jueves, 20 de abril de 2017

¿Qué está pasando? Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití

Uno de mis amigos periodistas radicado en Estados Unidos me envía esta información que está circulando por el mundo entero: Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití...

DOS perlas:

La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados; y la segunda, el cobro también de mordidas tras adjudicar importantes contratos públicos en la Comunidad de Madrid. Es uno de los ejes de la operación Lezo, donde según ha podido saber El Confidencial se investigan operaciones del Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití, en este último país en los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que sufrió ese país en el año 2010.

¿Qué va a pasar con este mundo de bribones?

RADAR,luisemilioradaconrado

@radareconomico1

Foto: Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)
Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)

Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití

La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21 millones en obras tras el seísmo de 2010

Foto: Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)
Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)
 
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan si Ignacio González, su familia más cercana (su mujer Lourdes Cavero, su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero) y sus colaboradores más estrechos en el Canal de Isabel II (Edmundo Rodríguez, Diego García, María Fernanda Richmond, Ildefonso de Miguel y Adrián Martín López de las Huertas) consiguieron amasar en los últimos años una fortuna de millones de euros gracias al cobro de comisiones a través de dos vías.
La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados; y la segunda, el cobro también de mordidas tras adjudicar importantes contratos públicos en la Comunidad de Madrid. Es uno de los ejes de la operación Lezo, donde según ha podido saber El Confidencial se investigan operaciones del Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití, en este último país en los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que sufrió ese país en el año 2010.
La operación, centralizada por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es compleja, ya que se conecta con otra operación distinta del juzgado de instrucción número 5, que investiga a su vez el presunto desvío de fondos públicos de la empresa pública Mercasa, donde el hermano de González, Pablo González, es director de Operaciones y Estrategia. Otro de los ejes de la operación Lezo enlazaría además con el caso Púnica, que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Tanto Lezo como Púnica están siendo instruidas por el mismo juez, Eloy Velasco. En Lezo, también se sospecha que parte de las comisiones que pagaban los empresarios por llevarse obras públicas en la Comunidad de Madrid acababan en una caja opaca del partido madrileño, paralela a la que tenía Francisco Granados en Púnica.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el patrimonio personal de los principales investigados. Junto a Ignacio González (que fue presidente del Canal entre 2003 y 2012), fue detenido este miércoles Edmundo Rodríguez Sobrino, que ocupó la presidencia de Inassa (la filial del Canal en Sudamérica) hasta que Cristina Cifuentes le destituyó después de que El Confidencial revelara que su nombre aparecía en los papeles de Panamá
 
Una de las operaciones investigadas por la Audiencia Nacional es la compra que Inassa hizo en Brasil, una transacción adelantada en exclusiva por este diario. Inassa pagó 21,4 millones de euros por la firma brasileña Emissao a finales de 2013. Un año después, su valor contable era solo de cinco millones. Inassa hizo la compra transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada y usando una firma instrumental uruguaya para canalizar la operación.
La UCO y la Fiscalía creen que el precio de la compra estaba inflado y que se pudo desviar parte del dinero al patrimonio personal de los principales investigados. La Audiencia Nacional ha remitido a las autoridades brasileñas la orden de detención de Sebastiao Cristovam, el empresario brasileño que vendió el 75% de Emissao. Otro de los detenidos en la operación es María Fernanda Richmond, la directora financiera del Canal que autorizó el pufo brasileño. Cristina Cifuentes también destituyó a Richmond tras esta sospechosa adquisición.
Expectación mediática este miércoles ante la sede del Canal de Isabel II. (EFE)
Expectación mediática este miércoles ante la sede del Canal de Isabel II. (EFE)
Pero Emissao puede ser solo la punta del iceberg. Fue la última de las grandes operaciones del Canal al otro lado del Atlántico. Durante la década anterior, el Canal, a través de Inassa, compró su participación en muchas empresas en varios países latinoamericanos. También se investigan algunas de las operaciones de la Triple A de Barranquilla (Colombia), la joya de la corona de Inassa. Otro de los detenidos es Adrián Martín López de las Huertas, ex director general del Canal entre 2009 y mayo de 2016. Como investigado no detenido, figura su predecesor, Ildefonso de Miguel, gerente del Canal entre 2004 y 2009 y uno de los hombres de confianza de Ignacio González. Y el juez ha pedido el arresto en Colombia de Diego García Arias, actual gerente de gestión corporativa de Inassa. Todos han participado en las operaciones investigadas.
 
