Han ganado mucho dinero con eso. Sin embargo, como estamos hablando de negocios, siempre aparecerán los más listos.
Los que ganan más, sin importarles el entorno... simplemente obtener más ganancias.
Así veo yo esta situación de Electricaribe.
Una legislación permisiva.
Acomodaticia, que ha permitido que la región Caribe sea la más perjudicada. La región y sus habitantes...
Como dice mi colega José Granados del diario el Heraldo en esta nota, estos son: "Los hombres clave de la nueva etapa". Y esperamos que nos podamos entender. Y ellos puedan mejorar la situación...
Con Edgardo Sojo hemos conversado mucho y tiene bien claro que el problema es la regulación.
Edgardo Sojo nos recordaba algo clave: “Las empresas están integradas VERTICALMENTE: EPM genera y distribuye. ENDESA genera y CODENSA distribuye. CELSIA genera y EPSA distribuye. Y el único mercado objetivo real de esta bolsa de energía es la Costa que no tiene generación... subieron las tarifas con el fenómeno del Niño y nunca bajaron..."
Ahí está el problema... No lo busquen en otro lado.
Los avispados ganan demasiado y no les importa un carajo si la región Caribe y sus habitantessi se incomodan y sufren...
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Control y vigilancia
Desde que el abogado barranquillero José Miguel Mendoza
(foto) asumió el cargo de Superintendente de Servicios Públicos, hace
menos de cuatro meses, sabía que uno de sus grandes retos era la crisis
en el servicio de energía en la Región Caribe, que encontró en una de
sus etapas más críticas.
Asumió el cargo el pasado 19 de julio y en el proceso de toma de posesión será el encargado de dirigir todo el proceso de control y vigilancia. Por eso recibirá del agente especial Javier Lastra el plan que se ejecutará para liquidar o salvar la empresa de servicio público.
Al recibir ese diagnóstico confirmará la decisión que tome el agente. Mendoza es magíster en Derecho de Sociedades y Regulación de Mercados Financieros de la Universidad de Oxford; y en Mercados Financieros Alternativos de la Universidad de Tilburg (Países Bajos).
Cuenta con un doctorado en Estrategias de Reforma Institucional en América Latina, de la Universidad de Oxford.
Los hombres clave de la nueva etapa
Por José Granados
Asumió el cargo el pasado 19 de julio y en el proceso de toma de posesión será el encargado de dirigir todo el proceso de control y vigilancia. Por eso recibirá del agente especial Javier Lastra el plan que se ejecutará para liquidar o salvar la empresa de servicio público.
Al recibir ese diagnóstico confirmará la decisión que tome el agente. Mendoza es magíster en Derecho de Sociedades y Regulación de Mercados Financieros de la Universidad de Oxford; y en Mercados Financieros Alternativos de la Universidad de Tilburg (Países Bajos).
Cuenta con un doctorado en Estrategias de Reforma Institucional en América Latina, de la Universidad de Oxford.
Nuevo presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo.
Representante legal
Como nuevo presidente de Electricaribe ha sido designado por la Superintendencia de Servicios Públicos el ingeniero Edgardo Sojo (foto), quien cuenta con 30 años de experiencia en el sector eléctrico.
Su principal función en la intervención a la empresa, según especialistas consultados, será la de cumplir con la operación Electricaribe, mientras que Lastra se ocupa de los aspectos legales procedimentales.
Sojo también es presidente del Comité Intergremial del Atlántico y viene desempeñándose como gerente del Plan5Caribe, programa de inversiones por más de 4 billones de pesos en infraestructura eléctrica.
Fue presidente de la Termoeléctrica de Barranquilla S. A., Tebsa.
Antes había ocupado varios cargos en la desaparecida Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca.
Es ingeniero electrónico y tiene una especialización en Alta Gerencia.
Como nuevo presidente de Electricaribe ha sido designado por la Superintendencia de Servicios Públicos el ingeniero Edgardo Sojo (foto), quien cuenta con 30 años de experiencia en el sector eléctrico.
Su principal función en la intervención a la empresa, según especialistas consultados, será la de cumplir con la operación Electricaribe, mientras que Lastra se ocupa de los aspectos legales procedimentales.
Sojo también es presidente del Comité Intergremial del Atlántico y viene desempeñándose como gerente del Plan5Caribe, programa de inversiones por más de 4 billones de pesos en infraestructura eléctrica.
Fue presidente de la Termoeléctrica de Barranquilla S. A., Tebsa.
