"Augusto García adjudicó obras para favorecer predios familiares”

Tiene muchas tareas que realizar el abogado Augusto García para aclarar la situación que se le ha presentado frente a la Procuraduría General de la Nación, ya que una ciudadana presentó una querella disciplinaria por la ejecución de obras de dragado en el departamento del Magdalena, en el tiempo que se desempeñaba como director ejecutivo de Cormagdalena.  Luz Miriam Muñoz Gómez, es quien hace la denuncia...
Como dije, García tiene tareas...
En el RADAR les contaremos cómo se ira desencadenando el asunto.

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Pd: Zonacero.info, registró el hecho este 29 de mayo.

"Augusto García adjudicó obras para favorecer predios familiares”

Viernes, 29 Mayo 2015 12:40
En queja disciplinaria ante Procuraduría también denuncian conexión burocrática con las contrataciones.
Una querella disciplinaria fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación, para que se investigue la contratación realizada por el entonces Director Ejecutivo de Cormagdalena, Augusto García Rodríguez, para la ejecución de obras de dragado en el departamento del Magdalena
La querellante, Luz Miriam Muñoz Gómez, denuncia la adjudicación de las obras de mantenimiento del Caño Shiller y Caño Ciego, en el municipio de El Piñón, por valor de 5.516 millones 507 mil 87 pesos. En este caso actuando el municipio como ejecutor y Cormagdalena como interventora.
De manera simultánea, Corpamag realiza una adjudicación por 8.250 millones de pesos, “faltando a los principios de economía, transparencia y selección objetiva”.
Concretamente, pide solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a la Superintendencia de Notariado y Registro, “la relación de propietarios con la referencia catastral y certificado de tradición de cada predio adyacente y/o en la zona de influencia del Caño Schiller y Caño Ciego, en el departamento del Magdalena. Dentro de la indagación se consultará el Registro de Hierros en las alcaldías de los municipios El Piñón, Remolino, Salamina y Cerro de San Antonio, para referenciar animales de ganado vacuno y bufalino a nombre de Augusto García Rodríguez o de su familia política Caballero, propietarios ancestrales de las mejores tierras en jurisdicción de los municipios El Piñón – Caño Schiller -, Sitionuevo, Remolino, Salamina y Cerro de San Antonio”.
Además, “deberá investigarse la razón por la cual el exdirector general de Cormagdalena,  Augusto García Rodriguez, a quien ya se le había aceptado su renuncia al cargo el día 25 de noviembre de 2014, según Acta de Junta Directiva de esa fecha, y se encargó al Jefe de la Oficina de Gestión y Enlaces, Carlos Núñez De León, aparecen relacionados en el Acta No. 9 de 12 de diciembre de 2014 OCAD municipios ribereños del Río Magdalena y del Canal del Dique, el primero, García Rodríguez, como Director Ejecutivo de Cormagdalena, y el segundo, Núñez De León, como Jefe de la Oficina de Gestión y Enlace, cuando ya estaba, éste último,  encargado de la Dirección Ejecutiva, desde la fecha mencionada arriba (25 de noviembre de 2014)”.
 
Igualmente señala que el Consejo Directivo de Corpamag, en el cual el departamento del Magdalena está representado por el Gobernador o su Delegado, adjudicó la Licitación 006 de 2014 a la empresa Servicios de Dragados y Construcciones S.A., por valor de 80.628 millones 474 mil 87 pesos, para la “recuperación y mantenimiento de los caños principales y secundarios del complejo deltaico estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta”, de los cuales $8.250 millones para el Caño Schiller y $720 millones para el Caño Ciego, representando en conjunto el 12 por ciento de la inversión total.
“Es decir, dos entidades del estado colombiano, Cormagdalena y Corpamag, de la cual forman parte el departamento del Magdalena, hacen confluir sobre estos dos 2 caños, el Schiller y el Ciego, 5.516 millones 507 mil 87 pesos, siendo preciso, que la Procuraduría General de la Nación, investigue la confluencia de ambos recursos públicos”, precisa, al tiempo que reitera que “es ampliamente sabido en la región que entre las propiedades sobre los predios ribereños al Caño Schiller se encuentra la de la familia política del ex director de Cormagdalena, Augusto García Rodriguez, ganaderos de vieja data, de apellido Caballero, originarios de El Piñón (Magdalena), donde el destacado representante de Cormagdalena, hoy, convertido en ganadero, desarrolla la cría de búfalos, hecho difundido en la zona”.
 
