Es bueno que la economista Cecila López nos aclare algunos aspectos en torno a lo que está ocurriendo en el sector salud colombiano. Un negocio al que muchos le quieren apostar para sacarle el mayor provecho olvidando, precisamente, la salud de los ciudadanos. Aquí la pretensión es "taparse" de plata, aunque se mueran los que tienen que morirse... El negocio debe seguir, según ellos, a pesar de todo. Primero la platica y después miramos el futuro.
En esta columna de Portafolio, la ex senado, ex ministra y ex directora del Seguro Social, suelta algunas verdades.
Triste que estos profesionales y negociantes, no sepan manejar las finanzas técnicamente para bien... para el bien de la humanidad, sino con la "maldad" de cerebros malévolos que no piensan en el otro, sino en llenar sus cajas registradoras. No se justifica que el sistema sea tan cruel: "Su cita quedó para el próximo mes"... sabiendo que el paciente, si no tiene la droga, terminará más deteriorado... Es cruel el sistema... es muy cruel y sanguinario.
La esencia de mal del sistema de la salud actual está en el contrato establecido por el Estado y el sector privado.
La
crisis de la salud es una cruda realidad que viven 46 millones de ciudadanos,
especialmente aquellos que no tienen alternativas distintas a las EPS e IPS
colombianas.
Como
todo se plantea en términos de buenos y malos, las razones de la crisis y, por
consiguiente, sus salidas, son absolutamente diferentes entre los que mantienen
que el mercado regula y aquellos que demuestran que no.
Los
primeros no quieren que se toque el mercado de la salud y los segundos reclaman
que esta es un derecho público, y que es al Estado al que le corresponde
responder, lo cual no excluye la participación del sector privado, como creen
algunos.
Por
ello, parte de las dificultades que han enfrentado posibles reformas al sistema
de salud, obedecen a la permanencia en ese Ministerio del equipo que promovió y
reglamentó la Ley 100.
No
ha habido poder humano para que los gobiernos reconozcan los problemas a
tiempo, a partir de un diagnóstico correcto. Incluyendo a la actual Ministra,
parecería que no tocar su ley es una cuestión de honor.
Esta
polarización ha sido funesta y ha llenado de imprecisiones y malos entendidos,
que frenan cualquier cambio de fondo.
Con
el fin de encontrar verdaderas salidas a la crisis actual, que lejos de
remediarse se puede agravar con algunas de las siete medidas anunciadas por el
Gobierno, es necesario hacer algunas precisiones importantes.
A estas alturas es, prácticamente, imposible abogar por un sistema totalmente público, financiado por impuestos generales.
Otro
país, otra clase política, otro Estado y, sobre todo, otro sistema impositivo
más parecido al de las naciones desarrolladas serían necesarios. Con un peso de
impuestos sobre el PIB de 15 por ciento y la incapacidad de subirlo al 25, es
imposible.
Con
la politiquería, el clientelismo y la corrupción insertada en el Estado, no es
posible pensar en clínicas y hospitales totalmente públicos.
Nadie
quiere volver al pasado, otro error de los críticos de los críticos.
Se
tiene que defender el aseguramiento público, como lo concibe la Ley 100, con la
participación del sector privado, pero de una manera radicalmente distinta.
*
La esencia de mal del sistema de la salud actual está en el contrato
establecido por el Estado y el sector privado.
En
el acuerdo actual, el primero pone los recursos y no modula el sistema, no lo
regula y no lo controla, lo que ha llevado al segundo a manejar esos recursos
púbicos a su leal saber y entender, con las consecuencias que todos conocen.
Peor
aún, por carecer de sistemas propios de información, el Estado ha quedado en
manos de lo que el sector privado le quiera informar. Peor relación entre el
sector público y el privado, imposible.
*
Dos gravísimos errores. El sector público no entendió que su papel cambió de
proveedor de salud a regulador del sistema y, por consiguiente, 19 años después
de creado se da cuenta de que sus mecanismos de vigilancia y control en este
campo son una pulga frente a los elefantes de las EPS, sobre todo, del sector
contributivo.
El segundo error consiste en que tanto el Estado como el sector privado ignoraron que ahora este último pasaba a jugar el nuevo rol de prestador de servicios sociales, no con sus propios recursos, sino con dineros públicos, por lo que no podía hacer con ellos lo que le viniera en gana –SaludCoop, por ejemplo–, y menos, asignar estos recursos a sectores distintos a los de la salud de los colombianos. No podían ni de manera explícita ni implícita, maximizar utilidades con la plata de todos los colombianos.
Una
cosa es enriquecerse con sus propios recursos y otra, con medios, reconocidos
como públicos.
*
A la operación de la Ley 100 en salud, le cayó la plaga del populismo: desde 2002, el régimen subsidiado se amplió rápidamente, bajo la premisa loable de
universalizar la salud, pero nadie sumó ni midió sus repercusiones financieras.
En
ese momento, ya era evidente que las premisas sobre las cuales se construyó el
sistema de salud en 1993 no se cumplieron: ni la economía creció en estos años
al 5 por ciento, sino al 3,3 por ciento, y el trabajo formal que sostendría el
régimen subsidiado se vino a pique con una informalidad laboral superior al 50
por ciento.
*
También, a la Ley 100 le cayó el clientelismo, cuando miembros del Congreso en
contubernio con el Minsalud del momento se adueñaron de instituciones de salud,
públicas y privadas, y empezaron a legislar en su favor y no en beneficio de la
salud de los colombianos.
*
El mercado no reguló el sistema de la salud, y la terquedad de los autores de
la Ley 100 permitió que surgieran oligopolios en el aseguramiento y las
integraciones verticales entre aseguradoras y prestadoras del servicio,
absolutamente perversas.
*
El abandono de la salud pública por parte del Gobierno y la errónea delegación
de la prevención a las EPS convirtió el modelo de la salud en un sistema de
enfermos, muchos, mal atendidos.
*
Se acabaron los hospitales universitarios, se exprimió a los médicos, los
especialistas no entran al sistema y la profesión pasó de la gloria al
infierno.
Todo esto lo permitió la Ley 100. La pregunta es si las siete nuevas propuestas del Gobierno atacan realmente estos temas de fondo.
Cecilia López Montaño
Exministra
– Exsenadora
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