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EsERÁ ¿Será que el procurador general de la nación debe salir por el fallo del Concejo de Estado


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agosto 10 de 2016 - 11:40 a.m.

Cuando se cumpla el fallo que acaba de proferir el Consejo de Estado, que le ordena a la Procuraduría no solo levantarle la sanción de 18 años para ejercer cargos públicos a Piedad Córdoba, sino indemnizarla por los salarios que dejó de devengar, a la cuenta de la exsenadora deberán ingresar por lo menos 1.214 millones de pesos (Lea también: Procuraduría General pide indemnizar a Piedad Córdoba).

El cálculo parte de considerar que la sentencia ordena expresamente que ese reconocimiento abarque el lapso comprendido entre el 3 de noviembre de 2010, fecha desde la cual se hizo efectiva la sanción, y el 19 de julio del 2014, que era el tope del periodo para el cual fue elegida la política de origen liberal.

Y aunque, por ejemplo, en 2013 el básico de senadores y representantes a la Cámara eran poco más de 24 millones de pesos, lo normal en estos casos es que se actualice el valor.

43,5 meses le faltaban a Piedad Córdoba cuando fue apartada de su cargo como senadora de la República. 

Hoy día la mesada de los congresistas asciende a 27’929.064 pesos, que multiplicados por los 43,5 meses que le quedaron faltando a Córdoba en el Senado suman los 1.214 millones de pesos.

Sin embargo, la defensa de la afectada podría exigir los ‘brazos caídos’ hasta el día de hoy, con lo cual serían 67,5 meses y una cifra cercana a 1.885 millones de pesos.

Pero hay que tener en cuenta que los congresistas devengan una serie de primas y gabelas que constituyen salario y por tanto tendrían que ser contabilizadas.

Un camino para buscar la indemnización desde 2014 es la figura de la llamada “pérdida de oportunidad”, pues, por ser ya congresista, el chance de la activista por la paz de ganar otros cuatro años en el senado era alto.

Según el abogado penalista Rafael Rincón, otros factores como el daño político, el daño moral y el daño a la salud, que con frecuencia se alegan, también se tasan en dinero.

“El daño político es el que ella sufre en su actividad pública, la merma en su legitimidad y credibilidad y la afectación de su buen nombre público cuando la hacen aparecer como aliada de un grupo guerrillero o terrorista”, explica el jurista.

Por el daño moral la tasa que establece el Consejo de Estado son 100 salarios mínimos mensuales vigentes (casi 69 millones de pesos). En los demás se determinar la magnitud de la afectación de acuerdo a cada persona.

Si bien es la institución -en este caso la Procuraduría- la que debe responder, la entidad puede 'repetir' contra el Procurador.

neslop@eltiempo.com