jueves, 20 de abril de 2017

Santos es llamado a versión libre en el CNE

Le pusieron la LUPA al presidente Juan Manuel Santos.
Tema: Odebrecht.
Los brasileros tienen un tremendo poder.
Para lo bueno y para lo malo.
Es un gigante en el que se mueven muchos intereses y están revolviendo el mundo.
Cuando uno revisa la población mundial queda perplejo:
China: 1.385 millones de personas.
Estados Unidos: 326 millones.
India: 1.341 millones de seres humanos.
Colombia: 49 millones.
España: 46 millones.
Australia: 24.7 millones de personas.
Venezuela: 32 millones. Pensé que eran menos...
Y...
BRASIL: 211.300 millones.
Por eso le dice el gigante de Suramérica.
Brasil tiene la población de Australia, España, Venezuela, Colombia...

Por eso la importancia que tiene para el mundo Brasil.
Sin embargo, allá se mueven muchos intereses y se llevan por delante a más de miles de ciudadanos...

Vamos a ver cómo le va a nuestro presidente con este tremendo rollo.

RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Presidente Juan Manuel Santos es llamado a versión libre en el CNE
 
En el escándalo de Odebrecht podría comenzar uno de los capítulos que genera mayor expectativa ante la opinión pública. 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en investigar si la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 entraron dineros de la multinacional brasilera y si por cuenta de esto se superaron los topes que ese mismo organismo le fija a la financiación de los candidatos. 

La magistrada Ángela Hernández, quien es la ponente del proceso, ya envió la citación a la Casa de Nariño. Santos debería rendir una versión libre el próximo 8 de Mayo. 
Le puede interesar: Odebrecht: este es el mapa de los salpicados
Junto con Santos, también fueron citados el exgerente de la campaña José Roberto Prieto Uribe; la cónsul de Colombia en los Ángeles, Araceli Rojas Salinas y Gilberto Contreras Morales, extesorero de la campaña Santos 2010, quien comparecerá a través de su apoderado Alfonso Portela Herrán. También deberán asistir a versión libre los representantes de los partidos que hicieron parte de la Unidad Nacional para 2014. Estos son: partido de La U, partido Liberal y Cambio Radical. 
En el auto, expedido el 10 de abril de 2014, la magistrada resuelve decretar como pruebas la declaración de Luis Carlos Batista Filho. El ejecutivo de la firma brasileña, rendirá declaración en las instalaciones de la Constructora Norberto Odebrecht el jueves 20 de abril de 2017.
 
La magistrada también pidió que se trasladen las pruebas practicadas dentro de algunos procesos que cursan en la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría relacionadas con la supuesta financiación de la campaña Santos 2014. Estos son: el caso que adelanta la magistrada Patricia Salazar en la Corte Suprema contra el senador Bernardo Miguel Elías Vidal y el de la fiscalía 80 delegada ante Tribunal Superior de Bogotá, a quien le solicita las entrevistas anunciadas rendidas por Otto Bula y Gabriel García Morales. Indica la magistrada que al compulsar copias se anunciaron estas pruebas, pero aún no se han recibido el DVD en el Consejo Nacional Electoral.

Teniendo en cuenta que el presidente ya se refirió en público a estos hechos, es de anticipar que no va a cambiar su posición. ¿Cuál ha sido? 1) El famoso "yo me acabo de enterar". En otras palabras que si esos dineros irregulares ingresaron a su campaña fue sin su conocimiento. 2) Que la justicia debe investigar en forma exhaustiva el caso de Odebrecht y sea quien sea el responsable deberá ser sancionado de acuerdo a la ley.
Santos tuvo que salir a hablar publicamente del caso luego de la polémica entrevista de Roberto Prieto en Blu Radio. El director de la campaña de la reelección aseguró al aire que Odebrecht sí había aportado en 2010 dineros para la campaña de Juan Manuel Santos. “Esa una realidad y se lo tengo que decir honestamente: fue irregular”.
Prieto se refería a un episodio que no será objeto de estudio por parte de la magistrada del CNE. Se trata del pago de 400 mil dólares que el empresario Otto Rodríguez habría hecho para cubrir los costos de los afiches de esa campaña, plata que financió Odebrecht.
 
