lunes, 2 de noviembre de 2015

Crece la polémica sobre el uso del ‘seguro eléctrico’ Por: José Granados y Lupe Mouthón



Se nos están enredando las cosas y si no nos ponemos eléctricos, nos electrocutaremos.
Espero no escribir esa mala noticia.

Pobre ministro Tomás González.
Pero también los anteriores 4 que estuvieron en ese cargo, pues entre todos se ha ido construyendo un edificio de incertidumbres que está para estallar si no se encuentra la fórmula salvadora.
Será la comunidad costeña una de las peores tratadas como siempre…

Este trabajo que realizaron los colegas Lupe Mouthón y José Granados, en El Heraldo, y que estamos leyendo todos, nos entrega datos importantes que vale la pena consultar.
Los colegas se conectaron con varios actores de esta película energética que nos tiene con los “pelos de punta”…

Si es cierto que el “seguro”, no es seguro, carajo, ¡qué embarrada!
La idea se vendió y se comentó en la última Asamblea Nacional de La Andi. Y allí, no sentíamos el corto…

RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1


Crece la polémica sobre el uso del ‘seguro eléctrico’
 Por: José Granados y Lupe Mouthón

Ante la amenaza de un racionamiento, gremios y organismos de control piden claridad sobre el uso de los billonarios recursos que ha generado este ‘seguro’.
Después de la peor crisis eléctrica que vivió el país entre el 2 de mayo de 1992 y el 7 de febrero de 1993, por el apagón nacional que ocasionó el fenómeno de El Niño durante el gobierno del presidente César Gaviria, los colombianos escucharon las más contundentes de las promesas oficiales: “Jamás volveremos a padecer algo similar”.
23 años después el Gobierno nacional cruza los dedos porque el fantasma de otro racionamiento ronda al país, y en especial a la Costa, por la sequía que nuevamente ha generado El Niño, pero esta vez asociado a la escasez de gas producto de lo que conocedores de este sector atribuyen a decisiones apresuradas y poco planificadas, como la venta del combustible a Venezuela durante ocho años.
Como ‘blindaje’ contra otro racionamiento general fueron tomadas varias medidas, una de ellas, que en medio de la amenaza actual comienza a ser evaluada con recelo, sospecha y preocupación, fue el pago de una contribución denominada Cargo por confiabilidad, que ha sido cobrada a todos los colombianos, mes tras mes, desde hace nueve años en la factura del servicio eléctrico.
 
En la Resolución 071 del 3 de octubre de 2006, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, Creg, la misma que ha sido cuestionada por sus decisiones sobre los nuevos precios del gas que afectan la competitividad industrial y empresarial costeña así como el bolsillo de los usuarios residenciales de esta zona del país, definió el Cargo por confiabilidad como una “remuneración” que paga el Gobierno para que un generador esté listo para producir una cantidad determinada de energía con el fin de atender una emergencia como la que vuelve a amenazar al país.
Billones pagados. En otras palabras, el objetivo de esa compensación, o especie de ‘seguro’, es “garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo condiciones críticas”, como un posible racionamiento nacional, dice la Creg en su acto administrativo.
De acuerdo con estimativos de entidades como la Contraloría General de la República, que por primera vez auditará estos dineros por orden de su titular Edgardo Maya Villazón (ver Contraloría indaga), por esta contribución los colombianos han pagado por anticipado para no quedarse a oscuras cerca de $14 billones.
Otras cifras, que maneja la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, hablan de $16,13 billones.
Actualmente por este cargo los usuarios pagan, en promedio, $52 por cada kilovatio consumido, lo que representa ingresos de entre 800 y 900 millones de dólares al año para los generadores, tanto hidráulicos como térmicos, dijo ayer a EL HERALDO el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, Alejandro Castañeda, afirma que los recursos del Cargo por confiabilidad han permitido que las plantas termoeléctricas reciban unos ingresos anuales para cubrir sus costos fijos, tales como pagos de nómina, mantenimientos preventivos e inversiones, entre otros.
“Gracias a este cargo el parque térmico está en óptimas condiciones técnicas y operativas para entrar a generar cada vez que se requiere”, afirmó.
 
