SALARIO MÍNIMO, DESEMPLEO E INFORMALIDAD
“El mínimo debe constituir la base de la escala laboral que evita la explotación de los trabajadores jóvenes y menos calificados y en general menos productivos y no convertirse, como ahora pasa, en el precio de la referencia de los trabajadores semicalificados del sector formal de la economía”.
Recomendación de la OIT 1
DE LA CONCERTACIÓN AL DESCONCIERTO
Entre la rutina y la ritualidad la fijación del salario mínimo para el año siguiente a través de la Comisión Permanente de Concertación de las políticas laborales y salariales que tiene rango constitucional[3] y la cual se se creó a través de la Ley 278 de 1996 que la desarrolla, tiene de aburrido que no hay lugar a sorpresas. Con muy contadas excepciones, la concertación entre empresarios, trabajadores y Gobierno termina siempre en el desconcierto de los trabajadores, tanto por lo tacaño de los empleadores como por lo magro del aumento que termina decretando el Gobierno a falta del consenso requerido entre las partes. En los últimos tres lustros sólo en tres oportunidades (2000, 2003 y 2005) fue posible consensuar el aumento del salario mínimo para el año subsiguiente. Este año no ha sido la excepción; la propuesta de los de los trabajadores y los empresarios estaban muy distantes la una de la otra, mientras los primeros aspiraban al 12% de aumento, que después bajaron al 7% y ante el fracaso de la Comisión el Presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT) Julio Roberto Gómez dijo que dicha confederación se conformaría si quiera con el 6%[4], los segundos se mantuvieron en sus trece y el 3% para ellos se convirtió en inamovible, lo cual llevó a la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) a levantarse de la mesa. Así las cosas, la oferta de los empresarios y la demanda de los trabajadores quedaron a $15.450 de diferencia en el reajuste de la remuneración básica. ANIF fue mucho más cicatero al plantear un alza en el salario mínimo de un irrisorio 2.5%, de $13.000 (¡!), aduciendo que “el factor referido a la productividad nos está arrojando un valor negativo para la productividad laboral (-2.4%)”[5]. A todas esas el Vicepresidente Angelino Garzón salió a la palestra a manifestar que “alza de 3% al mínimo es baja e injusta”[6]. Por fortuna la Corte Constitucional se encargó de establecerle un piso al reajuste que debe hacerse año a año al salario mínimo, el cual no puede ser inferior a la inflación causada[7] que en este caso se estima no supere el 2.8% para 2010. Este es el rasero que sirve de parámtero para acotar los reajustes del salario mínimo, aunque en rigor el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de quienes lo perciben generalmente supera el IPC promedio. Estos, a guisa de ejemplo, se gastan más del 30% de su ingreso en alimentos y este rubro es el que va a ser más castigado en los próximos meses por los altos precios a consecuencia de la ola invernal. Ello, sumado a la racha de alzas propia de la cuesta de enero (matrículas, uniformes, útiles escolares, etc), se encargará de anular lo que gane con el reajuste el salario mínimo.
Al agotársele el término legal el pasado 15 de diciembre para llegar al consenso requerido al Ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, no le quedó otro camino que decretar el alza del salario mínimo luego del fracaso de los repetidos intentos de allanar el camino a un entendimiento. Ello no deja de ser una frustración para el Gobierno de Unidad Nacional, aunque el Presidente Santos ha dejado en claro que no se puede confundir concertación con consenso. Como siempre la posición del Gobierno ha estado cerca de las aspiraciones de los empresarios que de la demanda de los sindicatos, porque erroneamente se cree a pie juntillas que un aumento mayor del salario mínimo generaría más desempleo e informalidad, cuando la realidad es que puede más bien estimular la demanda efectiva y por esta vía impulsar el crecimiento y el empleo, como lo ha venido haciendo Brasil. Por algo para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “las políticas brasileñas sobre el empleo son un ejemplo a seguir para la región”[8]. En este sentido, la conclusión de la famosa Misión de Empleo que coordinó el profesor Chenery a finales de los años 80 no pudo ser más categórica: “el empleo crece sólo si la demanda aumenta”[9]. En cuanto a la posibilidad de que el mismo pueda presionar al alza la inflación, dos estudios recientes del Banco Emisor lo descartan: según Francisco Lasso y Christian Posso un incremento del salario mínimo del 10% sólo incidiría 0.61% y 1.44% anual respectivamente, lo cual sería realmente despreciable.
