167 mil colombianos salieron de inseguridad alimentaria en 2024

En 2024, más de 167 mil personas lograron vencer la inseguridad alimentaria en Colombia. Así quedó registrado en el informe de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria 2024 revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En Colombia hay más de 14,4 millones de personas afectadas por esta situación, equivalentes a 27,6 % de la población total colombiana, cifra que evidenció una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente a 2023, de acuerdo con el documento del DANE

El estudio indica que “la inseguridad alimentaria grave se mantuvo en 5,2 %, aunque en términos absolutos se incrementó en 84 mil personas, alcanzando un total de 2,7 millones”, explicó la directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras. 

La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por la sigla en inglés de Food Insecurity Experience Scale) es una herramienta diseñada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que mide el acceso a los alimentos en términos de cantidad y calidad.

La FIES recoge la información de los hogares consultados a través de ocho preguntas sobre su acceso a alimentos, cantidad y calidad, durante el periodo de estudio, en este caso los últimos 12 meses.

La medición se hizo durante 2022, 2023 y 2024, con el fin de evaluar el indicador de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria moderada o grave, o grave en la población, según el Objetivo No. 2, “Hambre Cero”, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Otros resultados

El estudio del DANE indica que en el total nacional la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en hogares fue de 25,5 % durante 2024, con una disminución de 0,6 puntos porcentuales (p.p.) frente a 2023. 

Respecto a la inseguridad alimentaria grave, el resultado aumentó 0,2 p.p., al pasar del 4,8 % en 2023 a 5 % en 2024.  

En los hogares ubicados en centros poblados y rurales dispersos, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave se incrementó 3 p.p. en los dos últimos años, al pasar de 31,2 % a 34,2 p.p. el año pasado.

Para las cabeceras municipales, el indicador disminuyó 1,7 p.p. el año anterior y pasó de 24,7 % en 2023 a 23 % en 2024.

Por departamentos, La Guajira (52,4 %), Sucre (49,5 %) y Córdoba (47,6 %) tuvieron la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024. Mientras, Caldas (12,8 %), Bogotá (13,9%) y Santander (16,2%) los de menores porcentajes.

En cuanto a la prevalencia de inseguridad alimentaria grave, diez departamentos registraron aumentos significativos en los dos últimos años: San Andrés, Córdoba, Nariño, Chocó, Cundinamarca, Vaupés, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo y Boyacá. Y reducciones en Bogotá y 10 regiones más: Huila, Cauca, Guaviare, Meta, Tolima, Amazonas, Magdalena, Cesar, Arauca, Vichada. 

Respecto de la jefatura del hogar, aquellos con jefatura femenina registraron una prevalencia de 28,2 % en 2024, mayor que los de jefatura masculina (23,1 %). 

Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia, destacó que esta información “es importante para el país, ya que presenta datos a nivel nacional y departamental, insumos claves para la toma decisiones y la medición de avances de Colombia frente al cumplimiento de Objetivo 2 de los ODS: Hambre Cero”.

Una economía que gasta, pero invierte a medias

Mauricio Hernández Monsalve, economista BBVA

Columna de BBVA

Por Mauricio Hernández, economista de BBVA Research

La economía colombiana creció 2,7% anual en el primer trimestre de 2025, su mayor expansión desde el año 2022. Sin embargo, al mirar más allá del dato general, el patrón de crecimiento revela una composición de la demanda interna cada vez más inclinada hacia el consumo final, mientras la inversión fija continúa rezagada. Esta dinámica sostiene el presente, pero puede hipotecar el futuro.

El consumo privado creció 3,8% anual y representa actualmente el 76,7% del PIB, el nivel más alto desde que se mide con la actual metodología. El gasto en bienes durables y semidurables (como autos, electrodomésticos, muebles, ropa y calzado) aumentó con fuerza, impulsado por menores tasas de interés, mejoras salariales y una expansión del empleo, aunque con una creciente participación de la informalidad.

