martes, 14 de mayo de 2024

Sector privado invierte USD 86000 millones en infraestructura en países de ingreso bajo y mediano, reporta Banco Mundial

La inversión privada en infraestructura en los países de ingreso bajo y mediano ascendió a USD 86000 millones en 2023, según nuevos datos relevados por el Banco Mundial. Las inversiones disminuyeron un 5% con respecto a 2022, pero se mantuvieron a la par del promedio de los cinco años anteriores.

A pesar de la disminución de la inversión total, más países recibieron inversiones privadas en infraestructura en una muestra más amplia de proyectos. En 2023, 68 países recibieron inversiones en 322 proyectos, frente a 54 países y 260 proyectos en 2022. Guinea-Bissau, Libia, Papua Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe y Suriname lograron sus primeras transacciones de participación privada en infraestructura (PPI) en más de una década.

El informe Private Participation in Infrastructure (Participación privada en infraestructura) data de 1984. En él se realiza un seguimiento continuo de las inversiones en 10000 proyectos de infraestructura en países de ingreso bajo y mediano. Dado que el financiamiento para infraestructura se está convirtiendo en una prioridad cada vez mayor para los países de todo el mundo, este conjunto de datos es un recurso importante para seguir los avances e identificar tendencias.

“Disponer de la infraestructura adecuada es crucial para que las personas vivan al máximo de su potencial. Con los presupuestos públicos bajo presión y un déficit de financiamiento en infraestructura que asciende a varios billones de dólares, es necesaria una mayor participación del sector privado para realizar proyectos de infraestructura”, afirmó Guangzhe Chen, vicepresidente de Infraestructura del Banco Mundial quien agregó que “en el Banco Mundial, estamos haciendo todo lo posible para lograr este avance, a través de nuestra labor en materia de asociaciones público-privadas, nuestro programa de reestructuración de las líneas de garantías y los subsidios que otorgamos a los países más pobres del mundo. El informe sobre la PPI es una herramienta valiosa para nosotros en estos esfuerzos. Es la única base de datos de este tipo que ofrece una perspectiva directa sobre las regiones y los sectores que reciben inversiones en infraestructura, cómo se estructuran estos proyectos y qué papel pueden desempeñar los bancos multilaterales de desarrollo en estos contextos”.

Las inversiones privadas en infraestructura disminuyeron en la mayoría de las regiones en 2023, con las notables excepciones de Oriente Medio y Norte de África y Asia oriental y el Pacífico. Oriente Medio y Norte de África continuó su trayectoria de crecimiento, con unos niveles de inversión en PPI que prácticamente se duplicaron, pasando de USD 1400 millones en 2022 a USD 2900 millones en 2023. La región de Asia oriental y el Pacífico volvió a los niveles de inversión anteriores a la pandemia después de sufrir un retraso de tres años, período en el cual se estaba recuperando de los efectos de la COVID-19.

En cuanto a las tendencias sectoriales, la energía triplicó sus niveles de inversión en 2023, y la mayor parte de este aumento se dirigió a Asia oriental y el Pacífico. En línea con el continuo impulso mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el 97% de los proyectos de generación de electricidad fueron renovables en 2023, cifra superior al 93% registrado en el quinquenio anterior.

En lo que respecta a los países más pobres del mundo, 26 países miembros de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) recibieron compromisos de inversión por valor de USD 4300 millones en 53 proyectos en 2023, lo que supone un aumento del 18% y un récord en cuanto al número de proyectos.

La base de datos sobre PPI contiene información acerca de más de 10 000 proyectos de infraestructura en 137 países de ingreso bajo y mediano desde 1984 hasta la actualidad. Es la principal fuente de tendencias de la PPI en el mundo en desarrollo y abarca proyectos en los sectores de energía, transporte, agua y aguas residuales, tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y residuos sólidos municipales

Fuente: Comunicado de Prensa Banco Mundial



lunes, 13 de mayo de 2024

La Ley 1715 de 2014, una década después

Por: Amylkar D. Acosta

Arribamos a los primeros diez años de vigencia de la Ley 1715 de 2014, radicada por el Senador José David Name y tramitada por el Congreso de la República con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía. Esta Ley estuvo antecedida de unos desarrollos legislativos y normativos de la mayor importancia, inspirados todos en el buen propósito de contribuir a la lucha contra el Cambio climático, mediante la reducción de la huella de carbono, así como el uso racional y eficiente de la energía. Un primer paso que se dio, tendiente a la diversificación de la matriz energética del país, fue el de la integración del gas natural a la misma.

