En
el RADAR queremos entender lo que está pasando por el sector eléctrico
colombiano. Y básicamente, lo que está sucediendo en la región Caribe.
Las
quejas se repiten. Algunos consideran que Electricaribe maltrata a sus
clientes. Tiene unas tarifas altas. Es ineficiente… en fin…
Lo
que no ponen sobre el tapete, son las fallas del sistema, del gobierno colombiano
porque no cumple sus compromisos, pretendiendo también que la compañía haga
inversiones anticipadas, que después el estado no cancela.
Y
debemos adicionar que, en medio de la crisis, hay muchos usuarios morosos que no les
interesa pagar sus facturas, son irresponsables y frescos.
Y
hay otro grupo que además de no cancelar las facturas, ROBAN energía
descaradamente.
En
este pasaje mi colega Soledad Leal se queja del servicio. Y el economista,
también amigo, Javier Palacio, nos explica cómo ve la situación, después de
hacerle esa petición, aquí en el RADAR.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Pd: Soledad y Javier en el RADAR
ELECTRICARIBE y las quejas de la comunidad. Soledad y Javier
Me sigo haciendo la pregunta:
si es tan "mal negocio", si es inviable como negocio por la calidad
de los clientes y usuarios, ¿por qué no renuncian al contrato si pueden
demostrarlo con estas cifras? Ó, ¿es que tras de todo les debemos el
"favor" por su altruismo de que presten el "servicio"? Yo
soy un ejemplo de esa equidad en tarifas -ojo, que pago cumplidamente-: vivo en
Paraíso, ESTRATO 4, con mi esposo e hija, somos tres adultos que trabajamos
todo el día, almorzamos en la calle, tenemos nevera inverter y 2 tvs. Una
lavadora que se usa una vez a la semana (estricto), y el único lujo: dos aires
de 9 caballos que sólo se prenden en las noches, cuando vamos a dormir. Y PAGO
MENSUALMENTE $252 MIL PESOS POR UN APARTAMENTO QUE PERMANECE VACÍO TODA LA
SEMANA!!!
Javier Palacio Trillos
No media ningún contrato con la nación ni con los entes territoriales, son una
rueda suelta. Se les transfiere recursos públicos, vía inversiones y subsidios,
de forma ilegal. No quieren firmar ninguna concesión. Empresa y funcionarios
públicos saben del incumplimiento del capítulo XI de la Ley Eléctrica, la 143
de 1994.
Luis Emilio Rada Conrado
Explica esa parte Javie, para que el lector se meta en la jugada... LJavier Palacio Trillos El Capítulo XI de la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica) está dedicado al tema de la concesiones. Esa forma de contrato es indispensable porque el servicio público de suministro de energía tiene dos connotaciones: de un lado, es un servicio esencial, bajo responsabilidad del Estado, como lo dispone la Constitución colombiana, y, de otro, es un bien estratégico para cualquier nación del planeta, por lo que en ninguna parte del mundo eso anda de madre suelta, como aquí.
Javier Palacio Trillos El colonialismo interno, que mal llamamos centralismo, decidió acabar con Corelca y con las electrificadoras costeñas, aprovechando la crisis nacional del famoso "apagón" (producto de la falta de planeación capitalina) durante el gobierno de Gaviria y fue el de Samper el que asumió poner patas arriba el negocio, liquidando lo que teníamos. Se crearon entonces, Electrocaribe y Electrocosta, que luego fundieron y vendieron todos sus activos a un consorcio de gringos y venezolanos, que no vieron media, y que dos años después se produjo su venta a españoles.
Javier Palacio Trillos
Los españoles reciben el negocio con todos sus activos y operando. Pero la
estupidez centro-colonial ni se percató de que el servicio quedaba en un
híbrido jurídico, porque nunca se formalizó contrato de concesión alguno. La
Ley dispone que en materia de distribución, son los departamentos los que deben
seleccionar y contratar las concesiones, y, a nivel municipal, los alcaldes son
quienes deciden con quién contratan la concesión de comercialización. Razón por
la cual, en esos niveles, los entes territoriales deben asociarse y generar los
respectivos procesos licitatorios. Cuando Protransparencia se reunió con García
Sanleandro, gerente de Electricaribe, le preguntamos que por qué no
formalizaban su relación con el Estado, pero no respondió que así estaban bien.
Claro, les conviene que no
hayan compromisos pactados, ni fecha límite de prestación, ni nada por el
estilo. Así, es imposible demandarlos por incumplimiento en continuidad y
calidad del servicio.
Son una rueda suelta y están
felices, si así no fuera, ya se hubieran ido. ¿Acaso son una multinacional
filantrópica?
Javier Palacio Trillos
Lo grave de la ausencia de contrato de concesión es que el Estado, en ninguno
de sus niveles territoriales, está en condición legal de desembolsarle recursos
públicos a ninguna empresa privada que opere un servicio público esencial. Las
inversiones en infraestructura son contratadas, para contratar su construcción,
con los operadores regionales (léase Electricaribe) pero es la empresa la que
opera y factura, sin retornos de la inversión al Estado. Sabroso así.
Igualmente, no debería el Estado desembolsar subsidios a una empresa privada
que opera ilegalmente.
RADAR. El concepto de Javier
Palacio, en el RADAR.
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