miércoles, 10 de agosto de 2016

procuraduría. PIEDAD

EsERÁ ¿Será que el procurador general de la nación debe salir por el fallo del Concejo de Estado


obierno
POR:
portafolio
agosto 10 de 2016 - 11:40 a.m.
Cuando se cumpla el fallo que acaba de proferir el Consejo de Estado, que le ordena a la Procuraduría no solo levantarle la sanción de 18 años para ejercer cargos públicos a Piedad Córdoba, sino indemnizarla por los salarios que dejó de devengar, a la cuenta de la exsenadora deberán ingresar por lo menos 1.214 millones de pesos (Lea también: Procuraduría General pide indemnizar a Piedad Córdoba).

El cálculo parte de considerar que la sentencia ordena expresamente que ese reconocimiento abarque el lapso comprendido entre el 3 de noviembre de 2010, fecha desde la cual se hizo efectiva la sanción, y el 19 de julio del 2014, que era el tope del periodo para el cual fue elegida la política de origen liberal.

Y aunque, por ejemplo, en 2013 el básico de senadores y representantes a la Cámara eran poco más de 24 millones de pesos, lo normal en estos casos es que se actualice el valor.
43,5 meses le faltaban a Piedad Córdoba cuando fue apartada de su cargo como senadora de la República. 

Hoy día la mesada de los congresistas asciende a 27’929.064 pesos, que multiplicados por los 43,5 meses que le quedaron faltando a Córdoba en el Senado suman los 1.214 millones de pesos.

Sin embargo, la defensa de la afectada podría exigir los ‘brazos caídos’ hasta el día de hoy, con lo cual serían 67,5 meses y una cifra cercana a 1.885 millones de pesos.

Pero hay que tener en cuenta que los congresistas devengan una serie de primas y gabelas que constituyen salario y por tanto tendrían que ser contabilizadas.

Un camino para buscar la indemnización desde 2014 es la figura de la llamada “pérdida de oportunidad”, pues, por ser ya congresista, el chance de la activista por la paz de ganar otros cuatro años en el senado era alto.

Según el abogado penalista Rafael Rincón, otros factores como el daño político, el daño moral y el daño a la salud, que con frecuencia se alegan, también se tasan en dinero.

“El daño político es el que ella sufre en su actividad pública, la merma en su legitimidad y credibilidad y la afectación de su buen nombre público cuando la hacen aparecer como aliada de un grupo guerrillero o terrorista”, explica el jurista.

Por el daño moral la tasa que establece el Consejo de Estado son 100 salarios mínimos mensuales vigentes (casi 69 millones de pesos). En los demás se determinar la magnitud de la afectación de acuerdo a cada persona.

Si bien es la institución -en este caso la Procuraduría- la que debe responder, la entidad puede 'repetir' contra el Procurador.

neslop@eltiempo.com

El esquema eléctrico actual no genera incentivos para invertir en el Caribe


Nadie, ningún inversionista le quiere meter energía al negocio eléctrico en la región Caribe.
Es tan mal negocio que algunos consultados por los colegas del diario La República, expresaron que no querían hablar del tema.
Eso es lo que me gustaría que revisáramos antes de emitir conceptos en esta polémica eléctrica.
El negocio está enredado, los cables viejos, las inversiones son muy altas, los morosos hacen de las suyas. Los ricos NO quieren pagar, más bien algunos utilizan la situación para pescar en río revuelto. En Barranquilla tenemos empresarios que usando el caos robaban energía  de frente (y seguro lo siguen haciendo) en medio de sus negocios rentables, porque son rentables... Vergüenza debería darles y pedirles disculpas a los barranquilleros…
El negocio es muy complicado y es bueno que el país entero lo conozca en algunos pasajes, como estos que narra la colega del diario capitalino.

RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
El esquema eléctrico actual no genera incentivos para invertir en el Caribe


Teniendo en cuenta que según las cuentas del Intergremial del Atlántico, el operador de energía del Caribe necesita hacer inversiones en los próximos tres años de por lo menos $2 billones, y que Electricaribe no tendría la caja para hacerlas, la solución de los gobernadores de la región fue pedir un nuevo comercializador, como EPM o Codensa, que históricamente han doblado y triplicado las inversiones de la empresa local, no obstante, ¿qué tan viable es esta propuesta?