Ordenan inspecciones. Sin embargo, el buen uso que los generadores han hecho de estos dineros ha sido cuestionado por gremios como Asoenergía, que agrupa a los principales consumidores de energía del país, Acoplásticos y Coteleco, al igual que expertos y congresistas.
En su defensa, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Acolgen, dice que si los recursos del Cargo por confiabilidad se “hubiesen invertido de manera errónea, las plantas generadoras se estarían apagando y un racionamiento sería inevitable”.
En medio de la crisis planteada hoy ya hay dos térmicas apagadas: Termocandelaria, en Cartagena, y Termovalle, en Palmira. Otras dos –Termoemcali, en Palmira, y Zona Franca Celsia, en Barranquilla– también estarían en riesgo de salir del sistema.
La razón que esgrimen son inconvenientes financieros al tener que asumir la generación usando combustibles líquidos (diésel) que son más costosos, lo que no les es rentable.
Castañeda afirmó que en lo que va de este año el valor recibido por Cargo por confiabilidad de las térmicas que operan con líquidos es de $676.000 millones y la pérdida esperada de su utilización en seis meses puede llegar a $2,1 billones. También dijo que las pérdidas acumuladas desde el momento en que fueron encendidas las plantas en el último mes por el aumento de los efectos de El Niño “ascienden a $250.000 millones”.
No obstante, la Superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque, reveló, en las últimas horas, que en el seguimiento a los generadores de energía eléctrica han “encontrado algunas presuntas irregularidades”.
La funcionaria dijo, igualmente, que realizarán visitas de campo e inspección a Gecelca, Termocandelaria, Zona Franca Celsia, Termovalle y Termoemcali.
Incluso llegó a plantear la posibilidad de una intervención de las térmicas si se afecta el servicio de energía.
Todos pagamos. El exministro Acosta recordó que el Cargo por confiabilidad tuvo su origen en la Ley Eléctrica (Ley 193 de 1994) que surgió después del apagón de comienzos de los 90.
En aquel entonces las plantas térmicas que existían como respaldo del sistema eléctrico nacional no pudieron encenderse porque “no tenían las condiciones adecuadas de mantenimiento ni combustible”.
Inicialmente surgió con el nombre de Cargo por capacidad y luego cambió a confiabilidad.
“Es como un seguro en el que todos los usuarios pagamos una póliza”, agregó Acosta y explicó que el cargo busca que las térmicas que reciben la remuneración ofrezcan la energía en firme, es decir, que esté disponible en el momento en que se requiera y que cuando el precio en la bolsa de energía supere el precio de escasez se haga efectivo el seguro.
“Las plantas deben tener el mantenimiento adecuado y la logística adecuada para aprovisionarse del combustible que requieran para que entren a operar cuando se les exija o requiera”, señaló el ex ministro.
No afectar a usuarios. ¿Por qué pese a tantos billones recaudados hay que aumentarles las tarifas a los usuarios? Todo indica que en la Resolución 071 de la Creg –a su vez esta tiene cerca de otras 150 resoluciones modificatorias o complementarias lo cual la “hace inmanejable”, según opinión del abogado y consultor César Lorduy– no se establece un porcentaje para atender las pérdidas ocasionadas por los sobrecostos de generación frente al precio de escasez y no meterle la mano al bolsillo de los usuarios, como lo anunció el ministro Tomás González para ayudar a las térmicas.
Por eso, Acosta propone “crear un fondo de estabilización” de precios de la energía con un porcentaje del Cargo de confiabilidad para que los usuarios no sean afectados.
El defensor de Pueblo, Jorge Armando Otálora, cuestionó el aumento y dijo que “se volvió costumbre” que cuando las empresas, en este caso las generadoras de energía, atraviesan un mal momento financiero, se trasladan esos costos a los usuarios, pero cuando las épocas son buenas las ganancias se distribuyen entre los grupos económicos, como sucedió con el sector financiero con la creación del cuatro por mil.
Sugirió Otálora revisar los alcances del Cargo por confiabilidad y dijo que si El Niño fue advertido con tiempo debieron tomarse las medidas para no perjudicar a los usuarios, como está a punto de suceder por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.
 
Contraloría indaga
A pesar de tratarse de recursos públicos pagados por los usuarios, la Contraloría General de la República nunca ha auditado los billones de pesos que desde 2006 han sido recaudados por el Cargo por confiabilidad. Solo ahora, por disposición del contralor Edgardo Maya Villazón, se anuncia una “actuación especial” ante la Creg para que dé explicaciones sobre el uso que les han dado a estos dineros en los 9 años de recaudos.