Incluso sin una recuperación sustancial en los índices de confianza,los hogares siguen dispuestos a consumir, lo que indica una resiliencia del gasto que ha sido característica en los últimos años.

En cambio, la inversión fija solo creció 1,8%, con un comportamiento dispar. La inversión en maquinaria y equipo (+12,5%) mostró un repunte, posiblemente explicado por una mayor utilización de la capacidad instalada en algunas industrias. Sin embargo, la inversión en vivienda (-8,6%) y en edificaciones no residenciales y obras civiles (-4,5%) cayó con fuerza.

En conjunto, estas cifras reflejan desafíos en la articulación de recursos públicos, restricciones fiscales y debilidades persistentes en sectores como la minería.

La composición sectorial refuerza este diagnóstico: mientras agro, servicios y parte de la industria muestran recuperación, sectores intensivos en inversión como construcción, otras manufacturas y minería siguen rezagados, lo que limita el avance de la inversión total y frena su aporte al crecimiento.

Para lo que resta del año, se espera que las menores tasas del Banco de la República estimulen la inversión, pero su efecto dependerá también de una senda de disciplina fiscal que ayude a reducir las tasas de interés del mercado y de un entorno institucional favorable para la confianza empresarial.

Para crecer más y mejor, Colombia necesita invertir, no solo gastar.

Ecopetrol firmó acuerdo para comprar portafolio de la petrolera noruega Statkraft

•  Si se concreta esta negociación, la región Caribe se convertirá en el mayor polo de generación de energía limpia en Colombia

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, con directivos de Statkraft

El Grupo Ecopetrol anunció la compra del portafolio que tiene en Colombia la multinacional noruega Statkraft European Wind and Solar Holding, AS - Statkraft, que comprende diez empresas de energías renovables, proyectos ubicados en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena.

​El presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán, informó que el proceso de negociación “concluyó exitosamente" para la potencial adquisición por parte de Ecopetrol S.A. de su portafolio que incluye: una compañía dedicada al desarrollo y operación de activos solares y eólicos; seis compañías de propósito especial dueñas de proyectos solares (614 MW); y tres compañías de propósito especial dueñas de proyectos eólicos (750 MW).

Roa Barragán explicó que el acuerdo está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes y otros requisitos legales, que una vez ejecutados, permitirán la adquisición por parte del Grupo Ecopetrol de este portafolio de 1,3 GW.

“Esta es una adquisición muy importante, son prácticamente nueve proyectos, tres de los cuales están listos para iniciar construcción, uno ya en estado operativo, se trata del Portón del Sol, en La Dorada Caldas, con 128 mw pico de capacidad energía solar. Y tenemos cinco proyectos más en Córdoba, Sucre y La Guajira", explicó el directivo.

Las compañías que comprará la petrolera estatal colombiana son de propiedad de Enerfín Sociedad de Energía S.L.U y Enerfin Enervento Exterior S.L. (en conjunto Enerfin), subsidiarias de Statkraft.

En total, los proyectos suman 1.364 mw, 750 son eólicos en La Guajira y 614 distribuidos así: tres en el departamento de Córdoba, uno en Sucre, uno en Magdalena, además del proyecto de La Dorada, Caldas.

“Son 1.364 mw de energía solar, eólica, que nos permiten dar el paso que hemos anunciado de la transición energética del Grupo Ecopetrol para convertir a la región Caribe en el mayor polo de generación de energía limpia en el país", añadió el presidente de Ecopetrol.

La transacción está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio y otros requisitos legales antes de hacerse el cierre definitivo.

Una vez se cumplan las condiciones precedentes y los requisitos legales, Ecopetrol S.A. publicará la información pertinente, de conformidad con su respectivo régimen legal, por este mismo medio y/o en los demás que le resulte aplicables.

