La corrupción es en todo el país, editorial de El Heraldo

¿Qué hacemos con la corrupción?


Complace, en medio del asombro que haya tanta maldad en el corazón de los negociantes de la salud, que estemos tocando el tema abiertamente. Para mí ese es un gran avance.
Muchos colombianos conocían esa situación, aunque me imagino que desconocen totalmente el "almedrón", como no lo conozco yo, pero, nos estamos atreviendo a destaparlo poco a poco.
Un comentario del colega y poeta Miguel Iriarte, en medio de nuestras redes periodisticas:

"Luego de escuchar anoche al senador Jorge Enrique Robledo en el debate a la salud, con pruebas y cifras tan escalofriantes acerca de los billonarios robos al sistema de salud, en su más variado repertorio de modalidades delictivas, no solo tendrían que renunciar e ir a la cárcel el ministro que sabemos, el supersalud, todas las EPS implicadas, sino hasta un inquilino de cierta oficina en el palacio de Nariño. Que este robo a la salud es tanto o más  escandaloso y socialmente grave que todo el robo de tierras del paramilatarismo, que la penetración del narcotráfico en la política, que todos los carruseles de todos los nules y morenos conocidos. Qué lástima que Robledo sea una voz tan solitaria en el congreso. Pero se me hace que este debate será histórico por las consecuencias que se ven venir si la justicia colombiana aprieta donde es.

Así las cosas".

LuisEmilioRadaC

La corrupción es en todo el país

Más asqueado que sorprendido, el país asiste a otro escándolo de corrupción. Ahora se comprueba que se han sobado la plata de la salud y aparece otro ‘cartel’ o ‘carrusel’ develado en Bogotá, este tan o más voraz que los hasta ahora puestos en la picota pública y a disposición de las autoridades judiciales, dándole a la Nación el claro mensaje de que no siempre es cierto el estigma que quieren imponer algunos desde las cumbres mediáticas y políticas del centralismo, según el cual la corrupción es mata perversa que solo nace y crece en el Caribe colombiano. (Más bien podríamos afirmar que en Bogotá los entuertos son no en millones sino en billones).

 

El escándalo golpea tan duro que, en principio, se estima que se habrían malgastado 4.5 billones de pesos en varios años. El destape ha corrido por cuenta del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien, sereno, firme, se ha atrevido a poner el dedo en el purulento negocio que un grupo de funcionarios del Ministerio de Protección Social, en colusión con particulares, habría montado para desangrar los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, con los cuales  el Estado cubre los medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, POS. 
 
Los desfalcos destapados preliminarmente por el Presidente ascienden a 30 mil millones de pesos. 
Ayer el Director Nacional de la Policía, el general Óscar Naranjo, anunció hallazgos por otros 20 mil millones. Por estos hechos han sido capturados funcionarios públicos y particulares, pero se esperan nuevas capturas de los integrantes de estas asociaciones para delinquir.
 
Para muchos no hay sorpresa. 

Los robos con cargo al Fosyga mediante hábiles argucias, que incluían falsas tutelas, eran ya un hecho presentido y hasta denunciado por asociaciones médicas y científicas, de usuarios, por la Defensoría del Pueblo y centros académicos. Pero no había encontrado la atención que le han otorgado ahora el Gobierno Nacional y la fiscal general Viviane Morales. 
 
El modelo de salud en Colombia facilita la depredación. 
De hecho, no ha cambiado a pesar de las dos reformas que se le han hecho a través de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y las medidas de excepción que fueron adoptadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a causa de la crisis económica de la salud.  
 
Investigaciones de la Universidad Nacional y del Ministerio de Protección Social señalan que los 28 billones de pesos anuales destinados al sector, que representan el 6 por ciento del PIB, no están blindados con adecuados mecanismos de control y vigilancia. Por eso están muy lejos de ser suficientes estas capturas, que, como ha reconocido el mismo presidente Santos, son apenas la punta del iceberg de la corrupción de la salud.
 
De momento aparecen involucradas también una decena de EPS que operan en Colombia. Hay evidencias  de información alterada para los denominados recobros que incluyen medicinas y servicios que eran facturados por las EPS a precios que superan de lejos a los ordinarios o razonables.
 
El Presidente sostuvo ayer que no habrá contemplaciones con la corrupción, de la cual dijo que es tan dañina como el terrorismo. Bien que oriente el mandatario sus acciones con ese criterio. Los más recientes acuerdos universales coinciden en que esta es una conducta dañosa a la economía. Es decir, si bien beneficia a unas personas, a la larga termina siendo costosa para la sociedad, el sector privado y los gobiernos.
 
¿Qué más daño puede causar? Por eso es penalizada por todas las religiones y ya existen acuerdos internacionales para combatirla, incluyendo decisiones de mercados donde se impulsa el boicot a los productos de aquellos países donde no se hacen suficientes esfuerzos contra ella.
 
Colombia, que ya tiene inmensas dificultades en el mundo por irrespeto a los derechos humanos, no puede sumar como factor de escarnio la permisividad frente al flagelo de la corrupción. Por este motivo, y especialmente por razones de dignidad nacional, por compromiso con el desarrollo en favor de las mayorías, hacen bien las altas esferas del Estado en comprometerse –como lo están haciendo el presidente Santos y la fiscal Morales– con frenar el robo a la salud de los más pobres, sector social adonde tienen que dirigirse los recursos del Fosyga.