Rojas
se dirigió a todos los colombianos, pero en especial al ministro de Minas y
Energía, Edwin Palma, quien no estuvo presente en el cierre del evento, por
problemas de agenda y a quien le reconoció su amplio conocimiento de la
problemática del sector energético hasta llegar al ministerio.
Estos
son apartes del discurso del presidente del Consejo Directivo de Naturgas:
Estos son:
1. Primero, seguir
expandiendo el servicio público que hoy permite que más de 11 millones de
hogares —más de 36 millones de colombianos— cocinen con el energético más
económico, reduciendo significativamente la pobreza energética.
2. Segundo,
garantizar un servicio confiable y asequible, que llegue a hogares, comercios e
industrias, sin interrupciones ni incrementos excesivos en el costo.
3. Tercero, hacer del
sector energético una ventaja para Colombia, especialmente en un contexto de
tensiones geopolíticas y comerciales que han resaltado la importancia de la
autosuficiencia y competitividad energética.
4. Cuarto, aportar al
país en ingresos fiscales, a través de impuestos, regalías y sobre todo empleos
de calidad. Por ejemplo, solo en 2023 el sector del gas representó en impuestos
nacionales y regalías casi $3 billones de pesos; recursos indispensables para
cerrar las brechas sociales que aún persisten.
5. Y, quinto, avanzar
en la descarbonización de la matriz energética, donde el gas natural es un
aliado clave: complementa las renovables, estabiliza la red y facilita la
transición en sectores como el transporte pesado y marítimo.
Estamos en crisis
Sin embargo, no
podemos trabajar en equipo si no empezamos mirándonos al espejo, y ese es mi
llamado e invitación también el día de hoy.
La industria de
servicios públicos de gas natural atraviesa una coyuntura compleja. Muchos
coinciden en que es la más delicada desde el racionamiento eléctrico de 1991.
No es un fenómeno pasajero o aislado. Es una crisis estructural, visible en la
necesidad de importar gas natural no solo para respaldo térmico, sino también
para cubrir la demanda esencial.
La infraestructura es
insuficiente: contamos solo con una planta de regasificación en el Caribe,
mientras que la del Pacífico, a pesar de lo anunciado hoy por Ecopetrol, sigue
sin materializarse. Además, los cuellos de botella en la red de transporte
impiden movilizar eficientemente el gas hacia los centros de consumo en el
interior del país.
A este panorama
debemos sumar el estrés financiero que genera al ecosistema el retraso en el
pago de los subsidios por parte del Gobierno Nacional. Esta situación afecta la
liquidez de las empresas, compromete su operación y pone en riesgo la
continuidad del servicio a millones de usuarios: la gente.
Proteger al consumidor
requiere actuar con responsabilidad. Operar al límite genera consecuencias:
interrupciones en el servicio, mayor costo para los usuarios, menor capacidad
de conexión de nuevos hogares, y un retroceso ambiental al aumentar el uso de
energéticos como el carbón, GLP o leña. También hay efectos sobre la economía
popular y el empleo, producto de la parálisis en exploración y producción.
Parte de esta
situación obedece a decisiones de política pública que, aunque orientadas a
acelerar la transición energética, se han implementado sin el balance necesario
entre seguridad, asequibilidad y sostenibilidad.
El trilema energético
está comprometido en sus tres dimensiones: hemos perdido seguridad y soberanía
energética al depender cada vez más de las importaciones; los costos del
servicio se han elevado por el cambio en la composición de la canasta,
afectando a hogares y sectores productivos; y, en lugar de avanzar en la
descarbonización, se observa una preocupante “recarbonización” de la matriz
energética.
Y a ese trilema
clásico debemos sumar un “trilema colombiano”: altos costos de capital,
incertidumbre jurídica y bajos incentivos para la inversión. Estos factores
amenazan la competitividad energética que tanto trabajo nos ha costado
construir. Confiamos en la electrificación de la matriz energética pero también
en el rol que el gas tiene en la misma.
Llamado a la acción
Pero ¿cómo salimos de
esta crisis? Sabemos que no hay soluciones únicas ni sencillas. Pero sí hay
medidas concretas, posibles, y urgentes:
Primero: acciones
regulatorias rápidas que permitan la contratación a largo plazo de gas
importado para mitigar la volatilidad del mercado spot; y brindar señales
claras para expandir la capacidad de transporte y resolver los cuellos de
botella logísticos.
Segundo: acelerar el
pago de subsidios por parte del Ministerio de Hacienda, aliviando la carga
financiera de las empresas y permitiendo continuar con la expansión de redes y
conexiones a nuevos hogares.
Y, tercero: promover
la oferta nacional, acelerando permisos, licencias y consultas que permitan
desarrollar los campos costa afuera, en la Guajira; y en tierra en Magdalena,
Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar y el piedemonte llanero. Promover la oferta de
gas es nuestra mejor póliza de competitividad energética.
No cabe duda de que
tenemos los recursos naturales, el conocimiento técnico, el capital humano y la
voluntad de inversionistas para seguir apostándole a Colombia, nuestro país;
pero sin duda alguna necesitamos mayor voluntad política y más trabajo en
conjunto.
Por eso, hoy le
proponemos al Ministerio conformar mesas técnicas y operativas, con
participación del Gobierno, el regulador y la industria, para trabajar
articuladamente en la implementación de estas medidas y en la resolución de los
obstáculos que enfrentamos.
El costo de no actuar
es muy alto. Estamos deteniendo la reducción de la pobreza energética,
retrocediendo en sostenibilidad, y arriesgando la competitividad del país.
Este sector está
representado por más de 80 mil trabajadores, directos e indirectos, que creen
en un sector fuerte, dinámico y generador de oportunidades. Valoramos su
experiencia y confiamos en su liderazgo para que juntos fortalezcamos la
seguridad energética de Colombia.