EL SOFISMA DEL SALARIO MÍNIMO
Es de anotar que en Colombia sólo perciben el salario mínimo 4 millones de trabajadores, aproximadamente[10], mientras que según el Banco de la República un número que supera los 7 millones devengan un ingreso por debajo del mínimo. Es muy sintomático que este fin de año sólo el 30% de los ocupados cuenta recibió prima de navidad; ello es así, porque mientras 7’463.000 de trabajadores (de un total de 19’679.000) de empresas privadas y del Estado tienen derecho a ella por estar en la formalidad, 12 millones no la recibieron, ya sea por trabajar en la informalidad o por “cuenta propia”. En ello influye, desde luego, la enormidad del problema de la informalidad laboral o economía del rebusque en el país que ya supera el 58%[11] y de contera el salario mínimo apenas sí alcanza a cubrir el 50% del costo de la Canasta familiar. Este es el mismo salario mínimo que el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla considera “ridículamente alto”[12]. No obstante, en concepto de la revista Dinero “el nivel del salario mínimo es muy alto frente al salario medio y a la productividad de la mano de obra”[13] y se constituye en “otro obstáculo para generar empleo y para la formalización del mismo”[14]. Para ilustrarlo hace un cotejo del salario mínimo en Colombia con el de otros países de la región utilizando como referente el PIB per cápita. Se dice que “en América Latina Colombia tiene el segundo salario más alto como proporción del PIB per cápita (52% del PIB per cápita) superado sólo por Nicaragua (83.5%)”[15]. Pero, si tomamos el ejemplo de Chile el argumento se desvirtúa totalmente, pues siendo que en Chile su ingreso per cápita es el doble que el de Colombia, es apenas explicable que en su caso su salario mínimo represente apenas el 31.6% del PIB per cápita.
Este es un sofisma, pues la conclusión obvia no es que en Chile el salario mínimo sea mínimo con relación a Colombia sino que su PIB per cápita es mucho mayor y de ello estamos sabidos. Además, según una investigación adelantada por la firma Ernest & Young y Proexport en torno a la legislación comparada de los siete países latinoamericanos más grandes arrojó unos resultades que contradicen el aserto anterior. Según sus conclusiones “Colombia registra el cuarto menor salario mínimo legal mensual vigente de los países objeto de estudio, el cual asciende a US $243.47 el mes”[16]. Es más, en cuanto al salario efectivo, es decir adicionándole los demás costos laborales, “se verificó que Colombia registra el tercer menor salario mínimo, con US $403.41, tan sólo superado por México con US $268.85 y Perú con US $375.54 mensuales. Lo anterior hace de Colombia un país altamente competitivo, respecto de los demás países, en cuanto a costos laborales se refiere”[17]. Es muy diciente que, según la Encuesta Anual Manufacturera de 2007, los costos laborales totales, incluyendo salarios y prestaciones sociales, sólo representan el 7.84% del valor de la producción bruta.
Sin embargo hay quienes insisten con terquedad aragonesa, al referirse a los altos índices de desempleo e informalidad laboral, en que “una de las causas de este problema estructural es el elevado costo laboral no salarial que ha ascendido vertiginosamente desde 1992”[18]. Se alude, por supuesto, a las mal llamadas “cargas” parafiscales, sobre todo a los aportes al ICBF, al Sena y a las cajas de compensación familiar, no obstante que estos sólo representan un 9% del costo de la nómina frente al peso del 28% sobre la misma por cuenta de las contribuciones a la seguridad social. Pero es que según un estudio muy serio del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia que dirige Stefano Farné, se pudo establecer que “en la actualidad las empresas están pagando unos sobrecostos a la nómina inferiores a los vigentes hace 25 años…Los sobrecostos laborales no pueden considerarse la principal causa del desempleo”[19].
