viernes, 15 de mayo de 2009

El futuro político de la Región Caribe

Como caribeños.
Como ciudadanos del Caribe.
Como costeños, quisiéramos tener un territorio lleno de justicia, bienestar y salud.
Pienso que ese debería ser nuestro norte: apostarle al desarrollo, al crecimiento económico y convivir con una sociedad equitativa y plena.

El asunto no es fácil. La Región Caribe no ha logrado acceder a los puestos de privilegio. Hace más de 100 años que no tenemos un presidente costeño. Y así como vamos, eso será un sueño solamente.

Las elecciones que vienen pueden acercarnos un poco... ¿Pero, estamos listos para luchar?. ¿Tenemos herramientas?
Hoy vino a Barranquilla, el escritor cordobés David Sánchez Juliao y habló del tema. Y mañana les contaremos algo de lo que nos comentó.

Pero antes, me gustaría que revisaran el editorial de hoy de El Heraldo, porque se refiere a este asunto tan importante para todos nosotros.

RADAR ECONÓMICO INTERNACIONAL

Luis Emilio Rada C
Director

Pd: editorial

Tomado de www.elheraldo.com.co

El futuro político cercano


Con la detención esta semana de la senadora cordobesa Zulema Jattin para ser investigada por presuntos nexos con grupos paramilitares se elevó el número de dirigentes políticos costeños vinculados a esa investigación.

Ya no sabemos realmente cuántos son los políticos de nuestra región sobre los que pesan serios indicios de haber recibido apoyo de aquellos grupos para su labor proselitista, y que por esa razón son investigados por la Corte Suprema de Justicia o por la Fiscalía General de la Nación.

Solo entre senadores y representantes detenidos y condenados sabemos que sobrepasan los veinte y, al parecer, podrían ser más como consecuencia de las confesiones que los ex jefes paramilitares han estado haciendo desde su sitios de reclusión en los Estados Unidos.

Esos hechos vienen a ratificar lo que ya se sabía de tiempo atrás; a saber, que los vínculos entre gran parte de la clase política regional con los grupos paramilitares no era algo esporádico, ni la desviación ocasional de alguno de sus miembros, sino un proyecto conjunto para capturar el Estado.

Así ha quedado suficientemente probado a lo largo de estos años, tanto por las investigaciones de algunos centros académicos, como por la labor de la Corte Suprema y la Fiscalía, y hasta por los mismos comandantes de aquellos grupos.

Gracias a la perseverancia de esos organismos y al de muchas organizaciones de la sociedad civil, y en medio de no pocas dificultades, se ha podido judicializar a varios de los más connotados miembros de esa alianza, algunos de los cuales aprovecharon los beneficios que otorga la ley y se acogieron a sentencia anticipada.

A pesar de esos hechos que pudieran mostrarse como un gran avance en el desmantelamiento del paramilitarismo como factor real de poder, bien sabemos que es mucho lo que aún falta por hacerse para lograr ese objetivo.

En ese sentido es necesario ser realistas: no vamos a presenciar un repliegue de la clase política tradicional en la región, entre otras porque la reforma que buscaba castigar a quienes hubiesen recurrido a alianzas con grupos paramilitares al parecer no será tan severa como se esperaba y se había anunciado.

Hay que recordar, también, que ya en varias ocasiones los dirigentes políticos sancionados han sido muy hábiles al momento de eludir las limitaciones que les impone la Ley, de inhabilitarlos para acceder a cargos de representación popular, y lo hacen a través de familiares cercanos, con lo cual retienen su capacidad de influencia en los asuntos locales y regionales.

Es poco probable, entonces, que como consecuencia de los procesos contra la denominada ‘parapolítica’ se vaya a producir un vacío real en la representación política de la Costa.

A menos, claro está, que la ciudadanía y sectores políticos independientes empiecen a organizarse desde ya con miras a las elecciones de Congreso que tendrán lugar el próximo año y comiencen a adelantar una intensa campaña de pedagogía, en todos los escenarios posibles, acerca de la oportunidad que tiene la región de renovar su dirigencia política.

Si los procesos judiciales concluyen con penas privativas de la libertad contra quienes hicieron alianzas con los grupos paramilitares, se trata de sanciones legales, pero ellas no son suficientes. Se trata de que haya, además, una verdadera sanción política, de que no vuelvan a detentar ninguna capacidad de incidencia en los asuntos públicos.

Ese es un reto que tiene la sociedad entera, que tenemos los ciudadanos todos, los que creemos que es absolutamente indispensable recuperar el sentido primigenio del poder político si queremos avanzar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, moderna y solidaria, como la merecen las generaciones futuras.

Mientras el poder político continúe acaparado por quienes hasta ahora así lo han tenido, no podremos aspirar a mejorar la condición económica y social de nuestra población, y los recursos públicos destinados para tal fin tomarán otro rumbo.

Esa es nuestra realidad política, sin maquillajes de ninguna índole y sin minimizar. Es la que tenemos frente a nosotros, la que podemos y debemos cambiar en las próximas elecciones que dentro de poco estarán a la vista.

Las circunstancias se presentan favorables para una profunda renovación política que la región viene urgiendo hace muchos años, décadas tal vez, sin concretarse.

Es la renovación que tantas veces se ha aplazado, pero que se volvió un imperativo y una condición para empezar a salir del atraso en que nos hallamos sumidos por culpa, entre otras cosas, de tanta apatía e indiferencia por los asuntos públicos por amplios sectores ciudadanos.

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