El Estado no pertenece a los políticos. Por Rudolf Hommes.

¿Y cómo lo hacemos Rudy, le preguntaría yo al exministro de hacienda de Colombia, Rudolf Hommes?

Hace poco, me comentaban que un amigo se alegró porque nombraron a un gran amigo suyo en un puesto importante y llegó a saludarlo y le comentó: “¿Ahora si podemos lograr que mi hija entre a trabajar con ustedes?”

Y la respuesta de la “llave”, fue: “Háblate con el senador”

La sorpresa lo aguantó: “Pero yo no lo conozco a él. Te conozco a ti”…

“Si, si, pero es que él define todo”

Se pueden imaginar esa vaina.

Para qué vamos a tener amigos como esos… digo yo…

Amigos como ese, han permitido que esta nación…

Mejor me quedo “callao”, y leamos a Hommes, que está diciendo verdades, que pueden servir un poco, para evitar un caos.

RADAR,luisemilioradaconrado

El Estado no pertenece a los políticos

El Estado, sus recursos y sus activos no pueden continuar administrándose como si fueran una piñata.

Por Rudolf Hommes

Las responsabilidades que está asumiendo el Gobierno en muchos frentes y las que tendrá que asumir si se llega a un acuerdo de paz no permiten que continuemos con el sistema político que opera en Colombia porque el Estado ha sido privatizado por la clase política para usufructuarlo, no solamente por los politiqueros tradicionales, los caciques y barones electorales de las regiones, sino por nuevos, de supuesta inclinación socialista, cristiana o la que sea.

Unos y otros actúan como si fueran los dueños de las instituciones y proceden a repartir sus recursos como si fueran un botín o un laboratorio social en el que se pueden llevar a cabo todos los experimentos que se les ocurran a los políticos dominantes, que exprimen o chambonean a su antojo y les causan enormes pérdidas al patrimonio y al bienestar públicos, sin que alguien les pida cuentas.

El Estado, sus recursos y sus activos no pueden continuar administrándose como si fueran una piñata. Las instituciones que se deben crear para afianzar el desarrollo rural, las medidas de choque que están en camino, el plan de inversión en infraestructura y las reformas de salud y de pensiones requieren, para tener éxito, una organización diferente del Estado y protección contra políticos que aspiran a usufructuar, personalmente o en cabeza de sus movimientos, recursos destinados a los fines estatales, o a manejar segmentos de la burocracia pública.
 
Esto no es imposible de lograr, ni es ajeno a la tradición colombiana. Sigue vigente el precepto de que los funcionarios públicos no deben ceder a presiones o halagos de los jefes políticos o de agentes privados, y cuentan con respaldo para proceder de esa manera.
Aunque este respaldo no se ha hecho efectivo todas las veces que se ha necesitado, y se han relajado tales estándares, ha seguido vigente un acuerdo tácito entre las colectividades, que ha permitido blindar al Banco de la República, al Ministerio de Hacienda, al DNP, a la Superintendencia Financiera y a otras instituciones claves para el funcionamiento económico de la nación, aislándolas del apetito burocrático y pecuniario de los políticos, porque, si repartieran puestos y prebendas en esas entidades, el desempeño de la economía caería en picada.
Esas mismas reglas implícitas deberían ser aplicables en todas las instituciones del Estado porque no van a cumplir con su misión si las burocracias se vuelven cuotas de los políticos o las cabezas institucionales les responden a los que los hacen nombrar sin tener en cuenta competencias (no a los ministros o al Presidente).
 
La infraestructura de nuestro país es una de las más atrasadas del continente (y del mundo) porque la adjudicación y ejecución habían sido capturadas por los políticos, y solo recientemente se ha tratado de rescatarlas. 

La salud no funciona por las mismas razones. No se puede pensar en una política industrial, agraria o sectorial moderna con el Estado que tenemos.
Se deberían proteger la integridad y el buen funcionamiento de todas las entidades encargadas de ofrecer bienes públicos, de la misma forma como se han protegido las instituciones económicas. La seguridad social y la salud de los colombianos son las primeras que deberían disfrutar de ese blindaje. Pero no solamente ellas. 

Es urgente marchitar el clientelismo -además, porque no tiene en cuenta el dolor de las víctimas, como se hizo evidente el martes pasado en el Congreso- y "nacionalizar" al Estado colombiano para que lo recupere el público.
Necesitamos funcionarios con respaldo para no dejarse presionar, y un Estado fuerte capaz de cumplir con sus objetivos y de llevar a buen término los retos que este gobierno le está creando.