Ya, en los albores del siglo XXI, gracias a mi Ley 693 de 2001 y la 939 de 2004, posterior, se integraron a la matriz energética los biocombustibles, obligando la mezcla del etanol con la gasolina y el biodiesel desde el 1 de noviembre de 2005.

Tal como lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía (AIE), “los 

biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

La Ley 697 de 2001, constituyó otro hito en la estrategia de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio Climático, así como la promoción del uso de las energías provenientes de fuentes no convencionales, renovables (FNCER) y limpias. Los antecedentes que nos hemos permitido relacionar ponen de manifiesto que Colombia se anticipó a la transición energética tan en boga en los tiempos que corren, consistente en la integración de las FNCER a la matriz eléctrica del país.

Mediante la Ley 1715 de 2014, adelantándose a la firma del Acuerdo de París y a la aprobación de los ODS, se dispuso “regular la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema energético nacional”. Con el objetivo de desarrollar dicho potencial se establecieron una serie de estímulos e incentivos, mediante beneficios tributarios y arancelarios. Es de anotar que esta Ley se vio reforzada y potenciada con la expedición, posteriormente, de la Ley 2099 de 2021, que amplía el espectro de las energías que se promueven y sus beneficios.

Si bien el sector energético no es el que más contribuye en Colombia a las emisiones de GEI, la mayor participación de las FNCER en la matriz eléctrica las neutraliza. En nuestro concepto su mayor mérito estriba en el robustecimiento de la base de generación, habida cuenta de que de acuerdo con un estudio de FEDESARROLLO hacia el año 2028 Colombia requerirá contar con 30 GW de capacidad instalada, la expansión de esta, de preferencia, debe abrirle espacio a las FNCER, diversificando aún más la matriz y con ello dándole mayor confiabilidad y firmeza al Sistema.

Pero en nuestro concepto el mayor mérito que le cabe a las FNCER es que le imprime una mayor resiliencia a la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como el Niño, dado su carácter contracíclico, pues cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía, es justamente cuando los vientos son más fuertes y se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.

La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en noviembre de 2022, en el marco de la XXVII Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 27), que para mayo del 2023 su Despacho daría a conocer la Hoja de ruta de la Transición energética justa, contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). Un año después no se tiene noticias de ella.

Debido a la paquidermia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sólo 5 años después de expedida la Ley, en el 2019 se abrió la primera subasta de cargo por confiabilidad en el que participaron proyectos para instalar parques para generar energía eólica en La Guajira. Luego tuvo lugar otra subasta sólo para tecnologías de renovables en 2021. Estos avances le valieron al país un gran 

posicionamiento en el desempeño de la transición energética, a tal punto que en el ranking del Foro económico mundial (FEM) del índice de transición energética en 2021 Colombia se ubicó en el puesto 29, con 66 puntos sobre 100 a nivel global y de tercero en Latinoamérica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. Ello explica que, en su más reciente Informe del FEM, en 2023 Colombia perdió 10 puestos en dicho índice, pasando del puesto 29 al 39 a nivel global y en Latinoamérica pasó del tercero al sexto lugar.

