Al gobierno le preocupa más la "salud" fiscal, dice Oscar Rodriguez, investigador

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia.

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, tampoco está de acuerdo que los estudiantes sean informantes, como lo propuso el presidente Alvaro Uribe.

Sin embargo, el tema no es este, sino la situación saludable de los colombianos.
Una salud que se puede deteriorar con las noticias que nos llegan.

Oscar Rodriguez, investigador, director del Grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, en un análisis que publicó hoy el Diario La República, dice que al Gobierno le preocupa más la "salud" fiscal, que otra cosa.

Él comenta en su escrito que las medidas tomadas por el gobierno al amparo de la Emergencia Social son un mecanismo para enfrentar el déficit fiscal que es insostenible.
Y que no es equitativo que una persona que haya cotizado muchos quede empobrecido por estas decisiones y tenga que acudir a la asistencia del sector público para cubrir sus necesidades básicas. Eso asusta a cualquiera. Así que el gobierno Uribe tiene que ponerse las pilas inmediatamente, porque el asunto no está muy fácil. Y hay aparecido críticas por todos lados...

Vamos a leer al señor Oscar Ridriguez detenidamente.

Luis Emilio Rada C

Pd:

Al gobierno le preocupa más la "salud" fiscal
Óscar Rodríguez, investigador CID-Universidad Nacional

El problema estructural de la salud en Colombia no se solucionará con las medidas tomadas por el Gobierno al amparo de la Emergencia Social, la cual ha sido presentada por el Ministerio de la Protección Social como un mecanismo para enfrentar las dificultades del sector cuando en realidad se trata de un mecanismo para enfrentar un déficit fiscal insostenible.

Lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto macroeconómico en el cual se expiden los decretos que modifican las reglas de juego para el sistema de salud: una crisis del sistema económico a nivel mundial, que impacta la economía colombiana y que tiene como efecto inmediato la caída de los ingresos tributarios.

Desde hace varios años, el Gobierno mantiene un déficit fiscal insostenible que, por efecto de la crisis, se agudiza y se dispara.

Lo más preocupante es que para tratar de superar la crisis fiscal el Gobierno decide 1) congelar los salarios de los empleados estatales (incremento solo del 2 por ciento) y 2) proteger los ingresos del Fosyga, los cuales están representados en TES y en manos de los bancos, que hacen un gran negocio.

Los recursos del Fosyga -que paga todo aquello que no está cubierto en el Plan Obligatorio de Salud (POS)- constituyen la cuenta más importante que tiene el gobierno en el sistema financiero y buena parte de dichos recursos (cerca del 50 por ciento) está destinada a financiar el déficit fiscal, a través de títulos de tesorería (TES). Así, los recursos del Fosyga funcionan como la caja menor del Gobierno.

En segundo lugar, la crisis estructural del sistema de salud está ligada a las dos reformas a las transferencias (Ley 725 de 2002 y la reforma constitucional del 2007) que recortaron los recursos que debían recibir los hospitales y el sistema de salud, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Según estimaciones realizadas por el Grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, por cuenta de la Ley 715 los departamentos y municipios habrá dejado de recibir cerca de 12 billones de pesos para la salud, entre 2002 y 2010; mientras que con la reforma de 2007 el efecto alcanzaría los 54 billones pesos entre el 2007 y 2025.

Es decir que lo que el país se `ahorro` en transferencias lo gastó a través de programas como familias en acción.

De la misma forma, la flexibilidad del sistema laboral ha contribuido al debilitamiento del régimen contributivo y ha impactado las fuentes primordiales de financiación del sistema de seguridad social. Esta crisis explotó por la iliquidez de los hospitales, que puso de presente las fallas estructurales.
Damas ayudando a la población de Santo Tomás, para que la vida más grata.

Por otra parte, según la Ley 1122 de 2007, a la Comisión Reguladora en Salud (CRES) le correspondería reglamentar el Plan Obligatorio de Salud (POS), el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, en general, regular el sistema, pero el Gobierno al decretar la Emergencia le quitó esas atribuciones.

En tercer lugar, es necesario preguntarse si los decretos expedidos en la Emergencia Social son la salida.

Uno de los principios del sistema es que el aseguramiento debe garantizar el acceso de las personas a los tratamientos de salud, pero cuando el Gobierno plantea que lo que está en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y las enfermedades de alto costo puedan ser cofinanciados entre los ahorros del afiliado y los recursos del sistema, necesariamente lleva a un empobrecimiento de la mayoría de la población.

No es equitativo que una persona que ha cotizado durante varios años al sistema y que no ha hecho uso permanente de servicio de salud por su edad y su perfil epidemiológico, a medida que va envejeciendo y requiera de los servicios de salud le digan que los pague y los cofinancie haciendo uso de sus cesantías, de su ahorro pensional o solicitando créditos bancarios.

Al final queda empobrecido y deberá acudir a la asistencia del sector público para cubrir sus necesidades médicas.