A
Claudia Jiménez no le gustan las generalizaciones.
Ella
es la directora ejecutiva del Sector de Minería a Gran Escala en Colombia.
Defiende
a su sector, porque, según sus cuentas, las empresas que hacen parte de la
Asociación que ella representa, son compañías serias que le están aportando
mucho al país.
Los
libros que ella conoce indican que lo están haciendo bien.
RADAR,luisemilioradaconrado
NO hay que generalizar, cuando se habla de Minería a Gran
Escala
Por Claudia Jiménez, Directora Ejecutiva Sector Minería a Gran
Escala
Cada día toma
más vuelo en Colombia la tendencia a acusar a todos, por igual, de lo malo que
ocurre en el país, sin tener en cuenta lo peligroso que es generalizar y poner
en duda la reputación de compañías serias, responsables, que están
contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Eso ha venido sucediendo durante el último mes con las empresas de la minería a
gran escala en Colombia, en los debates que se realizaron en la Contraloría y
el Senado, a los que acudieron críticos tradicionales del sector y altos
funcionarios del Estado, en donde se puso en tela de juicio la transparencia de
las empresas mineras en sus relaciones tributarias, generando desconfianza en
un sector honorable que está aportando riqueza legal a nuestra nación.
Las compañías que integran
la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala le cumplen al país pagando
oportunamente la contraprestación que el sistema ordena por el aprovechamiento
de los recursos naturales. La minería a gran escala
es un contribuyente transparente y leal.
En los últimos 10 años las contribuciones por todo concepto fiscal superaron
los $20 billones. Esta cifra cubriría más del 20% de las inversiones del
programa de vivienda del Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014.
Sólo en regalías, la minería aportó el 19% del total,
lo que a 2010 significó $1,2 billones, suficientes para financiar
simultáneamente la construcción del terminal para el comercio internacional de
gas natural y llevar dos veces fibra óptica a 400 municipios del país.
Entre 2000 y 2009, la participación del Estado en la utilidad operativa (el
Government Take) de estas compañías mineras fue de 55%. Esta participación, en
virtud de la última reforma tributaria, se habría incrementado a más del 60%.
Esto quiere decir que por cada 100 pesos de utilidad operativa generados, 60,
son para el Estado, a cero riesgo y sin ninguna inversión.
Las empresas mineras también realizan importantes inversiones en
infraestructura de uso público cuya cifra acumulada asciende a $650 mil
millones y en compras nacionales que se ubican alrededor de los $2,6 billones.
A lo anterior deben sumarse los aportes directos a las comunidades por la vía
de la responsabilidad social empresarial, que para 2010 fueron de $64 mil
millones y por la vía de la responsabilidad ambiental que ascendieron a $178
mil millones. Esta última cifra equivale a 7,6 veces el presupuesto de
inversión de la Unidad de Parque Nacionales adscrita al Ministerio de Ambiente.
Cuestionar de manera generalizada las prácticas
tributarias de un sector minero que cumple en su conjunto es como calificar a
todos los colombianos de narcotraficantes o a todos los proyectos de vivienda
de piratas.
No, las cosas como son: si existe algún reproche específico y documentado,
pues la autoridad está en la obligación de actuar conforme a la ley, y no
tendiendo un manto de duda irreparable a empresarios responsables, para lo cual
no hay rectificación que valga.
Es bueno recordar que el Gobierno del presidente Santos definió a la minería
como una de las cinco locomotoras clave en el desarrollo hacia la prosperidad
de los colombianos, y que las empresas de la minería a gran escala están
trabajando hombro a hombro con el Gobierno, las autoridades locales, las
comunidades y los trabajadores para lograrlo.
