Momento crucial, dice El Heraldo en su editorial de este 11 de marzo-2011

Editorial de El Heraldo

Viernes marzo 11 de 2011 

Momento crucial

Con motivo de la petición que hicieron los gobernadores de la Región al Gobierno Nacional y a los partidos políticos para que honren su palabra empeñada como consecuencia del fenómeno político del Voto Caribe, es importante que los ciudadanos de la Costa tengamos bien claro por dónde va exactamente el debate de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Loot, en el Congreso. Un grupo de congresistas atlanticenses admite que no hay voluntad del Gobierno para hacer coincidir el proyecto en trámite con el mandato de 2.5 millones de votantes. Tampoco, según el senador Álvaro Asthon, existe un número significativo de congresistas de otras regiones interesados en el tema. No obstante, tanto él como otros senadores barranquilleros han asumido el compromiso de impulsar la propuesta regional. Que no sea un saludo a la bandera, es la consigna. El tema parecía haber sido desplazado por una serie de sucesos que evidentemente le han quitado un poco de potencia al movimiento regionalista que lidera el Caribe, como la desgracia de las inundaciones que trasladaron el interés, con sobradas razones, hacia los damnificados, y los cambios en las gobernaciones de Bolívar y Magdalena.Lo que está pasando es como sigue: luego de la aprobación del texto de la Loot en la Cámara de Representantes (tanto en su Comisión Primera como en Plenaria), este ha pasado a debate a la Comisión Primera del Senado, donde se han presentado dos ponencias, una del senador Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, mayoritaria y que propone aprobar el texto con modificaciones, y otra del senador Jorge Londoño, del Partido Verde, que recomienda el archivo del proyecto. El grupo de Corzo ha puesto a consideración un texto que introduce en el artículo 33 el concepto de Regiones de Planeación y Gestión, RPG, en reemplazo de las Regiones Administrativas y de Planificación, RAP, previstas en la Constitución del 91, lo que, a juicio de los líderes autonomistas costeños, constituye una alteración que genera confusiones en el diseño conceptual de la Loot. Pero el reparo costeño no solo es por esta intentona revisionista, sino porque el mismo texto que aprobó la Cámara ha sido considerado insuficiente al no desarrollar lo que justificó el Voto Caribe, esto es, las Regiones como Entidades Territoriales, RET, una figura que en nuestro parecer resulta ideal, siempre y cuando existan las garantías normativas para que no se convierta en un colosal generador de burocracia o en un ente inoperante.Lo que la Costa quiere es que la Loot contenga en el tema de Región Territorial un texto que diga, más o menos: “En desarrollo del artículo 307 de la Carta, y de acuerdo con el concepto previo de la Comisión de Ordenamiento Territorial del 17 de noviembre de 1994, las Regiones Administrativas y de Planificación podrán convertirse en Entidades Territoriales, de acuerdo con las condiciones del Título XI, Capítulo I de la Constitución Nacional”. En la misma propuesta, preparada por un grupo interdisciplinario de la Universidad del Norte, coordinado por la politóloga Alexandra García, se incorpora algo muy importante como son las competencias de las RET, así: “Serán competencias de la Región Entidad Territorial: la ejecución de las políticas públicas nacionales que le sean asignadas y las regionales mediante el establecimiento de enfoques integrales de desarrollo y gestión; el fomento de la economía regional procurando el mejoramiento de los factores internos de productividad y competitividad; la gestión, suscripción y ejecución de convenios nacionales e internacionales de comercio interno y externo, en este último caso supervisados por la autoridad competente del nivel nacional; el fomento de alianzas productivas y sociales que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la Región; la planificación del desarrollo integral de su jurisdicción; la administración de las zonas fluviales, montañosas, costeras o ribereñas; la administración de sus propios recursos y los adicionales que les sean asignados; la prestación de servicios públicos o de cualquier otra índole que no corresponda a otras entidades territoriales, y las que le sean asignadas por el legislador ordinario o por delegación de autoridad competente del orden nacional”. Y para zanjar la discusión sobre autoridades y recursos, se propone igualmente que la “misma ley que crea la Región como una Entidad Territorial determinará sus competencias especiales y funciones, así como los recursos que para su funcionamiento e inversión se les asignen y destinen en concordancia con lo dispuesto en el Título XII, Capítulo IV de la Constitución, particularmente respecto a las regalías. Asimismo, la ley señalará los órganos de gobierno y administración de la Región Entidad Territorial, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 287 de la Constitución Nacional. Igualmente, los principios del Estatuto Especial de cada Región, formulados en la misma ley que crea dichas regiones, quedan determinados y definidos, en su contenido y alcance, por lo establecido en el Título I de la Constitución”. La aspiración costeña es que la Loot incorpore el texto citado en sus términos básicos, y es ahí donde el trámite se ha vuelto un problema. Fuerzas centralistas propugnan por una ley vaga, con obstrucciones a la conversión rápida de las Regiones Administrativas y de Planificación en Entidades Territoriales, y sin fijarles claras competencias a estas. Justamente la ponencia del senador Londoño expresa que el texto actual de la Loot es incompleto y por eso recomienda su archivo.De manera que la petición de los gobernadores al Gobierno Nacional y a los partidos es que acojan la propuesta sustitutiva del Caribe, que en nada contradice sino que interpreta el espíritu y el texto de la Constitución.Desde estas páginas costeñas nos unimos al reclamo de la Región de una Loot en términos que realmente favorezcan la autonomía y respeten los 2.5 millones del Voto Caribe. No se trata de crear más burocracia en el Estado sino de hacer justicia con las regiones, dotándoles de herramientas institucionales para su desarrollo económico y social.