NO hay que generalizar, cuando se habla de Minería a Gran Escala, por Claudia Jiménez

 

A Claudia Jiménez no le gustan las generalizaciones.

Ella es la directora ejecutiva del Sector de Minería a Gran Escala en Colombia.

Defiende a su sector, porque, según sus cuentas, las empresas que hacen parte de la Asociación que ella representa, son compañías serias que le están aportando mucho al país.

Los libros que ella conoce indican que lo están haciendo bien.

RADAR,luisemilioradaconrado

NO hay que generalizar, cuando se habla de Minería a Gran Escala

Por Claudia Jiménez, Directora Ejecutiva Sector Minería a Gran Escala

Cada día toma más vuelo en Colombia la tendencia a acusar a todos, por igual, de lo malo que ocurre en el país, sin tener en cuenta lo peligroso que es generalizar y poner en duda la reputación de compañías serias, responsables, que están contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

Eso ha venido sucediendo durante el último mes con las empresas de la minería a gran escala en Colombia, en los debates que se realizaron en la Contraloría y el Senado, a los que acudieron críticos tradicionales del sector y altos funcionarios del Estado, en donde se puso en tela de juicio la transparencia de las empresas mineras en sus relaciones tributarias, generando desconfianza en un sector honorable que está aportando riqueza legal a nuestra nación.

Las compañías que integran la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala le cumplen al país pagando oportunamente la contraprestación que el sistema ordena por el aprovechamiento de los recursos naturales. La minería a gran escala es un contribuyente transparente y leal.

En los últimos 10 años las contribuciones por todo concepto fiscal superaron los $20 billones. Esta cifra cubriría más del 20% de las inversiones del programa de vivienda del Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014.
 

Sólo en regalías, la minería aportó el 19% del total, lo que a 2010 significó $1,2 billones, suficientes para financiar simultáneamente la construcción del terminal para el comercio internacional de gas natural y llevar dos veces fibra óptica a 400 municipios del país.

Entre 2000 y 2009, la participación del Estado en la utilidad operativa (el Government Take) de estas compañías mineras fue de 55%. Esta participación, en virtud de la última reforma tributaria, se habría incrementado a más del 60%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos de utilidad operativa generados, 60, son para el Estado, a cero riesgo y sin ninguna inversión.

Las empresas mineras también realizan importantes inversiones en infraestructura de uso público cuya cifra acumulada asciende a $650 mil millones y en compras nacionales que se ubican alrededor de los $2,6 billones.
 

A lo anterior deben sumarse los aportes directos a las comunidades por la vía de la responsabilidad social empresarial, que para 2010 fueron de $64 mil millones y por la vía de la responsabilidad ambiental que ascendieron a $178 mil millones. Esta última cifra equivale a 7,6 veces el presupuesto de inversión de la Unidad de Parque Nacionales adscrita al Ministerio de Ambiente.

Cuestionar de manera generalizada las prácticas tributarias de un sector minero que cumple en su conjunto es como calificar a todos los colombianos de narcotraficantes o a todos los proyectos de vivienda de piratas.

No, las cosas como son: si existe algún reproche específico y documentado, pues la autoridad está en la obligación de actuar conforme a la ley, y no tendiendo un manto de duda irreparable a empresarios responsables, para lo cual no hay rectificación que valga.

Es bueno recordar que el Gobierno del presidente Santos definió a la minería como una de las cinco locomotoras clave en el desarrollo hacia la prosperidad de los colombianos, y que las empresas de la minería a gran escala están trabajando hombro a hombro con el Gobierno, las autoridades locales, las comunidades y los trabajadores para lograrlo.