miércoles, 9 de agosto de 2017

La compañía española Telefónica estudia demandar a Colombia ante el Ciadi

Claro y Telefónica están en problemas.
Y los problemas son millonarios... más bien billonarios...
Sin embargo, se están respaldando con entidades internacionales.

RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Pd:

CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones.

Washington.

El CIADI es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente establecida para arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos por una parte y nacionales (inversores, empresas, incluyendo empresas multinacionales) de otros Estados que hayan invertido en los Estados anteriores. Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los capitales de inversión internacionales (seguridad a los inversores).




La operadora rechaza la sentencia que obliga a su filial a pagar al Estado colombiano $1,6 billones por el vencimiento de la concesión de telefonía móvil.


Expansión


Varapalo para Telefónica en Colombia. Un tribunal de arbitraje ha fallado que la empresa debe pagar al Estado colombiano $1,6 billones (452 millones de euros) en concepto de reversión de los activos de su licencia de telefonía móvil. La decisión del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio da la razón al Estado colombiano y obliga a Colombia Telecomunicaciones, conocida como Movistar Colombia, filial de la operadora española, a pagar esa cantidad al Estado, que equivale al valor de los activos de la licencia de telecomunicaciones móviles.

Movistar Colombia, que está participada en un 67,2% por Telefónica y en un 32,5% por el Estado colombiano, tiene 15 días para ingresar el importe, aunque la compañía ha señalado que tomará todas las acciones legales para proteger los intereses de sus accionistas.

En este sentido, fuentes del sector señalan que lo más probable es que Telefónica acabe demandando al Estado colombiano ante el Ciadi, el organismo del Banco Mundial que se encarga de los conflictos entre las empresas y los Estados.

El conflicto tiene su origen en el contrato de concesión de la licencia de 1993, en el que se incluía una cláusula que establecía que, al fin del período de la licencia, el concesionario debía devolver al Estado no solo las frecuencias, como es tradicional, sino también -algo muy poco habitual- los activos que se usaban para prestar el servicio, es decir, la red y los sistemas.

La licencia, que tenía 10 años de vigencia, se prorrogó por otros 10 en 2003, pero en 2013, el Tribunal Supremo falló que Telefónica y su competidora Claro (del grupo mexicano América Móvil) debían devolver también los activos. Ahora, el Tribunal de Arbitramento ha cuantificado el equivalente en dinero del valor de los activos: $1,6 billones (452 millones de euros) para Telefónica y $3,1 billones (876 millones de euros) para Claro.



Las dos operadoras han argumentado que ese contrato y la ley se establecieron para el servicio de voz, pero que al incluirse posteriormente el servicio de datos, la ley cambió y la devolución de los activos dejaba de ser necesaria, ya que la obligación de devolución se limitó a las frecuencias. El mercado colombiano de telefonía móvil se reparte en un 49,3% para Claro, un 23,3% para Movistar Colombia y un 17,5% para Tigo (del grupo Millicom).

Todo el Ebitda de 2016

Movistar Colombia facturó el pasado año 1.409 millones de euros, con una caída anual del 6,6%, mientras que su Ebitda fue de 464 millones de euros (-15%), por lo que el importe que debe pagar al Estado equivale a todo el Ebitda generado en 2016.

Incertidumbres
Según los observadores del mercado, la decisión llega en un mal momento para las operadoras colombianas e incluso para el Estado. Las operadoras deben hacer frente, en los próximos meses, a más desembolsos para adquirir nuevas frecuencias radioeléctricas para fortalecer su negocio de 4G. Además, Movistar Colombia tiene una incertidumbre adicional que puede jugar a su favor: la recapitalización de su filial por valor de unos $4,4 billones (1.250 millones de euros) para que pueda hacer frente a los compromisos de pensiones de la antigua firma estatal Telecom, que fue adquirida por Telefónica. El Congreso colombiano ya ha aprobado que el Gobierno acuda a la recapitalización en su porcentaje (32,5%), lo que supone unos 406 millones de euros. Pero la recapitalización es voluntaria y, si el clima entre Telefónica y el Gobierno colombiano se enrarece, la operación, vital para el futuro de Movistar Colombia, se podría frustrar.

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