viernes, 15 de mayo de 2009

"The Economist": Uribe hacia la autocracia

Parece que a mucha gente no le gusta la reelección.
La autocracia no es bien vista.
Y eso se nota en este pasaje de la revista "The Economist" que empezó a circular y que la EFE, desde Londres, le está enviando a sus abonados, incluído el periódico El Tiempo, de Colombia.
Este será un debate largo y candente.
¿Será que el presidente Uribe aguantará esa presión?

Ya el Polo Democrático y el Liberalismo están en conversaciones para evitar esa reelección.

Nosotros, desde el RADAR ECONÓMICO INTERNACIONAL les contaremos parte de esa historia.

Luis Emilio Rada C

Pd: "The Economist".


Revista 'The Economist' afirma que Álvaro Uribe 'se desliza hacia la autocracia'

El semanario británico considera en su último número que una segunda reelección del presidente colombiano genera un "daño para la democracia".

"Un país que se caracterizó en el pasado por una saludable y hasta exagerada desconfianza frente al poder ejecutivo, Colombia está a punto de permitir a Álvaro Uribe presentarse a un tercer mandato consecutivo, algo sin precedentes", señala la revista.

"Muchos colombianos dan crédito a Uribe por haber transformado su patria de un Estado semifallido en un lugar boyante aunque todavía no exento de violencia", escribe "The Economist", según el cual la gratitud de los ciudadanos por esas conquistas le permitió lograr su segundo mandato en el 2006 tras la oportuna reforma constitucional.

Después de siete años en el poder, sigue disfrutando de un índice de aprobación del 71 por ciento, según la empresa de sondeos Invamer-Gallup, y un 59 por ciento de los encuestados dice que apoyaría un referéndum sobre una nueva reforma constitucional que posibilitase el tercer mandato.

Pero hay quienes se oponen a esa posibilidad, y algunos de ellos son personas que estuvieron muy cerca del presidente, como Fabio Echeverri, quien estuvo al frente de sus dos campañas presidenciales.

Según "The Economist", la preocupación de esas personas y de la revista colombiana "Semana", que se opone a la reelección por la erosión que supone de la necesaria separación de poderes, es tanto mayor por cuanto "el gobierno de Uribe no ha estado libre de abusos y escándalos", como el asesinato de civiles inocentes para presentar sus cadáveres como de guerrilleros muertos en combate.

"El Gobierno insiste en que está comprometido a poner fin y castigar tales abusos, que califica de aislados, pero entre sus aliados de fuera parece crecer el escepticismo", señala la revista británica, que recuerda que los demócratas que controlan el Congreso norteamericano han paralizado la ratificación del tratado de libre comercio con Colombia por los asesinatos de sindicalistas, fundamentalmente.

En marzo, Gran Bretaña anunció también la suspensión de un programa destinado a formar a los soldados colombianos en materia de derechos humanos, aunque mantiene la ayuda a la lucha contra las drogas así como a los grupos cívicos y al sistema judicial.

El semanario británico señala que muchos colombianos están también preocupados por las actividades del servicio de inteligencia civil, el DAS, cuyos tres directores sucesivos están siendo interrogados por la fiscalía en relación con el supuesto espionaje ilegal de políticos, periodistas y jueces del Tribunal Supremo.

Otro argumento esgrimido por los críticos de la reelección de Uribe, dice The Econoomist, es que las prioridades nacionales han cambiado y la economía es ahora la principal fuente de preocupación pública, por encima de la seguridad, lo que en parte se debe al "éxito de Uribe", pero es por otro lado consecuencia de la creciente recesión.

Además, Uribe puede "agravar una preocupante tendencia regional", escribe también la revista británica en referencia al venezolano Hugo Chávez, quien ganó recientemente un referéndum que abolía los límites a los mandatos presidenciales y "se dedicó acto seguido a hostigar a los opositores".

The Economist señala que hay en Colombia otros "candidatos fuertes" y cita la posibilidad de que se presente el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, además del independiente y ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo.

"Si no renuncia mientras sigue llevando ventaja, la historia podría juzgar que Uribe empezó así a desmontar sus propios logros", concluye el semanario.

Londres
Con EFE.

El futuro político de la Región Caribe

Como caribeños.
Como ciudadanos del Caribe.
Como costeños, quisiéramos tener un territorio lleno de justicia, bienestar y salud.
Pienso que ese debería ser nuestro norte: apostarle al desarrollo, al crecimiento económico y convivir con una sociedad equitativa y plena.

El asunto no es fácil. La Región Caribe no ha logrado acceder a los puestos de privilegio. Hace más de 100 años que no tenemos un presidente costeño. Y así como vamos, eso será un sueño solamente.

