- De acuerdo con un nuevo
reporte especial realizado por las agencias, el costo de la inacción frente al
hambre y la inseguridad alimentaria representa en promedio un 6,4% del PIB de
los países estudiados.
- Urge
fomentar políticas públicas inclusivas, para garantizar que más personas tengan
acceso a la canasta básica de alimentos
El
nuevo informe
Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en
América Latina y el Caribe , realizado en conjunto por la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa Mundial de
Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), advierte que los costos de no combatir
el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser más altos que los de las
soluciones para garantizar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición.
Según
el reporte, se estima que el gasto producido por la inacción ante el impacto
del hambre y la malnutrición representa en promedio un 6,4% del PIB de los
países estudiados.
En
contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos
con transferencias para el acceso a dietas saludables es 1,5% del PIB, sin
incluir costos de gestión e implementación.
El
informe identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad
alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe y su relación en el
PIB regional: el financiamiento del consumo y la producción de alimentos, el
gasto público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social, los
flujos internacionales de desarrollo, y el financiamiento proveniente del sistema
bancario y los mercados de capitales.
La
publicación destaca la importancia de invertir en la agricultura y la necesidad
de realizar otras intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria y la
malnutrición, evidenciando que el problema principal no proviene de la escasez
de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, especialmente en
zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables.
El
documento realza la necesidad de hacer una estimación de los costos asociados a
la implementación de políticas, programas e intervenciones como elemento previo
al análisis del financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición.
También destaca la importancia de mejorar la recopilación de información sobre
los distintos flujos de financiamiento.
“Alinear
las políticas sociales, económicas y comerciales y los objetivos de mejorar la
seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe es
fundamental, más aún cuando el gasto en alimentos representa el 22% del PIB
regional”,
señaló Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO
para América Latina y el Caribe.
Lubetkin
enfatizó, además, que las intervenciones integrales que aborden los ingresos y
el acceso a alimentos nutritivos, las preferencias de los consumidores y las
regulaciones sobre etiquetado frontal nutricional de alimentos, así como el
apoyo a la agricultura familiar mediante sistemas de compras públicas pueden
contribuir a fortalecer los sistemas agroalimentarios y el acceso equitativo a
dietas saludables.
Por
su parte, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs,
indicó que “la incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4% en
2023, según estimaciones de la CEPAL, lo que significa que más de 70 millones
de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una
canasta básica de alimentos”.
“Esa
incidencia es más más alta entre las mujeres, la población indígena y las
personas que viven en zonas rurales. Por ello, es imperativo fomentar políticas
públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz
de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En
la actualidad, más de la mitad del total de las transferencias monetarias en
América Latina y el Caribe se destina a hogares con ingresos per cápita
superiores a la línea de pobreza”, destacó Salazar-Xirinachs.
“La
falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las
principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y
el Caribe. De hecho, esta región tiene la dieta saludable más cara del mundo”, aseguró Lola Castro,
directora regional de WFP para América Latina y el Caribe, agregando que “es
inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto
por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la
malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar
a toda su población”.
A
su vez, el Director General del IICA, Manuel Otero, indicó que "la
tarea que tenemos por delante ahora es realizar a nivel de país análisis
similares en el contexto de planes y programas integrales para el
fortalecimiento y mejora de los sistemas alimentarios, operacionalizando los
objetivos, instrumentos e institucionalidad, con una clara estimación de costos
y, por supuesto, su financiamiento, tomando una visión amplia de los seis
flujos financieros principales, como se plantea en el documento”.