Puede leer: Odebrecht habría pagado los afiches de la campaña Santos en el 2010
Sin embargo, la magistrada Hernández tiene el proceso sobre la campaña de 2014, y no sobre la de 2010. Ese otro caso está en manos del magistrado Carlos Camargo, quien aún no ha resuelto el interrogante de si el presidente puede renunciar a la prescripción, pues ya pasó el tiempo que la ley estipula para poder abrir investigaciones sobre esa jornada electoral. Hasta ahora, lo único demostrado son esos 400.000 dólares.
Lo que investigará Hernández tiene que ver con un hecho del que aún persisten muchas dudas: el millón de dólares que el exsenador Otto Bula le habría entregado al empresario Andrés Giraldo en un café en la 88 con 15, en Bogotá. Según dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez inicialemente, esa plata tenía como destino Roberto Prieto, el exgerente de la camapaña de Santos. Giraldo y Prieto son amigos de vieja data.
Prieto, por su parte, ha negado haber recibido esa suma. Sin embargo, los detalles de la confesión de Bula son tan concretos que hacen pensar ese dinero sí fue entregado, pero que su destino no era la campaña de la reelección del presidente, sino unas comisiones de éxito o coimas para personas que habían hecho lobby a favor de las aspiraciones de contratos de Odebrecht. 
 
El propio Bula lo dijo en una carta que envió escrita a mano al Consejo Nacional Electoral en la que afirmó que en sus declaraciones a la Fiscalía no había dicho que el dinero iba para la campaña reeleccionista. “No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente”, escribió Bula.
El exsenador, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares, se sostuvo en que le entregó el dinero en efectivo a Giraldo. Este último, al igual que Prieto, también lo negó. En una entrevista concedida a Semana.com, Giraldo reconoció que sí se había reunido con Bula, pero no recordó si una o dos veces. "Sí sucedió. No me acuerdo con precisión de la fecha, precisamente porque no estaba cometiendo ningún ilícito y fue un encuentro informal. Pero me atrevería a decir que fue a finales del 2014 o comienzos del 2015, muchos meses después de la campaña. Lo digo así porque no quiero incurrir en un error".

¿Qué está pasando? Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití

Uno de mis amigos periodistas radicado en Estados Unidos me envía esta información que está circulando por el mundo entero: Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití...

DOS perlas:

La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados; y la segunda, el cobro también de mordidas tras adjudicar importantes contratos públicos en la Comunidad de Madrid. Es uno de los ejes de la operación Lezo, donde según ha podido saber El Confidencial se investigan operaciones del Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití, en este último país en los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que sufrió ese país en el año 2010.

¿Qué va a pasar con este mundo de bribones?

RADAR,luisemilioradaconrado

@radareconomico1

Foto: Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)
Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)

Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití

La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21 millones en obras tras el seísmo de 2010

Foto: Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)
Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)
 
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan si Ignacio González, su familia más cercana (su mujer Lourdes Cavero, su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero) y sus colaboradores más estrechos en el Canal de Isabel II (Edmundo Rodríguez, Diego García, María Fernanda Richmond, Ildefonso de Miguel y Adrián Martín López de las Huertas) consiguieron amasar en los últimos años una fortuna de millones de euros gracias al cobro de comisiones a través de dos vías.
La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados; y la segunda, el cobro también de mordidas tras adjudicar importantes contratos públicos en la Comunidad de Madrid. Es uno de los ejes de la operación Lezo, donde según ha podido saber El Confidencial se investigan operaciones del Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití, en este último país en los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que sufrió ese país en el año 2010.
La operación, centralizada por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es compleja, ya que se conecta con otra operación distinta del juzgado de instrucción número 5, que investiga a su vez el presunto desvío de fondos públicos de la empresa pública Mercasa, donde el hermano de González, Pablo González, es director de Operaciones y Estrategia. Otro de los ejes de la operación Lezo enlazaría además con el caso Púnica, que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Tanto Lezo como Púnica están siendo instruidas por el mismo juez, Eloy Velasco. En Lezo, también se sospecha que parte de las comisiones que pagaban los empresarios por llevarse obras públicas en la Comunidad de Madrid acababan en una caja opaca del partido madrileño, paralela a la que tenía Francisco Granados en Púnica.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el patrimonio personal de los principales investigados. Junto a Ignacio González (que fue presidente del Canal entre 2003 y 2012), fue detenido este miércoles Edmundo Rodríguez Sobrino, que ocupó la presidencia de Inassa (la filial del Canal en Sudamérica) hasta que Cristina Cifuentes le destituyó después de que El Confidencial revelara que su nombre aparecía en los papeles de Panamá
 
