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| Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía de Colombia |
Como se recordará la empresa XM, que administra el mercado mayorista de energía alertó, a través de un comunicado emitido el 4 de octubre de 2023, sobre el riesgo financiero en el que estaban incursas 12 empresas operadoras de red, sobre todo aquellas con mayor exposición en Bolsa, que podía extenderse a 15 agentes más.
Una de las empresas afectadas era Air-e, la cual le comunicó el 10 de octubre a los generadores con los que contrataba la energía que compraba, su imposibilidad de cumplir con sus pagos debido a su insolvencia, situación ésta que la habría llevado a que se aplicara la normativa de la limitación de suministro.
A solicitud de la empresa Air–e, que presta el servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, la Superintendencia de Servicios Públicos la intervino, procediendo a tomar posesión de la misma y nombrando el agente interventor que a partir de la fecha asumió su administración.
Esa
intervención se veía venir, lo había advertido el Contralor General Carlos Hernán
Rodríguez, al encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad
de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a
las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio
de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”.
De otra parte, el gobierno adeuda a las empresas distribuidoras la suma de $1.5 billones correspondientes al reintegro de los subsidios ya aplicados, con el agravante de que no se cuenta en el Presupuesto General de la Nación con la apropiación que permita el pago de los subsidios causados en los últimos 4 meses del año, por un valor de $1.2 billones de pesos más.
El caso de Air–e es apenas la punta del iceberg, porque su insolvencia y la falta de flujo de caja que la llevaron a esta medida extrema, es la misma que, en mayor o menor medida, afecta a las restantes empresas prestadoras del servicio. De hecho, el dueño de AFINIA, la otra empresa, que presta el servicio en la región Caribe, a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, que son las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, le están pidiendo pista al Gobierno.
Según
la afirmación del alcalde “Hay que encontrar una salida, inclusive si la salida
es decirle al Gobierno Nacional que adquiera 100% de las acciones que tiene EPM
en AFINIA”. Lo advierte el Intergremial del sector, del cual hacen parte ANDESCO,
ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS y SER COLOMBIA, en su comunicado: “es fundamental
mitigar el riesgo de un efecto en cadena que pueda generar una crisis sistémica
en el sector”.
Queda
ahora en manos del Gobierno y será su responsabilidad la de garantizar la prestación
del servicio con eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad, tal como lo
mandan las denostadas Ley de servicios públicos y la Ley eléctrica.
El
primer reto que tendrá el agente interventor será solventar la empresa para que
esta tenga la liquidez necesaria y suficiente para comprar la energía que Air-e
distribuye, para lo cual el Ministerio de Hacienda deberá garantizarle el flujo
de caja.
Y para ello es fundamental que la Superintendencia, a través del Fondo Empresarial, le gire lo que le adeuda por concepto del reintegro del valor de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, así como la concreción del crédito–puente de FINDETER para fondear la empresa y así evitar que la empresa incurra en limitación de suministro, afectando la calidad y continuidad en la prestación del servicio.
No obstante, mientras la asunción por parte del Gobierno Nacional sigue en veremos, el ministro de Minas Andrés Camacho declaró ante los medios que “hemos liquidado todos los subsidios para que los hogares cuenten con ellos”, pero a reglón seguido manifestó que “estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda realice el giro correspondiente”. Pero resulta que la liquidación de los subsidios, a que hace alusión el Ministro, no le da liquidez a las empresas sino el giro de parte del Ministerio de Hacienda que aún no lo hace.
A
propósito de los subsidios, el ministro Camacho afirmó, en forma contundente, que,
“además de garantizar los subsidios convencionales, nuestra intención es que
estos recursos sirvan como una palanca para la transición energética. Así como existen
subsidios en vivienda, también existen en energía y la idea es que los hogares
puedan utilizarlos, por ejemplo, en la instalación de paneles solares y sistemas
fotovoltaicos”.
Huelga
decir que para que ello fuere posible tendría que reformarse la Ley 142 de 1994
de servicios públicos, que a la letra dice en su artículo 99.3 que el subsidio
al servicio de energía consiste en un “descuento en el valor de la factura”
y no una transferencia monetaria, como si lo es la Renta Ciudadana implementada
por el actual Gobierno
