Sector energético presiona al Gobierno Nacional para que pague subsidios otorgados en 2024

Si el Gobierno Nacional no se pone al día con el pago de subsidios a las empresas del sector energético, los usuarios pueden afectarse con incrementos en la factura de energía este año.

Así lo expresaron los gremios del sector energético (ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA), que hacen parte del Comité Intergremial y solicitan al Gobierno, pagar cuanto antes los valores adeudados por concepto de subsidios ya otorgados a los usuarios de energía eléctrica y gas natural en 2024.

Los gremios aseguran estar en una crisis financiera sistemática que afecta el suministro de los servicios de energía eléctrica y gas natural a toda la población, pero especialmente a usuarios de los estratos 1, 2 y 3.

El problema es que el no pago de los subsidios de 2024, puede imposibilitar que se sigan otorgando subsidios en 2025 o que  puedan pagar a los proveedores de energía, de otros servicios, empleados y otros acreedores.

La advertencia de los gremios del sector, expresada en un comunicado de prensa llega hasta que “de no cumplirse con el pago de los subsidios, esto implicará incrementos de la factura que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150% o inclusive escalar hasta cortes del servicio, como ya está ocurriendo en Puerto Carreño, en el Departamento de Vichada”.

Aseguran que las empresas del sector vienen haciendo grandes esfuerzos para obtener respaldo financiero a la espera de los giros del Gobierno, como se ha hecho en años anteriores, pero que el atraso actual ha desbordado la capacidad financiera de muchas compañías.

Además de no recibir los giros para cubrir los subsidios ya otorgados, las compañías reclaman los saldos de la opción tarifaria y recuerdan las deudas de los usuarios oficiales.

Actualmente, los subsidios otorgados por las empresas, con corte a diciembre de 2024, para energía eléctrica se encuentran en alrededor de $2.7 billones y para el caso de gas natural en $628 mil millones de pesos. Esta falta de liquidez, derivada de los montos adeudados a las empresas de energía eléctrica ha generado una mayor exposición a bolsa incrementando las tarifas para los usuarios y elevando el riesgo sistémico en el sector.

Teniendo en cuenta lo anterior, los gremios del sector energético piden al Gobierno Nacional, lo siguiente:

• Desembolsar de manera URGENTE los valores adeudados a las empresas, ya que se requiere flujo de caja inmediato para sostener la operación.
• Ajustar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 para cubrir las
• necesidades de subsidios y evitar desfinanciar el sector. Esto, considerando que el faltante por apropiar para el PGN 2024 fue de 1.4 billones y 540 mil millones para energía y gas respectivamente, y proyectamos para el 2025, 2,1 billones para energía y 900 mil millones para gas, como faltante de apropiación.
• Emitir con celeridad los certificados de deuda de subsidios que han sido
• solicitados tanto por las empresas como por el Ministerio de Minas y Energía.
• Titularizar la deuda actual que tiene el Gobierno con las empresas
• comercializadoras de energía eléctrica y gas natural.
• Permitir la realización de un cruce de impuestos a las empresas con las que actualmente se tienen valores adeudados. Esta medida está habilitada en el Decreto 1244 de 2013, que reglamentó el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012.
• Ajustar y anunciar al país, en el corto plazo, nuevos criterios de asignación de los subsidios para focalizar los recursos existentes para menores tarifas de energía y gas a la población más vulnerable. Es fundamental recordar que la aplicación de estos subsidios por parte de las empresas del sector está respaldada por las obligaciones del Estado establecidas en la Constitución Política, las Leyes 142 y 143 de 1994, y 286 de 1996 y los Decretos 847 de 2001 y 201 de 2004, los cuales establecen las bases para el otorgamiento y financiamiento de subsidios y redistribución de ingresos.

Aumento de salario mínimo en Colombia para 2025: 9.5%

El aumento del salario mínimo en Colombia, a partir de enero del próximo año es de 9,5% anunció el presidente de la república, Gustavo Petro U.

El aumento, hecho por decreto, significa que los colombianos recibirán $123.500 más cada mes, así que la nueva asignación será de $1'423.500.

El subsidio del transporte fue incrementado en $38.000, y pasó de $162.000 a $200.000, lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el subsidio de transporte, queda en $1'623.500.

