Anoche, me decía un amigo: ¿leiste lo que escribió un joven columnista de Semana, en torno a Uribe?
Y me inquietó.
Lo ví rapidamente en mi celular y decidí colgarlo en este sitio nuestro.
No le aposté al titular, sino al Subtítulo: "la resistencia civil de Uribe no es contra la impunidad, sino para lograrla".
Vamos a leer al joven.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
La mafia que nos gobernó
Por Ariel Ávila
La resistencia civil de Uribe no es contra la impunidad, sino para lograrla.
El actual senador
Álvaro Uribe ha llamado a la resistencia civil. La convocatoria se
fundamenta en al menos dos cosas. La primera se refiere al rechazo de
los acuerdos de paz por la supuesta impunidad que generarán y la segunda
es la protección a una serie de élites mafiosas que se quedaron con la
tierra despojada a campesinos y que ven en el proceso de paz una amenaza
a todo lo que conquistaron ya que la paz significaría averiguar la
verdad y devolver lo despojado, a estos sectores se les llama los
“terceros de buena fe”. La gran mayoría de estas élites se agrupan en el
Centro Democrático.
El proceso de paz no
traerá impunidad, de hecho traerá justicia. Lo que no va a dar es
cárcel, pero la cárcel no es sinónimo de justicia. Existirá una
jurisdicción especial que premiará la verdad y dará incentivos para la
misma. Al final se conocerá mucha más verdad y se repararán muchas más
víctimas con proceso de paz que sin él. Es decir, el fracaso del mismo
sí que traerá impunidad, ya que será como un borrón y cuenta nueva. A
continuación se demostrará como la resistencia civil de Uribe no es otra
cosa que la protección de mafiosos, de hecho su discurso de impunidad
es bien cuestionable a la luz de las mafias con las que gobernó durante
sus dos periodos presidenciales. Tres ejemplos son básicos.
El
primer ejemplo es el círculo cercano que rodeó a Uribe durante su
presidencia. Este círculo está totalmente vinculado al narcotráfico. Dos
de sus edecanes presidenciales están presos por narcotráfico. El
primero es el general Santoyo, quien fue extraditado a los Estados
Unidos por narcotráfico. Él era el hombre cercano a Uribe, trabajó
durante su gobernación en Antioquia donde recibió fuertes
cuestionamientos por conductas violatorias a los derechos humanos cuando
se desempeñaba como jefe del Gaula. A pesar de ello su carrera no se
detuvo y por el contrario se disparó con Uribe. Fue su hombre de
seguridad desde que era candidato a la presidencia. A Santoyo lo
reemplazó Flavio Buitrago quien se encuentra preso por lavado de
activos.
Asimismo, como si fuera poco, su
cuñada y su sobrina han sido sindicadas de narcotráfico. Su cuñada es
Dolly Cifuentes quien estuvo casada con Jaime Alberto Uribe Vélez, es
madre de Ana maría Uribe Cifuentes. Dolly fue extraditada a los Estados
Unidos por narcotráfico, allá se declaró culpable. Para la justicia
norteamericana Dolly era del clan de los Cifuentes Villa quienes eran
socios de Chapo Guzmán. Los hermanos Francisco Cifuentes Villa, alias
‘Pacho’ Cifuentes, Jorge Cifuentes Villa, alias ‘Jota’, y Dolly
Cifuentes Villa de Uribe, alias ‘La Meno’, conspiraron en el envío de
toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y lavar dinero del
narcotráfico.
Era tal la cercanía de la
administración Uribe que se reunía con narcotraficantes en la casa de
Nariño y con ellos planeaba conspiraciones contra magistrados de la
Corte Suprema de Justicia. Pedro Antonio López más conocido como Job,
quien fue jefe paramilitar y narcotraficante, en 2008 entró a la casa de
Nariño donde se reunió con personas del círculo cercano a Uribe para
planear un complot contra el entonces magistrado Iván Velázquez. Job
murió en extrañas circunstancias tiempo después.
Otro
ejemplo es la complicidad del gobierno Uribe con la bancada de la
parapolítica. A la fecha han sido condenados 61 ex congresistas. La
mayoría de ellos ejercieron entre los periodos de 2002 -2010. Varios
presidentes del Congreso entre ellos Javier Cáceres e igualmente el
primo de Álvaro Uribe, Mario Uribe, fueron condenados por concierto para
delinquir. La bancada de la parapolítica militaba en diferentes
partidos. Los congresistas de la Parapolítica presentaron un total de
250 proyectos de ley entre 2002 y 2006. Entre los proyectos de ley que
presentaban estaban reformas legislativas, temas presupuestales y
reformas electorales. Entre 2006 y 2010 la situación fue similar: cerca
de 200 proyectos de ley presentados por los parapolíticos. En la gran
mayoría de estos proyectos el voto de los parapolíticos fue disperso. Es
decir, no hubo como tal una bancada de estos congresistas: algunos
votaban a favor y otros en contra.
Solo
hubo un tipo de proyectos en los que estos congresistas votaron incluso
en contra de las directrices de los partidos y se comportaron como una
bancada. Fueron las denominadas leyes de tierras que se presentaron
durante el gobierno Uribe. El Estatuto Rural, la ley forestal, la ley
de biocombustibles y la ley 1182 de 2002 de saneamiento de la propiedad
falsa. De hecho, con esta última ley que duró en vigencia varios años se
legalizaron miles de despojos a campesinos pobres.
La
ley forestal fue tumbada por la Corte Constitucional, debido a lo
maligna que resultaba para el país. Es decir, no solo tuvo vicios de
trámite sino una ilegalidad patente del articulado, lo que llevó a su
inconstitucionalidad. Lo que llama la atención es que, la mayoría de
estas leyes fueron de iniciativa del ejecutivo y los ponentes eran los
parapolíticos. Las pocas que fueron de iniciativa legislativa fueron
apoyadas activamente por el ejecutivo.
Por ejemplo, Alberto
Carrasquilla, Ministro de Hacienda para 2003, presentó la ley de
biocombustibles, que pretendía beneficiar las plantaciones de Palma
Africana de los paramilitares. Al final la Corte la declaró
inconstitucional. Luego la ley fue presentada de nuevo con algunos
cambios. Los parapolíticos participaron activamente en esta ley.
Es
decir, los parapolíticos y el gobierno crearon leyes para los
despojadores, es lo que Luis Jorge Garay llama Reconfiguración Cooptada
del Estado; es decir, es aquella cooptación criminal en la cual se
trasforma el aparato institucional y normativo a largo plazo, donde se
convierte lo ilegal en legal.
El
último ejemplo es tal vez la riqueza de los hijos de Uribe. Pasaron de
plagiar tesis en la Universidad de Los Andes, -Jerónimo no fue expulsado
y logró terminar su carrera-, para convertirse en hombres ricos, en
cosa de meses. De hecho, no han querido mostrar su declaración de renta.
Llama la atención que aún no se ha aclarado cómo llegaron a convertirse
en prósperos empresarios.
Las
chuzadas del DAS, la compra de la reelección de Uribe, los falsos
positivos, son otros de los escándalos. Un último dato que vale la pena
mencionar es que durante la dictadura de Pinochet en Chile fueron
asesinados 3 mil personas. En los 8 años de Uribe habría ocurrido más de
4 mil falsos positivos según investigaciones de la fiscalía.
Ahora se entiende que la Resistencia civil de Uribe no es contra la impunidad: es para lograr la total impunidad.
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