Los investigadores también han puesto sus ojos en varios contratos que el Canal se llevó en República Dominicana, Panamá y Haití. En este último país caribeño, Inassa, a través de otra firma participada, Metroagua, obtuvo dos contratos de 21 millones para realizar obras de infraestructuras del agua tras el terremoto que sacudió ese país en 2010. Parte de estos fondos, aunque fueron adjudicados por el Gobierno haitiano, procedían de la Agencia Española de Cooperación. Se sospecha que Inassa pagó comisiones a funcionarios haitianos y que parte de esas comisiones también se derivaron a los bolsillos personales de los directivos de Inassa.
Según fuentes cercanas al caso, los investigadores habrían conseguido acreditar que la trama que presuntamente lideraba González habría aplicado ese mecanismo de forma sistemática para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II: adquirir sociedades en Sudamérica pagando cantidades muy superiores a los precios reales y desviar luego la diferencia a sociedades instrumentales y cuentas 'offshore'. Para asegurarse el éxito del pelotazo, la red pagaba comisiones millonarias a los gestores locales que accedían a vender empresas al Canal por importes inflados.

Las mismas fuentes aseguran que la trama se habría aprovechado de que las filiales del Canal en Sudamérica no estaban sometidas a los controles del consejo de administración del ente público. Las compras y ventas de mercantiles se realizaban sin ningún tipo de supervisión ni auditoría. Aunque aún es pronto para dar cifras concretas, en la Audiencia cifran en 60 millones el desfalco de dinero público que habrían ocasionado estas operaciones. La UCO está analizando decenas de mercantiles supuestamente controladas por testaferros que habrían permitido a los cabecillas de la trama ocultar el dinero del saqueo. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado confían en que los documentos intervenidos en los registros de este miércoles permitan averiguar quiénes son los titulares reales de las mercantiles que han ido apareciendo durante los 10 meses de investigación.
El socio de Inassa en Metroagua es William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano investigado actualmente por la Fiscalía general de Colombia por vínculos con grupos paramilitares. Fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que durante las pesquisas ha salido una empresa panameña, Lauryn Group INC, sin sede física pero con una dirección postal en la ciudad de Panamá, que se cree que pudo ser utilizada hace años por algunos dirigentes del Canal, incluido González, para canalizar los fondos procedentes de sus actividades ilícitas. Esta empresa fue creada por el bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA), una firma que ya apareció en las grabaciones de los detectives que siguieron a González en 2008 en su viaje a Colombia, grabaciones adelantadas por la Cadena SER.
En la operación que coordina el juez Velasco participan los fiscales Anticorrupción Carmen García y Carlos Yáñez. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos muy graves: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. González es el epicentro de la trama, en la que además de sus colaboradores en el Canal también están implicados miembros de su familia. También han sido detenidos su hermano Pablo González González, directivo de la empresa pública Mercasa, y su cuñado José Juan Caballero Escudier. Ambos eran socios de la empresa Tecnoconcret, una de las tres firmas del consorcio que se llevó la explotación del campo de golf en las instalaciones que el Canal tiene en el distrito madrileño de Chamberí. Los investigadores están analizando esta adjudicación. Además, la UCO también ha registrado Subastas Segre, que pertenece a la mujer de González, Lourdes Cavero, una empresa que se pudo utilizar para blanquear parte de los fondos obtenidos ilícitamente.

Por último, el juez Velasco también investiga si González, desde su puesto de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y auténtico 'presidente' en la sombra (llevaba la maquinaria diaria del Gobierno regional), pudo amañar algunas obras licitadas por el Ejecutivo no solo para cobrar comisiones sino para financiar irregularmente al PP madrileño. González fue secretario general de la formación y responsable del comité de campaña.
 

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