¿Qué tan buena es la iniciativa del gobierno del
presidente Santos de gravar todo lo que se le atraviese en el camino? Los
gremios económicos colombianos enviaron un aviso de ALERTA.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Pd: información de los amigos de
Notas Confidenciales
Consejo Gremial alerta por impuestos
a rentistas
Las 20 organizaciones del Consejo Gremial Nacional
pedirán a Planeación Nacional eliminar el artículo 127 del Plan Nacional de
Desarrollo que busca obligar a los rentistas de capital a cotizar a la
seguridad social con base en los ingresos percibidos.
Se aplicaría en adelante a las personas que reciban
ingresos por arriendo de inmuebles, utilidad en la venta de ganado o una
cosecha, usufructo de toda clase de bienes, descuentos, quienes deberán cotizar
a la seguridad social por dichos ingresos.
En la práctica se cotizaría a la seguridad social
por cualquier tipo de ingreso que reciba una persona natural, no necesariamente
relacionado con actividades ligadas al trabajo.
Los gremios alertan que eso
desestimulará las inversiones de personas naturales, fomentará la informalidad por
el pago en efectivo como los cánones de arrendamiento y tendrá efectos
considerables en recaudo fiscal.
Lo consideran un “impuesto implícito a los
dividendos y/o a la renta de capital”.
Gravar las rentas no sólo reversaría los avances logrados
en materia de ahorro, sino que tendría consecuencias adversas para la dinámica
económica, pues además de desincentivar el ahorro, reduciría los recursos
disponibles para la inversión y haría menos eficiente la canalización de estos recursos
hacia los agentes deficitarios.
El impuesto recaería sobre una buena parte de quienes
viven en vivienda alquilada, lo que obstaculizaría la bancarización.
Actualmente, en Colombia hay cerca 4.6 millones de
hogares que viven en arriendo, lo que corresponde a 34.8% del total.
Si bien el “impuesto” se crea con el fin de gravar
el pago que reciben los propietarios y canalizarlos hacia los fondos de pensión
y salud, en la práctica, parte del pago recaería sobre los hogares que viven en
arriendo, con todas las externalidades negativas que ello supone en la dinámica
del ingreso de las familias y del consumo privado. Eso puede desestimular la inversión en bienes raíces
como forma de ahorro ya que, además del impuesto predial, el propietario tendría
que pagar ahora una tarifa efectiva de 11.4% mensual.
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