“De cerrarse esta adquisición, Ecopetrol S.A. avanzaría en su meta de descarbonización y transición energética, superando la meta de incorporación de 900 mw de capacidad de autogeneración con fuentes de energía renovable fundamentales para la transformación de su matriz energética, en línea con la Estrategia 2040, energía que transforma", dijo el directivo.

La compañía informó que esta transacción apalanca la generación de energía de bajas emisiones en condiciones competitivas para el autoconsumo del Grupo Ecopetrol, reduciendo las compras de energía en contratos bilaterales y la exposición a las compras de energía en bolsa.

La UNGRD no ha autorizado suspensión de obras en La Mojana y ordena reiniciar actividades

Esta obra, actualmente paralizada por particulares, es una intervención de emergencia para mitigar las inundaciones en La Mojana

Sector "Caregato" en La Mojana. Foto cortesía de UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informa a la ciudadanía, autoridades territoriales y medios de comunicación que no ha autorizado la suspensión de las obras de emergencia en el canal de La Esperanza, en la región de La Mojana. Mediante oficio, el contratista encargado del seguimiento y control del proyecto notificó que el ejecutor de la obra suspendió las labores debido a la reclamación de terceros que alegan derechos sobre predios ubicados en el área de intervención.

La UNGRD reitera su disposición de pagar el valor correspondiente a los legítimos propietarios de los terrenos incluidos en el polígono de intervención, conforme se ha expresado en las negociaciones adelantadas. La entidad está a la espera de los documentos requeridos por ley para acreditar la propiedad y avanzar con el trámite de compraventa.

Es importante aclarar que, antes del inicio de las obras, la UNGRD adelantó procesos de diálogo y negociación con personas que acreditaron la titularidad de los terrenos. Con base en esa información preliminar, y dada la urgencia de la intervención, se declaró la utilidad pública y se procedió con el inicio de los trabajos.

Ante esta situación, la entidad enviará una comisión técnica al territorio para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y analizar la documentación e información que presenten los propietarios en terreno. Además, invita a las autoridades locales a realizar un acompañamiento para garantizar el normal desarrollo del proyecto. Asimismo, la UNGRD reitera su disposición a mantener un diálogo abierto, transparente y respetuoso con las comunidades y actores territoriales, con el fin de garantizar la continuidad y legitimidad del proyecto.

La entidad recuerda que la intervención contempla la ampliación del canal de La Esperanza, el aumento de su capacidad hidráulica y la reducción del caudal que fluye por el boquete de "Caregato". Actualmente, 30 máquinas realizan labores de retiro de capa vegetal y excavaciones mecánicas.

La UNGRD hará uso de todos los recursos legales y constitucionales necesarios para garantizar la culminación exitosa de esta obra que busca mitigar el riesgo de inundación en La Mojana. Esta es una obra prioritaria que debe ejecutarse con celeridad, debido a la compleja situación que enfrentan los habitantes de la subregión en medio de la temporada de lluvias. En este proceso deben primar los intereses colectivos de las comunidades afectadas por encima de los intereses particulares de quienes, sin acreditar propiedad, pretenden obstaculizar el avance del proyecto. 

Análisis de expertos en Uninorte: Tasa de informalidad promedio de 56% y más de la mitad de trabajadores sin cotizar pensión, no es buen panorama

• Estudio del Banco de la República revela que, aunque la informalidad laboral ha disminuido, persisten brechas regionales, educativas y productivas
• Expertos de Fundesarrollo, Cámara de Comercio, Banco de la República y Uninorte dialogaron sobre las causas históricas y estructurales de la informalidad laboral

Por: José Luis Rodríguez R.*

Iván Luzardo, director de Planeación de Uninorte

En Colombia, la informalidad laboral persiste como uno de los desafíos estructurales más urgentes, afectando a casi la mitad de los trabajadores en las principales ciudades del país, según un reciente estudio del Banco de la República. El informe, que hace parte de los Ensayos sobre Política Económica (ESPE), revela que seis de cada diez trabajadores laboran por fuera del marco de formalización laboral, una situación que golpea con mayor fuerza a regiones como el Caribe y el Pacífico, donde las economías locales muestran menor dinamismo y la población ocupada tiene menores niveles de formación.

