¿Por qué prohibir las armas en una sociedad?. Camilo Reyes.

Están hablando y escribiendo los que saben en este tema de la prohibición de armas en una sociedad como la colombiana...
Camilo Reyes Rodriguez, conoce el asunto y al leerle quedan muchas cosas claras.

La apuesta del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha ido calando... Pienso que el alcalde, Alejandro Char, debe tener ahora más elementos para poder apoyar la campaña.

Lo ha invitado el Arzobispo, Rubén Salazar y ahora este experto.

www.radareconomicointernacional.blogspot.com/
Luis Emilio Rada C.
Director
...
Pd:


Publicado en la revista Dominical de El Heraldo:
http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/R/rdprohibirarmas/rdprohibirarmas.asp?

¿Por qué prohibir las armas en una sociedad?

Por Camilo Reyes Rodríguez

El problema de las armas pequeñas y ligeras se ha ido posicionando
en la agenda internacional y nacional como un asunto prioritario.

Colombia jugó un papel preponderante en las Naciones Unidas,
en la Organización de Estados Americanos y en la Comunidad Andina
para que la problemática que representa el tráfico
ilícito, tenencia, porte y uso de armas se reconociera
y asumiera por parte de la Comunidad internacional y de los gobiernos.

Hoy día instrumentos internacionales como el Programa de Acción
de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas
y Ligeras en todos sus Aspectos, la Convención Interamericana
Contra la Fabricación y el Trafico Ilícito de Armas de Fuego
Municiones Explosivos y otros Materiales Relacionados,
y las Decisiones 552 y 502 de la Comunidad Andina han identificado
las acciones e instrumentos para enfrentar el problema.

Podemos mencionar, entre otros:
El desarrollo de la legislación existente para
adecuar la capacidad del Estado para enfrentar el flagelo;
la criminalización de la fabricación, tenencia y porte ilegal de armas;
la creación de mecanismos o agencias nacionales de coordinación
para implementar las acciones indispensables;
el marcaje de armas importadas o fabricadas en el país;
la identificación de delincuentes o grupos de delincuentes
involucrados en el comercio o fabricación ilícitos;
la seguridad de los arsenales, la destrucción
de excedentes y remanentes en poder del Estado
y la implementación de programas para la recolección y destrucción
de armas en manos de los civiles, instrumentos
que prevén también formas de cooperación internacional
para procurar recursos técnicos y financieros para los objetivos previstos.


Estudios que se han adelantado en entidades académicas,
internacionales y organizaciones no gubernamentales han demostrado
que la presencia de las armas
pequeñas y ligeras en las comunidades debilita las instituciones democráticas,
desgarra el tejido social, profundiza y perpetúa los conflictos,
inhibe la negociación y la construcción de consensos,
y tiende a suprimir las transacciones por acuerdo.

En los países en desarrollo, especialmente en América Latina,
África y Asia, las armas coadyuvan al aumento de violaciones
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en general incrementan los eventos violentos y menoscaban las condiciones
indispensables para el desarrollo.

Se ha dicho con razón que las armas sólo sirven para matar o intimidar,
y que su efectividad como elemento de defensa en manos de civiles es mínima.

Un elemento esencial de nuestras democracias es que las armas
estén en manos del Estado, que debe usarlas para garantizar la vida,
honra e integridad de las personas;
la seguridad ciudadana e institucional;
y para hacer cumplir las leyes.

De acuerdo con nuestra Constitución, la tenencia,
porte y uso de armas por parte de civiles es una concesión del Estado
y no un derecho de aquellos, como sucede en otros países.

Sin embargo, cuando en una sociedad o una comunidad proliferan
las armas, la función del Estado se dificulta y diluye,
y son otros actores quienes con fines delincuenciales lo enfrentan,
pretendiendo igualdad de condiciones.

Otro efecto es que se privatiza la seguridad sin que se preserve
la legitima relación de gobernante a gobernado.

En muchos países las armas están directamente relacionadas
con el aumento de los delitos sexuales y contra la propiedad privada
por su capacidad de intimidar y aterrorizar.
Ese tipo de delitos tienen efectos devastadores en el tejido
social, disuelven las comunidades y generan fenómenos como el desplazamiento.

Desde el punto de vista del desarrollo los organismos internacionales
que se ocupan del tema han podido constatar que los sistemas nacionales
de salud se ven gravemente afectados por el porte y uso de armas.

Según estos, el número de ingresos por la puerta de urgencias
que los hospitales públicos se ven obligados a atender,
debido a heridas causadas por armas de fuego,
agotan los recursos humanos, técnicos y financieros
destinados a proteger a la sociedad de otras enfermedades o requerimientos.

El tipo de herida causada por el arma de fuego es con frecuencia grave
o letal y su atención es costosa y exigente.

En el caso colombiano es importante señalar que las armas pequeñas
y ligeras constituyen un factor que agrava las peores amenazas
que se ciernen sobre nuestra sociedad.

Ellas han potenciado la capacidad del crimen organizado, el
narcotráfico, y los grupos armados ilegales.

Son utilizadas por las nuevas bandas criminales y por el sicariato,
y se hacen cada vez más presentes entre las bandas juveniles y en las escuelas.