Alza de energía y riesgo de apagón Por Juan Lozano



Después que no venga el gobierno y el ministerio de Minas y Energía, concretamente, con cuentos de pelaos, porque se le viene diciendo desde hace muchos meses, y más bien años, que no juegue con la comunidad.
Juan Lozano lo reitera: “Juegan con candela”.

Y al referirse a la situación actual del sector energético y el anticipado aumento de las tarifas, agrega: “Ni la caótica Electricaribe ni Emcali, para citar solo dos casos, tienen margen social para este aumento”.
Asusta lo que prevé Lozano: “Pueden venir batallas campales en las calles. Ya lo saben. Y las empresas pueden reventarse. El efecto inflación será severo, justo ahora que se ha desbordado de la meta. Y el impacto presupuestal vía subsidios será enorme mientras siguen raspando la olla y diseñando nuevos impuestos”.

Y el mensaje es directo al ministro Tomás González: “Y esas soluciones no se pueden agotar en pasarse por la faja la ley, ni en tolerar unas inequidades que cada día enriquecen más a unos y empobrecen más a otros, ni en seguir exprimiendo a este pobre pueblo colombiano que ya no aguanta más alzas. ¡Pilas, Ministro!”.
Después no diga ministro que no se le advirtió…

RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Alza de energía y riesgo de apagón
Por Juan Lozano

Privatizar ganancias y socializar pérdidas es una fórmula ilegal y desconsiderada con el país y sus gentes, que no aguantan más alzas.
Sin sonrojarse, con el problema agravado por no tomar medidas a tiempo por mezquinos cálculos electorales, apenas pasaron las elecciones, nos notificaron el aumento en las tarifas de energía por el Ministro de Minas, quien había evadido y ocultado las respuestas sobre este asunto.
La ilegalidad es evidente, y la prueba reina son las mismas declaraciones del Ministro. La Ley 142 de 1994, en su artículo 94, de manera clara establece que no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales de las empresas.
Privatizar ganancias y socializar pérdidas es la abusiva fórmula escogida por el Gobierno, al parecer doblegado por poderosos intereses, aunque se venían cobrando a todos los usuarios los costos de un seguro contra apagones llamado eufemísticamente cargo por confiabilidad. Más de 7.000 millones de dólares hemos pagado los colombianos por este concepto, según cálculos del senador Iván Duque.
 
Ahora nos notifican a los eternos paganinis que ese seguro no operó y que no todo lo que nos habían prometido sobre la confiabilidad del sistema era cierto. El riesgo del racionamiento sigue latente. El sistema está colapsando y algunas térmicas no garantizaron sus combustibles a precios adecuados, sin que el Ministerio ni la Superintendencia hubieran tomado cartas oportunamente.
Dicen que el Niño es muy fuerte y prolongado, como en efecto lo es, pero justamente para enfrentar fenómenos de esta naturaleza fue para lo que se diseñó este modelo. No es solo un problema climático. Hay grave improvidencia y una deplorable inestabilidad en un Ministerio que ha visto pasar 5 ministros en 5 años.
El Ministerio y la Creg deberían haber adoptado medidas para corregir distorsiones en el modelo dañino del cargo por confiabilidad, y acciones para mitigar los errores de autorizar y costear reconversiones de las térmicas a combustibles líquidos. Además, sabían de la necesidad de prevenir los problemas asociados con el precario suministro de gas. Ahora que necesitamos que Maduro nos devuelva el gas que le mandamos de La Guajira, sí se preocupan.
 
Y Ministerio y Creg también han debido evitar que en el mismo sistema, simultáneamente, unas generadoras hagan multimillonaria bonanza cosechando para sus socios sus utilidades, mientras las pérdidas de algunas térmicas las tengamos que pagar todos. No todas las generadoras están perdiendo hoy. Unas, las hidroeléctricas, están ganando millonadas cada día, mientras sigue intacto el modelo de restricciones que incuba estas asimetrías.
Y a propósito de restricciones, el Ministro no ha le ha dicho al país la verdad completa sobre sus facturas. Subirán en mucho más de 7 pesos por kilovatio. Los cálculos de Aurelio Suárez y Martha Aguilar, con ejemplos concretos, indican que en el estrato 4 el incremento en diciembre será cercano al 20 por ciento, y lo propio le ocurrirá a la industria. Para los estratos 5 y 6 será mayor.
Juegan con candela. Ni la caótica Electricaribe ni Emcali, para citar solo dos casos, tienen margen social para este aumento. Pueden venir batallas campales en las calles. Ya lo saben. Y las empresas pueden reventarse. El efecto inflación será severo, justo ahora que se ha desbordado de la meta. Y el impacto presupuestal vía subsidios será enorme mientras siguen raspando la olla y diseñando nuevos impuestos.