Según los expertos, esta idea se enfrenta a cuatro ‘peros’ que frenarían la entrada de un nuevo inversionista que “en las condiciones actuales del sistema,  no le apostaría a un negocio que no es rentable”, explican.

En primer lugar, los analistas señalan que con estas condiciones del mercado no habría ningún interesado, ya que las compañías no tendrían manera de recuperar el dinero.  

Siendo así, “a pesar de que sí calmaría la situación en el corto plazo, ya que la gente está saturada del nombre de Electricaribe, no solucionaría nada en el mediano plazo, ya que lo que en realidad se requiere es un nuevo modelo, puede ser temporal, para todo el mercado de la costa”, explicó una fuente que prefirió no ser mencionada.

Edgardo Sojo, gerente del Plan 5 Caribe, coincide con esta opinión, y recuerda la necesidad de crear unas reglas de juego claras y una regulación diferenciada. Además explicó que “la situación actual no se trata de salvar a Electricaribe, sino de revisar el modelo y hacerlo rentable para quien sea que preste el servicio en 80% de los barrios subnormales del país”. 

 
Ahora, el segundo problema que nace frente al cambio de operador es que este solo se podría hacer de dos caminos que no se ven viables. El primero, es que Electricaribe venda. Situación que no se ve cercana, o por lo menos en un horizonte de seis meses, que fue el plazo que pidieron los accionistas de la empresa para realizar un diálogo cercano con el Gobierno para buscar soluciones y seguir operando.

 
Frente a la otra opción, la de  una intervención con el efecto de sacar un proceso licitatorio, los expertos señalan que tampoco es viable ya que se podría llegar a una demanda muy grande para el Estado por parte de Electricaribe, que se buscaría evitar. 

De esta manera, y frente a la propuesta de que se segmente el mercado y que entren otros operadores por zonas, los expertos explicaron que tampoco sería viable ya que la empresa solo maneja dos grandes mercados: Barranquilla y Cartagena. Siendo así, a nadie le interesaría invertir en el resto de las zonas que cuentan con barrios deprimidos y de baja capacidad de pago. “Nadie va destinar recursos (así sea un nuevo operador), sino ve que no puede recuperar su inversión y una rentabilidad razonable”, señalaron.

De esta manera para los expertos la solución sería buscar economías de escala y de aglomeración. “La idea es mantener la misma metodología general que se usa en el resto del país, pero con metas diferentes y sendas diversas para llegar a estas. Todo esto partiendo de la situación actual en que se encuentra la región”, añadieron.

Además, se espera que por medio de una regulación se den señales que incentiven la inversión con énfasis en calidad y disminución de pérdidas.

 
Finalmente, el último ‘pero’ nace de las propias operadoras en el país que no podrían o no querrían invertir en el negocio. 

Celsia-Epsa señaló a LR que “no están evaluando, ni participando en alguna propuesta, conjunta o individual, para manejar Electricaribe o comprar u operar activos de dicha empresa”. Ahora, reconociendo la importancia de la región, Celsia explicó que “a través de su filial Epsa, participa en la actualidad en el Plan 5 Caribe”.

EPM, que no estaría interesada en hacerse con los activos de la empresa según le dijeron fuentes cercanas a la firma a LR, contaría con otro impedimento, y es que por regulación no puede tener más del porcentaje que tiene hoy en distribución. 

Codensa señaló a este diario que no se referiría sobre esta idea.

Las inversiones actuales de la empresa
El compromiso de la empresa con el Plan 5 Caribe era para este año de $248.000 millones. De esos solamente, a junio 30, ha ejecutado $47.000 millones en renovación de redes, calidad de potencia, medidas de seguridad y mejora de cuadrillas. No obstante eso solo es 19% y según Sojo es muy poco probable que se pueda cumplir con los compromisos el resto del año. Y agregó que “es preocupante que dentro del plan de gestión que interpuso la Superservicios se bajó la meta de $248.000 millones a $130.000 millones. Meta que la empresa estaría esperando cumplir”.
La opinión

Edgardo Sojo
Gerente de Plan 5 Caribe
“Se requiere mucha inversión. Ni siquiera los compromisos de $1,1 billones que hizo Electricaribe dentro del Plan 5 Caribe son suficientes”.

Para contactar al autor de esta nota:
Lilian Mariño Espinosa
lmarino@larepublica.com.co
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