La decisión del jefe de Estado la adoptó tras agotarse la etapa de negociación directa entre las centrales obreras y los gremios de la producción, sin lograrse ningún acuerdo.

El salario mínimo que ha regido este año también fue decretado por el presidente de la República ante la falta de consenso en la comisión tripartita de negociación, y se estableció en 12%: pasó a $1'300.000, con un auxilio de transporte de 162.000, para un pago nominal de $1'462.000.

En cambio, en las partes habían logrado acuerdos de incremento del salario mínimo en 2022 en 10%, y en 2023 de 16%, la cifra de aumento más alta en la historia de este tipo de negociaciones.

Con el nuevo incremento se benefician algo más de 2,2 millones de trabajadores en Colombia que reciben una remuneración básica, y corresponden a cerca de 10% de las personas ocupadas laboralmente en el país.

Las razon​es del presidente Petro

​El jefe de Estado explicó las razones por las que tomó la decisión de aumentar en 9,5% el salario mínimo para 2025 “como un regalo de Navidad":

- La inflación de 2024 estará bordeando el 5%. Actualmente, con cierre a noviembre, está en 5,2%.

- La inflación de alimentos, quedaría a final de año en 2,7% anual, “es la caída más grande en toda la OCDE", dijo.

- La expectativa de inflación para 2025 es de 3%, lo que significa que “el salario real, no nominal, va a tener un ascenso de 6,5%. Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario mínimo, que ya viene por tercera vez".

El mandatario señaló que “la política del Gobierno de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, fue tan efectiva, que la elevación del precio de alimentos estuvo por muy por debajo del promedio de inflación del país".

Agregó que “hemos crecido el salario mínimo real en Colombia entre 30% y 35% en los tres años que llevamos. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante".

Petro recordó que, a diferencia de lo que piensan los gremios de la producción, el salario mínimo real ha subido muy por encima de la inflación desde 2022.

“Recibimos la economía del país casi en recesión, va para un 2% y esperamos un 3% el año entrante. Luego, no nos están diciendo la verdad: si el salario mínimo crece, hace crecer la economía, no al contrario. No es con trabajadores esclavos como crece la economía de un país, es con trabajadoras y trabajadores que ganen, que tengan dignidad en su vida, como crece la economía de un país", recalcó el mandatario.

Agregó que 1,6 millones de colombianos salieron en 2023 de la pobreza monetaria, 1,1 millones de personas salieron de la pobreza extrema, y 2,5 millones de personas salieron de la inseguridad alimentaria moderada y de la inseguridad alimentaria extrema.

“Y fue subiendo el salario mínimo el principal factor, entre otros, porque la caída de la inflación en alimentos nos ayudó muchísimo", reiteró el presidente de Colombia

Concluyó que, si la Corte Constitucional permite que la reforma pensional sea una realidad a partir de julio entrante, al menos tres millones de personas mayores de 70 años podrán tener bono pensional.

Gobiernos deben comprometerse para enfrentar pobreza y cambio climático

Mujeres trabajando en el campo. Tomado de https://www.gob.mx/

El cambio climático se ha convertido en el desafío más importante de los gobiernos y en el nuevo paradigma del desarrollo mundial.  Así lo afirma un análisis del Banco Mundial elaborado por los consultores de esta entidad Timothy Clay y Nazia Moqueet, quienes consideran que “nuestros trabajos, nuestra salud e incluso nuestros valores culturales, provienen de nuestro entorno natural”.

En el análisis titulado ¿Podemos abordar la pobreza y el cambio climático al mismo tiempo?, los autores expresan que los gobiernos, los bancos multilaterales y otros actores importantes del ámbito del desarrollo, han incrementado sus compromisos financieros para abordar el cambio climático, pero carecen de un aspecto clave: un enfoque claro en los pobres y vulnerables.

En la actualidad, el 90% del financiamiento climático se destina a la mitigación, lo que incluye energía limpia y transporte sostenible. Estas son inversiones fundamentales para frenar el ritmo del fenómeno climático, que avanza de manera acelerada, pero no alcanzan a resolver los problemas persistentes que tiene la población pobre.