Con serenidad, sin populismo, con firmeza del Gobierno en defensa del interés general, hay que encontrar soluciones creativas mientras nos cuentan qué pasó con la plata que ya pagamos. Y esas soluciones no se pueden agotar en pasarse por la faja la ley, ni en tolerar unas inequidades que cada día enriquecen más a unos y empobrecen más a otros, ni en seguir exprimiendo a este pobre pueblo colombiano que ya no aguanta más alzas. ¡Pilas, Ministro!

JUAN LOZANO

Un engranaje perfecto Por: Thierry Ways



El sabor amargo de unas elecciones narradas por un columnista preocupado.

Thierry Ways, sigue indignado…

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Un engranaje perfecto
Por: Thierry Ways

Escuché a una conocida analista política decir esta semana que no hay datos que demuestren que estas elecciones hayan sido más corruptas que otras. En parte, tiene razón: la corrupción, como la extorsión o el narcotráfico, no reporta anualmente sus cifras al Dane. Pero eso no impide que se saquen conclusiones. En casi todas las situaciones de la vida tenemos que razonar a partir de información imperfecta y, a falta de estadísticas, los testimonios presenciales y las observaciones indirectas sirven para hacernos una idea de las cosas.
Podemos mirar, por ejemplo, la escala de la invasión publicitaria que se tomó las ciudades y los pueblos. Casi no había plano o superficie que no estuviera adornado con un rostro, una cifra y un logotipo. Lo mismo en la radio y la TV: andanadas de publicidad política que debió costar ríos de dinero.
Un indicador anecdótico alarmante es la suma que se paga en la calle por voto comprado, que viene aumentando muy por encima de la tasa de inflación. En las elecciones legislativas de 2010 se hablaba de 20.000 pesos por voto. En las regionales de 2011 había subido a entre 30.000 y 40.000, cifra que se mantuvo en 2014. Esta vez, un voto en Barranquilla costaba alrededor de 100.000 pesos, aunque también se pagaban sumas mayores por votos múltiples, para varias ‘dignidades’, empaquetados en ‘combos’.
 
Ese dinero lo entregan los ‘mochileros’, como le llaman en la Costa a los coordinadores de barrio que, lejos de cualquier filiación partidista, ponen al servicio del mejor postor sus regimientos de electores a sueldo. Imitando tácticas del mundo corporativo, los partidos hoy tercerizan la compra de votos, subcontratándola a especialistas experimentados en el oficio, que se encargan de preparar los múltiples ingredientes —censo, transporte, refrigerios, animación, etc.— de la parranda democrática.
La corrupción, en otras palabras, se profesionalizó.
Como cada peso gastado tiene que ser recuperado y, además, dejar alguna utilidad —de lo contrario no es negocio—, por simple lógica financiera podemos anticipar para los próximos años una rapiña histórica, un saqueo proporcional a las millonarias inversiones realizadas para llegar al poder.
A eso, sumémosle los infaltables toques de republicanismo bananero que se dieron en esta ocasión: el candidato que hizo campaña —y ganó— desde la cárcel, las medidas contra el trasteo de votos que terminaron anulando miles de inscripciones de cédulas por error, los avales repartidos sin coherencia ideológica alguna, los tarjetones marcados de antemano. Y un episodio horrendo: los 11 soldados y el policía masacrados por 300 milicianos del ELN mientras cuidaban las elecciones en un resguardo indígena.
 
Este desmadre moral debe ser tabulado como uno de los costos de la paz con las Farc. Un lustro de mermelada, con la que el Gobierno buscó obtener el apoyo irrestricto al proceso de paz que un país dubitativo se rehusaba a darle, barrió con el poquísimo decoro que le quedaba al sistema político colombiano. El clientelismo tradicional mutó y ahora es un engranaje perfecto de votos que eligen a quienes otorgan contratos y contratos cuyas ganancias compran los votos de quienes eligen. No sé si fueron las elecciones más corruptas de la historia, pero sí las más desesperanzadoras.
@tways / ca@thierryw.net
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