Las elecciones que vienen pueden acercarnos un poco... ¿Pero, estamos listos para luchar?. ¿Tenemos herramientas?
Hoy vino a Barranquilla, el escritor cordobés David Sánchez Juliao y habló del tema. Y mañana les contaremos algo de lo que nos comentó.

Pero antes, me gustaría que revisaran el editorial de hoy de El Heraldo, porque se refiere a este asunto tan importante para todos nosotros.

RADAR ECONÓMICO INTERNACIONAL

Luis Emilio Rada C
Director

Pd: editorial

Tomado de www.elheraldo.com.co

El futuro político cercano


Con la detención esta semana de la senadora cordobesa Zulema Jattin para ser investigada por presuntos nexos con grupos paramilitares se elevó el número de dirigentes políticos costeños vinculados a esa investigación.

Ya no sabemos realmente cuántos son los políticos de nuestra región sobre los que pesan serios indicios de haber recibido apoyo de aquellos grupos para su labor proselitista, y que por esa razón son investigados por la Corte Suprema de Justicia o por la Fiscalía General de la Nación.

Solo entre senadores y representantes detenidos y condenados sabemos que sobrepasan los veinte y, al parecer, podrían ser más como consecuencia de las confesiones que los ex jefes paramilitares han estado haciendo desde su sitios de reclusión en los Estados Unidos.

Esos hechos vienen a ratificar lo que ya se sabía de tiempo atrás; a saber, que los vínculos entre gran parte de la clase política regional con los grupos paramilitares no era algo esporádico, ni la desviación ocasional de alguno de sus miembros, sino un proyecto conjunto para capturar el Estado.

Así ha quedado suficientemente probado a lo largo de estos años, tanto por las investigaciones de algunos centros académicos, como por la labor de la Corte Suprema y la Fiscalía, y hasta por los mismos comandantes de aquellos grupos.

Gracias a la perseverancia de esos organismos y al de muchas organizaciones de la sociedad civil, y en medio de no pocas dificultades, se ha podido judicializar a varios de los más connotados miembros de esa alianza, algunos de los cuales aprovecharon los beneficios que otorga la ley y se acogieron a sentencia anticipada.

A pesar de esos hechos que pudieran mostrarse como un gran avance en el desmantelamiento del paramilitarismo como factor real de poder, bien sabemos que es mucho lo que aún falta por hacerse para lograr ese objetivo.

En ese sentido es necesario ser realistas: no vamos a presenciar un repliegue de la clase política tradicional en la región, entre otras porque la reforma que buscaba castigar a quienes hubiesen recurrido a alianzas con grupos paramilitares al parecer no será tan severa como se esperaba y se había anunciado.

Hay que recordar, también, que ya en varias ocasiones los dirigentes políticos sancionados han sido muy hábiles al momento de eludir las limitaciones que les impone la Ley, de inhabilitarlos para acceder a cargos de representación popular, y lo hacen a través de familiares cercanos, con lo cual retienen su capacidad de influencia en los asuntos locales y regionales.

Es poco probable, entonces, que como consecuencia de los procesos contra la denominada ‘parapolítica’ se vaya a producir un vacío real en la representación política de la Costa.

A menos, claro está, que la ciudadanía y sectores políticos independientes empiecen a organizarse desde ya con miras a las elecciones de Congreso que tendrán lugar el próximo año y comiencen a adelantar una intensa campaña de pedagogía, en todos los escenarios posibles, acerca de la oportunidad que tiene la región de renovar su dirigencia política.

Si los procesos judiciales concluyen con penas privativas de la libertad contra quienes hicieron alianzas con los grupos paramilitares, se trata de sanciones legales, pero ellas no son suficientes. Se trata de que haya, además, una verdadera sanción política, de que no vuelvan a detentar ninguna capacidad de incidencia en los asuntos públicos.

Ese es un reto que tiene la sociedad entera, que tenemos los ciudadanos todos, los que creemos que es absolutamente indispensable recuperar el sentido primigenio del poder político si queremos avanzar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, moderna y solidaria, como la merecen las generaciones futuras.

Mientras el poder político continúe acaparado por quienes hasta ahora así lo han tenido, no podremos aspirar a mejorar la condición económica y social de nuestra población, y los recursos públicos destinados para tal fin tomarán otro rumbo.

Esa es nuestra realidad política, sin maquillajes de ninguna índole y sin minimizar. Es la que tenemos frente a nosotros, la que podemos y debemos cambiar en las próximas elecciones que dentro de poco estarán a la vista.

Las circunstancias se presentan favorables para una profunda renovación política que la región viene urgiendo hace muchos años, décadas tal vez, sin concretarse.

Es la renovación que tantas veces se ha aplazado, pero que se volvió un imperativo y una condición para empezar a salir del atraso en que nos hallamos sumidos por culpa, entre otras cosas, de tanta apatía e indiferencia por los asuntos públicos por amplios sectores ciudadanos.
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