidar a las personas y sus familias de manera integral a lo largo de su vida.

Sistemas de información

En cuanto a la información, la Andi asegura que se requieren mecanismos para implementar la interoperabilidad de la historia clínica en el país.

"Es el momento de que el Estado desarrolle la capacidad de analizar los miles de millones de datos que se producen en el sistema de salud, mediante la creación de la Torre de Control digital de Información en Salud que buscará estandarización e integración de la información, y ponerla a disposición de los interesados con total transparencia, para mejorar la capacidad de análisis de la información, fortalecer la toma de decisiones en pro de mejorar los resultados salud, las expectativas de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema", dice el documento.

Además, una de las estrategias que plantea el gremio para aumentar la oferta en los lugares remotos del país es la incorporación de servicios de telemedicina en los centros de atención primaria.

Talento humano en salud 

Sobre este punto, la Andi resalta que se requiere la actualización e implementación de la política de talento humano en salud, con la articulación de los procesos de formación, investigación, innovación y desempeño.

También se requiere la formalización de la vinculación del talento humano, para lo que se necesita realizar estudios de cargas laborales.

Gobernanza y rectoría del sistema de salud

La Andi propone la recuperación del Consejo Asesor del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como que sea la Superintendencia Nacional de Salud la que realice la inspección y vigilancia al cumplimiento de Planes Territoriales de Salud a cargo de los departamentos, distritos y municipios.

También se propone la recuperación del Consejo Asesor del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Tecnologías en salud

Por último, se señala que el país requiere definir una estrategia de producción de tecnologías e insumos para la salud, incentivando la investigación y el desarrollo y producción de estos. 

"Debe abordarse la conversación sobre acceso a la innovación, asegurando los mecanismos que permitan el acceso sostenible a las nuevas tecnologías", dice el documento.

También sería necesaria la reestructuración del Invima, basada en mejores prácticas regulatorias, mecanismos de confianza y reconocimiento de agencias pares.

Seguro de desempleo no les sirve a trabajadores informales en Colombia, dice estudio

El gobierno colombiano debe ponerse las pilas. Debe tratar mejor a sus ciudadanos.

No entiendo porque quienes tienen el poder se demoran tanto para realizar una buena tarea cuando llegan esas instancias. 

Gladis Marleny Vélez, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, afirmó que “en el mercado laboral colombiano predominan los trabajadores informales de subsistencia, quienes no alcanzan a cumplir los requisitos del Mecanismo de Protección al Cesante –MPC-, es decir, no tienen prestaciones sociales y no reciben un salario mínimo, y para beneficiarse tendrían que, de su propio bolsillo, cotizar a salud, pensión y caja de compensación familiar, como sucede con los trabajadores que pertenecen al mercado laboral formal”.

Petro y su equipo deberían hacer una mejor tarea…

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Seguro de desempleo no les sirve a trabajadores informales en Colombia, dice estudio

De 18.628 desempleados registrados en encuestas del Dane en 2018, apenas 152 recibieron el beneficio.

El Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) o seguro de desempleo, implementado por el Gobierno por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no es efectivo como medida de protección ante el desempleo.

Así lo concluyó un estudio de docentes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional (Unal), quienes aseguraron que pese a esta medida de “protección”, los trabajadores informales, que son el 50% la población económicamente activa del país, siguen viendo limitado su acceso a la salud y al ahorro para pensión, entre otros derechos.

La investigación reseñada por la Agencia de Noticias de la Unal recordó que el MPC se creó en 2013 para facilitar la vinculación al mercado laboral y disminuir la vulnerabilidad asociada con la pérdida de empleo, lo que lo convirtió en la principal herramienta de las políticas de empleo del país.

Al beneficio acceden los desempleados cuyo contrato laboral haya terminado por cualquier causa y no cuenten con otra fuente de ingresos; quienes hayan estado afiliados a una caja de compensación familiar por mínimo un año, en caso de ser trabajador dependiente, o dos años como independiente, en el transcurso de los últimos tres años; y quienes se hayan inscrito en cualquiera de los servicios de empleo autorizados.

