Microeconomía electoral Por Jairo Parada

El voto, los votantes, el negocio, las campañas políticas, las negociaciones en esta época

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Microeconomía electoral

Por Jairo Parada

A pesar de la difusión y esfuerzos que hacen los medios sobre la interferencia de capitales legales e ilegales en los procesos electorales de nuestra maltrecha democracia (compra de votos, feria de avales, trasteo abierto y vergonzante), no se observa la voluntad política de los organismos de ‘control’ para controlar este fenómeno. Sería muy sencillo llamar a indagatoria a los ciudadanos zonificados con direcciones falsas, para darse cuenta de cómo se organiza este proceso.

Pero en un país con bacrims y guerrillas, con masacres y violencia por todos lados, no hay fuerza para ello.  El ritual de lo pecuniario en las elecciones se repite siempre, falseando parcialmente la voluntad popular.

No le queda fácil a las metodologías positivistas que reducen la realidad a lo que se puede medir y observar, evaluar este problema, pues nadie sabe la real dimensión del mismo. No hay ‘datos’ que se puedan tabular, y hacer encuestas tropezaría con la desconfianza de los entrevistados. Por lo anterior, toca recurrir a métodos hermenéuticos de examen de casos con entrevistas anónimas, los cuales ilustran cómo funciona el asunto. Se estima que en el Atlántico se compra el 30% de la votación, aunque la cifra puede subir en el octubre venidero.

En el artículo “Profesión: Puya ojos”, de La Silla Caribe (Verhttp://lasillavacia.com/historia/profesion-puya-ojos-51021), se revela la complejidad de la organización electoral para la compra de votos. Para esta elección, se venderá el combo completo, mostrándose toda una red de personas que se dedican todo el tiempo a trabajar para un grupo político familiar, pues en Colombia los ‘partidos’ se vuelven lamentablemente una colección de familias que heredan los cargos dentro de cada partido. El resto tiene que buscar ‘firmas’ para crear su propio grupo. Hay funcionarios permanentes que ‘trabajan’ para el grupo, y otros transitorios. El grupo político debe garantizar los recursos durante todo el año para los permanentes, mediante órdenes de prestación de servicios a cargo del Estado, las que irrigan recursos a toda la cadena hacia abajo. En las elecciones hay que tener todo organizado con computadores, para hacer la distribución de los recursos y movilizar a los votantes. Un candidato que no tenga esta infraestructura ya perdió las elecciones desde la época de las zonificaciones. 

Si de remate no tiene transporte el día de las elecciones, su ahogada es segura. Y si para completar no tiene agentes en la Registraduría y las autoridades electorales, puede perder en el conteo de votos lo que ganó en las urnas.

Para la jornada electoral, el movimiento de dinero en efectivo es cuantioso, y sería muy fácil para la Fiscalía detectarlo. Pero, ¿para qué? Así funciona la cosa y lo legal se mezcla con lo ilegal. Los grandes recursos para las elecciones salen de los grandes contratistas vinculados al grupo político. Quien solo tenga opinión y nada de contratistas, se ahogará. A mayor atraso económico del territorio, mayor es el uso de estos mecanismos, pues la pobreza no perdona. No hay opinión pública ‘libre’. La democracia es así comprada. Cuando se examina la contratación pública, la misma Procuraduría General de la Nación acaba de señalar que la contratación ‘directa’ representó la suma de $9.64 billones en 2014. El truco para evadir las licitaciones es simple: se establecen convenios con ONG de dudosa ortografía, para colocar los recursos, y en el caso de las obras públicas siempre aparecen los mismos “grandes” contratistas, vinculados a la casa política de algún senador. En los ministerios la cifra llega al 60% o 70% de la contratación. En síntesis, los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos todos estos desafueros. Son reglas de juegos difíciles para cualquier recién llegado a la política.