Una de las operaciones investigadas por la Audiencia Nacional es la compra que Inassa hizo en Brasil, una transacción adelantada en exclusiva por este diario. Inassa pagó 21,4 millones de euros por la firma brasileña Emissao a finales de 2013. Un año después, su valor contable era solo de cinco millones. Inassa hizo la compra transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada y usando una firma instrumental uruguaya para canalizar la operación.
La UCO y la Fiscalía creen que el precio de la compra estaba inflado y que se pudo desviar parte del dinero al patrimonio personal de los principales investigados. La Audiencia Nacional ha remitido a las autoridades brasileñas la orden de detención de Sebastiao Cristovam, el empresario brasileño que vendió el 75% de Emissao. Otro de los detenidos en la operación es María Fernanda Richmond, la directora financiera del Canal que autorizó el pufo brasileño. Cristina Cifuentes también destituyó a Richmond tras esta sospechosa adquisición.
Expectación mediática este miércoles ante la sede del Canal de Isabel II. (EFE)
Expectación mediática este miércoles ante la sede del Canal de Isabel II. (EFE)
Pero Emissao puede ser solo la punta del iceberg. Fue la última de las grandes operaciones del Canal al otro lado del Atlántico. Durante la década anterior, el Canal, a través de Inassa, compró su participación en muchas empresas en varios países latinoamericanos. También se investigan algunas de las operaciones de la Triple A de Barranquilla (Colombia), la joya de la corona de Inassa. Otro de los detenidos es Adrián Martín López de las Huertas, ex director general del Canal entre 2009 y mayo de 2016. Como investigado no detenido, figura su predecesor, Ildefonso de Miguel, gerente del Canal entre 2004 y 2009 y uno de los hombres de confianza de Ignacio González. Y el juez ha pedido el arresto en Colombia de Diego García Arias, actual gerente de gestión corporativa de Inassa. Todos han participado en las operaciones investigadas.
 
Los investigadores también han puesto sus ojos en varios contratos que el Canal se llevó en República Dominicana, Panamá y Haití. En este último país caribeño, Inassa, a través de otra firma participada, Metroagua, obtuvo dos contratos de 21 millones para realizar obras de infraestructuras del agua tras el terremoto que sacudió ese país en 2010. Parte de estos fondos, aunque fueron adjudicados por el Gobierno haitiano, procedían de la Agencia Española de Cooperación. Se sospecha que Inassa pagó comisiones a funcionarios haitianos y que parte de esas comisiones también se derivaron a los bolsillos personales de los directivos de Inassa.
Según fuentes cercanas al caso, los investigadores habrían conseguido acreditar que la trama que presuntamente lideraba González habría aplicado ese mecanismo de forma sistemática para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II: adquirir sociedades en Sudamérica pagando cantidades muy superiores a los precios reales y desviar luego la diferencia a sociedades instrumentales y cuentas 'offshore'. Para asegurarse el éxito del pelotazo, la red pagaba comisiones millonarias a los gestores locales que accedían a vender empresas al Canal por importes inflados.

Las mismas fuentes aseguran que la trama se habría aprovechado de que las filiales del Canal en Sudamérica no estaban sometidas a los controles del consejo de administración del ente público. Las compras y ventas de mercantiles se realizaban sin ningún tipo de supervisión ni auditoría. Aunque aún es pronto para dar cifras concretas, en la Audiencia cifran en 60 millones el desfalco de dinero público que habrían ocasionado estas operaciones. La UCO está analizando decenas de mercantiles supuestamente controladas por testaferros que habrían permitido a los cabecillas de la trama ocultar el dinero del saqueo. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado confían en que los documentos intervenidos en los registros de este miércoles permitan averiguar quiénes son los titulares reales de las mercantiles que han ido apareciendo durante los 10 meses de investigación.
El socio de Inassa en Metroagua es William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano investigado actualmente por la Fiscalía general de Colombia por vínculos con grupos paramilitares. Fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que durante las pesquisas ha salido una empresa panameña, Lauryn Group INC, sin sede física pero con una dirección postal en la ciudad de Panamá, que se cree que pudo ser utilizada hace años por algunos dirigentes del Canal, incluido González, para canalizar los fondos procedentes de sus actividades ilícitas. Esta empresa fue creada por el bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA), una firma que ya apareció en las grabaciones de los detectives que siguieron a González en 2008 en su viaje a Colombia, grabaciones adelantadas por la Cadena SER.
En la operación que coordina el juez Velasco participan los fiscales Anticorrupción Carmen García y Carlos Yáñez. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos muy graves: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. González es el epicentro de la trama, en la que además de sus colaboradores en el Canal también están implicados miembros de su familia. También han sido detenidos su hermano Pablo González González, directivo de la empresa pública Mercasa, y su cuñado José Juan Caballero Escudier. Ambos eran socios de la empresa Tecnoconcret, una de las tres firmas del consorcio que se llevó la explotación del campo de golf en las instalaciones que el Canal tiene en el distrito madrileño de Chamberí. Los investigadores están analizando esta adjudicación. Además, la UCO también ha registrado Subastas Segre, que pertenece a la mujer de González, Lourdes Cavero, una empresa que se pudo utilizar para blanquear parte de los fondos obtenidos ilícitamente.

