Las dos partes no se han podido poner de acuerdo y eso pica y se extiende.
Los colegas de Semana se sentaron con David Barguil, quien fue presidente del Senado colombiano, para hablar del tema.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
SEMANA: ¿Usted ha dicho que el paro de Avianca dejó de ser un problema entre privados y pasó a ser un tema de interés nacional. ¿Por qué?
David Barguil: Claro que sí, es más, ¡salta a la vista! Es increíble que 200 trabajadores tengan en jaque al país. Un conflicto privado deja de serlo cuando las consecuencias de sus acciones repercuten de forma grave y directa contra la comunidad. Un día de paro tal vez hubiera sido superado, pero una semana altera el funcionamiento normal de todo el país. A estas alturas es un problema que está afectando a miles de colombianos y extranjeros, ya no es solo un problema entre Avianca y el sindicato de pilotos, sino que está afectando el orden público, el crecimiento económico, el comercio, el turismo e imagen del país.
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SEMANA: ¿Qué impactos ha tenido el paro en el país?
D. B.: Van más de 1.500 vuelos cancelados, casi 150 mil pasajeros que no han podido viajar, las agencias de viajes y el sector hotelero ya registran caídas hasta del 30%, y, para rematar, hay algunas aerolíneas que están aprovechando la situación cobrando tiquetes cuatro veces más caros de lo normal. Por esto pedimos al gobierno, especialmente al Ministerio de Transporte, que no le dé más vueltas al asunto y autorice de manera inmediata la llegada de aviones extranjeros. Además, estamos proponiendo medidas de fondo que impidan que esto vuelva a ocurrir en próximas oportunidades.
SEMANA: ¿Cuáles son esas medidas de fondo?
D. B.: Ahora mismo apoyamos la declaratoria de ilegalidad del paro, la llegada de pilotos y aeronaves extranjeras y, para evitar nuevamente estar en esta situación, proponemos una Ley de Seguridad de Interior del Estado tomando de modelo la ley chilena. Se establecerían servicios que por su funcionalidad y esencialidad para los ciudadanos no puedan paralizarse y se castigaría penal y económicamente a quien incumpla o amenace con provocar ese daño. Esta ley la han aplicado tanto gobiernos de derecha como el actual gobierno socialista de Michel Bachelet y tipifica como delito el hecho de que unos pocos paralicen el transporte terrestre, fluvial o aéreo, y terminen afectando a la mayoría de ciudadanos.
D. B.: El gobierno de Bachelet ha invocado esta ley 49 veces en diferentes situaciones, una de ellas y en relación directa con este momento que vivimos ocurrió hace muy poco, cuando taxistas llamaron a paro y obstruyeron el acceso al aeropuerto durante una mañana de paro. En esa oportunidad fueron 2.000 pasajeros afectados y el gobierno actúo de inmediato y acá en Colombia llevamos una semana, 150.000 afectados y de brazos cruzados porque no tenemos la herramienta legal.
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D. B.:
Insistimos que las peticiones de unos pocos no pueden seguir afectando
el normal funcionamiento del tráfico aéreo y con eso perturbando todo el
comercio, turismo y economía del país. Mientras Avianca resuelve qué
puede hacer con los pilotos en huelga, se deben tomar medidas urgentes
como agilizar la llegada de pilotos y aeronaves para que el país se
vuelva a mover.
SEMANA: Los pilotos tienen razón en que
ejercen un trabajo difícil y de mucha responsabilidad, ¿cree que tienen
razón en sus peticiones? D. B.: Los trabajadores deben exigir sus derechos pero debe haber un límite cuando esos derechos se anteponen a los de miles de ciudadanos, como está ocurriendo hoy. Creo que con solo ver el pliego de peticiones salta a la vista la desproporción. Si se acepta el argumento del trabajo riesgoso, difícil o con mucha responsabilidad esto no puede implicar que se otorguen contraprestaciones ilimitadas a cualquier profesión con riesgos muchos mayores como los bomberos, policías o conductores de ambulancias. La tasa de mortalidad en el aire es la menor de todos los medios de transporte, 0,06 muertos por cada mil millones de pasajeros.
SEMANA: Usted ha sido muy crítico de la posición del gobierno. ¿Por qué?
D. B.: Porque el gobierno debe velar por el bien común, cuidar y resguardar el orden público, alentar la economía y crecimiento y no ser un espectador en este tipo de situaciones. Pareciera que el gobierno está en una burbuja y no está viendo ni escuchando el caos que está generando este paro.
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SEMANA: ¿Qué vendría para tramitar la ley que usted propone?
D. B.: Una medida extrema podría ser que el gobierno convoque el estado de emergencia y saque esta iniciativa que estamos proponiendo a través de un decreto. Por nuestra parte, estamos estudiando bien la aplicación de la normativa en Chile, de hecho hoy tendré por la tarde una video conferencia con un congresista y abogado chileno porqué me interesa no solo la pronta normalización, si no que esto no vuelva a ocurrir. También, queremos que esta ley incluya la prohibición de alzar precios de bienes o servicios en momentos de emergencias o crisis porque, como lo hemos visto, otras empresas se aprovechan de los usuarios afectados subiendo los precios. Esto no es una manifestación de oferta y demanda, es un abuso descarado.
