Le está pidiendo al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que solucione esta situación...
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Presidente
del Senado le pide al gobierno que no siga dando palos de ciego frente a
precios del gas natural para la Región Caribe
Advirtió que si la Creg no puede tomar decisiones al respecto, el Presidente de la República debe retomar las facultades en la materia para conjurar el perjuicio que se le causa a la Costa Norte colombiana.
“Lo que la Constitución no autoriza porque sería un contrasentido inexplicable, es que dentro de la regulación y estructura de precios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y de los que van al aparato productivo, se incluyan tecnicismos que desconocen la realidad social y económica de una Nación y sus regiones, contradiciendo además propósitos de equidad planteados, como ocurre hoy en el caso de las tarifas del gas natural para la Costa Caribe colombiana, en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un Nuevo País”, que llegará a examen del Congreso en sesiones extras a partir del próximo 6 de febrero”, dijo el jefe del legislativo en una enérgica intervención al iniciar el encuentro en el salón de plenarias del Senado con asistencia del Ministro de Minas y Energía, Tomás González; delegados de la Creg y representantes de gobernaciones, alcaldías, gremios, empresarios y sectores sociales de la Costa Norte.
“Queremos que la Creg nos diga con toda claridad si puede o no tomar una decisión en relación con lo que había propuesto en materia de precios para la Costa Caribe, porque si el tema ya se le salió de las manos quiero muy respetuosamente solicitarle al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, que retome las delegaciones que competen a la Comisión en la materia y resuelva desde su leal saber y entender, como experto que también es en finanzas públicas, el desastre tarifario que se ha anunciado a nuestra Región”, sugirió el Presidente del Senado.
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A continuación el texto de la intervención del Presidente del Senado José David Name Cardozo:
Palabras Presidente del Senado
José David Name Cardozo
Reunión salón de Plenarias
Senado de la República
Bogotá 29 de enero de 2015
La
Constitución Política de Colombia de 1991, como norma superior y marco obligado
de referencia y de validez de todas las normas de ordenamiento jurídico,
prefigura el régimen jurídico que rige los servicios públicos domiciliarios.
Dicho régimen jurídico está integrado además, por un conjunto de normas,
legales y sublegales que atendiendo a su valor jurídico ocupan espacios
específicos dentro de la jerarquía normativa.
En
este contexto, la propia Constitución contiene normas completas relativas a
dicho régimen, susceptibles de aplicación directa, como las que autorizan a la
Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas,
para conceder subsidios en sus respectivos presupuestos en favor de las
personas de menores ingresos, para que puedan pagar las tarifas de los
servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.
Lo
que la Constitución no autoriza porque sería un contrasentido inexplicable, es
que dentro de la regulación y estructura de precios para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios y de los que van al aparato productivo, se
incluyan tecnicismos que desconocen la realidad social y económica de una
Nación y sus regiones, contradiciendo además propósitos de equidad planteados,
como ocurre hoy en el caso de las tarifas del gas natural para la Costa Caribe
colombiana, en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un Nuevo País”,
que llegará a examen del Congreso en sesiones extras a partir del próximo 6 de
febrero.
Me
refiero a tecnicismos, a fórmulas diseñadas por fuera de la Casa de Nariño,
porque estoy seguro que nuestro actual Presidente de la República, Juan Manuel
Santos Calderón, no es amigo de maltratar a las regiones con las tarifas de los
servicios públicos.
En
el caso del gas natural y de los precios que hoy tienen recalentado el clima
social de la Costa Caribe, la situación se la debemos a una honorable comisión
de expertos, respetables todos pero distantes de la sensibilidad social que se
requiere para gobernar una patria con desarrollos tan desiguales y golpeada por
fenómenos de distinta naturaleza que durante mucho tiempo la empobrecieron.
A
lo largo y ancho de los últimos 17 años se han escuchado muchas interrogantes
respecto de la existencia de las comisiones de regulación y hoy una de ellas
está enfocada a que definamos si se justifica o no que continúe operando la
Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, ejerciendo funciones que bien
podría cumplir el Ministerio de Minas y Energía, al que está adscrito el órgano
señalado.
Queremos
creer que bajo la actual coyuntura nacional es posible evitar que grandes
grupos de presión empresarial en el ámbito de los servicios públicos, influyan
en las decisiones de las comisiones de regulación en detrimento de regiones
específicas, como podría estar aconteciendo hoy en el caso de la nueva
propuesta tarifaria para el servicio de gas natural en la Costa Caribe
colombiana.
