sábado, 26 de febrero de 2011

El BID y la política social. Por Antonio Hernández Gamarra




Esta es una información que circuló el año pasado a nivel mundial: “Más de 20 millones de personas viven en la pobreza en Colombia y más de 8 en la indigencia, lo que significa que cerca de 30 millones de personas no tienen los recursos suficientes para disfrutar de una viva digna en el país sudamericano".
Así lo dijo Juan Carlos Tanus, Director Ejecutivo Nacional de la Asociación Civil Colombianos en Venezuela.
En el período pasado, donde Álvaro Uribe era el presidente de los colombianos, la pobreza en nuestra nación se mantuvo entre el 53 y el 57%... pero nunca había superado la barrera del 60%...
Esta nota que apareció en agosto de 2010 hablaba de un 62%...
En estos momentos, ¿cuáles son las cifras?
Como sé que es vital tener  toda información, vale la pena que revisemos también la importancia de esta nota escrita por Antonio Hernández Gamarra que está circulando por las redes periodísticas nuestras.

LuisEmilioRadaC
Pd:  
 25 de Febrero de 2011 - 07:09 pm

El BID y la política social
Por Antonio Hernández Gamarra
 
Convocó esta semana, en Bogotá, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sendas reuniones, con expertos y representantes de la sociedad civil colombiana, para dar a conocer su estrategia de política social en los próximos años. Convocatoria que merece amplia divulgación, por múltiples razones.

Es buena señal que la estrategia se someta a debate de los expertos, y de los interesados en el tema en América Latina, antes de su aprobación formal por el Directorio del Banco en marzo próximo. Esa postura estuvo precedida por la declaración explícita de que lo hasta ahora diseñado puede ser mejorado, a la hora de su aplicación en cada país en particular, cosa que no es usual en el talante de las tecnocracias de las instituciones multilaterales.
En segundo término, fue alentador conocer las razones por las cuales la política lleva el título de “Estrategia para una Política Social Favorable a la Igualdad y productividad”.

Desde siempre abogar por la igualdad por razones sociales, políticas o éticas ha sido un lugar común, el cual en más de una ocasión ha conducido al asistencialismo económico – para que los menos favorecidos mitiguen las precariedades de su existencia – y al oportunismo político para contar con su apoyo electoral. De manera similar, usual es la prédica sobre el aumento de la productividad por razones económicas.

Lo novedoso es que la exhortación a la igualdad que hoy hace el BID se fundamenta en razones económicas, porque se eleva a doctrina oficial del Banco, lo que desde tiempo atrás, habían venido postulando muchos de sus técnicos: la mayor desigualdad retarda el crecimiento económico porque crea instituciones débiles y porque limita las habilidades de los más pobres, que la jerga llama acumulación de capital humano.

Pero además, según el documento que comentamos las mejoras en la productividad deben buscarse no solo por razones económicas sino por razones sociales. Ello es así, se dice, porque el aumento en la productividad mejora los salarios de manera permanente, que es la forma más eficaz de combatir la pobreza.
PRIMERA PRIORIDAD del CARIBE COLOMBIANO
En síntesis, necesitamos una sociedad más equitativa y más productiva para acelerar el crecimiento. Raciocinio que nos viene como anillo al dedo a los colombianos, que tenemos la cuarta sociedad más desigual del mundo y somos el único país de América Latina en donde esa desigualdad se ha acentuado en lo corrido del siglo XXI, según los datos del documento que se presentó en las referidas reuniones.
Razones todas ellas que llevan a insistir en que la lucha contra la desigualdad debe ser la primera prioridad del Caribe Colombiano, que como región es aun más desigual que Colombia como país, según mostró bien, la semana pasada, Jairo Parada con ocasión de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, aquí en Barranquilla.
 
Por eso cuando se discutan las implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo para el Caribe, del Plan de Reconstrucción de nuestra Región y la Ley de Ordenamiento Territorial, no se nos puede olvidar que todos ellos deben ser instrumentos encaminados a combatir la pobreza y la desigualdad aquí en el Caribe.

Para lo que – hay que insistir hasta el cansancio – se necesita una institucionalidad que posibilite el manejo probo de los recursos públicos; una transformación de la base económica que eleve la productividad del factor trabajo, en especial en la minería y en la ganadería; y una política social como la que ahora predica el BID.

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