Antes había ocupado varios cargos en la desaparecida Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca.
Es ingeniero electrónico y tiene una especialización en Alta Gerencia.
Javier Lastra Fuscaldo, agente especial para Electricaribe.
El agente especial
La Superservicios nombró a Javier Lastra Fuscaldo agente especial para Electricaribe. El ente de control anunció que el abogado queda facultado para “suspender o poner fin a cualquier clase de contratos existentes”, entre otras funciones como cabeza visible del proceso iniciado.
Es considerado el funcionario que en la intervención tendrá “pleno de poder” para tomar la decisión que se necesita para mejorar el servicio.
No necesitará de asamblea de accionista, ni representante legal para elegir uno de los dos caminos: liquidar la empresa o recuperarla presentando un plan y cómo se ejecutará.
Lastra Fuscaldo fue secretario general de Minminas y Mineducación, al igual que viceministro encargado de esta última cartera.
También ha sido ‘superdelegado’ de Telecomunicaciones de la Superservicios; secretario general del ICBF; gerente liquidador de Telecom, Inravisión, Audiovisuales, Adpostal y otras 13 empresas de telecomunicaciones. Es especialista en Derecho Administrativo.
“Claro riesgo de inviabilidad financiera”
¿Cuáles fueron las razones de la Superintendencia de Servicios Públicos, SSPD, para tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe, a través de la Resolución 20161000062785, expedida el lunes, porque la compañía iba a caer en “cesación de pagos” y “no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas”?
Con base en la Ley 142 de 1994, artículo 58, la entidad oficial tuvo en cuenta las medidas preventivas que deben aplicarse cuando quien presta un servicio público “incumplan de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por ella”.
Este artículo faculta a la Superservicios para “ordenar la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa de los cargos que ocupan”, como en efecto lo hizo al remover al representante legal (gerente) de Electricaribe, José García Sanleandro, y en su cargo nombró a Edgardo Sojo; además designó agente especial de este proceso a Javier Lastra Fuscaldo, con plenos poderes administrativos.
Con base en un informe elaborado el 4 de noviembre pasado por expertos contratados por el Fondo Empresarial de la SSPD, quienes diagnosticaron que existe una “situación financieros precaria” de Electricaribe, la entidad decidió aplicar también el artículo 59.
Este señala que es causal de toma de posesión cuando una empresa “(…) no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas”, y cuando dicha prestación “sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”.
También dice la norma que puede haber toma de posesión cuando una compañía corra el riesgo de “incumplir sus contratos” y señala que una decisión administrativa de este tipo es valedera “en casos de (…) perturbación del orden público”, como las 71 protestas registradas este año en la Región.
Y el numeral séptimo el artículo 59 precisa que la toma se dará si, “en forma grave”, una empresa ha suspendido “o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.
En particular este fue uno de los aspectos centrales para expedir la citada resolución. El Superservicios, José Miguel Mendoza, al responder en rueda de prensa una pregunta de EL HERALDO sobre la situación financiera, expresó que, por ejemplo, Electricaribe ha proyectado que cerrará 2016 con un déficit de $655.313 millones.
Es decir, para la Superservicios existía un “riesgo inminente” de que la compañía eléctrica “suspenda en forma grave sus obligaciones mercantiles”, al punto de que, de acuerdo con las proyecciones financieras, Electricaribe “a final de noviembre no contará con disponibilidades de efectivo” para pagar deudas.
También tuvo en cuenta la Superservicios que la auditora externa Deloitte Consultores y Asesores, en un informe del 10 de octubre pasado, notificó a García Sanleandro que existía de parte de la compañía un “claro riesgo de inviabilidad financiera”.
Mendoza y el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, en su
comparecencia ante los medios, expresaron que con la toma de posesión
las obligaciones financieras de Electricaribe “quedan suspendidas”, en
especial las que existen con las generadoras y representaban un riesgo
de racionamiento.
Como se sabe, el más reciente retraso de Electricaribe en los pagos por la compra de energía, como lo advirtió XM (operador del mercado nacional), se presentó a finales de octubre. La deuda era por $27.000 millones y la compañía tuvo problemas para conseguir las garantías bancarias, por lo que pagó a escasas horas de que comenzara la limitación suministro para la Costa, lo que hubiera significado cortes de luz.
Ayer se venció otra garantía por $40.652 millones que Electricaribe no ha pagado y en lo que queda de noviembre debe cumplir tres compromisos por $40.975 millones, $1.277 millones y por $83.000 millones.