Este y otros hallazgos del estudio, que brinda nueva evidencia sobre las causas, dinámicas y efectos de la informalidad laboral y empresarial en el país, fueron analizados el 8 de mayo durante la jornada Economía Invisible: el impacto de la informalidad en el desarrollo colombiano, organizada por la Dirección de Planeación y Estudios Institucionales de Uninorte en el Salón Gabriel García Márquez. La primera conferencia estuvo a cargo de Andrea Otero Cortés, economista e investigadora del Banco de la República, quien presentó los resultados del ensayo.

El documento, coordinado por ella, combina artículos de investigación del banco y de otros académicos, e incluye secciones sobre caracterización, evaluaciones de política y macroeconomía. De acuerdo con el estudio, la informalidad en Colombia disminuyó entre 2010 y 2024, con una reducción de aproximadamente 13 puntos porcentuales. Sin embargo, Otero señaló que las tasas de informalidad siguen siendo altas.

“Tener tasas de informalidad y promedio nacional del 56 % no es deseable, más de la mitad de los trabajadores no cotizan la pensión", indicó, explicando que esta situación implica una violación de la ley y una protección social incompleta. Mencionó que Barranquilla experimentó un ligero aumento de la informalidad entre 2016 y 2020 debido al flujo migratorio, pero ha mostrado una baja en los últimos años pospandemia.

El estudio señala que Bogotá, Medellín y Manizales tienen tasas de informalidad cercanas al 33 %, comparables a países como Chile, mientras que ciudades como Sincelejo, Valledupar, Riohacha y Cúcuta superan el 65 %, acercándose a mercados laborales como el de Nicaragua. “Esta disparidad es preocupante porque la legislación laboral en Colombia es nacional, lo que significa que las políticas públicas nacionales están abordando problemas con características locales muy diferentes”, argumentó. Como ejemplo, mencionó que el salario mínimo, una política nacional, tiene efectos distintos en cada ciudad debido a las diferencias en sus mercados laborales.

Otero también resaltó la correlación entre el nivel educativo y la informalidad laboral, indicando que los trabajadores sin ningún título académico formal tienen una tasa de informalidad del 75 %, lo cual está relacionado con su productividad percibida y las barreras de entrada al mercado laboral formal. Según Otero, la solución no es bajar el salario mínimo, sino "subir la productividad de esos trabajadores con educación de calidad y pertinente". Por otro lado, el documento registra que la informalidad también varía a lo largo del ciclo de vida, siendo alta entre los jóvenes y aumentando nuevamente a partir de los 45 años para las mujeres y los 50 años para los hombres, lo cual “es preocupante en un país que está envejeciendo rápidamente”.

Respecto a la informalidad empresarial, Otero afirmó que es alta en microempresas. "En general, en el mundo entero el emprendimiento suele iniciar de manera informal", pero lo preocupante en Colombia es la baja movilidad empresarial. Esto se debe a que “el grueso de emprendimientos surge con una vocación de subsistencia y no de crecimiento”.

Informalidad laboral: un reflejo de las desigualdades históricas

Iván Luzardo, director de Planeación de Uninorte, realizó posteriormente una presentación que abordó los orígenes históricos de la informalidad laboral en Colombia. Un fenómeno persistente y difícil de revertir a corto o mediano plazo, debido a las causas profundas y la complejidad de reformar el sistema de seguridad social.

