Siento que es cierto lo que dice en una de sus columnas recientes el senador José Name: “En varias ocasiones he llamado la atención sobre lo inconveniente que resulta para el país la construcción de una planta Regasificadora en el Pacífico…”
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
REGASIFICADORA DEL PACÍFICO: UN GOLPE LAPIDARIO PARA LOS COLOMBIANOS
José Name.
En varias ocasiones he llamado la atención sobre lo inconveniente que resulta para el país la construcción de una planta Regasificadora en el Pacífico. Importar gas natural no solo es innecesario, teniendo en cuenta las reservas probadas con las que contamos actualmente, sino que además va en contravía con el proceso de recuperación económica en el que nos encontramos, debido al impacto que generaría el incremento este servicio en las familias colombianas.
Sorprende que aunque
distintos actores de la sociedad civil, expertos del sector, líderes de
opinión, la DIMAR, empresas productoras de gas y algunos servidores públicos,
hemos alzado nuestra voz para anunciar los impactos peligrosamente negativos
que conllevaría la puesta en marcha de este proyecto para el país, no hemos
sido escuchados.
Detrás de esta
multimillonaria obra parece que existiera una perversa motivación por parte de
la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) para continuar a toda costa
con un proceso sin sustento técnico, de espaldas a los colombianos y,
especialmente, desconociendo las grandes repercusiones en la economía colombiana,
más aún en plena fase de reactivación.
Luego de la entrada
en operación de esta planta, Colombia dejará de percibir un gran porcentaje de
las regalías que recibe hoy por parte de la industria nacional, dejará de
generar empleos locales y, quizás lo más grave; este proyecto generaría un
incremento absurdo e innecesario en las facturas de gas para los hogares, las
pequeñas y medianas empresas, así como para las grandes industrias.
Entonces, ¿Cuál es el
negocio y para quién es? Vamos a ser nosotros los colombianos quienes paguemos
la construcción y operación de esta planta regasificadora durante 15 años,
mientras que las ganancias las recibirá un privado sin asumir ningún riesgo.
Los usuarios pagáremos alrededor de 350,000 millones de pesos anuales (de esto
42.000 millones de pesos deberán ser asumidos por el estrato 1 y 2 cada año)
aún cuando la planta no se utilice, es decir, el riesgo es enteramente nuestro,
desde los ciudadanos de estratos bajos que han estado tan golpeados por la
pandemia, hasta Ecopetrol que es el mayor consumidor de gas en el país.
Por eso, nos seguimos
preguntando: ¿Qué pasa con la UPME?. Según un estudio contratado por esta
entidad en el 2018, no se requerirá dicha regasificadora hasta el 2030. ¿Por
qué sacarla ahora con tanta urgencia? Sabiendo la difícil situación que estamos
pasando los colombianos. ¿Por qué nos quieren poner a pagarla? ¿Se convertirá
esta planta en un nuevo elefante blanco?.
Existe consenso
nacional e internacional de los expertos que Colombia es un país con potencial
en recursos de gas suficiente para las generaciones venideras. Solo las
reservas probadas actuales del país en yacimientos convencionales alcanzan para
abastecer la demanda residencial de gas por casi una década más. En ese
sentido, las medidas tomadas por el gobierno deberían estar enfocadas a tener
tarifas eficientes para los consumidores de gas y a preservar el
autoabastecimiento del país, y en últimas, en caso de ser necesario dicho
proyecto en unos años se ejecute con la inversión de aquellos que realmente
vayan a consumir el gas importado de esta planta.