Como estas deudas no se han vencido, todo indica que al Gobierno nacional le tocará “prestarle” $165.904 millones a Electricaribe, según el Consejero de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, para que XM no limite el suministro de energía y los racionamientos no lleguen en plena toma de posesión.
La Superservicios nombró a Javier Lastra Fuscaldo agente especial para Electricaribe. El ente de control anunció que el abogado queda facultado para “suspender o poner fin a cualquier clase de contratos existentes”, entre otras funciones como cabeza visible del proceso iniciado.
Es considerado el funcionario que en la intervención tendrá “pleno de poder” para tomar la decisión que se necesita para mejorar el servicio.
No necesitará de asamblea de accionista, ni representante legal para elegir uno de los dos caminos: liquidar la empresa o recuperarla presentando un plan y cómo se ejecutará.
Lastra Fuscaldo fue secretario general de Minminas y Mineducación, al igual que viceministro encargado de esta última cartera.
También ha sido ‘superdelegado’ de Telecomunicaciones de la Superservicios; secretario general del ICBF; gerente liquidador de Telecom, Inravisión, Audiovisuales, Adpostal y otras 13 empresas de telecomunicaciones. Es especialista en Derecho Administrativo.
“Claro riesgo de inviabilidad financiera”
¿Cuáles fueron las razones de la Superintendencia de Servicios Públicos, SSPD, para tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe, a través de la Resolución 20161000062785, expedida el lunes, porque la compañía iba a caer en “cesación de pagos” y “no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas”?
Con base en la Ley 142 de 1994, artículo 58, la entidad oficial tuvo en cuenta las medidas preventivas que deben aplicarse cuando quien presta un servicio público “incumplan de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por ella”.
Este artículo faculta a la Superservicios para “ordenar la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa de los cargos que ocupan”, como en efecto lo hizo al remover al representante legal (gerente) de Electricaribe, José García Sanleandro, y en su cargo nombró a Edgardo Sojo; además designó agente especial de este proceso a Javier Lastra Fuscaldo, con plenos poderes administrativos.
Con base en un informe elaborado el 4 de noviembre pasado por expertos contratados por el Fondo Empresarial de la SSPD, quienes diagnosticaron que existe una “situación financieros precaria” de Electricaribe, la entidad decidió aplicar también el artículo 59.
Este señala que es causal de toma de posesión cuando una empresa “(…) no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas”, y cuando dicha prestación “sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”.
También dice la norma que puede haber toma de posesión cuando una compañía corra el riesgo de “incumplir sus contratos” y señala que una decisión administrativa de este tipo es valedera “en casos de (…) perturbación del orden público”, como las 71 protestas registradas este año en la Región.
Y el numeral séptimo el artículo 59 precisa que la toma se dará si, “en forma grave”, una empresa ha suspendido “o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.
En particular este fue uno de los aspectos centrales para expedir la citada resolución. El Superservicios, José Miguel Mendoza, al responder en rueda de prensa una pregunta de EL HERALDO sobre la situación financiera, expresó que, por ejemplo, Electricaribe ha proyectado que cerrará 2016 con un déficit de $655.313 millones.
Es decir, para la Superservicios existía un “riesgo inminente” de que la compañía eléctrica “suspenda en forma grave sus obligaciones mercantiles”, al punto de que, de acuerdo con las proyecciones financieras, Electricaribe “a final de noviembre no contará con disponibilidades de efectivo” para pagar deudas.
También tuvo en cuenta la Superservicios que la auditora externa Deloitte Consultores y Asesores, en un informe del 10 de octubre pasado, notificó a García Sanleandro que existía de parte de la compañía un “claro riesgo de inviabilidad financiera”.
Como se sabe, el más reciente retraso de Electricaribe en los pagos por la compra de energía, como lo advirtió XM (operador del mercado nacional), se presentó a finales de octubre. La deuda era por $27.000 millones y la compañía tuvo problemas para conseguir las garantías bancarias, por lo que pagó a escasas horas de que comenzara la limitación suministro para la Costa, lo que hubiera significado cortes de luz.
Ayer se venció otra garantía por $40.652 millones que Electricaribe no ha pagado y en lo que queda de noviembre debe cumplir tres compromisos por $40.975 millones, $1.277 millones y por $83.000 millones.
Como estas deudas no se han vencido, todo indica que al Gobierno nacional le tocará “prestarle” $165.904 millones a Electricaribe, según el Consejero de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, para que XM no limite el suministro de energía y los racionamientos no lleguen en plena toma de posesión.
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