Durante su conferencia, explicó que la persistencia de la informalidad se debe a una economía política en la que el grupo con acceso a la seguridad social forma una coalición dominante que impone barreras altas para aquellos que no logran acceder al sistema, que son esencialmente los informales. “Detrás de eso hay toda una economía política en el que básicamente el grupo que tiene acceso a la seguridad social logra formar una coalición dominante que impone barreras que son muy altas para la coalición que está subordinada", dijo Luzardo, quien también señaló que las causas inmediatas de la informalidad incluyen bajas tasas de cobertura educativa, el salario mínimo, los costos laborales y las rigideces del mercado laboral. Sin embargo, argumentó que estas son solo la primera capa del problema y que las causas profundas son de carácter estructural, relacionadas con una economía política que mantiene un sistema de seguridad social con altas barreras de acceso.

En 1945 se creó la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, que subsistió durante gran parte del siglo XX, pero estaba restringida únicamente a los trabajadores públicos. El resto de la población no tuvo acceso a la seguridad social hasta 1967, cuando se creó el Seguro Social. Este sistema le dio acceso a la seguridad social a un grupo pequeño de la fuerza laboral, que Luzardo denomina la "aristocracia de los trabajadores", compuesta por trabajadores urbanos empleados en empresas medianas y grandes. Al cuestionar por qué se creó un sistema de seguridad social tan restringido, Luzardo argumentó que la informalidad laboral es una prolongación histórica de esta segregación.

Para el cierre del evento, el director de Planeación moderó un panel en donde dialogaron Andrea Otero, economista de Banrepública; Oriana Álvarez, directora de Fundesarrollo; Juan Sebastián Joya, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y Andrés Vargas, docente del Departamento de Economía de Uninorte.

“La mayor proporción de informalidad laboral se encuentra en el Caribe colombiano. Quiere decir que los problemas del funcionamiento del mercado laboral en la región necesitan una intervención diferencial. ¿De qué tipo? Es una discusión válida. Nosotros hicimos un estudio el año pasado sobre la oferta y a demanda laboral de la región, y la respuesta está en esa línea”, enfatizó Álvarez.

Por su parte, Juan Sebastián Joya destacó el papel del Estado en la promoción de la formalización empresarial, especialmente entre los emprendedores jóvenes. “Desde el Estado hay formas para motivar la formalización empresarial”, señaló, enfatizando que existen mecanismos que hacen más accesible el proceso para quienes inician su actividad económica. Mencionó como ejemplo los beneficios que reciben los nuevos empresarios al momento de inscribirse en la Cámara de Comercio. “Los empresarios jóvenes pueden acceder a una condición donde se les hace realmente económico renovar y matricularse en la Cámara de Comercio durante los primeros años”, explicó.

Durante su intervención, el profesor Andrés Vargas invitó a reflexionar críticamente sobre el concepto mismo de informalidad y su utilidad para analizar los problemas estructurales del empleo en Colombia. “Me he preguntado cómo el concepto nos ayuda a iluminar los problemas o quizás confundirlos”, expresó, cuestionando si la categoría estadística captura con precisión la complejidad del fenómeno. Vargas comentó finalmente: “Supongamos que hoy sacan una norma que dice que ya todos están afiliados a pensiones, entonces según el criterio estadístico de informalidad, la informalidad desaparece en el país de un plumazo. Pero realmente nada ha cambiado, persistiría la precariedad laboral, la baja productividad y las brechas económicas regionales”.

*José Luis Rodríguez R. de Grupo Prensa de la oficina de Comunicaciones de Uninorte

Empresa barranquillera es autorizada para regresar empaques usados a la cadena productiva

• La autorización del Invima abre posibilidad para integrar materiales reciclados, de manera segura, a la fabricación de empaques para alimentos

Trabajadores de Litoplas. 

La empresa colombiana Litoplas, especializada en la fabricación de soluciones de empaques flexibles, recibió la aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para las estructuras de empaque elaboradas con material reciclado posconsumo, que son aptas para el contacto directo con los alimentos.

Con esta certificación, la empresa se convierte en la primera empresa del sector de empaques flexibles en Colombia en obtener esta aprobación, lo que abre una nueva posibilidad para la integración segura de materiales reciclados en productos alimenticios.