Además de destrabar y acelerar la ejecución de los proyectos en curso para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, la expansión de la capacidad de generación eólica y solar – fotovoltaica, que hasta el momento dispone de 1.8 GW, se impone la necesidad de reconfigurar la red de transmisión nacional, respondiendo a la desconcentración y descentralización del Sistema e impulsar la autogeneración y las comunidades energéticas. Huelga decir que el éxito de estas

últimas depende de su estructuración con criterio gerencial, asegurando así la administración (A), la operación (O) y el mantenimiento, para asegurar de esta manera la sostenibilidad de las soluciones.

jueves, 9 de mayo de 2024

Ruta de éxito profesional para la sostenibilidad empresarial de Unisimón

Presentación Ruta de éxito profesional para la sostenibilidad
empresarial de Unisimón
La Universidad Simón Bolívar, desde el Centro de Educación Continuada (CEC) y la dirección de Posgrados, ha diseñado una ruta de éxito profesional para la sostenibilidad empresarial, que busca acompañar a las empresas y al sector gubernamental por medio de la formación de su talento humano.

La ruta consiste, en que desde el CEC se diseñen programas que parten desde la educación continua hasta la posgradual buscando contribuir al desarrollo profesional en los diferentes niveles y áreas de las empresas, sector social y gubernamental, impactando sus objetivos estratégicos.

Para Diana Rojas Pabón, coordinadora de Sostenibilidad Empresarial del Centro de Educación Continuada, esta iniciativa surge del compromiso de la Universidad Simón Bolívar por seguir apostándole al desarrollo de la región Caribe y los Santanderes, con soluciones competentes e integrales desde la academia que permiten la construcción de mecanismos de interacción con el entorno. A su vez se generan apuestas de orden académico, productivo, laboral y social, entre otros aspectos relevantes, y una amalgama de ofertas factibles y de impacto favorable al entorno en que se aplique, conductores eficientes para su pertinente diseño, fomento y aplicación.

El Centro de Educación Continuada (CEC), es un punto neuronal entre la Universidad, como entidad académica, y el mercado, en sus perfiles laboral, productivo, profesional o de aspecto educativo, cristaliza la oferta competitiva pretendida.

La formación continua eleva las competencias requeridas en entornos laborales y en el despliegue ocupacional de un humanware (persona que se encarga de operar un sistema informático) en su rol productivo, como cliente interno de organizaciones, como empleador o en su rol emprendedor. Las propuestas formativas presentan articulación con alternativas académicas homologables, traslapadas a opciones de corte profesional en que convergen campos temáticos focalizados. La disponibilidad permanente de estas alternativas de formación, entabladas por la Universidad en función de demandas globales, por segmentación de mercados o por perfilado del demandante (customering) coadyuva en la adopción de conocimientos, herramientas y procesos que pretenden cimentar despliegue ocupacional o desempeño profesional en el receptor de tales insumos.


La oferta holística de saberes profesionales e integrados, orientados al fortalecimiento productivo organizacional, se entabla como aspecto relevante en la implementación del área institucional de Sostenibilidad Empresarial, estrategia de acompañamiento aplicado de la Universidad a gestores productivos que demanden cobertura de necesidades manifiestas derivadas de su accionar empresarial y de su interrelación con entornos socioeconómicos. Requerimientos de orden administrativo, operativo o táctico, en su dinámica de gestor productivo, exhorta la comunión de la Universidad con actores relevantes en el ámbito manufacturero, industrial, comercial o de oferta de intangibles, en un marco determinado. 

Esta nueva iniciativa está diseñada en 7 pasos a saber:

  1. Identificación de las necesidades de la organización
  2. Análisis de las condiciones del negocio y el perfil del capital humano.
  3. Diseño de la propuesta a la medida en un trabajo de co-creación.
  4. Acuerdo del plan de formación y/o acompañamiento empresarial.
  5. Convenio de las condiciones de prestación del servicio (horario, lugar, modalidad).
  6. Desarrollo del proceso de formación con posibilidad de homologación con programas de posgrados.
  7. Evaluación y retroalimentación.

Yarelis Lara directora de Posgrados de Unisimón, destaca de la iniciativa Ruta de éxito profesional para la Sostenibilidad Empresarial que, entre las múltiples razones para querer hacer parte de esta, se encuentran el contar con un modelo de formación práctico y dinámico, lograr una sinergia entre la teoría académica y la práctica empresarial, estar actualizados en las últimas tendencias y estar convencidos que la colaboración en investigación y desarrollo abre las puertas a innovaciones disruptivas.