¿Se podrá cambiar este escenario tan
preocupante?
¿Qué dirían los políticos que manejan el
estado y el poder?
¿Será eso posible?
¿Habrá desarrollo en los territorios
colombianos, así cómo van las cosas?
“Se obedece, pero no se cumple”… ¿Seguiremos
así?
El centro manda, aunque mande mal.
Jodida la vaina…
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
El desarrollo
necesario de los territorios
Por: Jairo Parada
El desarrollo desigual es una
característica inmanente del capitalismo, y ello se manifiesta en la
concentración del ingreso y en la desigual organización espacial de la
acumulación de capital. El capital organiza la espacialidad del territorio de
acuerdo a su racionalidad, y por ello las políticas
públicas deben tratar de afectar estas tendencias, para generar un desarrollo
más equilibrado y más incluyente.
Pero en países como el nuestro, donde ese
desarrollo desequilibrado ha sido más evidente por razones políticas y
económicas que incluyen las alianzas de las élites locales con el poder central
en la reproducción de un régimen político específico, los desequilibrios siguen
siendo cada vez más evidentes.
Cuando se examinan los movimientos sociales
agrarios que hoy sacuden al país, se evidencia la impotencia del Estado a nivel
de los territorios. Los bloqueos de vías se repiten cada tres años, en un ciclo
caracterizado por firma de acuerdos que después sabemos que apenas se cumplen
parcialmente. El problema no es solo de recursos, sino
también de capacidad de las burocracias públicas en concretar dichos acuerdos,
aplicando aquello que viene desde la Colonia: “se obedece pero no se cumple”.
La causa de ello radica en que los cargos públicos son capturados por los
mecanismos de reproducción política de familias y élites políticas y
económicas, adonde no llegan necesariamente los más capaces y preparados. Un
Estado así no puede funcionar bien.
Si miramos a los territorios la situación
es preocupante. Mauricio García Villegas, en
“El mapa del país” (El Espectador, mayo 28/16), señala que en 137 municipios el
Estado es precario (poca justicia local, pobre capacidad fiscal y bajo
desempeño administrativo), dándose una tipología diversa de estados locales
(local en disputa, local paralelo, local cooptado, local abandonado).
Claudia López, en su reciente
libro Adiós a las Farc, ¿Y ahora qué? nos cuenta de 15 millones de colombianos
dispersos, sin Estado, en 455 municipios, en un país en el que la corrupción
asciende al 3% del PIB (unos $34 billones de pesos aproximadamente).
Por otro lado, en este tema, los recientes
hallazgos de la Contraloría sobre las siete Corporaciones Regionales del Caribe
las dejan muy mal paradas. Acá en Barranquilla sentimos
la inutilidad de Corpamag con las quemas en la isla Salamanca.
En materia de regalías se han encontrado
hallazgos en los departamentos por $30.8 mil millones de pesos, y todos sabemos
que es la punta del iceberg. En el Caribe abundan los estados locales
paralelos, los cooptados y los abandonados. En las grandes ciudades es el
gobierno de los grandes contratistas y concesionarios, que financian a los políticos
locales, capturando las decisiones en materia de inversión. Por ello, la autonomía regional del Caribe no se puede
construir sobre el orden político actual: sería para ellos un delicioso festín
burocrático. Primero se impone la construcción de una nueva política
ciudadana y de un Estado que responda a los intereses generales.
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