Colombia. "No hay ninguna decisión tomada sobre operaciones de cargue en zonas de fondeo": Mintransporte

Cambiar las reglas de juego, en el mundo de los negocios no es recomendable para ningún actor. Alguna vez me comentaba uno de los empresarios más importantes de Colombia, que negociar con los mexicanos era complicado. “Ellos te pueden variar las reglas de un día para otro. Tú no puedes confiar, hasta que no tengas el contrato firmado”. Y yo le decía, pero eso debe cambiar. A nadie le gusta, ni le conviene…

Y después de casi tres décadas del RADAR, esa práctica me imagino que desapareció. Este mundo se internacionalizó tanto que esas situaciones desaparecieron y tenemos un mundo más organizado en ese sentido. Por eso preocupa tanto que un Decreto cambie las reglas. En una nota anterior en este medio, lo señalamos. Y confiamos que el presidente Juan Manuel Santos, evite esos errores.

El Comité Intergremial y Asoportuaria tienen las pilas puestas para evitar sorpresas.

Beatriz Vélez, es una destacada jurista colombiana y conoce la ley. Y Antonio Felfle, presidente de Asoportuaria conoce muy bien el negocio portuario, y conversando con él, me confesó que está concentrado en ese tema. La justicia prevalecerá, estoy seguro.

RADAR,luisemilioradaconrado

Luisemilioradac@gmail.com
@radareconomico1
316 617 3355 

Colombia. “No hay ninguna decisión tomada sobre operaciones de cargue en zonas de fondeo”: Mintransporte 

El Gobierno colombiano aclaró que no hay ninguna decisión tomada en relación con la posibilidad de autorizar el cargue y descargue en zonas de fondeo dentro del proyecto de decreto que modifica el Estatuto Aduanero, al tiempo que se comprometió a realizar mesas de trabajo con la dirigencia de la Región Caribe para discutir la propuesta a fondo y analizar con detenimiento todas sus implicaciones.

El pronunciamiento en tal sentido lo hizo la Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa durante una reunión sostenida con los presidentes del Comité Intergremial del Atlántico, Beatriz Vélez, y de Asoportuaria, Antonio Felfle, en Bogotá, en  las que se revisaron otros temas de la agenda regional relacionados directamente con ese ministerio.

A instancias del Comité Intergremial del Atlántico y de Asoportuaria, se evaluó el impacto negativo que tendría la iniciativa  al desestimular la inversión privada en el desarrollo de la zona portuaria de Barranquilla, afectar las finanzas de la Alcaldía Distrital de esta ciudad por la reducción de los ingresos por las contraprestaciones que pagan sus concesionarios y los recaudos del impuesto de Industria y Comercio, y generar un alto riesgo de detrimento del patrimonio del Estado.

 

“La generación de una competencia desleal y desigual que afectará a empresarios que han realizado ingentes esfuerzos económicos para desarrollar la infraestructura portuaria del país, a partir de la citada ley, cumplen plenamente con las normas portuarias, aduaneras y ambientales y se encuentran bajo vigilancia de la Superintendencia de Transportes y Puertos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Ministerio del Medio Ambiente, en beneficio de operadores en fondeo que sin realizar inversiones ni comprometerse en el pago de contraprestaciones, ni en la reversión de activos a la Nación, los suplantarán en las actividades de cargue y descargue bajo el pretexto de favorecer los aligeramientos de carga”, señaló Beatriz Vélez.

 

Entre tanto, Antonio Felfle insistió en que dentro de la política portuaria del país se estableció que las “operaciones de fondeo” solo se pueden hacer cuando no es posible acceder al puerto nominado por situaciones de fuerza mayor que limitan la actividad portuaria tales como bajos calados, carencia material de infraestructura, falta de equipos, ausencia de acceso directo, o dificultades para el descargue parcial o total de las mercancías. Se trata de un manejo excepcional que se autoriza previamente por la necesidad de disminuir la carga a bordo de una nave para facilitar su navegación hacia el puerto designado.

 

“Sin embargo, al amparo de la citada figura, el citado proyecto de decreto, en sus artículos 2, 200 y 683 invierte la regla y permite de manera generalizada las operaciones de descargue en áreas de fondeo sin que las embarcaciones tengan necesidad de acceder a los puertos, contraviniendo así las normas de seguridad, navegación, fiscalización aduanera, ambientales, sanitarias, fitosanitarias y de control de narcóticos, que están justificadas plenamente en la política portuaria del país y en la protección de fines y bienes esenciales del Estado”, precisó el dirigente gremial.

En el análisis se advirtió que la aprobación de la citada modificación del Régimen Aduanero de Colombia traería consigo las siguientes situaciones:

 

1.       La generación en forma recurrente de solicitudes de permisos para descargues en áreas de fondeo y en puertos virtuales y flotantes, con lo que se eludirá el pago de las tarifas plenas contempladas en la normatividad portuaria bajo el marco jurídico de la ley 1 de 1991 y sus decretos reglamentarios.

2.     El natural desinterés de los concesionarios por la realización de nuevas inversiones en infraestructuras duraderas que permitan el desarrollo portuario de Colombia a los más altos estándares internacionales, tal como lo señala el documento Conpes 3744 de abril 15 de 2013, “Política Portuaria para un País Moderno”, sancionado mediante el decreto 1099 del 28 de mayo del presente año, y que establece una visión de futuro con programas definidos de inversión, generación de empleo y conservación del medio ambiente. 

 

3.     La reducción de los ingresos que perciben la Nación y las entidades territoriales por las contraprestaciones que deben pagar los concesionarios. A ello se sumaría el impacto negativo para el Distrito de Barranquilla en el recaudo del impuesto de Industria y Comercio.

4.    La desaceleración del proceso de desarrollo de la zona portuaria de Barranquilla como consecuencia de los dos puntos anteriores, por cuanto al cae el movimiento y registro de carga por el puerto local, se generará una disminución de los recursos disponibles, tanto públicos como privados, para financiar su actual proceso de modernización.     

5.     La apertura a una fuente infinita de litigios contractuales contra la Nación, porque la adopción del aligeramiento de carga en zonas y operaciones de fondeo como una práctica autorizada de forma general, supone modificar las condiciones de los contratos de concesiones portuarias, lo cual compromete la responsabilidad patrimonial del Estado.

 

La ministra Cecilia Álvarez-Correa estuvo muy receptiva a las explicaciones de los dirigentes gremiales de Barranquilla y el Atlántico, por lo que se acordó una agenda de reuniones que involucrarán a Cormagdalena y a la Alta Consejería Presidencial para la competitividad.

Además, mañana el Comité Intergremial del Atlántico y Asoportuaria se reunirán con los parlamentarios del departamento, con el fin de entregarles un informe detallado de la situación y compartirles la visión que sobre el tema se tiene desde el sector portuario y del sector productivo de la ciudad.

Beatriz Vélez Vengoechea, presidenta ejecutiva, Comité Intergremial e Intergremial del Atlántico