También advierte la conexión burocrática del departamento del Magdalena con la empresa contratista de los dragados adjudicados por Cormagdalena y Corpamag.
“La inversión cuantiosa de Cormagdalena y Corpamag en un mismo Caño, el Schiller, con más de catorce mil millones de pesos, en dragado, plasmadas en los contratos o asignaciones, al tiempo, por estas dos entidades públicas, y contando la primera entidad con la presencia del departamento del Magdalena, representado por el Jefe de la Oficina Asesora de la Secretaría de Planeación de esa misma entidad territorial, Carlos Francisco Diazgranados Martínez, deberá investigarse en relación con la contratación pública de Corpamag para el dragado de caños, en los dos 2 últimos años, recaídos en la empresa Servicios de Dragados y Construcciones S.A., la mayor de la veces, excepto cuando ha sido adjudicado ese tipo de contratos en consorcio con  el ciudadano Carlos Diazgranados Guerra, hijo del representante del departamento del Magdalena en la sesión presencial OCAD-Cormagdalena-,  del 12 de diciembre de 2014, entre otras”, argumenta la querellante.
Puntualiza que “para nada consta que los recursos aprobados por Corpamag para este proyecto de dragado del Caño Schiller hayan sido aprobados por la Junta Directiva, a pesar que ascienden a la suma de 80.628 millones 474 mil 87 pesos, por parte de Corpamag, llevándose el Caño Schiller y Ciego, el 12%, según el proyecto de recuperación y mantenimiento de caños principales y secundarios del complejo deltaico estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta”.

‘Ordenamiento Territorial en Clave de Paz’ Por Jairo Parada

La paz siempre será un tema de primer nivel.Leamos a Jairo Parada.

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‘Ordenamiento Territorial en Clave de Paz’
Por Jairo Parada

En estos días, cuando la paz en Colombia se ve lejana, y el escepticismo nos invade, tal vez valga la pena recordar a John F. Nash, el Premio Nobel de Economía, fallecido recientemente, quien popularizó la teoría de juegos en todas las disciplinas. Cuando se estudia el simple juego del “dilema del prisionero” se aprende que las soluciones estables de cualquier juego no son necesariamente las que maximizan los beneficios a cada jugador. Cualquiera sabe por ejemplo, que en Derecho, es mejor un mal arreglo que un glorioso pleito por diez años. Los extremistas del conflicto, tanto en la izquierda como en la derecha, no parecen entender que un escenario de (guerra, guerra) entre las Farc y el Estado colombiano nunca ha llevado a una solución conveniente para las partes, y por ende para los colombianos. Todos salimos perdiendo.

 

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) ha destacado que desde que se suspendió la tregua unilateral que habían decretado las Farc por los eventos de toma y dame con el Gobierno Nacional, se han registrado doce acciones ofensivas de la guerrilla y cuatro combates con la fuerza pública, donde han perdido la vida decenas de colombianos, entre guerrilleros, soldados, policías y civiles. Ha ocurrido en una semana un 57% de todos los ataques sucedidos en los cinco meses del alto al fuego unilateral de las Farc. Nos estamos metiendo de nuevo en un sendero de más guerra, que la comunidad internacional ha advertido peligroso.

 

A pesar de ello, como sabemos que todo en esta vida es difícil, como decía Estanislao Zuleta, debemos perseverar para que el conflicto cese. Es fácil predicar la guerra cuando los hijos y familiares de uno no participan en ella. Por ello, me pareció útil asistir al panel ‘Ordenamiento Territorial en Clave de Paz’, convocado por la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre de Bogotá, bajo el liderazgo de Liliana Estupiñán y Mario López. Me acompañaron en esa tarea el Dr. Édgar Reveiz y Darío Restrepo, amplios conocedores del tema del ordenamiento territorial y la descentralización en el país. Reveiz invitó a reconstruir el territorio del país, dándole la importancia debida al ordenamiento territorial. Darío Restrepo destacó que en Colombia la violencia siempre ha expulsado a la política, por lo que la cesación del conflicto en La Habana permitiría restituir la soberanía de lo político en nuestro país, sin recurrir a la violencia. Señaló la visión obtusa de la élite colombiana que solo piensa en el crecimiento del PIB, viendo lo territorial como subsidiario, cuando por lo contrario lo territorial es el eje de la violencia. Allí se confrontan visiones e ideas que están acantonados territorialmente. El Plan de Desarrollo actual no logra tocar la concentración del crédito, la riqueza y la tierra en este país. Por mi parte, destaqué la vigencia de la necesidad de la regionalización en el país, a pesar del escepticismo crónico de Adolfo Meisel (ver EL HERALDO, mayo 17/15), pues el problema no se resuelve con más educación ni con presidentes costeños. Urge transformar el ejercicio del poder territorial en Colombia, y los acuerdos de La Habana así lo exigirán

Superindustria en Colombia logró acorralar al cartel de 12 ingenios, 3 gremios y 16 personas

Este es un negocio gordo, lleno de azúcar y de tropiezos. La Superintendencia de Industria y Comercio se la jugó y logró poner en cintura a varios ingenios, gremios y personas vinculadas a ese sector.

¿Qué va a pasar?

Colombia estará atenta. Y por aquí, algo les narraremos…

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Superindustria en Colombia logró acorralar al cartel de 12 ingenios, 3 gremios y 16 personas

Tras cinco años de investigaciones formales, al fin la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) logró acorralar al cartel del azúcar.

