Faltan jueces y otros elementos para que funcione el
sistema.
Horacio Brieva habla del tema en su columna en El
Heraldo…
“La causa es esta: la carga de procesos generada por
la dinámica de la criminalidad galopante desborda la capacidad de respuesta del
insuficiente número de jueces penales, fiscales e investigadores en
criminalística, a lo que hay que agregar las debilidades en infraestructura,
logística y tecnología”.
®luisemilioradaconrado
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LA IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA PENAL
Protransparencia es la organización de la sociedad civil que quizá más ha trabajado en diagnosticar el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Barranquilla y en formular soluciones para mejorarlo. Ignoro si hay ONGs en el Caribe que hayan hecho lo mismo en los otros distritos judiciales. Por Horacio Brieva
El principal problema que afecta la operatividad del
Sistema Penal Acusatorio en Colombia es la congestión. Pero en el Distrito
Judicial de Barranquilla (que incluye a todo el Atlántico) la congestión es más
agravada. Eso explica los malos resultados que la especialidad penal de la
ciudad ha venido registrando en dos indicadores: evacuación parcial efectiva y
productividad.
La causa es esta: la carga de procesos generada por la
dinámica de la criminalidad galopante desborda la capacidad de respuesta del
insuficiente número de jueces penales, fiscales e investigadores en
criminalística, a lo que hay que agregar las debilidades en infraestructura, logística
y tecnología.
Un Sistema Penal Acusatorio que enfrente con eficacia
y eficiencia los embates de la criminalidad y asegure un clima de seguridad en
el Atlántico, implica su incesante fortalecimiento, responsabilidad que
centralmente corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía,
que tienen a su cargo la provisión de jueces, fiscales e investigadores.
Por supuesto, los gobiernos territoriales pueden y
deben ayudar en ciertos aspectos que
contribuyan a optimizar el trabajo de los operadores judiciales.
En el marco de esa colaboración armónica, la
Gobernación del Atlántico suscribió este año con la Rama Judicial un convenio
autorizado por la dirección nacional de calidad del Consejo Superior de la
Judicatura, y operado por la Fundación Protransparencia, para implementar puntualmente en los
despachos penales (juzgados y sala del Tribunal Superior) el Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA) y desarrollar un software.
Son soluciones que tienen por finalidad aportar procedimientos y herramientas
que mejoren la exigente labor de la especialidad penal.
Protransparencia es la organización de la sociedad
civil que quizá más ha trabajado en diagnosticar el funcionamiento del Sistema
Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Barranquilla y en formular soluciones
para mejorarlo. Ignoro si hay ONGs en el Caribe que hayan hecho lo mismo en
los otros distritos judiciales.
Toda esa compleja construcción de documentos, que
comenzamos en 2016, habría sido
imposible sin el compromiso fundamental de la Gobernación del Atlántico y la
Rama Judicial y el apoyo de la Cámara de Comercio y de las fundaciones
Tecnoglass y Promigas. Como director de Protransparencia, estoy muy agradecido
de esos respaldos.
En nuestros archivos reposa toda esa voluminosa y
valiosa información. Está disponible para quienes deseen usarla. De hecho, le
ha sido útil a universidades, estudiantes de posgrado y fundaciones.
El viernes 9 en el auditorio de la Gobernación las
autoridades ejecutivas y judiciales involucradas ratificarán la voluntad de
seguir uniendo esfuerzos por una justicia penal fuerte. Es una alianza que
conviene mantener y vigorizar por el interés público.
@HoracioBrieva