“Las personas más pobres del mundo suelen carecer de recursos – dinero, activos físicos y conocimiento- para hacer frente a las conmociones climáticas y adaptarse a ellas”, expresan los autores, al tiempo que señalan que “a menudo responden de maneras que degradan aún más el entorno que los rodea, creando un círculo vicioso de pobreza y deterioro ambiental”. 

Señalan que las mujeres son particularmente vulnerables y corren un mayor riesgo que los hombres de perder sus medios de subsistencia debido a una crisis climática. Por ello consideran que los gobiernos deben trabajar arduamente para incluir a los más pobres, en particular a las mujeres, en las iniciativas climáticas, para asegurar que cuenten con los recursos necesarios que les permitan hacer frente a las crisis inmediatas, adaptarse a los impactos climáticos a largo plazo y se beneficien de la incipiente revolución verde. 

“Si los pobres se ven obligados a enfrentar la crisis climática por sí solos, las consecuencias son claras: migración, disturbios civiles y hambruna, fenómenos que ya están comenzando a manifestarse”, resaltan Clay y Moqueet en su análisis. 

Los gobiernos, a medida que los impactos climáticos se han hecho más visibles, reconocen la necesidad de adoptar estrategias de desarrollo resiliente frente al clima que aborden de manera integral los desafíos interrelacionados de la pobreza y el cambio climático. Sin embargo, deben ser conscientes que no es posible abordar ambos desafíos de manera simultánea a través de intervenciones únicas.

Así lo explican Clay y Moqueet: “La reforestación de vastos paisajes por sí sola no garantiza mejores resultados para los pobres, del mismo modo que las transferencias monetarias, si bien son esenciales en tiempos de desastres climáticos, no garantizan una mayor biodiversidad. Idealmente, los programas deben proporcionar un enfoque integrado que combine los objetivos relacionados con la pobreza y el clima, con la participación de diversos sectores y actores, como los de protección social, medio ambiente y agricultura”.

Programas de inclusión económica pueden ser la solución

Estos programas, también conocidos como programas de inclusión productiva, cuentan con una base empírica sólida y consisten en un conjunto de intervenciones multidimensionales que brindan apoyo a hogares y comunidades extremadamente pobres y vulnerables para que aumenten sus ingresos y activos de manera sostenible.

Es decir, ayudan a las personas a salir de la pobreza mediante una combinación de intervenciones como transferencias monetarias, capacitación técnica, capital empresarial, orientación y acceso a los mercados. De esta manera fortalecen la resiliencia y las oportunidades para las personas y hogares pobres.

Según los consultores del Banco Mundial, cuando estos programas de inclusión se implementan a través de sistemas gubernamentales, pueden ser muy eficaces, en función de los costos, y generar un alto rendimiento sobre la inversión.

Alianza para la inclusión económica

Durante los últimos cinco años, y a través la Alianza para la inclusión económica del Banco Mundial, el organismo internacional ha respaldado a los Gobiernos en la adopción y ampliación de programas de inclusión económica.

Esta alianza monitorea los programas a través de una encuesta semestral y resalta que cada vez existen más oportunidades para alinear la acción climática con la inclusión económica. La última encuesta muestra que en más de dos tercios de estos programas se incorporan intervenciones que fortalecen la resiliencia climática y por ello se considera que pueden convertirse en una buena herramienta para abordar el cambio climático, la desigualdad de género y la pobreza.

Un llamado a la acción

Atendiendo el llamado a la acción de 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Alianza por la Inclusión económica se asoció con expertos en protección social, clima, agricultura y gestión de recursos naturales para definir cómo abordar, de manera estratégica, el nexo entre el cambio climático y la pobreza, en los programas de inclusión económica.

En el marco de los programas, flexibles y multisectoriales, se puede operar en tres áreas clave: redes de protección social adaptativas, sistemas alimentarios y ecológicos, y empleos verdes y transición justa.

Las donaciones que hace el Banco Mundial a través de la Alianza para la inclusión económica permitirán identificar cadenas de valor verdes y oportunidades no agrícolas, ofrecer conocimiento y capacitación en tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes y desmitificar los mercados mundiales de carbono y lo seguros contra desastres para los pobres.

Cada donación debe financiar esfuerzos para promover la cooperación entre ministerios, organizaciones no gubernamentales y organismos del sector privado.  Eso es clave para que los programas de cambio climático sean exitosos, pero especialmente para que se centren en los más pobres.