Litoplas fabrica empaques para alimentos como café, helado, galletas, azúcar, productos para panadería y también para productos agroquímicos, aislantes térmicos y para el cuidado personal, entre otros.

José Luis Mora, presidente de Litoplas, dice que la compañía se ha esmerado por brindarle a sus clientes un empaque que pueda proteger sus productos hasta llegar a las despensas de los hogares. La empresa identificó el problema de qué hacer con los empaques después de su uso, y por eso a través de su estrategia de sostenibilidad decidió promover iniciativas de circularidad para asegurar que el empaque tenga una segunda vida y pueda volver a la cadena, evitando que llegue a los ecosistemas como basura.

Esta empresa, que tiene sede en Barranquilla, trabaja con aliados como las asociaciones de recicladores para que la recolección del material en las calles llegué a la Polyrec, la spin off creada por la firma para que el empaque a través del reciclaje mecánico se convierta en materia prima para la producción de empaques secundarios en Litoplas.

La aprobación por parte del INVIMA, expresó Mora, “demuestra que el nuestro es un empaque que cuenta con todas las características de calidad y sanidad para tener contacto con el alimento y esto nos abre las puertas para seguir generando una conciencia ambiental en conjunto e invitar a los consumidores a seguir reciclando para que los empaques vuelvan a la cadena y no contaminen los ecosistemas”.

El proceso certificado

Litoplas, que cuenta con cerca de 580 empleados y también tiene operación en Guatemala, estableció un plan de trabajo con diferentes aliados para que la recolección de empaques posconsumo pueda cumplir con un proceso de reciclaje químico, conocido como pirólisis, que convierte residuos plásticos en pellets (pequeños gránulos utilizados como materia prima para la fabricación de una gran variedad de productos plásticos) con propiedades equivalentes al plástico virgen y así convertirse en materia prima para nuevos empaques.

Este proceso fue el que recibió la aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Litoplas puede ofrecer estructuras de empaques elaboradas con material reciclado posconsumo que son aptas para el contacto directo con los alimentos, cumpliendo con los estándares requeridos de seguridad, resistencia y protección.

De acuerdo con la compañía, el desarrollo ya ha sido sometido a pruebas técnicas con resultados exitosos, confirmando que los empaques elaborados con material reciclado posconsumo -con una composición que incluye más del 70% de este material- pueden cumplir con las exigencias del contacto directo con alimentos.

Las evaluaciones realizadas validaron no solo la seguridad e inocuidad del material, sino también su desempeño en aspectos clave como resistencia, y conservación del producto.

“El desafío no era solo desarrollar un empaque con material reciclado, sino hacerlo cumpliendo con los más altos estándares de seguridad para alimentos”, explicó Álvaro Quintero, jefe de producto de Litoplas. “Esta aprobación por parte del Invima valida un trabajo riguroso de investigación, desarrollo y articulación con aliados clave de la cadena y abre una puerta real hacia soluciones más sostenibles en el sector”, recalcó Quintero.

La compañía dijo que esta innovación forma parte de la estrategia de ecodiseño de Litoplas, con la cual busca ofrecer soluciones más sostenibles sin comprometer la funcionalidad ni la calidad. Además, responde al compromiso de sostenibilidad de acompañar a las marcas en sus metas de sostenibilidad, impulsando modelos de producción más responsables y circulares.

Con esta aprobación, Litoplas establece un precedente para la industria de empaques flexibles en el país, al demostrar que es posible generar una conciencia ambiental en todos los actores de la cadena para asegurar que el empaque puede volver a la cadena productiva y además cumpla con altos estándares de calidad. Se trata de un avance que trasciende lo técnico y representa un aporte concreto hacia un futuro más sostenible para el sector y los consumidores.

Fuente: Comunicado de prensa

BID otorgó préstamo a Colombia para aumentar resiliencia ante desastres naturales y emergencias de salud pública

Volcán Galeras, Nariño, en 2010

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo contingente por US$400 millones para apoyar a Colombia a construir mayor resiliencia financiera frente a emergencias por desastres naturales y de salud pública. 