A través del Informe Motivado, de 344 páginas, (Ver informe) al que tuvo acceso LR y que presentó el viernes el superintendente delegado para la protección a la competencia, Germán Enrique Bacca, se recomienda sancionar a 12 ingenios y tres gremios y 16 funcionarios y exfuncionarios de compañías azucareras por infracciones a la libre competencia. 

 

La mira está puesta en los gremios y sus líderes: Asocaña, Luis Fernando Londoño; Ciamsa, Clemente Carlos Mira, y Dicsa, Luis Augusto Jaramillo Palacios; en empresas y sus presidentes, gerentes o representantes legales, como Riopaila, Manuelita, Mayagüez, Incauca. 

Los acuerdos no solo tenían que ver con precios sino con unas entramadas estrategias para distribuir clientes e impedir importaciones de Bolivia siendo obstáculo para que terceros ingresaran a mercados o canales de comercialización. Una práctica que se volvió parte de su ADN desde 1998. 

En cambio se aconseja archivar los procesos por actuaciones que tuvieran por “objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro” de los ingenios y Asocaña, así como los procesos contra Luis Augusto Jaramillo Palacio y Djalma Teixeira de Lima Filho.  

La última palabra la tendrá el superintendente Pablo Felipe Robledo quien deberá decidir si sanciona o exonera a los investigados. Las multas por infringir la libre competencia pueden llegar hasta $63.000 millones para personas jurídicas y $1.300 millones para personas naturales. Pero el panorama no se ve nada alentador para los que están bajo la lupa de la SIC. 

 

“En este, como en todas las investigaciones, hay que respetar el debido proceso, y en este caso no hay excepción, procede el recurso de reposición y de apelación”, dijo José Miguel de la Calle, exsuperintendente de Industria y Comercio.

De hecho las buenas relaciones entre la industria azucarera, que traspasaron los límites de lo legal, se pudieron demostrar a través de bitácoras de espacios como las reuniones entre las empresas pertenecientes a Asocaña, a  CI Azúcares y Mieles (Ciamsa), y Desarrollos Industriales y Comerciales SA (Dicsa). 

También a las llamadas ‘reuniones de gerentes y presidentes’ donde se acordaban estrategias conforme a la información confidencial entregada a Asocaña con la excusa de la existencia del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa). 

“…los ingenios en el contrato exportarán en 1998, 44% de su producción, se propone que los ingenios que hasta ahora han estado por fuera del contrato exporten en 1999 10% de su producción (…) el porcentaje máximo de exportación para los nuevos miembros será de 22%, que equivale al porcentaje de exportación que tendrá el sector en 10 años [a] partir del décimo año, participarán en el mecanismo en las mismas condiciones establecidas para el resto de ingenios, con un máximo de exportaciones de 22%”, dijo Ricardo Villaveces el 27 de enero de 1999, quién ejercía como presidente de Asocaña y le comunicaba a Carmelita la estrategia conjunta de exportación.

 

Lo que tiene como agravante esta situación, señala el documento, es que se adoptaban decisiones de manera conjunta que debían ser autónomas y cuando esto no sucede se constituye una práctica “idónea para limitar la libre competencia que contextualiza la conducta que hoy se reprocha: un acuerdo para obstruir la participación del azúcar importada en el mercado colombiano y de esta forma evitar la caída en el precio del producto”.

Pero eso no es todo. En una reunión de miembros de Asocaña el 9 de septiembre de 2009, se reseña una planeación estratégica de...precios. “El precio lo hemos venido subiendo de a poquitos, empezamos en 60.500 hoy estamos en 60.000 y mañana lo vamos a subir a 61.500. Hoy llevamos vendido 69.924 qq. No le vendimos a Coca-Cola pues cotizamos a 60.500 y le compraron a 60.000. No hicimos mucha fuerza pues a pesar del dólar San Carlos, Pichichi y Carmelita están enfocados en exportación y van a tener muy poca azúcar para el modo nacional”, se señala en un Resumen de Actividades CEQ.

La situación escrita, dice Bacca en su informe, confirma que Asocaña “sirve de instrumento de coordinación de los ingenios azucareros para limitar la libre competencia, no solo a través de intercambio directo e indirecto, sino impartiéndole instrucciones de índole comercial a sus afiliados”.

El problema que dejan las liquidadas

De acuerdo con lo que está establecido en la normativa, recuerda Edward Cristancho, experto en competencia de muñoz abogados,  es que las empresas que está disueltas no pueden responder ante sus obligaciones en términos de sanciones, pero sí las que están en proceso de liquidación. Es el caso de Central Tumaco y Dicsa. En el caso de Mayagüez que entró a controlar el Ingenio San Carlos, lo que deberá evaluar Robledo, es cómo responderán ante las posibles sanciones impuestas, confirmó De la Calle.