Por último, el juez Velasco también investiga si González, desde su puesto de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y auténtico 'presidente' en la sombra (llevaba la maquinaria diaria del Gobierno regional), pudo amañar algunas obras licitadas por el Ejecutivo no solo para cobrar comisiones sino para financiar irregularmente al PP madrileño. González fue secretario general de la formación y responsable del comité de campaña.
 

Barranquilla: riesgo y proyectos Por Jairo Parada



Para mí es bien importante que un economista como Jairo Parada esté pendiente del pasado, presente y futuro de Barranquilla, el departamento del Atlántico y la región Caribe.

Y es importante porque son profesionales que, además de ser honestos, se han preparado, han estudiado, y esa preparación se la regalan a nuestra sociedad a raíz de sus columnas, enseñanzas en las universidades y sus conversaciones permanentes con diferentes actores.

Hace muchos años, cuando Jairo estudiaba su doctorado en Estados Unidos, lo visitamos Rafael Obregón y yo. Y al salir de esa visita lo comentamos: “Qué bueno que él esté preparándose más”.

Y esa es nuestra labor como ciudadanos. Y Jairo Parada lo hace permanentemente.

Bien por esa.

RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Barranquilla: riesgo y proyectos
Por Jairo Parada


De lo sucedido en Mocoa, después de leer muchos informes serios y columnas bien informadas sobre el tema del riesgo climático en el país, queda claro que esta tragedia repite lo de siempre: nunca nos preparamos para los peores escenarios. Seguimos sin entender que en los tiempos que vivimos, la naturaleza no sigue las tendencias del pasado, ocurren eventos insospechados y llueve o hay sequías, a niveles que rompen los récords de más de 50 años. En 2010 se nos dijo que el Atlántico estaba blindado, pero llovió como nunca y sucedió la catástrofe del sur.  Siete años después, las obras paliativas de Santa Lucía no convencen. 

Yo tenía mis dudas, pues la firma encargada es emergente, y ha pasado de reconstruir parques a canalizar arroyos, y ahora es experta en hidráulica fluvial. En ingeniería, la experiencia no se improvisa ni se subcontrata. Ojalá me equivoque y aguante el verdadero invierno del segundo semestre. En el sur no se han hecho las obras del Canal del Dique, por lo que seguimos expuestos a más desastres. La situación empeora con los diseños de la vía dique de la carretera de la Prosperidad del Magdalena. Si el río se crece en forma excepcional, la inundación llegará hasta el centro de Barranquilla, como simulaciones serias lo demuestran. El afán de “hacerla”, llevó a que hoy sea una obra inconclusa, mal diseñada, pues los expertos en la hidráulica del Río me han dicho que debía correrse un poco hacia adentro, para darle espacio al río en sus crecientes.

La ciudad sigue sin estar preparada para huracanes y tsunamis como resultado del cambio climático. Desde Elsa Noguera se vio la necesidad de crear una Secretaría de Riesgos, para elaborar el Plan de Riesgos de la ciudad. La decisión fue aplazada, pues la dialéctica del concreto no les da importancia a estas cosas.

Hay otros temas claves, como el mismo alcalde al fin lo reconoció en su larga entrevista en EL HERALDO, con motivo de los 204 años de la ciudad. En el caso de la canalización de arroyos, por ejemplo, el ingeniero Manuel Alvarado me comentaba que estos proyectos debían hacerse no solo por los aguaceros, apenas tres o cuatro bien densos en el año, sino porque los arroyos bloquean la ciudad en caso de una emergencia que nos obligase a salir de la misma. Otra cosa es el valor de las obras y la premura en hacerlas, que son los interrogantes abiertos. 


A otros proyectos igualmente hay que abrirles el ojo. El tren ligero no convence, pues implica riesgos económicos para el Distrito, ya que se ha propuesto una APP mixta, con una estrechez de miras que no se resuelve ni yendo hasta el aeropuerto. Debe ser un proyecto integrado al área metropolitana y debe entrar en Soledad y llegar a Malambo. Que el sector privado lo haga, pero sin enredar las finanzas del Distrito, ya comprometidas con las abundantes vigencias futuras aprobadas por nuestro sumiso Concejo Distrital. Igualmente, peligrosa resulta la propuesta de una empresa de economía mixta con Distrito y Gobernación en relación con el Superpuerto.

¿Más recursos públicos para ‘salvar’ a los dueños de estas licencias?