Este préstamo, aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID mediante la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública (CCF), permitirá al país acceder rápidamente a recursos en caso de emergencias por desastres naturales y de salud pública. Financiará la atención inmediata de la población afectada, ayudando a amortiguar el impacto sobre las finanzas públicas del país y sentar las bases para una recuperación rápida y sostenible.

“Este programa es el primer crédito contingente CCF contratado por Colombia con el BID. Refleja el compromiso del país por seguir fortaleciendo su resiliencia frente a los desastres naturales, así como los esfuerzos del Banco por promover soluciones financieras innovadoras que mejoren la gestión del riesgo de desastres en Colombia”, señaló Ramiro López-Ghio, representante del BID en Colombia. 

El organismo internacional considera que Colombia está expuesta y es vulnerable a amenazas naturales como sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías, tsunamis e incendios forestales. Desde 1990, el país ha registrado 163 eventos extremos que afectaron a más de 13 millones de personas y provocaron miles de millones de dólares en pérdidas.

El programa incluye actividades de asistencia humanitaria, la reconexión de servicios públicos y la rehabilitación temprana de infraestructura critica, entre otras medidas de respuesta inmediata.

Esta operación, junto con un programa de asistencia técnica, contribuirá a mejorar la gestión integral del riesgo de desastres del país en cinco ejes estratégicos: gobernabilidad, identificación y conocimiento del riesgo, reducción del riesgo de desastres y adaptación, preparación y respuesta, y protección financiera.

En caso de desembolsar recursos del préstamo ante un evento elegible, las condiciones financieras que tendría el financiamiento serían un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR. La SOFR se ha convertido en la tasa de referencia principal para préstamos y derivados denominados en dólares estadounidenses, después de que la LIBOR fuera eliminada en junio de 2023.

Riesgos fiscales podrían cambiar la tendencia de reducción de tasas del Banco de la República

Alejandro Reyes, economista de BBVA

Después de conocerse la decisión de la junta directiva del Banco de la República de reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, hasta 9,25% este 30 de abril, el banco BBVA presentó su visión sobre este anuncio, a través del economista jefe Alejandro Reyes.

La entidad bancaria resalta que la decisión es un importante cambio frente a la postura de las últimas reuniones, en las que se evidenciaba un fraccionamiento entre las visiones de los diferentes miembros. En este caso, se moderó la posición de los miembros de la Junta que abogaban por rebajas de 50 pb en el mes pasado, al tiempo que el grupo mayoritario en la reunión de marzo decidió retomar una postura en favor de rebajas graduales luego de haber votado por estabilidad.  

Reyes dijo que “esta votación unánime, podría ser interpretada como una señal de mayor confianza en que el ciclo bajista de tasas se reanudó. A pesar de esto, es relevante destacar que, en medio de un entorno de alta incertidumbre, la postura propia del Banco ha presentado cambios reiterados en los últimos meses, con rebajas de hasta 50 pb y otras por estabilidad, lo que deja aún abiertas las decisiones a los nuevos datos que se produzcan, especialmente en el frente de la inflación y el fiscal”. 

El economista dijo que los miembros de junta de Banrepública, resaltaron que la inflación retomó una senda decreciente, “lo que consideramos puede ser una expresión de un ajuste en el balance entre inflación y crecimiento, con menores preocupaciones, sobre la inflación actual y esperada en favor de una postura más favorable en apoyo a la actividad”. 

BBVA puntualiza que eso se puede deber a que los riesgos en el escenario global a menor actividad pueden tener impactos no menores en la economía colombiana y pueden ser parte de los escenarios de riesgos que han ganado probabilidad de ocurrencia en el último mes. 