Además de los beneficios monetarios, a través de este se integran los servicios de intermediación laboral y la capacitación brindada por el Sena y las cajas de compensación familiar. 

Gladis Marleny Vélez, magíster en Ciencias Económicas de la Unal, afirmó que “en el mercado laboral colombiano predominan los trabajadores informales de subsistencia, quienes no alcanzan a cumplir los requisitos del MPC, es decir, no tienen prestaciones sociales y no reciben un salario mínimo, y para beneficiarse tendrían que, de su propio bolsillo, cotizar a salud, pensión y caja de compensación familiar, como sucede con los trabajadores que pertenecen al mercado laboral formal”.

Aclaró además que “dicho mecanismo abriga únicamente a los asalariados formales y a los asalariados informales, es decir, vinculados a empresas de 5 empleados o menos, pero no a los informales de subsistencia”.

Vélez insistió en que “en Colombia la informalidad alcanza cerca del 50% de la proporción de ocupados, existe una economía subterránea importante que es subregistrada, y pocos empleos cuentan con remuneraciones adecuadas y prestaciones sociales”.

Esto implica una baja cobertura del MPC para los trabajadores del sector informal, debido al vínculo del beneficio con las prestaciones laborales de las que carecen y a la incapacidad de respuesta del largo plazo. De hecho, de 18.628 desempleados cesantes registrados en la GEIH de 2018, apenas 152 recibieron el beneficio.

“Dicha figura, como medida de protección ante el desempleo no es efectiva, si se quiere impactar el indicador de desempleo a nivel macroeconómico, porque no incluye a los trabajadores más vulnerables que son el porcentaje predominante del mercado laboral en Colombia”, aseveró la docente, citada por la Agencia de Noticias de la Unal.

La duración del desempleo y la cobertura del MPC también se puede ver afectada por el desaliento que le genera al desempleado saber que el trámite y la asignación del beneficio requieren tiempo adicional para hacerse efectivos, y que el monto del aporte económico no alcanza a ser un sustituto del ingreso perdido, debido a que no asciende al 30 % del salario mínimo.

El estudio realizó un ejercicio de evaluación de impacto a través del componente monetario del MPC en la informalidad y la duración de la cesantía, basado en la teoría de la búsqueda de empleo (Job Search Theory), con datos de la población económicamente activa de la encuesta de mercado laboral en Colombia, disponibles en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2018.

Dicha teoría hace referencia al comportamiento racional de un individuo que busca trabajo, el cual, maximizando su utilidad, tendrá que decidir sobre sus oportunidades de ocio con base en el salario ofrecido, y en algunos casos con la tenencia de un beneficio por estar desempleado. 

Con respecto a la GEIH, el análisis utilizó variables como afiliación a la caja de compensación familiar, acceso al subsidio de desempleo, tiempo que lleva buscando empleo, medio de búsqueda de empleo utilizado, y condiciones de informalidad registradas (educación, fuerza de trabajo, ocupados y desocupados).

La investigadora mencionó que “los datos son cortes trasversales repetidos cada trimestre, es decir que no se observa el mismo hogar ni el mismo individuo más de una vez en el tiempo”.

En este estudio se utilizaron los cuatro trimestres de 2018 para las 13 grandes ciudades con sus áreas metropolitanas. “Se eligió solo este año para descartar el sesgo por ciclos económicos presente si se tomara en un periodo más extendido”, indicó.

El análisis de los datos se realizó con el método de Propensity Score Matching, que compara y estima los efectos del MPC mediante la diferencia en la probabilidad de participación en el programa entre dos grupos similares que difieren principalmente en que uno accedió al beneficio (tratados) y el otro no, pese a que cumplen las condiciones de acceso (control).