Hasta exponentes tan connotados del Neoliberalismo como lo son los ex ministros de Hacienda de Colombia y Argentina respectivamente, Rodrigo Botero y Domingo Cavallo, han desistido de la idea de desmontar los parafiscales para incentivar la generación de empleo y se han enfocado más bien hacia la reorientación de los estímulos tributarios, de tal manera que estos favorezcan al factor trabajo y no al capital[20]. Y no es para menos, después de constatar que en pleno auge de la economía, entre 2002 y 2008, mientras el PIB creció un 35%, el empleo sólo aumentó 9% y la tendencia se mantiene, pues más recientemente en el último año mientras la actividad industrial del país creció 4.2%, la generación de empleo en lugar de aumentar disminuyó 2.1% (¡!). Y no se puede responsabilizar de ello a aumentos desmesurados del salario mínimo, pues este sólo se reajustó un 5% en términos reales en el mismo lapso.
FLEXIBILIDAD Y COSTOS LABORALES
La reforma laboral de 1990[21] y la del 2002[22] partieron de la falsa premisa de responsabilizar a los altos costos laborales de las alarmantes tasas de desempleo, subempleo y de la informalidad laboral y ambas se encaminaron al propósito de flexibilizar la legislación laboral y por esta vía abaratar los costos laborales. Así hemos arribado al punto que, según el estudio de Ernest & Young y Proexport, “Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor flexibilidad laboral”[23] y gracias a ello se han reducido los costos laborales para las empresas. Pero, ello no se traducido en más empleo ni en menos informalidad, pero sí ha contribuido a mejorar el P & G de la empresas. Los resultados están a la vista: entre 2002 y 2007 la participación de las empresas en el PIB pasó de 28.9% al 33.7%, en desmedro de la participación de los asalariados que bajaron su participación entre 2003 y 2008 del 34.6% al 31%, para no hablar del sector financiero que vió multiplicar por 7 sus utilidades entre 2002 y 2009, al pasar estas de los $632.000 millones a $4.4 billones. Entre tanto las cifras en materia laboral siguen siendo las peores de la región.
Esta ha sido una de las mayores preocupaciones de la administración Santos, que se ha hecho el propósito de generar en su cuatrienio de gobierno 2.5 millones de empleos nuevos y formalizar 500 mil más. Pero la estrategia que se está siguiendo para lograrlo además de incoherente le puede salir muy costosa al país, al promover la “deducción del impuesto de renta sobre nuevas inversiones en activos fijos y una deducción sobre el incremento de la nómina”[24], tratando de combinar “incentivos al capital con incentivos a la generación de empleo formal”[25]. Según el Viceministro de Hacienda Rodrigo Suescún, “el proyecto tiene un costo fiscal, pero al mismo tiempo es una inversión. Se sacrifican unos ingresos en el futuro próximo, pero estamos haciendo la apuesta que con la generación de empleo habrá más recaudo”[26]. Ojalá que esta vez Dios los oiga y les suene la flauta.
MÁS DE LO MISMO
La reforma laboral que se acaba de tramitar en el Congreso de la República por inciativa del Gobierno es más de los mismo; a través del proyecto de ley de Formalización y Primer Empleo se vuelve a la receta de más exenciones de impuestos a las empresas y deducción de parafiscales tendientes a reducir los costos laborales, que ya se habían ensayado sin éxito[27]. Lo único rescatable del texto aprobado es la abolición de las pseudocooperativas de trabajo asociado, las cuales se han convertido en el burladero de la legislación laboral vigente, siendo el Estado el mayor patrocinador y auspiciador de las mismas. En efecto, en el proceso de reestructuración del ICSS a los trabajadores desvinculados luego se les reenganchaba a través de las tales cooperativas, muchas de ellas en manos de gamonales políticos afectos al Gobierno. Ello explica su proliferación entre 2002 y 2007, durante las cuales se crearon, según registros de la SES, 340 (¡!) que declararon como actividad principal la Salud o la Seguridad Social Obligatoria; antes de dicho período no había una sóla registrada. Por lo demás hoy en día más del 12% del total de los servidores públicos (122.705) están en las tan criticadas nóminas paralelas mediante contratos de prestación de servicios y el mal ejemplo cunde. Son 4.111 cooperativas y son más de un millón trabajadores que por tener la calidad de “asociados” le birlan sus derechos laborales contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. Simplemente se convirtieron en intermediarias en el mercado laboral; la propia Presidenta de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) que las agrupa, Clemencia Dupont, admite que “algunas empresas hacen los contratos, ponen las condiciones, pagan lo que quieren y las cooperativas de trabajo asociado no tienen otra opción que firmarlos”[28]. Tan responsables de la trasgresión a Ley son las empresas que contratan como las cooperativas que se prestan para soslayar su cumplimiento.