Esta decisión, dice Alejandro Reyes, vista en ausencia de los retos fiscales recientes, está en línea con la postura de BBVA sobre la necesidad de materializar mayores y más rápidas rebajas de tasas de interés para atender las necesidades de recuperación de la inversión en la economía. 

Sin embargo, el economista agrega, que los factores fiscales siguen siendo una alta fuente de incertidumbre para la economía colombiana sin cambios significativos, al menos públicos, por el momento, lo que podría haber justificado una postura más cauta en la reunión de abril. 

Al final, expresó: “coincidimos con el Gerente del Emisor, que las tasas de interés tenderán a ser menores en los próximos meses, aunque su ritmo de rebajas siga sujeto a las condiciones especiales que gobiernan la economía global y local. Sin embargo, resaltamos que, de no contenerse los riesgos fiscales, se corre el riesgo de finalizar el actual ciclo con una tasa natural (o terminal) más elevada que la anticipada e histórica”. 

Banco de la República bajó tasa de interés de política monetaria

• Tasa de interés de política monetaria quedó en 9,25%
• La decisión fue tomada por unanimidad

En reunión de este 30 de abril, la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia decidió por unanimidad reducir en 25 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 9,25%.

Leonardo Villar Gómez, gerente general del banco emisor, informó que los miembros de junta tuvieron en cuenta los siguientes elementos, para tomar la decisión:

1. La inflación anual retomó su tendencia decreciente al pasar de 5,3% a 5,1% entre febrero y marzo. La inflación básica sin alimentos ni regulados mantuvo su tendencia descendente al pasar de 4,9% a 4,8%. Las expectativas de inflación provenientes del mercado de deuda disminuyeron, en tanto que aquellas obtenidas de las encuestas permanecieron estables.
2. Las cifras disponibles de actividad económica para el primer trimestre sugieren que la economía habría crecido a una tasa anual del 2,5%. Este dinamismo habría obedecido al fortalecimiento de la demanda interna jalonada por la expansión del consumo privado y de la inversión. El equipo técnico ajustó su pronóstico de crecimiento a 2,6% para 2025 y a 3,0% para 2026, teniendo en cuenta la desaceleración prevista de la economía global.
3. Las condiciones de financiamiento externo del país se han tornado más restrictivas, en un entorno de tensiones comerciales globales, alta volatilidad e incertidumbre en el mercado financiero internacional y presiones al alza sobre la prima de riesgo de Colombia. Las mayores barreras al comercio implican choques negativos sobre la demanda externa del país y sobre los precios de algunos de los productos básicos exportados.
4. En el contexto de las condiciones externas anotadas y de incertidumbre sobre la situación fiscal a nivel local, la prima de riesgo de Colombia se ha incrementado.

La decisión adoptada por la Junta Directiva en su sesión de hoy mantiene una postura cautelosa de la política monetaria, al tiempo que continúa apoyando la recuperación de la actividad económica sin poner en riesgo la convergencia de la inflación a la meta. Nuevas decisiones dependerán de la información disponible.

El anuncio fue hecho después de la polémica generada a raíz de la opinión del presidente de la república, Gustavo Petro, quien expresó que el gasto público en Colombia era en parte provocado por el banco emisor por la alta tasa de interés. Petro dijo en su cuenta de la red social X: “Es la deuda interna la que aumenta como gasto público, y ésta está determinada por la tasa de interés que impone el Banco de la República. Por eso no la bajan. No permiten desahogar financieramente al gobierno y paralizan la economía nacional. Es simplemente una posición política”.

En desacuerdo con el mandatario, José Manuel Restrepo, exministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, dijo que la inflación la genera el exceso de demanda (incluido el gasto público) sobre la oferta y esa es la razón por la que el Banco de la República no había bajado la tasa de interés de política monetaria, para controlar el aumento de precios.

Restrepo señaló que “cargarle al Banco la responsabilidad del gasto público es una forma de eludir el debate de fondo: la sostenibilidad fiscal y el respeto por las decisiones técnicas que velan por la estabilidad de precios”.