Fernando Cabarcas, Ana Sofía Mesa
y Juan Pablo Bonilla.
En apoyo a una gestión
Aristóteles, el pensador clásico griego
cuyas ideas aún influyen sobre la cultura universal, en las primeras
líneas de su Metafísica dijo:
“Todos los seres humanos nacen con apetito de saber”.
Este apetito, con el correr de la historia y el avance de la civilización,
se ha transformado en el Derecho Humano a la Educación,
que nuestra Constitución Política considera un Deber personal
y un Servicio Público.
Por ello la educación, que en toda auténtica democracia debe
ser pública, como afirmó una vez en Barranquilla Fernando Savater,
no debe corresponder a la emoción transitoria de un gobierno,
deseo de una persona u orientación de un partido político.
La educación es un compromiso del Estado para con quienes
lo conforman. De ahí que no pueda estar al vaivén de las
circunstancias y a las veleidades de un mandatario
o de unos determinados intereses, tanto económicos como políticos.
La educación pública es una finalidad social del Estado en Colombia.
De allí que cuando analizamos la situación que actualmente
se vive al interior de la Universidad del Atlántico,
única institución pública de educación universitaria en el
Departamento y el Distrito, no podemos dejar de reflexionar
abiertamente sobre la misma, interesados como estamos
en que el pueblo, más débil y necesitado, tenga y mantenga,
en ese centro de estudios superiores, su esperanza de desarrollo
personal y familiar, y la comunidad haga realidad sus sueños
de una vida mejor, meta cuya ruta es la educación de calidad.
Y en esa reflexión es menester agregar que la Universidad del Atlántico
debe ser motivo de interés para todos, como lo ha sido desde
su fundación, en 1941. Eran otras épocas y otros hombres,
como también era otra universidad, más pequeña e íntima,
más metida en las faldas de Barranquilla que en el arco iris
del Departamento. Hoy aquella universidad, fundada por el filósofo
Julio Enrique Blanco, su primer rector, alberga en la Ciudadela
del kilómetro 7 a Puerto Colombia más de 14.000 estudiantes
en programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados.
Una cifra igual de nuevos bachilleres desea ingresar a la misma.
La Universidad del Atlántico condensa, en su historia,
nuestro auge y nuestra decadencia.
De allí el obligado interés en su horizonte.
Las noticias nos dicen que en los próximos días de este diciembre
que ya llegó, con sus brisas y sus encantos,
el Consejo Superior Universitario, organismo plural que preside
el Gobernador y que tiene además la representación, con voz y voto,
del Presidente de la República, del Ministerio de Educación Nacional,
del sector productivo regional, de la academia universitaria,
de los estudiantes, de los docentes, de los ex rectores del Alma Máter
y de sus egresados, se apresta a designar un nuevo rector,
luego de concluir un periodo de consultas y postulaciones de candidatos.
Decantado el proceso, solo quedan dos nombres en la baraja
de aspirantes al digno y alto cargo: el de la actual rectora y el de
un ilustre profesor cuyo nicho académico ha sido
la Universidad de Córdoba.
Frente a tal alternativa invocamos transparencia y claridad,
ya que la decisión a tomar es de interés general y solo debe
estar orientada a acertar en la designación de quien dirija
administrativamente a la Universidad del Atlántico,
institución que en los años no lejanos ha venido padeciendo
una profunda crisis financiera y moral que la colocó al borde del abismo,
además de escenario de muertes violentas y desafueros.
La crisis, entendemos, no está superada, a pesar de los sacrificios
universitarios y el esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional
para cancelar onerosas pensiones a ex servidores,
y cuantiosas deudas dejadas por el manejo irresponsable de sus finanzas.
Para sacarla del atolladero en que la dejó la dirigencia local,
que sólo la veía como un botín clientelista, el gobierno anterior,
con la anuencia del ex gobernador Carlos Rodado Noriega
y demás miembros del Consejo Superior, propuso el nombre
de la actual Rectora para liderar la crisis y superarla,
gestión que viene contando con el reconocimiento
del Gobierno Nacional, de un amplio y silencioso sector
del mundo universitario, público y privado de la ciudad,
del sector productivo y de la opinión pública del Departamento
que ha visto, con buenos ojos, que el Alma Máter no se haya cerrado,
que sobre la crisis haya mantenido sus puertas abiertas,
incrementando programas académicos, sus graduandos
y sus aspirantes, además de luchar porque se entienda
la nueva naturaleza jurídica de la universidad como ente universitario
autónomo y no como una dependencia gubernamental.
Por ello creemos sensatamente que se debe respaldar esa gestión,
aceptada por la propia comunidad universitaria en su inmensa mayoría,
en aras de rescatar definitivamente a la Universidad del Atlántico,
como pilar del desarrollo humano y social del Departamento todo,
y no permitir que su destino se ensombrezca con manejos
non sanctos de los recursos del Estado y que regresemos a los
aciagos tiempos anteriores.
La Universidad del Atlántico merece un futuro de libertad
en sus finanzas y en su academia para el bienestar de
nuestra comunidad. Sólo respetando la autonomía universitaria,
es decir su libertad de vivir como quiere, respondiendo al apetito
de saberes de nuestra juventud, podremos alejar de ella
la servidumbre que en tiempos aún recientes la pusieron
a vivir como no quiere, como una institución invisible.
Hagamos de ella una institución orgullo de la Región
y de la Nación, como en sus mejores tiempos.
De allí que nuestra voz clara, enérgica y además respetuosa
por la decisión que se tome, sea a favor de la reelección
de quien ya ha demostrado gestión y buenos resultados.
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