No deja de preocupar que mientras por un lado se están tomando medidas tendientes a la mayor generación de empleo y a la formalización del mismo, por otro lado se toman otras decisiones que conspiran contra dicho objetivo. Es el caso del Decreto 4114 del 5 de noviembre de 2010 mediante el cual se redujeron unilateralmente en promedio 4 puntos al pasar de 12.2% a 8.3% en 4.000 de las 7.000 partidas arancelarias con las que cuenta el país en su Estatuto Aduanero. Además del costo fiscal que oscila entre $1.4 y $2.5 billones, algunas empresas han puesto el grito en el cielo por considerar que ponen “en entredicho sectores industriales y grandes generadores de empleo como el metalmecánico, siderúrgico, textiles, plásticos, pepel, confecciones, cueros y calzado, entre otros”[29], abocándolos a la quiebra a consecuencia del efecto combinado de la revaluación y la rebaja arancelaria. Para el Ministro de Comercio Exterior Sergio Diaz-Granados, como efecto de dicha medida “tendremos un crecimiento calculado del 0.22% en el PIB tanto para este año como para los que vienen. También se generarán 150.000 empleos formales…se generará un dinamismo en el comercio que permitirá, gracias al IVA, recaudar más recursos para el fisco, de manera que la reforma tiende a ser neutra desde el punto de vista presupuestal”[30]. Del dicho al hecho hay mucho trecho! En todo caso, como lo advierte la Secretaria ejecutiva de la Cepal Alicia Bárcena, “el gran problema de Colombia es vencer el desempleo. Es el país con el mayor nivel de desempleo. Llega a 15% y tiene pocos programas de protección social. Es clave que logre combinar ese dinamismo económico que tiene, con más empleo. No hay que descuidar el frente social. Trabajar por ejemploi en un seguro de desempleo”[31].
Bogotá, diciembre 21 de 2010
www.amylkaracosta.net
[1] Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas
[3] Constitución Política. Artículo 56
[4] Portafolio. Diciembre, 21 de 2010
[5] La República. Noviembre, 17 de 2010
[6] El Nuevo Siglo. Diciembre, 21 de 2010
[7] Sentencia C – 815 de 1999
[9] Sena - DNP - CGR. José A Ocampo y Manuel Ramirez, editores. El problema laboral colombiano: Informes especiales de la Misión de Empleo. 1987
[10] Aunque sólo cobija a este número su incidencia es de más alto espectro, puesto que hasta los honorarios de las juntas directivas de las empresas se tasa en salarios mínimos.
[11] Amylkar D. Acosta M. El chivo expiatorio. Mayo, 21 de 2010
[13] Dinero. Editorial. Febrero, 19 de 2010
[14] Idem
[15] Dinero. Roberto Steiner, Director de Fedesarrollo. Octubre, 6 de 2010
[16] Portafolio. Junio, 23 de 2010
[17] Idem
[18] El Tiempo. Rudolf Hommes. Diciembre, 17 de 2010
[19] Portafolio. Abril, 19 de 2010
[22] Ley 789 de 2002
[24] El Tiempo. Mayo, 3 de 2010
[29] Portafolio. Rafael Del Castillo, Representante del Grupo Techint en Colombia. Diciembre, 16 de 2010
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