Polémica por la Ley de Ordenamiento Territorial, Colprensa

Polémica por la Ley de Ordenamiento Territorial
Colprensa
Bogotá. Cruce de argumentos, peros, pros y contras inundan el debate sobre la nueva ley que radicó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, ante el Senado de la República.

La Polémica es sostenida entre los gobiernos regionales de Atlántico, liderado por el liberal Eduardo Verano de la Rosa y la cartera del Interior y de Justicia que abandera la iniciativa.

El asunto central en el debate es la autonomía territorial administrativa y financiera, la cual solicitan los mandatarios locales que sea incluida en el texto de la ley.

Sin embargo, el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, se abstuvo de incluir el tema de la región como entidad territorial en la ley propuesta. La razón: considera que se puede afectar la unidad de la Nación.

El Gobierno Nacional afirma en la ley presentada que la promoción de regiones como entes administrativos de planeación "propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio colombiano a las oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando reducir los desequilibrios sociales, económicos y ambientales", para algunas personalidades políticas el asunto no es suficiente.

Para el mandatario del departamento del Atlántico es necesario impulsar que cada región sea comprendida como una entidad territorial con autonomía política y administrativa. Esto quiere decir que cada región (por ejemplo la llamada región Caribe), tenga un gobernador regional, una asamblea legislativa propia y el presupuesto perteneciente a la misma región.

Adicionalmente, tanto Verano de la Rosa, como algunos legisladores regionales, sostienen que es necesaria la conformación de una región autónoma para darle una mejor utilización a los dineros que se generarán por las variaciones positivas de precios internacionales de los productos que exporta cada entidad territorial.

Otra de las críticas señaladas es que, si bien el proyecto presentado por el gobierno comprende el tema de los territorios como Regiones Administrativas y de Planeación como un paso previo para posteriormente evolucionar a Región Entidad Territorial (que si comprende autonomía financiera, administrativa y política), la ley no prevé mecanismos para avanzar a tal estado.

Por su parte, el Ministerio del Interior expresa que este proyecto hace parte del camino para avanzar en la descentralización regional del país. Al respecto, la Constitución de 1991 reconoce como entidades territoriales a los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.

No obstante, esto no imposibilita la creación de regiones y provincias como entidades territoriales y la conformación de figuras asociativas para la promoción del desarrollo. Paso que, según el propio ministro, Germán Vargas, se está dando al darle trámite al proyecto en el Congreso.

Sin embargo el disgusto de las autoridades regionales con el Gobierno no es simplemente una cuestión ligada a la descentralización. Varias personalidades políticas, especialmente de la costa norte sostienen que el proyecto, tal y como lo presentó el Gobierno no es otra cosa que el cambio de condiciones con respecto a lo que se había negociado durante la campaña, cuando el propio Santos se reunió con los gobernadores del litoral Caribe.

El propio gobernador del Magdalena Omar Diazgranados, sostiene que "el gobierno cambió el proyecto 18 horas antes de radicarlo. No es el mismo que nos presentó en la campaña". En el mismo sentido van los pronunciamientos del representante a la Cámara por el Cesar, Yenci Acosta, para quien es necesario reformar el texto radicado por Vargas.

"Este proyecto no es lo que se había hablado. Simplemente supone que haya asociaciones de gobernadores, de alcaldes y mandatarios locales para presentar propuestas comunes", afirma Acosta, quien sostiene que pareciera que con los fondos regionales parecer que se intentara recentralizar los recursos regionales para darle un papel de "reasignador" al sector central del Estado.

Por su parte el senador Edgar Gómez afirma que lo más probable es que el trámite de esta iniciativa derive en choques entre el gobierno central, pues lo más probable es que las regiones que obtienen sus recursos de las regalías no quieran que el actual régimen cambie.

En el mismo sentido va el pronunciamiento de otros políticos quienes afirman que no es posible que sectores que aportan de manera tangencial al crecimiento económico del país se beneficien de la explotación de territorios que nunca han volteado a mirar.

Y el tema va más allá. El malestar causado se expresa en términos de las viejas tensiones de las regiones con Bogotá.

Por tal razón para el senador del Polo, Luis Carlos Avellaneda, es necesario que se piense en una reforma territorial que no sólo atienda a intereses políticos y administrativos y que contemple la creación de regiones a partir de mirar coincidencias de orden "político, económico, social y cultural".

Sólo así, sostiene el polista, es posible que prospere la iniciativa que debe contemplar la creación de 7 u 8 entes territoriales nuevos más organizados y con autonomía política para abolir la división política administrativa propuesta por la Constitución de 1991.

Para el senador de Cambio Radical, Javier Cáceres, la iniciativa carece de profanidad y no llena "las expectativas del Caribe". "En la costa estamos cansados de estar mendigando, por eso decimos que si se va a dotar de presupuestos propios a las regiones, que éstos se obtengan de recursos nuevos" afirma el legislador cartagenero quien afirma que el Gobierno debe buscar nuevas iniciativas pues inclusive, aunque se trate el tema de regalías mientras no se trabaje adecuadamente no se garantiza el desarrollo social.

"Está demostrado que históricamente hay casos de corrupción tales que los municipios con más regalías son algunos con los índices de pobreza más altos, por eso la reasignación de recursos no garantiza nada" concluye Cáceres.