La HAYA y los COLOMBIANOS (3). Lejos del Epílogo: El Tiempo

 

La HAYA y los COLOMBIANOS (3)

¿Quién puede decirme que la razón la tenemos nosotros?

¿Y que los jueces internacionales fueron comprados?

Pienso que nadie.

O por lo menos, nadie te atreverá a sacar pruebas sobre ese asunto.

¡El fallo está ahí!

¿Será que los nicaragüenses le apostarán a otro pedazo y que nos lo quieran jurídicamente?

Si es así: “¡a estudiar se dijo!”, porque las leyes hay que respetarlas, sino se armaría la tercera guerra y yo no quisiera estar allí.

Y creo que ninguno de nuestros lectores. 

Sobre todo, digo, los más cobardes. 

Porque, no tienen ni siquiera la fortaleza espiritual para aguantar esa desgracia.

RADAR,luisemilioradaconrado

Lejos del epílogo

Por: EDITORIAL | 7:29 p.m. | 24 de Noviembre de 2012

El fallo de la Corte Internacional de Justicia marca para el país el comienzo de un largo camino, con pasos para cumplir que tomarán tiempo y, sobre todo, demandarán manejo, discreción y unidad.

Ha pasado menos de una semana desde cuando el país recibió, con una mezcla de incredulidad, dolor y rabia, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con respecto al archipiélago de San Andrés. 
 
Como es bien sabido, el tribunal determinó que todas las islas, islotes y cayos del departamento pertenecen a Colombia, pero también definió límites marinos que implican en la práctica la pérdida de decenas de miles de kilómetros cuadrados de un mar en el que los isleños han hecho presencia desde siempre. Además, Quitasueño y Serrana quedaron, según el mapa conocido en La Haya, enclavados en aguas nicaragüenses, así los derechos de paso y acceso estén garantizados.

 
Ante lo ocurrido, las reacciones han sido múltiples. En las redes sociales es evidente la indignación de la ciudadanía ante lo que considera un mal manejo del tema, alentado tal vez por motivos históricos. La separación de Panamá o lo sucedido con Los Monjes y Venezuela son episodios recordados como ejemplos de un país cuya dirigencia ha sido incapaz de defender el territorio.

 
Tales voces han encontrado respaldo en el Congreso, en donde más de un parlamentario sostiene que no hay que acatar el fallo de la Corte. Incluso, el expresidente Uribe, cuyo gobierno tuvo durante 8 de los 11 años que demoró el proceso el manejo del asunto, ha planteado que hay que hacer caso omiso de lo dicho.

 
Aunque atractivos, hay que evitar caer en la tentación de escuchar los cantos de sirena. Desde la firma del Pacto de Bogotá en 1948, Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte, que es parte fundamental del sistema de Naciones Unidas y que en este caso sigue vigente, así tal adhesión llegara a ser denunciada. A estas alturas de nuestra vida republicana sería un error garrafal enviarle al mundo el mensaje de que la interpretación que tenemos de la ley es que aceptamos solo lo que nos conviene de las sentencias derivadas de su aplicación.

 
Lo anterior no quiere decir que se haya perdido cualquier margen de acción. La determinación del tribunal internacional adolece de serias fallas de forma y fondo, que obligan al país a continuar el proceso jurídico mediante el uso de los mecanismos y recursos previstos. Quizás la más protuberante es la que compromete derechos de terceros países, en particular Panamá y Costa Rica, con los cuales existen tratados de delimitación de áreas marinas, que serían inválidos si se aplica lo dicho en relación con Nicaragua.

 
Al respecto, el estatuto de la propia Corte establece en su artículo 59 que su pronunciamiento es obligatorio únicamente para las partes en litigio y respecto al caso que ha sido decidido. Como ninguna de las naciones mencionadas formaba parte del alegato, se crea un limbo que no es fácil de resolver y que debe tramitarse no solo a nivel jurídico, sino también político y diplomático.

 
Aparte de lo mencionado, hay que tener en cuenta lo que dice la Constitución sobre el territorio colombiano, cuyos límites son los aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, "y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación". Asimismo, la Carta señala que cualquier modificación solo podrá darse si tiene la luz verde del Capitolio y es firmada por el Ejecutivo.

 
Todo lo anterior deja en claro que el veredicto de La Haya enfrenta grandes obstáculos a la hora de poderse ejecutar plenamente. Por tal motivo, se debe tener en cuenta que, más allá de la voluntad de cumplir con los compromisos internacionales, existe un camino por recorrer que puede tardar años y que involucra a todos los poderes públicos, además de varias capitales, con las cuales hay que entrar en conversaciones.

 
Una realidad tan compleja requiere ser entendida por Nicaragua, un país con el cual es necesario tender puentes para eludir incidentes, que pueden surgir con facilidad. Es cierto que el gobierno de Daniel Ortega ha hecho gala de una actitud provocadora frente a Colombia, pero el líder sandinista tiene que comprender que este difícil asunto solo podrá manejarse bien en un marco de diálogo y buena voluntad.

De hecho, el escenario ideal debería ser la negociación de un tratado binacional que defina los límites de ambos países, reconozca los pactos firmados con otros Estados y garantice el uso conjunto de las aguas en ciertas circunstancias, algo fundamental para los pescadores isleños. No menos importante es la adopción de medidas de protección de las áreas coralinas, sobre todo ante la eventualidad de búsqueda de hidrocarburos.

 
Mientras eso ocurre, la Armada tendría que continuar haciendo presencia, pues un vacío solo sería beneficioso para los traficantes de armas y drogas que usan el Caribe para sus oscuros propósitos. Eso sí, es indispensable contar con protocolos estrictos para evitar roces que puedan degenerar en un deterioro de la seguridad en la zona.

 
De manera paralela, el Gobierno está obligado a ser discreto en el manejo de un tema que es sensible y no admite voceros diferentes al Presidente y su Canciller. También requiere mantener la unidad, apelando a instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que ha sido clave para construir una política estatal coherente a lo largo de los años, imprescindible para la adopción de un fallo duro, al cual hay que darle manejo y tiempo.

editorial@eltiempo.com.co

PD: mientras nosotros "peleamos por la tierra, estas imágenes nos indican que hay otras cosas prioritarias qué deberíamos atender.
RADAR,luisemilioradaconrado