Desde
el primer momento en que se descubrió el proyecto de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, Creg, estableciendo un aumento para los sectores
residenciales, comercial e industrial del orden del 25 por ciento para 2015, se
dijo que había necesidad de oponerse a ese despropósito supuestamente técnico y
ecuacional.
Es
pertinente recordar que la Cámara de Energía y Gas de la Asociación Nacional de
Empresarios, Andi, viene advirtiendo de tiempo atrás, como lo ha hecho el
Congreso, respecto de situaciones que afectan el futuro energético en Colombia,
entre ellas el manejo de los precios.
La Costa Caribe ha reaccionado hoy de manera previsible frente a una medida antipopular que atenta contra los intereses políticos, sociales y económicos de la región porque desestimula la competitividad, la productividad, y el empleo y ahonda la tragedia social, en una zona que es estratégica para sostener el crecimiento nacional y profundizar el sentimiento de pacificación.
De
allí que se haya suscitado en las últimas semanas la reacción que se dio, por
cuenta de un inoportuno documento de la Creg. No podía ser para menos. Ha sido
justo y necesario cada pronunciamiento, cada comunicado, cada noticia, cada
editorial y cada registro en redes sociales.
Señores
Ministros, honorables Senadores y Representantes a la Cámara y miembros de la
Comisiòn del Caribe colombiano, distinguidos invitados especiales, sobre lo que
ocurre le hemos transmitido nuestra preocupación y el sentimiento de
inconformidad en la Región al gobierno del Presidente Santos, estableciendo los
puentes de comunicación entre las partes para conciliar posiciones y llegar a
planteamientos definitivos, como este que hoy nos congrega.
Hemos
mediado con la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía y
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para una reunión que finalmente
se cumplió con los empresarios el viernes 26 de diciembre de 2014 en la ciudad
de Cartagena. Era ideal una solución desde ese mismo viernes pero
salomónicamente se fijó un plazo de 90 días para que una comisión técnica
trabaje intensamente en la propuesta final. Se entiende que se obró con
prudencia y sin apasionamientos. Sin embargo, no sobra advertir que esperamos
soluciones reales y concretas y no simples paños de agua tibia.
Deseamos
que no haya más plazos, que esa solución se anuncie esta mañana desde el
Congreso de la República al país porque un eventual aumento en las tarifas del
gas natural para sectores residenciales, comerciales e industriales en la Costa
Caribe colombiana este año o en los próximos, sería nefasto si se hace por
fuera de situaciones de equidad y del impostergable estímulo al progreso
socioeconómico.
Tal
probabilidad se suscita por la expedición del proyecto de Resolución 174 de
2014, por la cual “se establece una opción tarifaria para el Componente
Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas
Combustible por Redes de Tubería.
La
Creg argumenta que una vez tuvo el proyecto de resolución, se dio un tiempo de
consulta entre agentes del sector para comentarios en relación con los
objetivos previstos. De acuerdo con el rastreo que hicimos, confirmamos que
solo formularon comentarios Acolgen, Gases del Caribe, Gas Natural Fenosa, EPM,
Norgas y Gecelca. A excepción de Gases del Caribe, no hubo mayores tesis
contrarias a lo que pretende la Creg.
La
Comisión de Regulación de Energía y Gas desestimó esos comentarios e incluso
concluyó que no era indispensable someter la resolución a estudio de la
Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, la presión regional
terminó por obligar a que se suspendiera 90 días la expedición oficial de la
resolución 174.
Queremos
que la Creg nos diga con toda claridad si puede o no tomar una decisión en
relación con lo que había propuesto en materia de precios para la Costa Caribe,
porque si el tema ya se le salió de las manos quiero muy respetuosamente
solicitarle al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, que
retome las delegaciones que competen a la Comisión en la materia y resuelva
desde su leal saber y entender, como experto que también es en finanzas
públicas, el desastre tarifario que se ha anunciado a nuestra Región.
El
propósito de esta reunión de alto nivel es trascender hacia soluciones
inmediatas, porque entendemos que el poder gubernamental no puede ejercerse
para discriminar a región alguna sino para tender puentes de inclusión que
permitan un desarrollo armónico y con equidad.
Si
el gobierno invita a que todos trabajemos en la construcción de un nuevo país,
es imposible concebir autoridades que piensan en una nueva Colombia que sólo
podrán disfrutar unos pocos. Con ese tipo de discriminación no estamos
dispuestos a transigir.
Muchas gracias.
José David Name Cardozo
Presidente del Senado
Codirector Partido de La U.
Bogotá, enero 29 de 2015
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