A raíz de las amenazas que se están presentando en Valledupar en contra de los periodistas y comunicadores que han estado denunciando situaciones, el diario El Heraldo, le llama la atención al presidente Juan Manuel Santos en un editorial que se titula: “El presidente no puede ser indiferente”.
El diario recuerda la muerte de varios colegas que estuvieron con nosotros caminando por las calles de la Región Caribe y las balas asesinas acabaron con ellos.
¡Esto no es un juego!
Estamos hablando de la vida de seres humanos, que le han servido a esta nación…
RADAR,luisemilioradaconrado
El Presidente no puede ser indiferente
Amenazar
periodistas en Valledupar, aun cuando pudiera ser desestimable, el
procedimiento al no tener antecedentes de la organización que se atribuye la
acción terrorista, es motivo para sembrar temores: dos de sus mejores
exponentes, Amparo Jiménez y Guzmán Quintero, fueron asesinados a fines de los
noventa después de haber sido conminados, como ahora está ocurriendo con ocho
de sus colegas, a salir de la ciudad.
Con el tiempo se sabría que los crímenes fueron cometidos en combinación de fuerzas oficiales con paramilitares.
Esta vez la amenaza, que llegó a través de panfletos a medios de
comunicación de la capital del Cesar, dice provenir de grupos armados ilegales
que se oponen a la política nacional de restitución de tierras y, por la gravedad que le
atribuye la Policía, han sido tomadas una serie de medidas de prevención y
protección de los afectados para garantizar su integridad, y habrá comunicación
con la dirección nacional de la Policía y el Ministerio del Interior.
En
Valledupar hay ya otros casos en que existen esquemas de protección para
algunos periodistas, luego, como estos procedimientos se aplican tras la
comprobación rigurosa de los riesgos y por entidades idóneas, la situación se
vuelve preocupante para el ejercicio del periodismo con libertad.
En otras capitales del Caribe, especialmente en Montería, Barranquilla y
Santa Marta, también hay zozobra en el gremio por amenazas similares y sin que
las autoridades hayan cerrado las investigaciones, materializándose así la
impunidad.
Por
tratarse en su mayoría de corresponsales con alto potencial de difusión, la
amenaza está directamente dirigida al periodismo que se puede practicar en el
Cesar al servicio de todo el país. Fue la misma situación que se vivió en los
momentos aciagos de las amenazas y luego ataques armados contra Guzmán y
Amparo, época en que otros colegas también fueron obligados a huir. Algunos lo
hicieron y les tocó llorar en el exilio la fatalidad de los dos amigos.
El
periodismo es para ejercerlo allí en el lugar que corresponde, y no pueden ser
los irregulares quienes definan quién lo hace y dónde. Cierto que en Colombia
han disminuido las agresiones contra periodistas, si se compara con lo que
ocurría hasta hace diez años, pero han aumentado otros ataques a la libertad de
expresión, como el acoso judicial y, últimamente, las amenazas colectivas.
El
caso de Valledupar, por lo tanto, compromete en grado sumo las capacidades de
las autoridades para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación, y
para eso es necesario que, además de las acciones de prevención y protección
tomadas, haya respuestas institucionales creíbles.
No
se debe perder de vista que la oposición armada a la restitución de tierras no
es asunto menor sino gravísima amenaza en todo el Caribe colombiano y que será
mayor a medida que avancen los procesos. Se han dado ataques contra los líderes
comunitarios en Córdoba y otros departamentos.
De manera que la ofensiva que estamos rechazando con toda decisión en
defensa de la libertad de expresión debe mirarla el Estado, y en particular la
Presidencia de la República, como ofensa también a la política nacional de
restitución de tierras.
Así
lo ha entendido el Presidente de la República, quien, para el caso de los
periodistas de Valledupar, designó a un general de la Policía para que se
apersone de la situación y le rinda informe de las investigaciones.
Si
en el Cesar prosperan quienes hostigan a periodistas por difundir de manera
responsable hechos relativos a la restitución de tierras, estaríamos asistiendo
al más pernicioso de los mensajes en una nación que cifra su futuro en la
justicia a las víctimas y en un posconflicto de reconciliación.
