Amylkar
Acosta escribe sobre la declaración de Emergencia Económica, social y
ecológica, en este RadaR de hoy.
®luisemilioradaconrado
@radareconomico1
https://radareconomicointernacional.blogspot.com
A PROPÓSITO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y
SOCIAL
Por Amylkar Acosta
Como es consabido el pasado 2 de julio, el
Presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la
Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en
el Departamento de La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la
crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente
se vive en el Departamento de La Guajira y que se ha visto agravado de forma
inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.
Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de
quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando
que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su
artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los
artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de Guerra exterior y
conmoción anterior. Y a juicio de ellos la calamitosa situación que acusa La
Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De
hecho, las medidas cautelares decretadas por la Comisión interamericana de
derechos humanos (CIDH) y el Estado de cosas inconstitucional por parte de la
alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.
No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada
niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición,
por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas a estas lacras sociales, cuya
responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades
territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo,
este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la
mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de
necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho
fundamental que le asiste a las comunidades más vulnerables.
Además, el artículo in comento no se limita a
señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la
declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla
otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y
si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola al
Departamento de La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace
falta para reconocerla. De modo que este artículo, el 215, hay que leerlo en su
integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el
Padre nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de
contera, ¡ni la Constitución, ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda
la razón y este es el caso!
Para mí, entonces, está plenamente justificada
la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se
ajusta al mandato constitucional y consulta el espíritu de la Constitución
Política y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara
muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de
actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios
sectores de la comunidad en La guajira y muy especialmente los pueblos
indígenas asentados en su territorio. Y, como dice Jim Cullen, “¡en donde hubo
voluntad hubo caminos”!
Como lo plantea la Corte Constitucional en su
Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de
derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”. Ojalá que la
declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento
de los dispuesto en el Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante
el cual se establece una “Estrategia para
el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”,
expedido en respuesta al Auto 207 del
25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo
pusiera en práctica.
Pero unas son de
cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el
Presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional” en
el Departamento de La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley
que se expidieron al amparo de la Emergencia
económica, social y ecológica. Con respecto a dichos decretos tenemos
reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las
medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.
En todo caso, como lo establece el artículo
215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias
que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”. No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos
de las facultades extraordinarias que
le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean
declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio,
examina su constitucionalidad.
Riohacha, agosto 12 de 2023
www.amylkaracosta.net
La
producción de la industria manufacturera ya completa cuatro meses a la baja y
en junio tuvo una caída de 4,8% frente al mismo mes del año pasado, según las
cifras de la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial del Dane.
