De acuerdo con el señor Lorduy: Barranquilla no tiene las rentas que tienen Medellín y Bogotá con EPM y ETB. Las rentas de los barranquilleros son pírricas, así que, mientras nos inventamos otra cosa, tendremos que continuar con los impuestos naturales de una ciudad como la nuestra, porque si no, ¿cómo la vamos a mantener bonita?
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Impuesto a la telefonía
Por: César Lorduy
Sábado 02 de Enero de 2016 - 12:00am
Barranquilla
no tiene rentas distintas a las que se originan por los tributos que
pagan sus ciudadanos. No tenemos una EPM o una ETB que le producen
cuantiosos recursos a Medellín y a Bogotá, respectivamente. Las que
teníamos, por el contrario, le dejaron de herencia a la ciudad pasivos
pensionales que estamos pagando.
Los habitantes de este bello lugar todos los días exigimos –con razón– apoyo al deporte, la cultura y la conservación y mejoramiento de parques. A 75 de los 186 parques que tenemos hasta ahora les han invertido, a la fecha, 85 mil millones de pesos, pero nos falta adecuar y recuperar 111, sin contar los espacios públicos (plazas, bulevares, canchas, etc.) que deben ser atendidos. Unos y otros deben ser mantenidos para que lo hecho, y lo que hará la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, no se destruya.
Ese es el objetivo fundamental del Acuerdo Distrital 019 de 2015, por
el cual se establece en Barranquilla el impuesto a los servicios de
telefonía, cuya legalidad se cuestiona debido a que este tributo fue
declarado nulo por sentencia del 9 de diciembre de 2004 de la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo Estado
–en los mismos términos ya se había pronunciado el 22 de febrero de
2002–, bajo el argumento de que la norma en que se fundamentó (literal
i. del artículo 1° de la Ley 97 de 1913) no determinó los elementos de
la obligación tributaria.
Es necesario precisar que el mismo Consejo de Estado, en varios pronunciamientos posteriores, ha establecido que si bien la telefonía pública básica y la telefonía móvil celular tienen regulaciones independientes, no por ello puede desconocerse que una y otra son simplemente servicios públicos de telefonía, que se definen como servicios básicos y forman parte de los servicios de telecomunicaciones.
Pero como las opiniones no son iguales y eternas en el tiempo y menos en el derecho, el Consejo de Estado cambio su jurisprudencia. En la sentencia del 9 de julio de 2009, en concordancia con la sentencia C-035 de 2009 de la Corte Constitucional, indicó que se “ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales”.
El nuevo punto de vista de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo Estado es ratificado y reiterado por sus sentencias del 21 de noviembre de 2012 y la del 20 de junio de 2013.
En conclusión, y en palabras de este tribunal, si bien sostuvo
durante un tiempo que el literal i. del artículo 1º de la Ley 97 de 1913
había perdido aplicabilidad, esa interpretación fue rectificada a
partir de la sentencia del 9 de julio de 2009 y desde entonces reitera
que la norma citada constituye la autorización legal para que los
concejos municipales y distritales establezcan el tributo a los
servicios de telefonía dentro del ámbito de sus competencias, tal como
existe en varias ciudades del país.
Así las cosas, es forzoso concluir que el impuesto a la telefonía creado por el Acuerdo Distrital 019 de 2015, al amparo del literal i) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913 y de la Ley 84 de 1915, no solo es totalmente legal, sino válido hasta que el mismo Consejo de Estado diga lo contrario.
@clorduy
clorduym@gmail.com
Los habitantes de este bello lugar todos los días exigimos –con razón– apoyo al deporte, la cultura y la conservación y mejoramiento de parques. A 75 de los 186 parques que tenemos hasta ahora les han invertido, a la fecha, 85 mil millones de pesos, pero nos falta adecuar y recuperar 111, sin contar los espacios públicos (plazas, bulevares, canchas, etc.) que deben ser atendidos. Unos y otros deben ser mantenidos para que lo hecho, y lo que hará la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, no se destruya.
Es necesario precisar que el mismo Consejo de Estado, en varios pronunciamientos posteriores, ha establecido que si bien la telefonía pública básica y la telefonía móvil celular tienen regulaciones independientes, no por ello puede desconocerse que una y otra son simplemente servicios públicos de telefonía, que se definen como servicios básicos y forman parte de los servicios de telecomunicaciones.
Pero como las opiniones no son iguales y eternas en el tiempo y menos en el derecho, el Consejo de Estado cambio su jurisprudencia. En la sentencia del 9 de julio de 2009, en concordancia con la sentencia C-035 de 2009 de la Corte Constitucional, indicó que se “ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales”.
El nuevo punto de vista de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo Estado es ratificado y reiterado por sus sentencias del 21 de noviembre de 2012 y la del 20 de junio de 2013.
Así las cosas, es forzoso concluir que el impuesto a la telefonía creado por el Acuerdo Distrital 019 de 2015, al amparo del literal i) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913 y de la Ley 84 de 1915, no solo es totalmente legal, sino válido hasta que el mismo Consejo de Estado diga lo contrario.
@clorduy
clorduym@gmail.com
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