COLOMBIA. La Guajira. ¡UNA ALERTA TEMPRANA! Amylkar D. Acosta M

Lo que dice Amylkar Acosta es cierto.

El miércoles una de mis hijas, Sandra, (psicóloga) no pudo concluir una capacitación para una de las compañías de Maicao, porque no había energía y el calor era insoportable. Trabajaron la primera jornada, aceleraron el trabajo, pero no lo hicieron como debería ser.

Eso, efectivamente, atrasará este país.

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¡UNA ALERTA TEMPRANA!

Amylkar D. Acosta M[1]

A diario los radionoticieros en La Guajira abren sus emisiones dando lectura del Boletín que les remite Electricaribe, a través del cual se le informa a sus resignados usuarios su programación de racionamientos en los barrios de los diferentes municipios y en los distintos corregimientos. La situación ha llegado a extremos exasperantes, al punto que municipios como Manaure y Uribia han sido objeto de racionamientos “programados” de días enteros por largo tiempo. No pocos negocios han fracasado en La Guajira por cuenta de la intermitencia en la prestación del servicio de energía eléctrica, convirtiéndose este en uno de los principales escollos a superar para hacer de La Guajira una región competitiva. La disculpa de la empresa es siempre la misma, la suspensión de la prestación del servicio dizque para dar “mantenimiento” a las redes; de ser cierto esto, era de esperarse un servicio de excelencia y no se presentarían las fallas permanentes en la prestación del servicio que tienen que padecer sus usuarios.

Es de anotar que el pésimo servicio que presta Electricaribe es la nota predominante en toda la región Caribe, en donde ha desatado la ira de sus usuarios, que han terminado por perder la paciencia, provocando protestas, asonadas, revueltas y bloqueos de vías, con lamentables consecuencias. De manera que el caso de La Guajira no es la excepción sino la regla y tiene de particular que es el caso más aberrante por la paradoja que siendo la cabeza del sistema por ser un gran generador de energía es la cola de la red de transmisión. En efecto, en la Central de generación Termoguajira de GECELCA se cuenta con 300 MW de capacidad instalada de generación, además se cuenta con el respaldo de la línea de interconexión con Venezuela a través de la Subestación de Cuestecitas con una capacidad de 242 MW de potencia y con el único parque de generación eólica del país, con una capacidad adicional de 24 MW. Toda esta energía se despacha a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN), garantizándole la prestación del servicio de energía eléctrica al resto del país; como quien dice, luz en la calle y obscuridad en la casa.

De poco han servido los planes de “choque” convenidos entre Electricaribe y la Superintendencia de Servicios Públicos, supuestamente para mejorar la prestación del servicio y sólo le han servido a esta empresa, tal vez la más abominada de la región, para comprar tiempo y seguir en las mismas, para desconcierto de la región. Ya lo habíamos advertido desde el Senado de la República, cuando nos opusimos con pies y manos al proceso de privatización de las electrificadoras subsidiarias de CORELCA en 1998, so pretexto de la ineficiencia y politización de las mismas, que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas. ¡Dicho y hecho!

Lo más grave es que no se vislumbra una solución en el corto plazo, dado que el nudo gordiano de esta problemática en el caso de La Guajira estriba en la falta de una línea “redundante” que cierre el circuito Riohacha – Cuestecitas – Maicao, la cual contribuiría a darle una mayor estabilidad al fluido eléctrico.

 

Eso se sabe hace más de dos lustros; en su momento gestionamos los recursos a través del Ministerio de Minas y Energía, pero se traspapelaron en los meandros de la burocracia capitalina. Más recientemente se llegó a un acuerdo por parte del Departamento con el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el de Minas y Energía Federico Rengifo en Maicao, el cual fue ratificado posteriormente en el frustrado Diálogo Nación – región en Bogotá[2], pero está empantanado a consecuencia de una disparidad de criterios entre el Ministerio de Minas y Energía y Electricaribe. Mientras el primero dice que el costo de este proyecto es de $28.000 millones, el otro sostiene que el costo real del mismo es de $62.000 millones, más del doble (¡!).

Y lo más triste es que el problema no es de plata, porque plata hay más que suficiente, en un dado caso ni siquiera se trata de recursos de la Nación sino del propio Departamento. Sólo por concepto de los recursos remanentes del Fondo Nacional de Regalías (FNR) en liquidación, dispuestos mediante la Ley 1530 de 2012, reglamentaria del A. L 05 de 2011, la Nación está en mora de girarle al Departamento la suma de $35.000 millones, amén de los recursos correspondientes al llamado “margen de comercialización” que le birló el Gobierno a los departamentos receptores de las regalías, que bien podrían servir para financiar este proyecto de cuya urgencia no cabe duda.

No está de más recordar que 13 años después de la venta de CARBOCOL todavía es hora que la Nación sigue sin girarle un saldo de $18.400 millones correspondientes al 10% del valor de la venta. Aunque no se trata tampoco de relevar al Gobierno central ni a Electricaribe de su compromiso y de su responsabilidad; de hecho ya ambos se habían comprometido en asignar $14.000 millones y $7.000 millones, respectivamente, que sumados a los $7.000 millones asignados por el Departamento ajustan los $28.000 millones ya mencionados. En este, como en tantos otros casos, el problema es de voluntad política y capacidad de gestión y ejecución de los recursos por parte de los responsables del proyecto, esto es el Gobierno central y Electricaribe. 

 

Es de advertir que, según lo establece la Constitución Política en su artículo 365, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Además, en la Ley 142 de 1994 se establece que “la prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos”, no con constantes interrupciones. Y lo que es más importante, se prevé en la Ley 143 de 1994 que “Las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. Todos estos preceptos legales y constitucionales han sido violados flagrantemente por Electricaribe sin que nada pase, vulnerando sus derechos a sus suscriptores, tanto más en cuanto que no obstante las fallas y las prolongadas y recurrentes interrupciones en la prestación del servicio, ellas no se reflejan en sus facturas mensuales, lo cual no deja de ser odioso. A todas esas, cabe preguntarse en dónde está la Superintendencia de Servicios Públicos, que debe velar por la eficiente prestación de los servicios públicos y la Defensoría del Pueblo, que está llamada a salir en defensa del indignado usuario.

 
Es de destacar la diligencia con la que han actuado tanto el Gobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez como los alcaldes, encabezados por el desairado Alcalde Mayor de Riohacha Rafael Ceballos Sierra, pero da la impresión de que han venido arando en el desierto, porque sus esfuerzos se estrellan contra el desdén del Gobierno central y la indiferencia de Electricaribe. La desatención de esta problemática puede ser el detonante de una gran efervescencia social, que se podrá saber en dónde empieza pero no dónde termine. La paciencia se agota y la resiliencia de la gente también, porque todo tiene un límite; después de tanto abuso y de tanto atropello, llegará el día en que tanto desencanto, tanta desilusión acumulada termina estallando, como ha venido ocurriendo en todos los puntos cardinales de Colombia. Que después no digan que no se lo advertimos a tiempo, que después  no vengan con su cacería de brujas preguntándose ¡quién estará detrás de los paros, los disturbios y movilizaciones de la sociedad civil, porque tanto va el cántaro al agua hasta que al fin se revienta!
 

Riohacha, agosto 24 de 2013

www.amylkaracosta.net

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[1] Miembro de Número de la ACCE

[2] Convocado por la Presidencia de la República a petición de los 15 alcaldes del Departamento de La guajira y al cual se excusó a última hora el Presidente Santos, dejándolo en manos de mandos medios sin poder de decisión.