Los altos índices de criminalidad relacionada con la violencia cotidiana
nos señalan la importancia de luchar contra la tenencia, porte
y uso de armas pequeñas y ligeras y por el desarme.

De acuerdo con estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud
y otros organismos internacionales reportados en la publicación
correspondiente a este año de Small Arms Survey (SAS), los niños y jóvenes son seriamente afectados por la violencia armada.

Nuestro país no es la excepción.

Ellos son involucrados en los episodios de violencia armada como víctimas,
testigos o ejecutores, y sufren diferentes formas y niveles de impacto:
pueden morir, ser heridos o sufrir traumas sicológicos.

Además sufren efectos graves en la estructura familiar;
en el acceso a la educación, los servicios de salud y en
general en la estabilidad en las condiciones de vida.

Según la OMS, los niños y jóvenes son dos a tres veces más propensos a
involucrarse en peleas y a participar en bandas, carteles, o grupos rebeldes,
situación que se agrava exponencialmente si en el medio hay armas disponibles.

Esta situación se agudiza en las sociedades en que hay una cultura ‘machista’
que supone el uso de armas bajo códigos de lealtad, fraternidad y agresividad.

En otro estudio adelantado en los Estados Unidos de América,
citado por el SAS del año en curso, se indicó que la presencia
de un arma de fuego en el hogar aumentaba en un 42%
la posibilidad de un asesinato y que los riesgos para la
mujer resultaban mucho más altos.

Por otro lado, se ha iniciado el estudio de la
incidencia de las armas de fuego en los altos índices de suicidio
entre los jóvenes, especialmente en el gran Caribe.

Colombia mantuvo durante la década de los ochenta altísimos índices de
homicidios que se aproximaban a 80 por cada cien mil habitantes;
para el año 2002 estábamos en aproximadamente 69,
y en el año 2008 habíamos reducido la cifra a 33 por cada cien mil habitantes,
lo que representa aproximadamente 16.140 víctimas.

Aunque la tendencia a la baja es una buena noticia, la cifra
del año pasado sigue siendo escandalosamente alta en términos internacionales.

Brasil tuvo en 2003, 21,8 homicidios por cada cien mil habitantes
y Estados Unidos 10,4.
Pero lo que resulta particularmente relevante es que en Colombia
aproximadamente el 80% de los homicidios son cometidos con armas de fuego
y que la gran mayoría se dan en un contexto de violencia cotidiana.

La lucha contra este fenómeno representa una valiosa oportunidad
para trabajar con la sociedad civil.

La experiencia en otros países indica que el apoyo mutuo
entre las autoridades y la sociedad civil es indispensable,
que la colaboración de las organizaciones comunales, locales
y de género pueden contribuir en forma
definitiva a la reducción de la violencia armada.

La Academia está llamada a contribuir con la investigación,
sistematización y análisis de este fenómeno en la medida en que
constituye un novedoso elemento de la agenda nacional e internacional
que por su carácter dinámico impone diariamente nuevos retos.

La Universidad del Rosario de Bogotá, creó en febrero del presente año
el Observatorio de Armas Pequeñas y Ligeras, Municiones y Explosivos,
con el fin de empezar a construir un acervo de conocimientos sobre el tema, investigar aspectos del fenómeno que resultan particularmente relevantes para nuestro país; forjar estudiantes y profesionales en esta área de conocimiento
y contribuir a un posible diagnóstico que nos acerque a soluciones efectivas
para trabajar con la comunidad.

Estamos avanzando en investigaciones sobre las víctimas;
la legislación vigente y la posibilidad de incrementar la edad a la que un Colombiano puede adquirir un arma, hoy fijada en apenas 18 años;
en la posibilidad de exigir un seguro al adquirir un arma;
en la figura de la cesión; y en la construcción de mecanismos
institucionales para el desarme voluntario.

Se hace necesario avanzar en el conocimiento de nuestra propia industria;
en la problemática de las municiones y los explosivos;
en la forma en que se afecta el sistema de salud.

En el caso de Colombia, la lucha contra este flagelo se ha identificado y
concertado a nivel internacional y poco a poco está reconociéndose en el orden
nacional, departamental y local.

Es válido recordar que en Bogotá, y algunas otras ciudades del país se
implementaron a partir de los años noventa jornadas de prohibición de porte
de armas o suspensión de permisos, cuyos efectos han sido muy positivos en la
medida en que representaron una reducción entre el 15 y 20% en el número de
homicidios. Con frecuencia tales medidas estuvieron asociadas con restricciones
al expendio de alcohol y discretas limitaciones a los horarios de ‘rumba’.

Las comunidades expresaron su satisfacción ante la percepción de un entorno de
mayor seguridad y menor vulnerabilidad. Estas experiencias, tanto las
nacionales, como las internacionales de las que hemos tenido noticia, se hacen
más eficientes, en la medida en que la sociedad desarrolle una actitud de
‘apoderamiento’ sobre las mismas, compartiendo de esa manera la responsabilidad
de su aplicación con el gobierno local.

Por eso la propuesta del Departamento del Atlántico, es pertinente, actual, y
enormemente útil para el departamento, la región y el país.

Todas las lecciones que nos pueda dejar nos van a servir,
y su seguimiento y medición resultan de enorme interés.

Camilo Reyes Rodríguez: Director del Observatorio de Armas de la Universidad del
Rosario.